En redes sociales circula un video viral: camiones transportan cobre por el corredor minero del sur para embarcarlo por el puerto de Matarani (Arequipa) y exportarlo a China.

“Saqueo”, indica el subtitulado. En la descripción del audiovisual, el texto indica que las transnacionales se llevan la riqueza del Perú sin pagar impuestos.

El director de Videnza Consultores y exministro de Economía, Luis Miguel Castilla, sostiene que “esta narrativa” carece de fundamento. Hay muchos recursos de la renta minera en el Estado peruano que se desaprovechan.

¿Qué impuestos deja la explotación minera al erario nacional? Impuesto a la Renta (IR) y regalías. La mitad del IR regresa a las regiones de donde se extrajeron los minerales. Esa partida se denomina canon minero. Las empresas también pagan trimestralmente regalías por la venta de su producción.

El íntegro de ese tributo se reparte entre gobiernos subnacionales y universidades de la región productora.

2022 fue un año histórico. Hace más de una década las regiones mineras no recibían tanto dinero por canon. Según el Ministerio de Energía y Minas, S/ 7.844 millones engrosaron cuentas de gobiernos regionales, municipios y universidades. Áncash, Arequipa, Tacna, Ica y Moquegua, captaron la mejor tajada de la torta. A horas de que culmine este año, la ejecución en proyectos de inversión es magra. 

El portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía revela que los gobiernos regionales de Cajamarca y Ancash son los más flojos. El primero, de cada S/ 100 transferido apenas gastó S/ 39, Ancash S/ 42, Ica S/ 47.

En síntesis, los gobiernos regionales solo ejecutaron 62% mientras que los municipios 61%.

¿Más recursos es solución?

El país vive un clima de convulsión social por la caída de Pedro Castillo. El presidente del Frente de Organizaciones Populares de Puno, Amador Núñez, plantea, entre otros reclamos, que el 90% de tributos provenientes de minería y gas se queden en las regiones productoras.

Puno aloja una de las minas más importantes de estaño. Gracias a los buenos precios del metal su gobierno regional recibió tres veces más por canon. Sin embargo, su nivel de gasto en proyectos de inversión alcanza al 63%.

La región altiplánica tiene muchas necesidades, como lo explica Núñez. Probablemente tiene los peores indicadores de desarrollo humano según el observatorio de Videnza Consultores: el 70% de menores de seis años y 35 meses de nacido tiene amnemia. Y solo el 64% tiene acceso al agua.

El periodista Liubomir Fernández sostiene que faltan políticas públicas para reducir estas brechas. Desde el inicio de la regionalización, añade, todas las gestiones regionales estuvieron marcadas por la ineficiencia y la sospecha de la corrupción.

¿Agitan el conflicto?

El sur andino aloja las principales minas de cobre. Las compañías asentadas en Apurímac y Cusco utilizan el corredor minero del sur para transportar el mineral.

Según Las Bambas, esta vía estuvo cerrada más de un año y medio por las protestas de las comunidades adyacentes que reclaman una serie de compensaciones. Esas poblaciones carecen de servicios básicos.

Sin embargo, sus municipios tampoco usan bien sus recursos. Chumbivilcas solo ejecutó el 55% de inversión este año, Velille 59%; este distrito, uno de los más convulsionados tiene casi 9.000 habitantes y el presupuesto municipal de este año ascendió a 47 millones. Capacmarca, 3.000 habitantes y su presupuesto bordea los 37 millones.

Ineficiencia y corrupción

En Arequipa, la gobernadora Kimberlee Gutiérrez “se felicita” de haber gastado 70% de su presupuesto de inversión, pero se discute sí son obras trascendentes.

En varios gobiernos regionales predomina el proyecto pequeño. En muchos casos, se compite con los municipios.

Yamila Osorio, exgobernadora mistiana, sostiene que en el periodo 2018-2022, se atomizó el presupuesto. Se ejecutaron 287 proyectos y por cada expediente, la inversión no supera el millón de soles.

Por otro lado, falta fiscalización, dice Castilla. Se puede construir una piscina temperada en un distrito donde no hay agua potable o un estadio para 40.000 espectadores en una jurisdicción despoblada. No hay control.

Castilla sostiene que las transferencias a los municipios es otra trampita de las gestiones regionales para mejorar “la fotografía de la ejecución”. Los recursos se desperdician de esa manera.

Veamos el caso concreto de la provincia arequipeña de Camaná. La consejera de esa jurisdicción, Chriss Díaz Montoya revela que los desagües del área urbana se depositan en el mar. En 2019, el municipio del lugar recibió de transferencia regional de dos millones de soles para elaborar el expediente técnico de una planta de tratamiento de aguas residuales. Pasaron cuatro años y el estudio aún no concluye. En agosto pasado, la gestión Gutiérrez nuevamente repartió otros S/126 millones y volvió a incluir a esa comuna y otras 17, a pesar que no rindieron cuentas de anteriores entregas de dinero.

Castilla advierte que este modelo incuba diversar formas de corrupción. En Arequipa fue puesto al descubierto por una investigación del Ministerio Público. Varios consejeros, dice Díaz Montoya, se convirtieron en gestores de las obras para sus provincias. Sin embargo, “la tarea” no era gratuita. Aprobada la transferencia y elegida la contratista, esta debe retribuir un porcentaje, el diezmo, que solía repartirse con el gobernador, consejero y alcalde. La empresa recuperaba esa inversión en las adendas o abandonando la obra. ¿Se puede fiscalizar a una empresa que se le cobró un soborno? Imposible. Este esquema se ha repetido en otras regiones. El mes pasado, se detuvo al consejero de Puno, José Borda Cahua. Contra él hay varios cargos, el más grave, haber ofrecido dinero a un funcionario para que dé el visto bueno a unas adendas por contratos suscritos. ¿Y esto, a cambio de qué?

Hoy los gobiernos regionales tienen 247 obras paralizadas y los municipios 1624.

¿Fracasó la regionalización?

Miguel Castilla responde que este proceso de descentralización tocó fondo. Pero la solución no es recentralizar la ejecución presupuestal. Se debe mejorar la calidad de los recursos humanos. Los indicadores son preocupantes. Solo el 10% de los funcionarios a cargo de la inversión pública del país es idóneo. Si a Pedro Castillo se le criticaba por cambiar de ministros de manera permanente, en las regiones, hay una alta volatilidad en puestos clave.

El gerente general es uno de ellos para la ejecución presupuestal y la formulación de políticas de gestión. Empero, estos funcionarios solo permanecen en el cargo 10 meses. Con seis gerentes regionales es difícil llevar de manera razonable un gobierno de cuatro años.

En Apurímac que administra la renta dejada por Las Bambas, un gerente dura seis meses. Tiene que haber más control y cambiar la visión de que los gobiernos regionales son una continuación de municipios y sobre todo botines de guerra para esquimar.

Gobernadores en la cuerda floja

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) suspendió ocho gobernadores en funciones por sentencias condenatorias, mandatos de prisión preventiva o prófugos de la justicia en lo correspondiente al periodo 2018-2022.

El 84% de las autoridades regionales tienen investigaciones pendientes por delitos de colusión, negociación incompatible, peculado, malversación, etc, indica el portal Convoca. Hubo gestiones accidentadas.

En este periodo, Puno tuvo tres gobernadores. El líder aimara Walter Aduviri, a meses de su asunción, lo vacaron por una sentencia correspondiente a su actuación como dirigente. Lo sustituyó Agustín Luque hoy con prisión preventiva por coludirse con una empresa china en el incumplimiento del contrato para construir un hospital. Actualmente, el cargo lo desempeña Germán Alejo, un consejero que no estaba preparado para desempeñarse en esta función.

Fuente: La República