En junio, la inflación energética en la región alcanzó un 8,03% interanual, frente al 4,49% de la inflación general. Este aumento ha sido impulsado principalmente por el incremento de los precios de los combustibles y las tensiones geopolíticas.

América Latina y el Caribe (ALC) cerró el primer semestre de 2026 con una marcada aceleración de los precios de la energía. En junio, la inflación energética interanual alcanzó el 8,03%, su nivel más alto del período analizado y casi el doble de la inflación general, que se ubicó en 4,49%, según el último reporte de inflación  energética de la Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía (OLACDE). Este indicador revela que los precios del combustible y la electricidad han aumentado a un ritmo considerablemente mayor que el resto de bienes y servicios incluidos en el índice de precios al consumidor.

Este aumento está vinculado principalmente a las tensiones geopolíticas en Medio Oriente y a los riesgos asociados con el suministro petrolero, lo cual ha incrementado los costos relacionados con importación, refinación y transporte. Este efecto se ha trasladado a los mercados internos, especialmente en lo que respecta a los combustibles: en junio, el precio promedio regional de la gasolina alcanzó su nivel más elevado del primer semestre.

El impacto internacional, sin embargo, no se transmite de manera inmediata ni simétrica a los consumidores. Durante las primeras semanas del conflicto, el precio del petróleo llegó a aumentar alrededor de 60%, mientras los combustibles subieron casi un 20%. Aunque posteriormente el valor del crudo retrocedió desde sus valores máximos, el incremento de los combustibles persistió en la región, evidenciando un desfase entre la evolución de los precios internacionales y los valores pagados en los mercados internos.

Los datos muestran además importantes diferencias entre países. Subsidios, controles y mecanismos de estabilización permiten que algunos mercados mantengan precios relativamente bajos, mientras otros enfrentan valores superiores debido a sus estructuras de formación de precios y mayores costos logísticos y operativos. A ello se suman factores como refinación, transporte, seguros, impuestos, márgenes comerciales, volatilidad cambiaria y rigideces regulatorias, que pueden retrasar la reducción de los precios finales incluso cuando cae la cotización internacional del petróleo.

La evolución de los combustibles confirma esa resistencia a la baja. El gráfico del reporte de OLACDE muestra que el precio promedio regional de la gasolina pasó de USD 1,19 por litro en febrero a USD 1,38 en junio y se mantuvo en USD 1,38 en las primeras dos semanas de agosto. El diésel, por su parte, pasó de USD 1,12 por litro en febrero a USD 1,30 en junio, nivel que volvió a registrar en el promedio de las primeras dos semanas de agosto.

La persistencia elevada de estos precios extiende su impacto más allá del sector energético: incrementa costos asociados con movilidad y transporte mercancías; afecta gastos familiares e influye sobre costos productivos. El reporte identifica así a los combustibles líquidos como principal motor detrás del incremento inflacionario energético regional dentro un contexto donde las fluctuaciones internacionales del petróleo no conducen automáticamente a menores costos para los consumidores.

El expresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Carlos Gálvez, expresó sus reparos frente a la elección de Yenifer Paredes como presidenta de la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados, al señalar que, a su juicio, no posee experiencia ni conocimientos especializados en los temas que tendrá a su cargo.

En declaraciones a Rumbo Minero, Gálvez advirtió que la conducción de esta comisión será clave para definir asuntos vinculados con la minería, los hidrocarburos, la formalización, las concesiones y las inversiones en el país.

“No tiene ningún conocimiento ni experiencia en el asunto”, afirmó al referirse a la designación de Paredes.

El exdirigente empresarial consideró que esta situación podría generar dificultades y demoras en la ejecución de proyectos necesarios para reactivar la economía nacional. Asimismo, manifestó su preocupación por el posible impacto en las medidas destinadas a combatir la minería ilegal.

Preocupación por la Ley MAPE y las concesiones

Gálvez también calificó de “complicado” el escenario que enfrentará el sector minero, especialmente por los debates pendientes sobre la Ley MAPE, la formalización de la pequeña minería y minería artesanal, así como las propuestas para modificar los plazos de las concesiones.

A su entender, reducir los periodos de las concesiones o establecer mayores restricciones podría generar señales poco favorables para los inversionistas y dificultar el desarrollo de nuevos proyectos.

“El estar planteando más cortapisas, reducción de plazos de concesión y ese tipo de señales no son buenas para el desarrollo que necesitamos”, sostuvo.

En esa línea, señaló que el país necesita generar condiciones que permitan atraer inversiones, impulsar nuevos proyectos y, al mismo tiempo, avanzar en la formalización de los pequeños mineros y enfrentar las actividades ilegales.

Negociaciones entre Diputados y Senado serán claves

Sobre la decisión de otorgar la presidencia de la Comisión de Energía y Minas a Juntos por el Perú, Gálvez explicó que esta distribución forma parte de un escenario de negociaciones políticas en el que las distintas bancadas deben equilibrar el control de las comisiones más importantes.

Mencionó que grupos de trabajo como Constitución y Presupuesto también tienen un peso considerable dentro del Parlamento, por lo que el reparto responde a acuerdos políticos entre las agrupaciones.

Según Gálvez, existe un escenario complejo debido al equilibrio de fuerzas en el Senado y a la mayor presencia de sectores de izquierda en la Cámara de Diputados.

El exrepresentante de la SNMPE sostuvo además que, una vez definida la composición de las comisiones, será fundamental la capacidad de negociación para sacar adelante cada proyecto de ley.

Respecto a la Comisión de Energía y Minas del Senado, consideró que podría haber mayores posibilidades de diálogo y acuerdos en torno a las propuestas que lleguen a debate.

De esta manera, Gálvez advirtió que la coordinación y negociación entre ambas cámaras serán determinantes para definir el rumbo de asuntos como la Ley MAPE, las concesiones mineras, las inversiones y las acciones contra la minería ilegal.

La Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados instaló su Mesa Directiva para el periodo parlamentario 2026-2027, en una sesión en la que la diputada de Juntos por el Perú (JPP) Yenifer Paredes fue elegida por unanimidad como presidenta del grupo de trabajo.

La designación se produjo luego de que, en la sesión de portavoces de la semana pasada, se acordara que Juntos por el Perú asumiría la conducción de la comisión. La vicepresidencia quedó en manos de la bancada Obras, mientras que la secretaría fue asignada al Partido del Buen Gobierno.

Entre los principales temas que deberá abordar la comisión figuran la discusión de la Ley de Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE), la continuidad del proceso de formalización minera y el futuro del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO). También se prevé analizar propuestas vinculadas con el sector hidrocarburos, el sistema eléctrico y la promoción de inversiones en el ámbito energético.

La elección de la Mesa Directiva generó cuestionamientos entre especialistas. El analista político y experto en temas mineros Iván Arenas manifestó a Perú21 su preocupación por la posibilidad de que JPP impulse una agenda favorable a la minería informal e ilegal. Según sostuvo, entre las propuestas podrían estar modificaciones a la legislación minera, la ampliación del REINFO y una nueva normativa para la pequeña minería y minería artesanal que, a su juicio, podría priorizar criterios políticos sobre aspectos técnicos.

En tanto, el analista político José Carlos Requena señaló que presidir una comisión parlamentaria permite influir en la definición de la agenda, aunque recordó que las decisiones en el Congreso finalmente dependen de la votación de sus integrantes. Consideró que la presidencia de JPP representa un riesgo que requiere seguimiento y una respuesta oportuna por parte de los distintos actores involucrados.