Hidrocarburos
Cusco: comunidad nativa se acusa a Pluspetrol por contaminación ambiental y condicionamiento de proyecto

La Comunidad Nativa Carpintero-Kirigueti, en Megantoni, Cusco, inició una medida de fuerza indefinida en la plataforma Mipaya. Más de 190 comuneros acordaron movilizarse y exigen la intervención urgente del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) ante sus reclamos contra Pluspetrol, entre ellos las denuncias por quemas incontroladas, fuertes olores y posibles afectaciones a la salud de la población.
En el centro de la protesta aparecen dos asuntos que han generado preocupación entre los pobladores: el futuro de proyectos para la comunidad y las alertas relacionadas con el ambiente y la salud.
Uno de los principales reclamos está relacionado con un proyecto de energía solar fotovoltaica solicitado por la comunidad para atender las necesidades de la zona. Los comuneros denuncian que Pluspetrol estaría condicionando la ejecución de este proyecto a una eventual renegociación de licencias y accesos vinculados al transporte de gas prevista para 2027, específicamente en la línea Mipaya-Pagoreni West.
Los pobladores han reportado quemas incontroladas y fuertes olores en la plataforma Mipaya, cuyos efectos, según denuncian, habrían llegado hasta las viviendas de la comunidad. Algunos comuneros aseguran haber presentado mareos y otros imprevistos relacionados con su salud tras estos episodios.

Estas denuncias han colocado nuevamente bajo la mirada pública las condiciones ambientales en las zonas donde se desarrollan actividades vinculadas al sector hidrocarburos y la necesidad de que las autoridades competentes determinen qué está ocurriendo, cuáles son las causas de estos incidentes y si existe algún riesgo para la población y el entorno.
Frente a esta situación, las autoridades comunales han decidido recurrir directamente al Gobierno. Mediante el Oficio N.° 0184-2026-CNCK/J, solicitaron al Ministerio de Energía y Minas que intervenga como mediador y promueva la instalación de una mesa de diálogo.
Mientras esperan una respuesta, la población mantiene la protesta en Mipaya. La decisión de declararse en paro indefinido constituye una señal de advertencia: la comunidad exige que sus demandas sean escuchadas y que las denuncias ambientales sean atendidas con seriedad y transparencia.
Por ahora, la pelota está en la cancha del MINEM y de Pluspetrol. El pedido de los comuneros es concreto: diálogo, respuestas y atención a las alertas que, aseguran, están afectando su territorio y preocupando a sus familias.

Hidrocarburos
Hidrocarburos mantienen una posición clave en la matriz energética del Perú

Los hidrocarburos continúan desempeñando un papel estratégico en la matriz energética del país, al representar el 67% del consumo final de energía y el 80% de la producción de energía primaria, informó el Ministerio de Energía y Minas (MINEM).
Durante la inauguración de la jornada “Energía con Propósito: Indicadores de Sostenibilidad y Premios GAIA SPE Perú”, organizada por la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH), la viceministra de Hidrocarburos, Iris Cárdenas Pino, resaltó la importancia de impulsar un desarrollo sostenible para este sector.
La funcionaria explicó que el MINEM busca que las dimensiones económica, social y ambiental de las actividades de hidrocarburos avancen de manera equilibrada e integrada, sin que una tenga prioridad sobre las demás, con el objetivo de garantizar la viabilidad de los proyectos en el largo plazo.
Cárdenas destacó que la elevada participación de los hidrocarburos en el consumo energético nacional evidencia su importancia para el funcionamiento de las actividades productivas y para el bienestar de la población.
En el marco del evento también se expusieron los indicadores de sostenibilidad del sector y se reconocieron diversas iniciativas empresariales en categorías como el Gran Premio de Sostenibilidad, Mejores Prácticas Sostenibles de Gestión Social, Mejores Prácticas Sostenibles de Gestión Ambiental, así como Eficiencia, Tecnología e Innovación.
La viceministra señaló que estos indicadores son instrumentos importantes para medir de manera integral el desempeño de las actividades de hidrocarburos y sus impactos en el país. Asimismo, permiten identificar avances y mejorar la toma de decisiones para una gestión más responsable.
En ese sentido, subrayó que las empresas deben fortalecer la transparencia de la información, la protección ambiental y el diálogo permanente con las poblaciones ubicadas en las zonas de influencia de los proyectos. Estos aspectos, sostuvo, son esenciales para generar confianza y favorecer la sostenibilidad de las inversiones en las distintas regiones.
Cárdenas también afirmó que incorporar criterios de sostenibilidad no significa necesariamente elevar los costos de los proyectos. Por el contrario, puede contribuir a disminuir los costos de financiamiento y los riesgos reputacionales, además de facilitar relaciones más armoniosas con las comunidades y el entorno.
Finalmente, la viceministra reafirmó que los hidrocarburos continuarán teniendo una participación importante en el futuro energético del Perú. En esa línea, señaló que el MINEM mantendrá su compromiso de promover un desarrollo sostenible del sector, orientado a fortalecer el autoabastecimiento y la seguridad energética, impulsar el crecimiento económico y contribuir al bienestar de la población.

Hidrocarburos
FENPETROL pide revisión integral técnica de las 1,639 observaciones detectadas en la Refinería Talara

La Federación Nacional de Trabajadores Petroleros del Perú (FENPETROL) considera necesario transparentar y clasificar técnicamente las 1,639 observaciones identificadas en la Nueva Refinería Talara, al advertir que calificarlas genéricamente como “1,600 desperfectos” podría distorsionar la dimensión real del problema. La organización plantea determinar la naturaleza, criticidad, origen, estado y responsables de cada observación, además de garantizar la culminación del análisis forense del megaproyecto.
Diferenciar observaciones de fallas
FENPETROL sostiene que no todas las observaciones tienen el mismo nivel de gravedad. Por ello, plantea diferenciar aquellas relacionadas con documentación, ingeniería, construcción, garantías, cumplimiento normativo, ajustes operativos o mantenimiento programado de las que puedan comprometer la integridad mecánica de los equipos, la seguridad de los procesos o la integridad de los trabajadores.
La Federación recuerda que la Nueva Refinería Talara atraviesa un proceso de estabilización y consolidación de sus operaciones y que Petroperú ha reportado trabajos destinados a mejorar la confiabilidad de sus unidades y eliminar restricciones operativas.
En ese contexto, considera que una parada programada de mantenimiento, como la realizada en la Unidad de Flexicoking (FCK), no debe ser presentada automáticamente como una falla, debido a que las instalaciones industriales requieren intervenciones periódicas dentro de sus programas de integridad de activos.
Asimismo, operar por debajo del 100% de capacidad no constituye necesariamente una limitación técnica, pues el nivel de procesamiento también depende del tipo de crudo, los planes de refinación, las condiciones de mercado y la estrategia operativa.
Precisar el origen de cada incidente
Otro punto que FENPETROL considera fundamental es determinar con precisión dónde ocurrió cada evento y a qué unidad correspondió.
La organización cuestiona que determinados hechos sean atribuidos directamente a la Unidad de Flexicoking cuando, según su planteamiento, el evento referido habría ocurrido en una caldera correspondiente a otra unidad o instalación tercerizada.
Para la Federación, esto no implica minimizar ningún incidente. Cada caso debe ser investigado, establecer sus causas y determinar las responsabilidades que correspondan.
Revisar responsabilidades de toda la cadena del proyecto
FENPETROL también plantea que no se atribuya automáticamente a Petroperú la responsabilidad por todas las deficiencias técnicas que pudieran existir en la refinería.
La planta principal fue construida por Técnicas Reunidas, mientras que determinadas unidades auxiliares fueron ejecutadas y ensambladas por Cobra. Además, las unidades de proceso cuentan con sus respectivos licenciantes tecnológicos; en el caso de la FCK, el licenciante es ExxonMobil.
Por ello, la Federación considera que cualquier eventual deficiencia de diseño, construcción, montaje, integración, garantía o desempeño debe ser vinculada técnicamente con la empresa que intervino, sus obligaciones contractuales, los estándares aplicables y el momento en que se produjo la eventual deficiencia.
En esa línea, FENPETROL considera relevantes las controversias y procesos arbitrales registrados en la Memoria 2025 de Petroperú vinculados con Cobra y Técnicas Reunidas.
¿Cuándo debieron detectarse las observaciones?
Para la organización sindical, el debate no debe concentrarse únicamente en la cifra de 1,639 observaciones, sino en establecer cuándo fueron detectadas, quién tenía la obligación de identificarlas, qué controles se ejecutaron y qué medidas se adoptaron para corregirlas.
La Federación considera necesario revisar la actuación de los distintos participantes en las etapas de ingeniería, contratación, construcción, supervisión, integración y puesta en marcha, así como el papel de los organismos de control y fiscalización.
En particular, plantea evaluar las alertas y observaciones formuladas durante el desarrollo del proyecto y determinar por qué algunas verificaciones se habrían concentrado años después del inicio del proceso.
Exigen culminar el análisis forense
Uno de los principales pedidos de FENPETROL es garantizar la continuidad y culminación del análisis forense interno de la Nueva Refinería Talara, proceso que, según recuerda la organización, fue dispuesto por el propio Directorio de Petroperú mediante el Acuerdo de Directorio N.° 112-2024-PP.
La Federación sostiene que esta investigación debe abarcar las diferentes etapas del megaproyecto y determinar cómo funcionaron los mecanismos de supervisión y control, además de establecer las responsabilidades que correspondan a Petroperú, contratistas, supervisores, licenciantes y demás participantes.
FENPETROL también plantea que la revisión comprenda a las distintas administraciones que participaron en el proyecto y examine las decisiones de contratación, modificaciones de alcance y eventuales postergaciones de unidades auxiliares que pudieron incidir en la integración y entrada en operación del complejo.
“El debate no puede reducirse a 1,639”.
La Federación sostiene que el análisis debe ser documental, técnico y transparente, y que sus resultados deben servir tanto para establecer responsabilidades como para corregir las deficiencias que eventualmente se encuentren.
También pide transparentar el financiamiento
FENPETROL considera que la revisión debe incluir los aspectos financieros relacionados con Petroperú. En particular, solicita transparentar las condiciones del esquema inicialmente previsto por hasta US$500 millones y del posterior financiamiento puente de hasta US$475 millones.
La organización plantea que se expliquen documentalmente las diferencias entre ambas operaciones, además de las tasas, comisiones, costos de estructuración, garantías y demás gastos asociados.
El número no basta
Para FENPETROL, las 1,639 observaciones deben ser desagregadas y explicadas individualmente, precisando cuáles fueron críticas, cuáles correspondieron a aspectos documentales, administrativos o normativos, cuántas ya fueron levantadas y cuáles permanecen pendientes.
El objetivo, sostiene la Federación, no es defender ni cuestionar políticamente a la Nueva Refinería Talara, sino establecer técnicamente qué ocurrió, cuándo debió detectarse, quién debía actuar, qué medidas se adoptaron y quién debe asumir responsabilidades.
De esta manera, FENPETROL plantea que la discusión sobre la refinería debe superar la cifra de “1,600 desperfectos” y avanzar hacia una investigación integral sustentada en contratos, informes técnicos, actas, cronologías y resultados del análisis forense.
Hidrocarburos
Informe de control detecta 1.639 incumplimientos de Petroperú que ponen en riesgo la operación

El Órgano de Control Institucional de Osinergmin detectó 1.639 incumplimientos normativos en el proceso de modernización de la Refinería Talara, en Piura, durante una supervisión realizada entre el 26 de junio y el 16 de julio de 2026.
El informe advierte que las observaciones pendientes podrían impedir el cierre técnico, normativo y documental del proyecto, con efectos sobre la seguridad y la continuidad de las operaciones.
La alerta se produce tras el vencimiento, el 20 de julio, del contrato de supervisión a cargo del Consorcio FIMS, responsable de verificar el cumplimiento de normas legales y técnicas en las distintas fases del proyecto.
Si las observaciones no son subsanadas, no podrán emitirse las declaraciones de cumplimiento normativo necesarias para validar la culminación del proceso.

El contrato de supervisión venció con miles de observaciones pendientes
El documento señala que la falta de regularización compromete la emisión de los documentos que acreditan el cumplimiento de exigencias técnicas y regulatorias en la refinería.
Según el informe, esta situación “no aseguraría el cierre técnico, normativo y documental del proyecto”, por lo que se mantendrían riesgos para el funcionamiento seguro, continuo y confiable de la planta. La advertencia alcanza a la seguridad de las personas, la integridad de las instalaciones y la finalidad pública de la inversión.
El Consorcio FIMS fue contratado en julio de 2024 por S/19 millones 923.120 y tenía un plazo de 18 meses para desarrollar labores de supervisión, mediante visitas a la obra y revisión de documentos vinculados a diseño, adquisición de equipos, construcción y puesta en marcha.
Diseño y procesos concentran el mayor número de hallazgos
La mayor parte de los incumplimientos se concentra en la etapa de diseño, con 561 casos, equivalentes al 34,23% del total. Le siguen procura, con 419; construcción, con 354; puesta en marcha y comisionamiento, con 197; y precomisionamiento, con 108.
La distribución por especialidad muestra una concentración mayor en ingeniería de procesos, que acumuló 756 incumplimientos, el 46,13% del total. El área de mecánica y tuberías registró 287 observaciones, mientras que seguridad industrial y de procesos sumó 280.
El control se realizó a partir de un muestreo estadístico bajo el criterio de Pareto, que prioriza la revisión de equipos y sistemas críticos. Diseño, procura y construcción agrupan el 81,39% de los incumplimientos, según el informe.

Petroperú levantó cerca de 200 observaciones, pero quedaron 1.439 pendientes
Hasta la primera semana de julio, Petroperú presentó descargos que permitieron levantar cerca de 200 observaciones, sobre todo en la etapa de diseño. Aun así, quedaron pendientes 1.439 incumplimientos.
El Consorcio FIMS advirtió que el número de hallazgos podía llegar a 2.000 al término de su contrato. En reportes elaborados entre abril y junio, la supervisora indicó que los descargos no permitieron cerrar las observaciones correspondientes a diseño y procura, con posibles efectos sobre el cronograma de cierre del proyecto.
La subsanación de estas observaciones resulta necesaria para que la refinería cuente con el respaldo técnico y documental requerido para operar bajo las condiciones normativas previstas.
Osinergmin aprobó entregables sin informes complementarios mensuales
La Contraloría General de la República del Perú identificó además deficiencias en el seguimiento documental. Osinergmin otorgó conformidad a entregables del Consorcio FIMS sin exigir de forma oportuna los informes complementarios mensuales previstos en el contrato, el plan de trabajo y las bases del proceso.
Esos documentos debían incluir información de respaldo sobre los incumplimientos, las acciones de corrección y el avance del cierre normativo. El informe sostiene que su ausencia limitó la verificación integral de las condiciones exigidas para la modernización de la Refinería Talara.
Osinergmin emitió en julio órdenes para requerir los informes faltantes, cuando el contrato ya se encontraba próximo a vencer. La Contraloría recomendó comunicar los hallazgos al titular del organismo regulador, que deberá informar en un plazo de cinco días hábiles las medidas preventivas y correctivas que adoptará.

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