o   Convenio de cooperación permitirá fortalecer el desarrollo de la zona y reafirma la importancia del diálogo como mecanismo para la construcción de consensos.

Como resultado de un proceso de diálogo promovido por el Poder Ejecutivo, la comunidad campesina de Hatun Ccollana y la empresa Minera Las Bambas suscribieron un convenio de cooperación mutua, en una jornada que permitió alcanzar consensos orientados al desarrollo de la población y al fortalecimiento de la paz social.

La firma del acuerdo fue posible gracias al trabajo de articulación realizado por el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), a través de la Oficina General de Gestión Social (OGGS), en coordinación con la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), entidades que facilitaron el diálogo entre las partes y promovieron la búsqueda de soluciones concertadas.

Durante la jornada se abordaron los puntos adicionales planteados por la comunidad, los cuales fueron analizados en un espacio de diálogo abierto y respetuoso.

La participación activa del Ejecutivo contribuyó a mantener las conversaciones y generar las condiciones necesarias para alcanzar un entendimiento que priorizó el bienestar de la población y el desarrollo del territorio.

Con la suscripción del convenio, la comunidad de Hatun Ccollana y Minera Las Bambas asumieron el compromiso de iniciar la implementación de los acuerdos establecidos, en el marco de una relación basada en el respeto mutuo, la cooperación y el cumplimiento de los compromisos asumidos.

El MINEM reafirmó su compromiso de continuar acompañando estos procesos de diálogo, promoviendo espacios de concertación que contribuyan a prevenir conflictos, fortalecer la gobernanza territorial y generar condiciones favorables para el desarrollo sostenible de las zonas de influencia de la actividad minera.

De esta manera, la gestión del ministro Waldir Ayasta ratifica su compromiso de seguir impulsando una minería moderna y sostenible, basada en el diálogo, la participación y la construcción de consensos, como pilares para generar bienestar, oportunidades y desarrollo para las comunidades y para el país.

o   Para el titular del MINEM, el verdadero desafío no consiste en extraer recursos, sino en generar conocimiento, tecnología y valor agregado.

Perú se ha convertido en un proveedor confiable que viene impulsando el desarrollo industrial del orbe durante las últimas décadas, y minerales como el litio y el uranio empiezan a escribir un nuevo capítulo que contribuirán, aún más, al desarrollo responsable de los minerales críticos que continuarán siendo el sostén de la economía del país.

Así lo afirmó el ministro de Energía y Minas, Waldir Ayasta Mechán, quien consideró que el Perú no puede ser un espectador en la transformación de los minerales mencionado, sino que debe convertirse en un protagonista, consolidando un entorno de estabilidad, seguridad jurídica y predictibilidad que incentive nuevas inversiones responsables.

Destacó, por ello, la realización del Primer Foro del Litio y Uranio, que marcó el inicio de una agenda que busca fortalecer, promover la cooperación en materia de minerales estratégicos, y proyectar al país como un referente global en el actual contexto de transición energética.

«Nuestro objetivo es que más empresas apuesten por el desarrollo de estos proyectos, siempre bajo altos estándares ambientales y sociales, de manera que el potencial geológico del Perú se traduzca en mayor inversión, empleo y desarrollo sostenible para las regiones», acotó Ayasta Mechán.

El titular del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) resaltó que, en esa vertiginosa carrera, los ojos del mercado internacional se han posado sobre la meseta de Macusani, en la provincia de Carabaya, región Puno. «Actualmente existen tres proyectos en la jurisdicción antes mencionada, dos enfocados en litio y el restante en uranio», subrayó.

El Proyecto Falchani y Quelcaya, están enfocados en el litio; el primero de ellos se encuentra en etapa de Estudio de Impacto Ambiental semidetallado (EIAsd) en evaluación a junio de 2026; mientras que el segundo cuenta con la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) aprobada para exploración.

El tercer proyecto también se encuentra en la región Puno, Isibilla está enfocado en el uranio. Su Declaración de Impacto Ambiental se encuentra en evaluación bajo las normas del estado peruano.

«El litio es indispensable para el almacenamiento de energía y el desarrollo de la movilidad eléctrica. El uranio es un recurso clave para la generación de electricidad. El verdadero desafío no consiste únicamente en extraer recursos, sino en la generación de conocimiento, en tecnología y en el valor agregado», agregó el ministro.

Ayasta reafirmó el compromiso con una minería responsable que genere confianza para invertir e impulse la innovación, además de fortalecer el desarrollo sostenible del Perú, y puntualizó que el desarrollo del litio y el uranio representa una oportunidad para diversificar y fortalecer la minería peruana.

«En un contexto de creciente demanda mundial de minerales críticos impulsada por la transición energética y el avance de nuevas tecnologías, el aprovechamiento del litio y el uranio no solo permitirá generar nuevas inversiones, sino también impulsar el desarrollo de proveedores, promover la incorporación de mayor valor agregado, fortalecer las capacidades tecnológicas y dinamizar las economías regionales», afirmó.

«El desafío es convertir el potencial geológico del Perú en bienestar para los peruanos. Ese es el objetivo que nos hemos trazado: impulsar una minería moderna, competitiva y sostenible, que aproveche responsablemente los minerales críticos para generar mayor inversión, empleo y oportunidades para las presentes y futuras generaciones», finalizó el ministro.

Director del IIMP sostiene que la nueva gestión debe agilizar los permisos para las inversiones y garantizar que la riqueza minera se traduzca en obras y servicios para la población.

A pocos días de la asunción del nuevo gobierno, el director del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), Guillermo Shinno, sostuvo que una de las principales tareas que deberá asumir la nueva administración será poner fin al Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y avanzar hacia un nuevo marco normativo que permita diferenciar a quienes realmente han avanzado en su proceso de formalización de quienes utilizan este mecanismo para operar al margen de la ley.

«Creo que debería terminar. Cuando entre el nuevo gobierno, le van a quedar apenas cinco meses. Espero que le dé tiempo para sacar una nueva ley y poder trabajar con aquellos mineros que han avanzado su proceso de formalización. Y el resto, lamentablemente, va a tener que esperar», señaló al IIMP.

En ese sentido, indicó que el próximo gobierno encontrará iniciativas legislativas ya presentadas sobre esta materia, las cuales deberán ser evaluadas para construir un nuevo esquema de formalización minera.

«Ya hay proyectos en línea en el Congreso, el nuevo gobierno tendrá que revisarlos y seguramente debe haber un periodo de transición», manifestó.

Tres prioridades para impulsar la minería

Más allá del proceso de formalización minera, Shinno afirmó que las expectativas sobre el próximo gobierno son altas y consideró que existen tres ejes prioritarios para impulsar el desarrollo del sector minero y atraer nuevas inversiones.

El primero, explicó, está relacionado con la optimización del sistema de permisos para reducir la burocracia. “Cómo hacer que los procesos de los permisos sean mucho más óptimos, sin relajar las revisiones técnicas», indicó.

Como segundo eje, mencionó la necesidad de asegurar que la población perciba de manera tangible los beneficios que genera la actividad minera. “Hoy día, a la gente no le llegan los beneficios y no es por culpa de la minería, sino por culpa principalmente de los gobiernos regionales, locales, parte del gobierno nacional. Ahí hay un tema por resolver para que se puedan construir carreteras, escuelas, hospitales y toda la infraestructura básica que requieren las comunidades cercanas a las operaciones mineras», explicó.

Finalmente, señaló que el combate a la minería ilegal debe convertirse en una prioridad para el Estado, acompañado de un proceso de formalización efectivo. “El proceso de formalización hay que trabajarlo adecuadamente para poder separar a quienes sí están interesados», concluyó.