• El presupuesto general de la Nación para 2024, no incluye los recursos necesarios para cubrir los subsidios al consumo de GLP en cilindros de los 6 departamentos del llamado “plan piloto”, correspondientes a los meses de agosto a diciembre.

No están apropiados los recursos que debe asignar el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al Plan Piloto de Subsidios al Gas LP (gas propano en cilindros), que se otorgan a más de 1 millón de personas de los estratos 1 y 2 en seis departamentos del país: Nariño, Putumayo, el macizo colombiano del Cauca, Caquetá, San Andrés Islas y Amazonas.

“Estamos preocupados porque no se incluyeron en el Presupuesto General de la Nación de 2024 los recursos correspondientes a los subsidios de agosto a diciembre, por valor de $45 mil millones. Esto genera dudas sobre la continuidad de este beneficio, otorgado a los hogares más pobres de los 6 departamentos que reciben este subsidio”, indicó el presidente de la Asociación Colombiana del GLP – GASNOVA, Alejandro Martínez Villegas.

El líder gremial resaltó que -además- el Ministerio de Hacienda no ha girado los recursos correspondientes a los subsidios de marzo a agosto de 2024, que suman $54.000 millones. “Aunque el Ministerio de Minas y Energía ya expidió las resoluciones que dan luz verde a estos pagos, es urgente que el Ministerio de Hacienda haga el respectivo desembolso para asegurar que los subsidios continúen llegando a los beneficiarios en esos 6 departamentos”, manifestó Martínez Villegas.

“Este subsidio tiene un fuerte impacto social, ya que evita que los hogares más necesitados se vean obligados a pasarse a la leña, combustible altamente contaminante, que ocasiona graves enfermedades respiratorias, principalmente en mujeres y niños que permanecen en las cocinas”, puntualizó el presidente de GASNOVA.

Resaltó que es uno de los pocos programas sociales del gobierno, que utilizan la metodología del SISBEN IV, o sea, estos subsidios al GLP tienen muy buena focalización para asegurar que sí lleguen a las personas más necesitadas.

El Ministerio de Energía y Minas y la Corporación Eléctrica del Ecuador – CELEC EP, a través de su unidad de negocio Transelectric, realizó la publicación del procedimiento de licitación pública internacional para la construcción de obras civiles, provisión de materiales, equipamiento, montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio del Sistema de Interconexión Eléctrica a 500 kilovoltios (kV) entre Ecuador y Perú.

La licitación comprende dos bloques:

Lote 1: Subestación Pasaje de 500/230 kV y Ampliación de la Subestación Chorrillos a 500 kV, con un valor referencial de alrededor de USD 80 millones.

Lote 2: Línea de Transmisión Chorrillos – Pasaje a 500 kV (206,97 km); Línea de Transmisión Pasaje – Frontera de 77,88 kilómetros (500 kV) y seccionamiento de la Línea de Transmisión Minas San Francisco – San Idelfonso de 230 kV, por un valor referencial de USD 184 millones.

El ministro de Energía y Minas, Antonio Goncalves, resaltó la importancia de cumplir con los plazos establecidos para alcanzar la interconexión binacional. Enfatizó, además, que la ejecución de esta obra viabiliza el intercambio de energía entre los dos países posibilitando la complementariedad.

“Cuando uno de los países tenga déficit el otro lo podrá suplir. Asimismo, beneficiará a los habitantes de las zonas fronterizas”, destacó la autoridad.

“Tras un trabajo comprometido con el país, avanzamos en el cronograma para el desarrollo de obras que permitirá la interconexión eléctrica Ecuador – Perú a 500 kv. Acorde a la normativa vigente y bajo los principios de transparencia e integridad que promueve el Gobierno del Ecuador, hemos publicado el proceso de licitación internacional, que permitirá recibir, hasta noviembre, las propuestas para el desarrollo de esta importante obra”, acotó el ministro Goncalves.

El 86% del financiamiento provendrá del Banco Interamericano de Desarrollo (43%) y del Banco Europeo de Inversiones (43%). El 14% restante corresponderá a recursos propios de CELEC EP.

Los oferentes interesados podrán solicitar los documentos de licitación al correo electrónico: licitacionesbid5653@celec.gob.ec.

El proyecto de interconexión ya cuenta con la licencia ambiental otorgada por el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE), documento habilitante para la obtención de financiamiento y ejecución de las obras necesarias.

Fuente: Perú Energía

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Los transportistas en Colombia llevan tres días en una paralización de sus actividades que, hasta este miércoles 4 de septiembre, aún es indefinida. Exigen al presidente Gustavo Petro que derogue el decreto que incrementó el precio del diésel. ¿Cuáles son los argumentos del Gobierno para sostener esta medida? Aquí te lo explicamos. 

El Gobierno de Gustavo Petro decidió incrementar el precio del diésel o también conocido como Aceite Combustible para Motores (ACPM) para grandes consumidores. La medida ya se había planteado meses atrás, cuando se emitió el decreto 0763 del 18 de junio.

Los Ministerios de Minas y Energía y Hacienda y Crédito Público fueron los encargados de fijar los nuevos precios y emitieron las resoluciones para ajustar en 1.904 pesos colombianos el precio de venta al público del galón de ACPM, desde el 31 de agosto de 2024. El diésel por galón pasó de costar, en promedio, 9.456 pesos (2,30 dólares) a 11.360 pesos (2,70 dólares). Es decir, un incremento de 0.50 centavos. 

El Gobierno decidió que se realicen tres incrementos a este combustible. Según el Ministerio de Hacienda, este primer ajuste generaría un ahorro fiscal de 1,6 billones de pesos colombianos (unos 380 millones de dólares) en lo que resta de 2024 y produciría un impacto en la inflación de tan solo 0,3 puntos porcentuales para el cierre de este año. 

Los otros dos ajustes vendrían en 2025. Sin embargo, este primero provocó la molestia del gremio de los transportistas y derivó en una paralización de las principales ciudades del país, incluida su capital, Bogotá.

¿Por qué tomó esta decisión Gustavo Petro? 

El principal factor: aliviar la presión fiscal en el pago de los subsidios a las gasolinas. En Colombia, el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles (FEPC) matiza la diferencia entre los precios internacionales y los precios nacionales, pagando a los productores e importadores la diferencia, el subsidio, para atenuar el impacto de las fluctuaciones de los precios del petróleo.

Desde entonces, se ha ido acumulando un déficit que, según estimaciones del Ministerio de Hacienda, ha representado acumuladamente, en pesos de 2024, cerca de 115 billones de pesos. Un ‘hueco fiscal’ que, según Gustavo Petro, se agudizó con la decisión del expresidente Iván Duque de congelar los precios de todos los combustibles en 2019.

“Desde el año 2019 el país no sube el diésel porque se congelaron los precios sin tener en cuenta que estos suben y que Ecopetrol, por ley, usa el precio internacional del petróleo para producir el diésel y la gasolina”, publicó este martes 3 de septiembre el presidente Gustavo Petro.

Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo, en declaraciones para France24, explicó que Colombia tiene un importante subsidio a los combustibles. El costo fiscal de esos subsidios en 2022, dijo, “fue cerca de 36 billones de pesos, que son cerca de 12 mil millones de dólares anuales”

¿Qué exigen los transportistas?

Unidos, que es la agrupación de nueve gremios del transporte, han trabajado dos años en mesas de diálogos para encontrar una nueva fórmula de precios del ACPM. Ya en marzo de este año, en una carta enviada al presidente, señalaron su descontento por las declaraciones del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, sobre la propuesta de incrementar el precio del diésel. 

Con el ajuste de la tarifa, los representantes gremiales expresaron su molestia porque nunca se acordó dicho incremento. Jorge García, presidente de la Confederación colombiana de transportadores, en declaraciones para un medio local, dijo que se llega a este “extremo”, en referencia a su medida de hecho, “por la negligencia del Estado de no atender todas las peticiones”.