Notas de Prensa
Pasivos ambientales: empresas industriales podrían enfrentar multas de hasta 6.500 UIT por incumplir obligaciones

Luzmila Zegarra, consejera del Área de Proyectos, Recursos Naturales e Infraestructura de Pérez-Llorca, Miranda & Amado, advirtió que las empresas deben verificar si comunicaron los potenciales pasivos ambientales, atender los procedimientos de determinación de responsabilidad y cumplir los plazos de gestión si fueran identificados como responsables de su manejo, para evitar sanciones del OEFA.
La reciente aprobación de la Resolución Ministerial N° 134-2026-PRODUCE ha vuelto a poner en agenda la gestión de pasivos ambientales en la industria manufacturera y el comercio interno. La norma aprueba los términos de referencia para elaborar los Planes de Gestión de Pasivos Ambientales (PGPA), los cuales tendrían que ser considerados para elaboración de este instrumento de gestión ambiental por las empresas que sean identificadas como responsables de algún pasivo ambiental. Las sanciones relacionadas con esta materia pueden ser multas de hasta 600 UIT por infracciones leves, hasta 3400 UIT en infracciones graves y hasta 6500 UIT si se tratan de infracciones muy graves.
Cabe anotar que, conforme a la legislación transectorial, los pasivos ambientales pueden comprender instalaciones, efluentes, emisiones, sitios contaminados y restos o depósitos de residuos. Para ser considerados como tales, deben provenir de actividades abandonadas, es decir que cesaron de manera definitiva sin que su generador o responsable adoptara medidas de prevención, control o mitigación, ocasionando que se genere o haya generado alguna afectación de manera real, potencial o permanente a la salud de las personas, la calidad ambiental y/o la funcionalidad del ecosistema, como detallan el Decreto de Urgencia N° 022-2020 y su Reglamento.
Luzmila Zegarra, consejera del Área de Proyectos, Recursos Naturales e Infraestructura de Pérez-Llorca, Miranda & Amado, explicó que el proceso de atención de los pasivos ambientales se desarrolla en dos fases. La primera comprende la identificación y calificación del pasivo ambiental, así como la identificación del responsable. La segunda corresponde a su gestión mediante la elaboración y ejecución de medidas para su remediación, reaprovechamiento y/o reutilizaciones establecidas en el instrumento de gestión ambiental que resulte aplicable.
Como parte de este proceso, las empresas deben verificar si comunicaron al Ministerio de la Producción (PRODUCE) los potenciales pasivos ambientales que hubieran advertido dentro de su concesión o instalaciones, obligación cuyo plazo venció el 13 de noviembre de 2023. La especialista también recomienda informar aquellos que sean observados posteriormente, sobre todo cuando existan indicios de que se originaron antes del inicio de las operaciones del titular actual.
Una vez que el PRODUCE haya determinado la existencia de algún pasivo ambiental, ya sea de oficio o con motivo de la comunicación del titular de la actividad, procederá a identificar al responsable de su gestión. Para estos efectos, durante la investigación preliminar puede recurrir a diferentes fuentes de información como los instrumentos de gestión ambiental, los Registros de personas jurídicas y predios que administra la SUNARP, información disponible en la RENIEC y la SUNAT, así como el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), entre otros.
Si producto de esta investigación preliminar advierte indicios de responsabilidad, PRODUCE emitirá una Resolución de inicio del procedimiento de identificación del responsable del pasivo ambiental. Esta Resolución debe ser notificada al presunto responsable que dispondrá de un plazo de 20 días hábiles, prorrogable por una sola vez, para presentar sus descargos. La Resolución final del PRODUCE sobre la identificación del responsable puede ser impugnada dentro de los 15 días hábiles siguientes a su notificación.
Plazos y obligaciones para gestionar los pasivos
Cuando una empresa es declarada responsable, debe determinar si le corresponde presentar un PGPA, actualizar su Plan de cierre, presentar un estudio ambiental o su modificatoria, según el caso.
De tratarse de un pasivo ambiental de alto riesgo, el instrumento de gestión ambiental debe presentarse en un plazo máximo de 12 meses desde la determinación del pasivo. Para aquellos de riesgo moderado o bajo, el plazo es de 24 meses desde la identificación del responsable.
Zegarra advirtió que la impugnación de la Resolución final del PRODUCE sobre la identificación del responsable no suspende automáticamente sus efectos ni interrumpe el cómputo de estos plazos.
De corresponder un PGPA, debe ser elaborado por una persona jurídica inscrita en el Registro Nacional de Consultoras Ambientales del SENACE. Respecto a su su contenido, debe cumplir con los Términos de Referencia que para el sector industria han sido aprobados en la acotada Resolución Ministerial N.° 134-2026-PRODUCE. Estos Términos de Referencia exigen, entre otros aspectos, incluir la descripción del pasivo, el estudio de ingeniería a nivel de detalle que comprende las condiciones actuales del área de estudio y la evaluación de riesgos a la salud y al ambiente, las actividades de reaprovechamiento, reutilización o cierre definitivo a ejecutar, la identificación y caracterización de los impactos ambientales asociados, la estrategia para su manejo ambiental incluyendo el monitoreo post cierre, el cronograma de actividades y el presupuesto para su implementación.
En cuanto a los mecanismos de participación ciudadana para el PGPA, varían de acuerdo con el nivel de riesgo del pasivo ambiental involucrado. Así, por ejemplo, en caso de pasivos ambientales de alto riesgo deben efectuarse tres rondas de talleres participativos (antes y durante la elaboración del PGPA; y, durante su evaluación) y, además, una audiencia pública en la etapa de evaluación, entre otros mecanismos adicionales.
El plazo para la evaluación del PGPA ha sido establecido en 120 días hábiles, pero está sujeto a silencio administrativo negativo.
Una vez aprobado el PGPA, la empresa debe comunicar al PRODUCE y al OEFA el inicio de su ejecución dentro de los 30 días hábiles siguientes. Además, debe presentar reportes de avance, de acuerdo con la frecuencia establecida en el instrumento de gestión ambiental; e, informar en un plazo de 24 horas cualquier obstaculización de terceros. El informe final de cumplimiento de los compromisos asumidos debe entregarse dentro de los 60 días posteriores a su culminación, según el cronograma aprobado.
“Al momento de verificar el cumplimiento, no solo se constatará si se respetaron el plazo, el programa y las medidas aprobadas, sino también si se alcanzó el objetivo. Lo más importante es lograr la estabilización y asegurar el uso futuro del área”, señaló.
Entre las principales infracciones tipificadas como graves o muy graves en esta materia se encuentran impedir el acceso de la autoridad para identificar algún pasivo ambiental; negarse injustificadamente a entregar la documentación requerida; presentar información falsa o incompleta que obstaculice la identificación de un pasivo ambiental; no contar con un PGPA aprobado cuando corresponda; incumplir los plazos o compromisos asumidos; no implementar medidas de control y/o tratamiento para prevenir, controlar y/o mitigar los riesgos o daños a la salud, calidad ambiental y/o funcionalidad del ecosistema; o, no implementar medidas de seguridad inmediatas para reducir los riesgos señalados generados por pasivos ambientales de alto de riesgo.
Ante este escenario, Zegarra recomienda revisar los antecedentes de las operaciones, identificar posibles brechas y conservar la documentación que permita acreditar el origen de los pasivos ambientales. Una evaluación preventiva permitirá atender oportunamente los procedimientos de determinación de responsabilidad, definir el instrumento ambiental aplicable si fuera el caso y reducir la exposición a contingencias regulatorias.
Notas de Prensa
Electrocentro obtiene certificado azul de la autoridad nacional del agua por su compromiso con el uso eficiente del recurso hídrico

Empresa se convierte en la primera del Grupo Distriluz en alcanzar este reconocimiento, tras implementar proyectos de eficiencia energética y forestación en la Central Hidroeléctrica Huarisca, en Junín.
Electrocentro obtuvo el Certificado Azul, otorgado por la Autoridad Nacional del Agua (ANA), en reconocimiento a su compromiso con el uso eficiente y responsable del recurso hídrico, la conservación ambiental y el trabajo conjunto con las comunidades. Este importante logro posiciona a la empresa como referente en sostenibilidad dentro del sector eléctrico.
Mediante Resolución Jefatural N.° 0257-2026-ANA, del 12 de octubre de 2026, la ANA reconoció a Electrocentro como una empresa hidricamente responsable y solidaria, tras verificar el cumplimiento de los compromisos ambientales desarrollados en la Central Hidroeléctrica Huarisca, ubicada en el distrito de Ahuac, provincia de Chupaca, región Junín.
Uno de los principales resultados fue la implementación de 22 reflectores solares LED de alta eficiencia energética, alimentados mediante paneles solares y baterías autónomas, que reemplazaron el sistema de iluminación convencional de la central hidroeléctrica. Esta iniciativa permitió alcanzar un ahorro estimado de 22008 metros cúbicos de agua al año, además de reducir el consumo de energía eléctrica convencional.
Asimismo, a través del proyecto Bosque de Vida en Huarisca, Electrocentro impulsó la forestación con 2000 plantones de pino, en coordinación con la comunidad campesina de Huarisca, promoviendo la conservación de los ecosistemas, la protección de fuentes de agua y la sensibilización ambiental. La iniciativa benefició directamente a 58 personas e indirectamente a otras 308.
Manuel Igreda, jefe de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente de Electrocentro destacó que este reconocimiento constituye un importante avance institucional, al convertirse en la primera empresa eléctrica del Grupo Distriluz en obtener el Certificado Azul.
“Estamos muy contentos de haber obtenido este nuevo reconocimiento ambiental. Es un logro importante que refleja nuestro compromiso con el uso eficiente del agua y el trabajo conjunto con las comunidades. Este resultado es posible gracias al esfuerzo de todos los trabajadores de Electrocentro”, manifestó.
El funcionario resaltó, además, que la empresa continuará fortaleciendo sus acciones ambientales. En coordinación con la comunidad de Huarisca, se proyecta la siembra de otros 2000 plantones de pino, adicionales a los ya establecidos, con el propósito de contribuir a la conservación de los recursos naturales.
El Certificado Azul, otorgado por un periodo de 12 meses, se suma a los avances de Electrocentro en gestión ambiental, entre ellos la segunda estrella del programa Huella de Carbono Perú y el cumplimiento de las dos etapas de ecoeficiencia, reafirmando su compromiso con una operación cada vez más sostenible.
Con este reconocimiento, Electrocentro fortalece su liderazgo en responsabilidad ambiental y ratifica su decisión de continuar desarrollando proyectos que contribuyan al cuidado del agua, la protección del medio ambiente y el bienestar de las comunidades de su ámbito de influencia.
Notas de Prensa
Kuntur Pump GROUP anuncia inversión de S/ 10 millones en nueva planta industrial tras proyectar un incremento de significativo en su facturación anual

● La compañía peruana especializada en sistemas de bombeo para el sector minero expande su presencia regional con exportaciones a Colombia,Chile Bolivia y Cuba.
● La nueva sede de 3,000 m² en Puente Piedra fortalecerá su capacidad de producción y desarrollo tecnológico.
En el marco de la Convención Minero Industrial- MECAMIN 2026’’, la compañía peruana Kuntur Pump, especializada en la fabricación y mantenimiento de equipos de bombeo para minería, anunció un sólido balance de crecimiento y su plan estratégico de expansión para los próximos meses.
Carlos Peña, gerente de Operaciones de Kuntur Pump, destacó que la compañía proyecta cerrar el presente ejercicio con un incremento en su facturación de 35% en comparación con el año anterior. Este desempeño extraordinario ha impulsado la decisión de ejecutar un plan de inversión de aproximadamente 10 millones de soles destinado a la construcción y equipamiento de una nueva planta industrial en Lima.
El nuevo proyecto industrial, que se desarrollará en un plazo de seis meses, contempla una infraestructura de 3,000 m² ubicada en la zona industrial de Puente Piedra, la cual asumirá el rol de sede matriz.
«Este crecimiento atípico y sumamente positivo nos permite realizar inversiones de gran envergadura en infraestructura y tecnología. La nueva planta concentrará toda la fabricación de componentes y producción netamente, mientras que nuestras instalaciones actuales de 1,500 m² quedarán destinadas exclusivamente al ensamblaje final y a los ensayos de control de calidad», explicó Carlos Peña durante su participación en MECAMIN 2026.
Actualmente, Kuntur Pump cuenta con un equipo de 60 colaboradores entre personal operativo y administrativo, apoyados por una red de instalaciones que incluye su planta operativa en Ensenada y un almacén logístico de 500 m² en Trapiche.
Confianza del sector e internacionalización
La propuesta de valor de la firma se basa en la confiabilidad, la mejora de aleaciones frente a los estándares de fabricantes internacionales y un riguroso control de calidad en cada etapa del proceso, desde la fundición y mecanizado hasta las pruebas de rendimiento antes de la entrega a mina.
Esta rigurosidad técnica ha consolidado la presencia de Kuntur Pump entre los principales grupos mineros que operan en el país.Asimismo, la empresa ha consolidado su proceso de internacionalización abasteciendo a mercados clave en la región: Operaciones en Colombia (Medellín) y Bolivia .en Centroamérica, con la provisión de equipos para la operación de en Cuba.
Notas de Prensa
Qué hacer cuando una empresa informa una brecha de datos

ESET analiza cómo las notificaciones de brechas de datos ofrecen cada vez menos información a las víctimas y advierte que esas omisiones pueden influir en las medidas de cuidado que tomen después.
Las brechas de datos reportadas públicamente alcanzaron un máximo histórico en Estados Unidos durante 2025, con más de 3.300 incidentes registrados y cerca de 295 millones de notificaciones enviadas a las víctimas. Sin embargo, apenas una cuarta parte (24%) incluía detalles sobre el vector de ataque, la proporción más baja registrada por la organización. ESET Latinoamérica, compañía líder en detección proactiva de amenazas, advierte que esta falta de información supone una mala noticia para consumidores, empresas y responsables de formular políticas públicas ya que falta de detalles impide comprender el verdadero nivel de exposición al riesgo o adoptar medidas efectivas para limitar las consecuencias y, posiblemente, evitar que algo similar vuelva a ocurrir.
“Existen muchos motivos por los que una organización afectada por una brecha puede mostrarse reacia, o simplemente no estar en condiciones, de compartir todos los detalles de un incidente. Los equipos de comunicación de crisis pueden querer informar cuanto antes a los clientes una vez que la noticia sale a la luz, para proteger la reputación de la organización y evitar especulaciones perjudiciales. Sin embargo, es posible que todavía no conozcan el panorama completo.”, comenta Rodrigo Alvarez, Investigador de Seguridad Informática de ESET Latinoamérica.
La información sobre qué datos fueron comprometidos y de qué manera puede tardar semanas o incluso meses en determinarse, especialmente cuando se trata de grandes volúmenes de información. Además, remarcan desde ESET, una divulgación más amplia pudiera ayudar a otros actores maliciosos, por ejemplo, al revelar el camino utilizado para el ataque o debilidades defensivas, o incluso al propio atacante si sigue presente en la red. Por esto es posible que cierta información se retenga temporalmente. También existen razones de carácter financiero, ya que compartir demasiada información podría afectar el valor de las acciones de una empresa, su reputación o su ventaja competitiva.
Por otro lado, el lenguaje utilizado en estas notificaciones puede resultar confuso. Si el mensaje indica que los datos fueron «accedidos», no necesariamente significa que hayan sido robados o extraídos. Asimismo, que una empresa afirme que no encontró «evidencia de uso indebido» no garantiza que no haya existido. Del mismo modo, si una empresa indica que «podrías haber sido afectado», eso no significa que los datos estén entre los comprometidos, aunque se recomienda actuar con cautela.
Frente a una filtración, los detalles de información que necesitan conocer las víctimas, son:
- Si los datos fueron únicamente accedidos o efectivamente extraídos (aunque lo más prudente es asumir el peor escenario hasta que se confirme lo contrario).
- Qué datos fueron comprometidos, ya que esto determinará las medidas que se deban tomar, como cambiar contraseñas, contactar al banco o reemplazar tarjetas.
- Conocer cuándo ocurrió el incidente y cuánto tiempo duró, ya que esto puede ayudar a identificar actividades sospechosas en las cuentas afectadas.
- Qué recomendaciones específicas está proporcionando la organización afectada.
En cualquier caso, el primer paso debe ser contactar directamente a la organización supuestamente afectada. Contactar a la empresa por sus canales oficiales y verificar la información por cuenta propia, no responder ni hacer clic en case de recibir alguna notificación, ya que podría ser la continuación de una estafa.
Una vez que se confirmen que la notificación es legítima, ESET recomienda solicitar a la organización más detalles si estos no se han proporcionado. Luego, considerar las siguientes medidas, dependiendo del tipo de información comprometida:
- Datos personales como correo electrónico, dirección física, nombre o número de teléfono: mantenerse alerta frente a correos, mensajes o llamadas de phishing posteriores. No hacer clic en enlaces ni compartir información sin verificar previamente la autenticidad del contacto.
- Datos médicos o información de cuentas de clientes: Al obtener información confidencial, es importante prestar atención a intentos de phishing más personalizados.
- Nombres de usuario y contraseñas: cambiar inmediatamente las credenciales de la cuenta afectada y de cualquier otra cuenta donde se haya reutilizado la misma contraseña. Activar la autenticación multifactor (MFA o 2FA) para añadir una capa adicional de protección.
- Datos bancarios o de tarjetas de pago: contactar al banco o proveedor de la tarjeta para informar lo ocurrido. Solicitar el reemplazo de la tarjeta si corresponde y supervisar las cuentas en busca de actividad sospechosa.
- Documentos de identidad emitidos por organismos gubernamentales, como documentos nacionales de identidad, cédulas, pasaportes o licencias de conducir: seguir las recomendaciones de la entidad emisora. Dependiendo del caso, puede ser necesario solicitar un reemplazo o reportar un posible uso indebido.
- Información financiera y de identidad: monitorear las cuentas, comunicarse con las instituciones financieras correspondientes, cambiar las credenciales de acceso si fuera necesario y considerar las herramientas de protección contra el fraude disponibles según el país de residencia.
Muchas organizaciones afectadas por una brecha ofrecen servicios gratuitos de monitoreo crediticio u otras herramientas de protección durante un período determinado. Sin embargo, la disponibilidad de estas soluciones varía según el país. Los servicios de monitoreo crediticio alertan cuando se producen cambios en el historial crediticio o actividad financiera que podrían indicar un intento de fraude o robo de identidad. Además, en algunos países existen mecanismos para restringir temporalmente la apertura de nuevas líneas de crédito o registrar alertas por posible fraude de identidad, aunque su disponibilidad depende de la normativa local.
Si los datos financieros o de identidad quedaron expuestos, desde ESET aconsejan:
- Revisar periódicamente las cuentas bancarias y tarjetas.
- Activar alertas de transacciones cuando estén disponibles.
- Consultar periódicamente el historial crediticio mediante los organismos o burós correspondientes.
- Reportar cualquier actividad fraudulenta a las autoridades o entidades competentes.
“A medida que aumentan las organizaciones con las que compartimos nuestros datos y los atacantes perfeccionan sus técnicas para comprometerlas, las probabilidades de recibir una notificación de brecha de datos seguirán creciendo. Pero eso no significa que deba convertirse en una catástrofe. Mantenerse alerta e informado sigue siendo una de las mejores formas de reducir el riesgo de sufrir fraudes posteriores.”, concluye Alvarez de ESET.
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