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Comuneros kukama niegan ataques a Oleoducto Norperuano y de pertenecer a presunta organización criminal

De acuerdo a la defensa de los líderes indígenas, a la fecha, no existen pruebas contundentes que demuestren su vinculación en la participación directa o indirecta en los actos delictivos que se les atribuye. La situación retrasa el pedido de remediación ambiental a favor de las comunidades nativas San Pedro de Urarinas, Nueva Esperanza y Nueva Alianza.
En la madrugada del miércoles 4 de octubre, por orden de la Fiscalía de Crimen Organizado, la Policía Nacional del Perú ingresó a la comunidad kukama San Pedro de Urarinas, asentada en la ribera del río Marañón, en Loreto, y detuvo a cinco comuneros, entre ellos a Jiner Panduro Castillo (37), apu de la comunidad nativa.
El operativo se realizó en el marco de las investigaciones a cargo de la Fiscalía de la Nación a causa de los cortes y daños en el Oleoducto Norperuano realizados presuntamente por la organización criminal ‘Los Crudos’, acusada de provocar derrames de petróleo en la Amazonía peruana para luego encargarse de su limpieza mediante contratos direccionados con el Estado que alcanzarían los S/12 millones de soles.
Según las investigaciones preliminares, incluyendo un informe de Hildebrandt en sus trece, los actos delictivos estarían encabezados por los empresarios José Sánchez Tirado (50) y su esposa, Guadalupe García Romero (53), quienes habrían favorecido a cuatro “compañías fantasmas”, creadas por la misma pareja, en colusión con tres presidentes de comunidades nativas, cuya misión era presionar a gerentes y altos funcionarios de Petroperú con el objetivo de asegurar su contratación para posteriormente efectuar los trabajos de limpieza del crudo.
Pero, la Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca (Acodecospat), federación indígena que representa a 63 comunidades de los ríos Marañón, Chambira y Ucayali, ha denunciado que se están vulnerando los derechos de los líderes indígenas: Jinner Panduro Castillo, Luis Panduro Castillo, Geiner Panduro Ochavano, Norvil Panduro Castillo y Jimmy Panduro.
Pues, de acuerdo a la organización indígena, estos fueron sacados de su comunidad mediante el uso desmedido de la fuerza por un gran contingente policial, a pesar de que, a la fecha, no existen pruebas que demuestren un mínimo grado de vinculación en la participación directa o indirecta en los ilícitos que se les atribuye.
Kukamas denuncian actos irregulares durante detención
Después de una semana detención, la noche del 14 de octubre, los comuneros kukama Luis Panduro Castillo, Geiner Panduro Ochavano, Elías Isuiza Sifuentes y Warren Coral Hualinga fueron liberados con comparecencia simple.
Mientras que Jimmy Jhonatan Panduro Saurino y Jiner Roy Panduro Castillo aún continúan en calidad de detenidos y con peligro de enfrentar 36 meses, es decir, tres años, de prisión preventiva, medida que se decidirá en la audiencia programada, para hoy a las 4 p.m., en la Corte Superior de Justicia Penal Especializada.
En esa misma línea, Acodecospat recordó que la Fiscalía de Crimen Organizado habría incumplido el debido proceso, ya que, en primer lugar, no se les notificó, conforme a ley, la orden de detención preliminar. Esto teniendo en cuenta que la investigación inició en el departamento de Piura, en 2016.
Sobre ello, el abogado Dorian Choque, quien ejerce la defensa de los comuneros kukama, conversó con Infobae Perú y dijo que: “No termino de entender cuál es el grado de condición entre Piura y Loreto. Este año recién, en el mes de marzo, es que los incorporan a los miembros de la comunidad en este proceso, como parte de una organización criminal con la finalidad de planificar, coordinar y ejecutar los cortes a los ductos”.
Asimismo, la detención fue irregular, puesto que efectivos ingresaron de forma violenta a sus domicilios y no se les permitió contactar con la defensa legal correspondiente en primera instancia.
Además, durante el traslado de los detenidos, desde la ciudad de Iquitos a Lima, no se contó con la presencia del Ministerio de Cultura ni la Defensoría de Pueblo y al llegar al Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de la Policía Nacional se les restringió la alimentación, abrigo y hasta atención médica. También, la organización indígena recalcó que las autoridades competentes demoraron hasta tres días para entregar la carpeta fiscal a la defensa legal de los inculpados.
Fiscal amenazó a comuneros, revela abogado defensor
Recientemente, la empresa estatal se pronunció frente a las acusaciones que involucrarían a sus representantes en la participación de la organización criminal dedicada a cometer atentados contra el Oleoducto Norperuano.
Estos serían un supervisor del oleoducto y un coordinador de relaciones comunitarias, más no gerentes o altos funcionarios. En esa línea, cabe resaltar que los trabajadores de Petroperú conformarían el segundo nivel de la organización criminal. Acerca de este punto, el abogado de los comuneros kukama, Dorian Choque, informó que:
“De la parte intermedia, donde están los que organizan, coordinan, hacen los pedidos, manejan el dinero, tienen contacto directo con los cabecillas, contra ninguno se está pidiendo 36 meses de prisión preventiva, pero sí para [los comuneros kukama] Jimmy Jhonatan Panduro Saurino y Jiner Roy Panduro Castillo, que están en el tercer nivel”.
Además, en el marco del caso, un hecho que llama la atención es la existencia de pruebas que demostrarían que la investigación no estaría siendo debidamente realizada. Pues, Choque reveló a Infobae Perú que el comunero Panduro Castillo, en su declaración a nivel fiscal, contó que, durante la detención preliminar, fue amenazado por Jorge Luis Zamora Zamora, fiscal a cargo del operativo.
Asimismo, Choque resaltó que esta situación retrasa los pedidos de trabajo de limpieza de petróleo en el territorio de las comunidades nativas: San Pedro de Urarinas, Nueva Esperanza y Nueva Alianza.

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¡Alerta!, Cuatro millones de balones adulterados de GLP circulan en el Perú [Infografía]

La Sociedad Peruana de Gas Licuado alerta sobre la presencia de más de cuatro millones de cilindros adulterados en el mercado peruano. La informalidad no solo afecta al consumidor por el contenido que recibe, sino que también representa un riesgo para la seguridad, debido al uso de envases que pueden encontrarse fuera de las condiciones técnicas exigidas.
Más de 4 millones de cilindros en circulación
La Sociedad Peruana de Gas Licuado (SPGL) estima que más de cuatro millones de cilindros adulterados circulan actualmente en el Perú, situación que evidencia la magnitud del problema de informalidad que enfrenta la comercialización de GLP envasado.
La problemática adquiere especial relevancia debido a la importancia del GLP en el consumo energético de los hogares. De acuerdo con los Censos Nacionales 2025 del INEI, el 67,3% de los hogares peruanos utiliza GLP para cocinar, por lo que cualquier irregularidad en la comercialización de este combustible puede tener un impacto directo sobre millones de consumidores.
Según la información analizada, un cilindro adulterado puede corresponder a un envase antiguo, deteriorado o que se encuentra fuera de las condiciones técnicas requeridas, que posteriormente es utilizado para el envasado y comercialización de GLP sin los controles correspondientes.

El riesgo no solo está en el contenido
La adquisición de un balón de GLP a través de canales informales puede generar dos problemas para el consumidor: recibir una cantidad de producto distinta a la que está pagando y utilizar un envase que no necesariamente reúne las condiciones de seguridad exigidas.
Por ello, la formalidad del cilindro y de la cadena de comercialización constituye un elemento relevante para reducir los riesgos asociados al uso doméstico y comercial del GLP.
La adulteración también puede involucrar la modificación de las características originales del envase o la utilización de cilindros que no corresponden a la marca con la que son comercializados.

¿Cómo identificar un cilindro formal?
La SPGL recomienda a los consumidores prestar atención a algunos elementos visibles antes de aceptar un balón de GLP:
Estado físico del cilindro. El envase debe encontrarse en condiciones adecuadas, sin daños severos, abolladuras profundas, corrosión extendida u otras señales evidentes de deterioro.
Identificación de la marca. El consumidor debe comprobar que el cilindro corresponda a la empresa a la que realizó la compra. Para ello puede verificar elementos como el logotipo, las marcas en alto relieve y el precinto de seguridad.
Precinto de seguridad. Este elemento permite comprobar que el cilindro ha sido manipulado dentro de la cadena formal de comercialización y constituye una de las principales referencias que puede revisar el usuario antes de recibirlo.
Distribuidor autorizado. La compra debe realizarse mediante canales y distribuidores formalmente establecidos y verificables ante Osinergmin.
Comprobante de pago. Conservar la boleta, factura u otro comprobante permite acreditar la operación y contar con un respaldo ante eventuales reclamos.
La informalidad afecta a toda la cadena
El problema de los cilindros adulterados no se limita a una transacción irregular entre vendedor y consumidor. La circulación de envases fuera de los controles correspondientes afecta la seguridad de toda la cadena de comercialización de GLP envasado y genera condiciones de competencia desigual frente a las empresas que cumplen las exigencias técnicas y regulatorias.
En ese contexto, la identificación del cilindro y la verificación del canal de compra se convierten en herramientas sencillas para que el consumidor pueda diferenciar una operación formal de una de procedencia dudosa.

El consumidor cumple un papel clave
La advertencia de la SPGL pone nuevamente en el centro la necesidad de fortalecer la formalidad en el mercado de GLP envasado. Para el usuario, la recomendación es sencilla: antes de recibir el balón, revisar su estado, comprobar que corresponda a la marca adquirida, verificar el precinto y recurrir a distribuidores formales.
Ante situaciones sospechosas relacionadas con la comercialización de GLP, los consumidores también pueden recurrir a los canales de atención y denuncia de Osinergmin, organismo encargado de la supervisión del sector.


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Juntos por el Perú retira moción de interpelación contra ministro de Energía y Minas

La bancada de Juntos por el Perú decidió retirar la moción de interpelación presentada contra el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, con el objetivo de revisar previamente el pliego de preguntas antes de continuar con el procedimiento en la Cámara de Diputados.
La iniciativa había sido presentada el pasado 24 de agosto y buscaba que el titular del sector respondiera por el incremento de los precios de los combustibles, el abastecimiento de diésel y las acciones adoptadas por el Gobierno ante las protestas de los transportistas.
El diputado de Juntos por el Perú, Ernesto Zunini, informó este 26 de agosto que la bancada optó por retirar temporalmente la moción para revisar las preguntas, en coordinación con la comisión de Obras, y definir una posición conjunta.
Zunini aclaró que esta decisión no significa que la problemática haya perdido importancia ni que haya dejado de existir. Por el contrario, sostuvo que es necesario adoptar medidas para evitar que la situación se agrave.
Asimismo, señaló que, si el ministro de Energía y Minas tiene propuestas que requieran el respaldo del Parlamento, estas deberán ser presentadas para evaluar un trabajo conjunto en beneficio del país.
De esta manera, la bancada acordó retirar la moción de interpelación contra Guillermo Shinno, mientras se revisa el contenido del pliego de preguntas antes de decidir los siguientes pasos.

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Terremotos en el mundo: ¿qué pasa con las instalaciones eléctricas durante y después de un sismo?
- Cables dañados dentro de las paredes, conexiones flojas y canalizaciones desplazadas pueden pasar inadvertidos tras un sismo y convertirse en un peligro cuando se restablece la energía.
Los recientes terremotos registrados en distintos países han vuelto a poner sobre la mesa la importancia de la prevención ante una emergencia sísmica. En el Perú, esta preocupación cobra especial relevancia, ya que más de 9,8 millones de personas, alrededor del 30 % de la población, se encuentran en riesgo muy alto ante un sismo, de acuerdo con información del Cenepred. Sin embargo, además de los daños estructurales visibles, existen fallas que un movimiento fuerte puede ocasionar en las instalaciones eléctricas y que podrían manifestarse recién cuando se restablece la energía.
“El mayor riesgo puede presentarse después del movimiento sísmico, porque pueden quedar fallas ocultas en la instalación. Cuando se restablece el suministro, la corriente vuelve a circular por un sistema que podría no encontrarse en las mismas condiciones que antes del sismo”, explica Christian Porras, especialista de producto de Conductores Eléctricos CELSA.
Por ello, después de un sismo fuerte no se debe asumir que una vivienda es eléctricamente segura solo porque las luces funcionan o no se observan cables rotos. Una llave termomagnética que se dispara inmediatamente, chispas en tomacorrientes o tableros, olor a plástico quemado, zumbidos, interruptores desplazados o cables expuestos son señales que requieren atención. Si la edificación presenta grietas o daños estructurales, el cableado oculto dentro de paredes y losas también podría haberse visto comprometido.
¿Qué hacer antes, durante y después de un sismo?
- Antes, revisar la instalación: el tablero eléctrico debe permanecer accesible y sus circuitos correctamente identificados. Porras, recomienda verificar periódicamente el estado de cables, tomacorrientes, canalizaciones, sistemas de protección y puesta a tierra. Las conexiones improvisadas, extensiones utilizadas de manera permanente o conductores deteriorados deben ser revisados y corregidos por personal calificado.
- Durante, no intentar desconectar los equipos: mientras la estructura está en movimiento, la prioridad es proteger la integridad física. No se debe correr hacia el tablero eléctrico, desenchufar electrodomésticos ni manipular interruptores.
- Después, no restablecer inmediatamente la electricidad: antes de volver a energizar la vivienda, es necesario descartar fugas de gas o agua y revisar visualmente el tablero, los tomacorrientes, interruptores y canalizaciones. Si existen daños estructurales o eléctricos, la alimentación debe permanecer desconectada hasta que un profesional determine que es seguro restablecerla.
El especialista señala que, uno de los errores más peligrosos es volver a conectar la electricidad sin haber descartado previamente una fuga de gas. Al accionar un interruptor o conectar un equipo puede generarse una pequeña chispa que, ante la presencia de gas acumulado, podría desencadenar un incendio o una explosión. Por ello, si existen daños visibles en la edificación, la revisión de las condiciones de seguridad debe realizarse antes de restablecer el suministro eléctrico.
“En un país de alta sismicidad como el Perú debemos pasar de una actitud reactiva a una cultura de prevención. Una instalación correctamente diseñada, mantenida y protegida tendrá mayores posibilidades de conservar su integridad durante un movimiento sísmico y reducir los riesgos cuando vuelva la energía”, concluye Porras.
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