La propuesta para ampliar la concesión hasta 2043 contempla llevar gas natural a 15 localidades de siete regiones. Sin embargo, el regulador señala que las metas de conexión no garantizan una cobertura amplia y observa el reconocimiento de activos por US$854,9 millones.

El proyecto para ampliar la distribución de gas natural hacia el centro y sur del Perú enfrenta cuestionamientos del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin). La entidad evaluó la Novena Adenda al contrato de concesión de Cálidda y advirtió que las condiciones planteadas podrían dejar a miles de viviendas sin una conexión garantizada durante más de una década.

La propuesta, impulsada por el Ministerio de Energía y Minas (Minem) y Cálidda, contempla extender la concesión hasta 2043 y ejecutar una inversión privada de aproximadamente US$550 millones. El plan busca desarrollar 3.738,9 kilómetros de redes y atender a un universo potencial de 300.613 consumidores en 15 localidades de siete regiones.

No obstante, el informe N.° 413-2026-GRT/OS de Osinergmin señala que el número mínimo de conexiones comprometidas por la empresa asciende a 201.411, una cifra que no garantiza que toda la población considerada como potencial beneficiaria tenga una red disponible frente a su vivienda.

Cuatro localidades tendrían una cobertura mínima

Una de las principales observaciones del regulador está relacionada con las metas de conexión establecidas para Huamanga, Quillabamba, Huancavelica y Curimaná.

En estas localidades, las obligaciones mínimas podrían cubrir apenas entre el 20% y 30% de las viviendas evaluadas. Para Osinergmin, esto significa que alrededor del 70% de los hogares de esas zonas podría quedar sin una garantía de acceso a la infraestructura de gas durante un periodo superior a diez años.

En Huamanga, por ejemplo, se plantea un mínimo de 13.555 conexiones frente a 44.660 viviendas consideradas dentro del área de evaluación. Esto representa una cobertura contractual de 30,4%.

La situación es aún más reducida en Quillabamba. Allí se contemplan 884 conexiones como mínimo para un universo de 4.391 viviendas, equivalente a solo 20,1%.

El regulador precisa que esto no significa que las viviendas restantes queden excluidas definitivamente del servicio. El problema es que la adenda no establece una obligación equivalente para garantizar que esos hogares cuenten con una red cercana que les permita solicitar posteriormente una conexión.

Más kilómetros de tubería no significan mayor cobertura

Osinergmin sostiene que establecer metas de kilómetros de redes y número de conexiones no necesariamente garantiza una expansión equilibrada del servicio.

Cálidda podría cumplir con los objetivos contractuales concentrando las obras y conexiones en sectores con mayor densidad poblacional o demanda. De esta manera, podría alcanzar las cifras establecidas sin que la infraestructura llegue de forma uniforme a todas las zonas consideradas dentro del área potencial.

El riesgo, según el organismo supervisor, es que determinados barrios permanezcan sin redes y sus habitantes deban esperar nuevas inversiones o futuras modificaciones contractuales para acceder al gas natural.

A ello se suma que la propuesta considera un factor de penetración de 67%, mientras que Osinergmin considera que este indicador debería alcanzar al menos el 70% en cada localidad.

La adenda también contempla la posibilidad de compensar hasta el 20% de las conexiones entre distintas localidades. Para el regulador, esta flexibilidad podría reducir aún más la garantía efectiva de cobertura en determinadas ciudades, debido a que conexiones que no se ejecuten en una localidad podrían contabilizarse mediante avances realizados en otra.

Siete regiones forman parte del proyecto

La expansión propuesta comprende localidades de Ayacucho, Ucayali, Junín, Puno, Cusco, Apurímac y Huancavelica.

El proyecto considera Huamanga y Huanta, en Ayacucho; Pucallpa, Aguaytía y Curimaná, en Ucayali; Huancayo y Jauja, en Junín; Puno y Juliaca, en Puno; Cusco, Quillabamba y Calca, en Cusco; Abancay y Andahuaylas, en Apurímac; además de Huancavelica.

Aunque el proyecto prevé miles de kilómetros de nuevas redes, Osinergmin considera que la evaluación de la masificación no debería limitarse al cumplimiento de metas físicas o al número de usuarios conectados.

La diferencia entre el universo potencial de consumidores y las conexiones mínimas exigidas a la concesionaria es uno de los principales puntos de discusión.

Osinergmin cuestiona cobros a usuarios de Lima y Callao

Otro aspecto observado por el regulador está relacionado con la extensión de la concesión de Cálidda hasta 2043.

Osinergmin señala que más de 1,8 millones de usuarios de Lima y Callao podrían continuar pagando mediante sus recibos por las redes de gas existentes después de 2033, año en el que, según las condiciones del contrato, la infraestructura debería haber recuperado su costo y pasar a propiedad del Estado.

El cuestionamiento surge porque la propuesta mantiene un valor cobrable de las redes —denominado Valor Nuevo de Reemplazo (VNR)— en lugar de llevarlo a cero una vez recuperado el costo de la infraestructura.

De acuerdo con las proyecciones del regulador, mantener ese valor entre 2033 y 2043 permitiría a la concesionaria obtener ingresos por US$2.252,7 millones, frente a costos operativos estimados en US$420,7 millones. La diferencia alcanzaría aproximadamente US$1.832 millones.

Si, en cambio, el valor de las redes existentes se redujera a cero desde 2033, la utilidad proyectada sería de unos US$329,7 millones.

Para Osinergmin, la diferencia no debería traducirse en una ganancia extraordinaria para la empresa. El organismo plantea que podría reflejarse en menores tarifas para los usuarios o destinarse a nuevas inversiones que no impliquen un costo adicional para los consumidores.

La adenda podría marcar un precedente regulatorio

Las observaciones también abren un debate sobre el margen que tendría Osinergmin para revisar posteriormente los costos y la eficiencia de las inversiones si determinadas condiciones quedan establecidas directamente en el contrato.

El informe advierte que fijar criterios demasiado rígidos podría limitar la posibilidad de trasladar a los usuarios, mediante futuras revisiones tarifarias, las eficiencias, economías de escala y optimizaciones que se produzcan conforme madure la red.

Especialistas del sector consideran que la controversia podría tener efectos más allá del mercado del gas natural. Si las condiciones planteadas quedan incorporadas al contrato, otros concesionarios podrían posteriormente solicitar un tratamiento similar bajo el argumento de igualdad o trato no discriminatorio.

Aunque el informe de Osinergmin no tiene carácter vinculante para el Minem, sus observaciones podrían influir en la discusión sobre la adenda y en el futuro de la regulación tarifaria de concesiones de largo plazo.

Cálidda defiende la propuesta

Cálidda sostuvo que su objetivo es llevar gas natural a siete regiones del centro y sur del país en el menor tiempo posible y mantener para estos nuevos usuarios tarifas similares a las vigentes en Lima.

La empresa señaló que su propuesta prácticamente duplica el compromiso inicial planteado por el Estado, al considerar redes destinadas a atender a unas 300.000 viviendas y establecer una meta mínima de 201.000 conexiones efectivas.

Según la concesionaria, estas metas no constituyen un límite para la expansión posterior, debido a que existen mecanismos regulatorios que permiten continuar ampliando la cobertura.

Respecto a los mayores costos de construcción en las regiones, Cálidda explicó que las condiciones de altura, lluvias, nieve, características del terreno y posibles restricciones arqueológicas hacen que el tendido de redes sea más complejo y costoso que en Lima.

La empresa también defendió la posibilidad de compensar conexiones entre localidades, argumentando que el proyecto se desarrollará simultáneamente en 15 ciudades y que algunas podrían presentar mayores dificultades para alcanzar las metas inicialmente previstas.

Sobre el cuestionamiento a las posibles ganancias adicionales, Cálidda rechazó que exista una “sobreganancia”. La compañía afirmó que el contrato regulado debe mantener el equilibrio económico-financiero y que la modificación no puede permitir que el concesionario obtenga mayores beneficios que los previstos originalmente.

La empresa explicó además que las inversiones se recuperan mediante las tarifas durante un periodo de 30 años. Por ello, las obras realizadas cerca del final del contrato original tendrían menos tiempo para recuperar sus costos. La ampliación de la concesión permitiría, según Cálidda, extender el periodo de remuneración de esas nuevas infraestructuras.

Finalmente, la concesionaria señaló que el ritmo de conexiones también dependerá de la incorporación progresiva de los usuarios y puso como referencia el crecimiento registrado en Lima, donde el compromiso inicial era inferior a 100.000 conexiones y actualmente se han superado los 2,1 millones.

En el caso de Quillabamba, Cálidda indicó que, si la adenda es aprobada, concluirá las obras del proyecto estatal en la ciudad y ampliará el servicio hacia sectores que no fueron incluidos inicialmente.

• Gremio destaca que las facultades permitirán promover inversión en exploración, producción y almacenamiento de hidrocarburos, así como optimizar los mecanismos contractuales.

Lima, septiembre de 2026.- El pedido de facultades legislativas enviado recientemente por el Ejecutivo al Congreso de la República representa una oportunidad concreta para recuperar la competitividad del sector hidrocarburos y actualizar su marco normativo, sostuvo la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH).

El gremio destacó que, entre las medidas planteadas por el Ejecutivo, se encuentra el establecimiento de disposiciones para promover la inversión privada en exploración, explotación y almacenamiento de hidrocarburos; optimizar los mecanismos contractuales; y simplificar los procedimientos administrativos vinculados a la cadena de valor de los hidrocarburos, incluyendo la petroquímica.

“Las facultades legislativas representan una posibilidad real para generar mejores condiciones para el desarrollo del sector. Necesitamos facilitar la exploración y producción, contar con mecanismos contractuales más eficientes y eliminar trabas que hoy retrasan la ejecución de proyectos”, señaló Felipe Cantuarias, presidente de la SPH.

TE PUEDE INTERESAR

De acuerdo con el gremio, estas medidas son especialmente relevantes frente a la necesidad de reponer las reservas de hidrocarburos del país y recuperar los niveles de inversión en exploración y producción. La inversión anual en exploración pasó de US$ 946,7 millones en 2012 a apenas US$ 9,8 millones en 2025, una reducción de 99%. Esta caída limita la posibilidad de descubrir y desarrollar nuevas reservas y compromete la capacidad del país para sostener su producción de hidrocarburos en el largo plazo.

En este contexto, resulta fundamental contar con un entorno regulatorio ágil, predecible y eficiente que permita acelerar el desarrollo de proyectos, manteniendo los estándares ambientales y sociales exigidos.

Masificación y desarrollo de la cadena de valor

El gremio señaló que la revisión del marco regulatorio debe considerar una visión integral de la cadena de valor de los hidrocarburos, que incluya el desarrollo de infraestructura, la revisión del régimen de regalías, la masificación del gas natural y el impulso de actividades con mayor valor agregado, como la petroquímica.

En este último caso, su desarrollo puede contribuir a industrializar los recursos de hidrocarburos, atraer nuevas inversiones y generar cadenas productivas y empleo especializado.

“Necesitamos aprovechar esta oportunidad para fortalecer la seguridad energética del país y generar las condiciones que permitan aprovechar nuestro potencial hidrocarburífero. Una regulación más eficiente y una visión integral de la cadena de valor pueden contribuir a que nuestros recursos se conviertan en mayor desarrollo y oportunidades para el país”, agregó Cantuarias.

La propuesta de adenda vinculada a la concesión de Cálidda ha abierto una discusión sobre la forma en que debería continuar la masificación del gas natural en el Perú. Sus defensores sostienen que permitiría acelerar el acceso al servicio en nuevas regiones, mientras que sus críticos cuestionan sus costos y las condiciones económicas que asumirían el Estado y los usuarios.

Según los cuestionamientos recogidos en torno a la propuesta, el costo asociado a la adenda alcanzaría aproximadamente US$1.800 millones. Una de las principales preguntas es cuánto de ese monto estaría directamente relacionado con nuevas inversiones y cuánto correspondería a otros conceptos reconocidos dentro del contrato.

Las cifras bajo discusión

Uno de los puntos cuestionados es un eventual reconocimiento de aproximadamente US$850 millones asociado al valor contable de la red al término de la concesión. Los críticos de la propuesta sostienen que este pago debería revisarse considerando las reglas de amortización aplicables y las condiciones bajo las cuales la infraestructura debe revertir al Estado.

Otro componente corresponde a aproximadamente US$330 millones destinados a nuevas conexiones en siete regiones. En este caso, el debate gira alrededor del mecanismo mediante el cual se asignaría esa expansión y si, debido a su monto y características, debería realizarse mediante un proceso competitivo.

También se cuestiona la relación entre los recursos comprometidos y las nuevas inversiones. De acuerdo con las cifras proporcionadas por quienes objetan la propuesta, Cálidda realizaría inversiones cercanas a US$300 millones frente a un costo total estimado de US$1.800 millones. Determinar qué conceptos explican la diferencia resulta necesario para evaluar económicamente la adenda.

¿Existen alternativas de menor costo?

Otro punto del debate es si la ampliación de la concesión constituye la alternativa más eficiente para beneficiar a aproximadamente 200.000 familias. Esta controversia ocurre dado que podrían existir mecanismos de menor costo, entre ellos subsidios al GLP, cuyo desembolso sería inferior a US$300 millones. Sin información comparativa adicional, sin embargo, no es posible determinar únicamente a partir de estas cifras si ambas alternativas ofrecen beneficios equivalentes en cobertura, duración y calidad del servicio.

También existen observaciones sobre el esquema tarifario y los subsidios involucrados, particularmente respecto de cuánto terminarían pagando los usuarios de Lima y qué parte de los beneficios alcanzaría a consumidores industriales.

El cambio en el modelo de concesión

Una de las principales discusiones tiene que ver con la naturaleza financiera del contrato. Según los cuestionamientos planteados, la concesión fue estructurada originalmente como autofinanciada: el concesionario realizaba las inversiones y posteriormente recuperaba los recursos mediante los mecanismos establecidos contractualmente.

Los críticos advierten que la adenda podría modificar ese esquema al incorporar obligaciones económicas del Estado, acercando la concesión a un modelo cofinanciado. De confirmarse esta interpretación, el cambio podría adquirir relevancia más allá del caso de Cálidda, pues podría ser utilizado como antecedente en futuras negociaciones con otros concesionarios.

El debate ocurre, además, mientras permanecen interrogantes sobre la reglamentación de la ley de masificación del gas y el papel que tendrán organismos como OSINERGMIN en las decisiones vinculadas al proceso.

Antes de una eventual aprobación, la discusión requiere transparentar el detalle de los US$1.800 millones estimados, precisar las inversiones que se realizarían, comparar la propuesta con otras alternativas de masificación y determinar sus consecuencias contractuales. Estos elementos permitirán establecer si la adenda representa la opción más conveniente para ampliar el acceso al gas natural y cuál sería finalmente su costo para el Estado y los usuarios.

Fuente: Redacción Vigilate