La propuesta de adenda vinculada a la concesión de Cálidda ha abierto una discusión sobre la forma en que debería continuar la masificación del gas natural en el Perú. Sus defensores sostienen que permitiría acelerar el acceso al servicio en nuevas regiones, mientras que sus críticos cuestionan sus costos y las condiciones económicas que asumirían el Estado y los usuarios.

Según los cuestionamientos recogidos en torno a la propuesta, el costo asociado a la adenda alcanzaría aproximadamente US$1.800 millones. Una de las principales preguntas es cuánto de ese monto estaría directamente relacionado con nuevas inversiones y cuánto correspondería a otros conceptos reconocidos dentro del contrato.

Las cifras bajo discusión

Uno de los puntos cuestionados es un eventual reconocimiento de aproximadamente US$850 millones asociado al valor contable de la red al término de la concesión. Los críticos de la propuesta sostienen que este pago debería revisarse considerando las reglas de amortización aplicables y las condiciones bajo las cuales la infraestructura debe revertir al Estado.

Otro componente corresponde a aproximadamente US$330 millones destinados a nuevas conexiones en siete regiones. En este caso, el debate gira alrededor del mecanismo mediante el cual se asignaría esa expansión y si, debido a su monto y características, debería realizarse mediante un proceso competitivo.

También se cuestiona la relación entre los recursos comprometidos y las nuevas inversiones. De acuerdo con las cifras proporcionadas por quienes objetan la propuesta, Cálidda realizaría inversiones cercanas a US$300 millones frente a un costo total estimado de US$1.800 millones. Determinar qué conceptos explican la diferencia resulta necesario para evaluar económicamente la adenda.

¿Existen alternativas de menor costo?

Otro punto del debate es si la ampliación de la concesión constituye la alternativa más eficiente para beneficiar a aproximadamente 200.000 familias. Esta controversia ocurre dado que podrían existir mecanismos de menor costo, entre ellos subsidios al GLP, cuyo desembolso sería inferior a US$300 millones. Sin información comparativa adicional, sin embargo, no es posible determinar únicamente a partir de estas cifras si ambas alternativas ofrecen beneficios equivalentes en cobertura, duración y calidad del servicio.

También existen observaciones sobre el esquema tarifario y los subsidios involucrados, particularmente respecto de cuánto terminarían pagando los usuarios de Lima y qué parte de los beneficios alcanzaría a consumidores industriales.

El cambio en el modelo de concesión

Una de las principales discusiones tiene que ver con la naturaleza financiera del contrato. Según los cuestionamientos planteados, la concesión fue estructurada originalmente como autofinanciada: el concesionario realizaba las inversiones y posteriormente recuperaba los recursos mediante los mecanismos establecidos contractualmente.

Los críticos advierten que la adenda podría modificar ese esquema al incorporar obligaciones económicas del Estado, acercando la concesión a un modelo cofinanciado. De confirmarse esta interpretación, el cambio podría adquirir relevancia más allá del caso de Cálidda, pues podría ser utilizado como antecedente en futuras negociaciones con otros concesionarios.

El debate ocurre, además, mientras permanecen interrogantes sobre la reglamentación de la ley de masificación del gas y el papel que tendrán organismos como OSINERGMIN en las decisiones vinculadas al proceso.

Antes de una eventual aprobación, la discusión requiere transparentar el detalle de los US$1.800 millones estimados, precisar las inversiones que se realizarían, comparar la propuesta con otras alternativas de masificación y determinar sus consecuencias contractuales. Estos elementos permitirán establecer si la adenda representa la opción más conveniente para ampliar el acceso al gas natural y cuál sería finalmente su costo para el Estado y los usuarios.

Fuente: Redacción Vigilate

Viceministra de Hidrocarburos, Iris Cárdenas, explicó las acciones que se analizan para promover nuevas exploraciones, atraer inversiones y extender la infraestructura de gas natural hacia más regiones del país.

El Gobierno busca acelerar la masificación del gas natural mediante una estrategia que combine el incremento de las reservas, el impulso a nuevas actividades de exploración y la construcción de infraestructura de transporte que permita llevar este recurso a las regiones del norte y sur del país.

La viceministra de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas, Iris Cárdenas, señaló que uno de los mecanismos que se viene evaluando es establecer una tarifa nivelada para los clientes regulados, con el propósito de favorecer el desarrollo de actividades productivas y de servicios en las zonas que cuentan con concesiones de distribución.

Más reservas y nueva infraestructura

Cárdenas indicó que la política de masificación tendrá como uno de sus principales objetivos ampliar las reservas nacionales y explorar nuevas áreas con potencial gasífero. Para ello, el Gobierno viene coordinando con diversas instituciones, incluido el Ministerio del Ambiente, debido a que una parte importante de los recursos se encuentra en zonas ambientalmente sensibles y áreas naturales protegidas.

La funcionaria sostuvo que, además de ampliar las redes de distribución, será necesario planificar la construcción de grandes ductos de transporte que conecten las regiones del norte y sur con las fuentes de suministro.

En ese contexto, destacó la necesidad de avanzar hacia una tarifa nivelada para los consumidores regulados, medida que permitiría generar mejores condiciones para el desarrollo económico de las regiones donde se viene expandiendo el servicio de gas natural.

Petroperú y el gasoducto del sur

Respecto al papel de Petroperú, Cárdenas señaló que el objetivo es consolidar una empresa autónoma, eficiente y con una adecuada gobernanza. Este proceso involucra a ProInversión y al nuevo directorio de la empresa.

Sobre el proyecto del Gasoducto Sur Peruano, la viceministra reconoció que actualmente no se han registrado avances en su destrabe, aunque el Gobierno viene analizando distintas alternativas.

Entre las dificultades se encuentran los bienes vinculados al proyecto que no pueden ser utilizados debido a procesos arbitrales. También se ha planteado estudiar la posibilidad de implementar un sistema de transporte de gas siguiendo la misma ruta del antiguo proyecto.

Un estudio elaborado por MacDonald y culminado en 2024 contempló aspectos relacionados con la seguridad del transporte, la redundancia del sistema y las necesidades de almacenamiento. Sin embargo, no se avanzó hacia la etapa de factibilidad debido a la falta de una entidad que asumiera su elaboración.

Como alternativa de corto plazo, el Gobierno también analiza el desarrollo de Candamo y la posibilidad de construir un ducto entre Puno e Ilo, luego de evaluar la viabilidad de esta propuesta.

Buscan facilitar la exploración de hidrocarburos

Otro de los ejes de la estrategia gubernamental será fortalecer a Perupetro, otorgándole mayor autonomía y dotándolo de profesionales especializados en la negociación de contratos.

Cárdenas también consideró necesario establecer un reglamento de calificación de postores que permita garantizar la capacidad financiera y la confiabilidad de las empresas interesadas en desarrollar actividades de exploración.

Asimismo, el Gobierno pretende reducir los tiempos de los procedimientos ambientales. Actualmente, un estudio de impacto ambiental para proyectos de exploración puede tomar entre tres y cuatro años.

Ante esta situación, se plantea implementar un instrumento de gestión ambiental complementaria basado en una línea de base pública. Esta utilizaría información acumulada por el Estado y los resultados de los monitoreos realizados por las empresas.

La propuesta permitiría que el inversionista concentre su evaluación en los impactos específicos que generará su actividad y en las medidas destinadas a prevenirlos y reducirlos. Según la viceministra, este procedimiento podría reducir el tiempo de evaluación a aproximadamente tres meses.

Chevron avanza en estudios ambientales

Cárdenas informó que Chevron viene trabajando en tres lotes y que, en aquellos donde se contempla realizar perforaciones, se encuentran en elaboración los respectivos estudios de impacto ambiental.

Los proyectos deberán cumplir con las exigencias ambientales antes de avanzar hacia las siguientes etapas, como parte del proceso de promoción de nuevas inversiones en exploración de hidrocarburos.

Madre de Dios, una zona con potencial gasífero

La ampliación de las reservas también contempla el análisis de recursos prospectivos ubicados en áreas ambientalmente sensibles. De acuerdo con Cárdenas, alrededor del 40% de estos recursos se concentra en la cuenca de Madre de Dios, donde existen áreas naturales protegidas de uso intangible.

El Gobierno busca coordinar con el Ministerio del Ambiente mecanismos que permitan evaluar el eventual aprovechamiento de estos recursos sin reducir los estándares de protección ambiental.

La viceministra señaló que existen tecnologías y procedimientos que permiten desarrollar determinadas actividades bajo protocolos específicos en áreas protegidas y reservas indígenas. No obstante, cada proyecto deberá ser evaluado de acuerdo con sus características y con las normas ambientales aplicables.

Preparan plan nacional de ductos

El Ministerio de Energía y Minas también analiza la elaboración de un plan de transporte de gas por ductos, tomando como referencia el modelo utilizado para la planificación de la transmisión eléctrica.

Esta herramienta permitiría identificar las necesidades de infraestructura en las regiones del norte y sur, ordenar las prioridades y promover nuevos proyectos de transporte de gas a través de ProInversión.

El objetivo es contar con una hoja de ruta que facilite la planificación de inversiones y contribuya a ampliar progresivamente el acceso al gas natural en el país.

Gobierno busca reducir de años a meses la evaluación ambiental

La propuesta para implementar un instrumento de gestión ambiental complementaria apunta a reducir significativamente los plazos que actualmente demanda la evaluación de proyectos de exploración.

El nuevo esquema aprovecharía la información ambiental disponible y concentraría el análisis en los impactos específicos de cada proyecto y en las medidas de manejo que deberán aplicarse.

De concretarse la propuesta, el Gobierno estima que las evaluaciones podrían realizarse en alrededor de tres meses, lo que permitiría agilizar la exploración y generar mejores condiciones para atraer inversiones al sector de hidrocarburos.

La movilidad pesada a gas natural continúa ampliando su presencia en el corredor costero peruano. De acuerdo con la información presentada en la imagen, la ruta que conecta Piura con Arequipa, a lo largo de la Panamericana Norte y Sur, cuenta con una red de estaciones de GNV-L —Gas Natural Vehicular en su modalidad de GNL— que busca consolidar un “Corredor Verde” para el transporte de carga y pasajeros.

Actualmente, la red registra 13 estaciones en diferentes etapas de desarrollo: seis se encuentran operativas, dos están en proceso de implementación y cinco cuentan con contrato firmado.

Promigas y EVA
De las estaciones identificadas, Promigas Perú concentra siete proyectos en el corredor.
La empresa cuenta con estaciones operativas en Chiclayo y Alto Moche, además de proyectos en permisos en Huanchaco y Casma, y contratos firmados en Piura, Chimbote y Santa Rosa.

Por su parte, EVA cuenta con tres estaciones operativas, ubicadas en Mala, Nazca y La Joya, mientras que GESA, empresa vinculada a Cálidda, cuenta con una estación operativa en Puente Piedra.

En términos de operación actual, la red suma seis estaciones activas: dos de Promigas, tres de EVA y una de GESA.
La expansión prevista incorporará otras siete estaciones en diferentes etapas, elevando a 13 los puntos considerados en el desarrollo del corredor.

El trayecto entre Piura y Arequipa supera los 1,500 kilómetros por carretera, lo que convierte a esta ruta en un eje estratégico para el transporte de larga distancia y para la expansión del GNL como combustible vehicular.

Mayor densidad energética y autonomía para recorridos más largos

Una de las principales ventajas del GNL es su mayor densidad energética y, por tanto, su autonomía. Dependiendo del tipo de vehículo, la configuración de los tanques y las condiciones de operación, las unidades pueden alcanzar rangos aproximados de entre 400 y 1,500 kilómetros, una característica especialmente relevante para camiones de larga distancia y flotas mineras.

Esta autonomía permite reducir la frecuencia de abastecimiento y facilita la operación en rutas extensas como el corredor costero norte-sur.

En materia económica, tomando como referencia un precio de S/ 7.50 para el diésel y de S/ 3.50 para el GNL, el diferencial de precios permite estimar un ahorro de hasta 53.33% en el costo del combustible.
Este diferencial puede representar una reducción significativa de los costos operativos de las flotas, especialmente en el transporte pesado de alto kilometraje.
El ahorro real por kilómetro puede variar según el rendimiento energético de cada vehículo, la carga transportada, la tecnología del motor, las condiciones de la ruta y el tipo de operación.

Con la expansión de Promigas, Cálidda y EVA, así como la incorporación de los proyectos anunciados por Solgas, el Corredor Verde de GNL comienza a configurarse como una infraestructura estratégica para el transporte sostenible y competitivo en el Perú.