El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), dictó una medida preventiva tras el encallamiento y colisión de un convoy fluvial que generó un derrame de petróleo crudo en el río Amazonas, con un volumen estimado de más de 285 barriles.

En el marco de la supervisión, el OEFA dispuso una medida preventiva que ordena al administrado abastecer de manera gratuita agua para consumo humano a las poblaciones afectadas, Yanashi, San Antonio de Arambaza, Santa Rosa de Oroza, Nuevo Tacna, entre otras, como acción inmediata para reducir los riesgos a la salud y atender la emergencia ambiental.

Al respecto, desde el primer momento, el OEFA realizó labores de supervisión en cerca de 5 km de riberas del río Amazonas, donde verificó la ejecución de acciones de primera respuesta. Durante las acciones en campo, se tomaron muestras de agua y sedimento, y se supervisaron las labores de contención y limpieza ejecutadas por la empresa contratista.

Esta disposición busca garantizar el acceso a agua segura en las zonas impactadas, especialmente en comunidades que dependen directamente del río para sus actividades diarias. En ese sentido, se prioriza la protección de la población y la atención oportuna frente a los efectos del derrame.

La medida se mantendrá vigente hasta que se garantice la recuperación de la calidad del agua en el área afectada. Paralelamente, el OEFA continuará con las acciones de supervisión para verificar el cumplimiento de lo dispuesto y asegurar que el administrado adopte las medidas necesarias para mitigar los impactos generados.

Un nuevo proyecto de ley presentado en el Congreso plantea permitir la exploración y explotación de hidrocarburos en áreas naturales protegidas del país, lo que ha generado preocupación entre especialistas, organizaciones ambientales y comunidades indígenas de acuerdo a un informe elaborado por Mongabay Latam.

La iniciativa, impulsada por el congresista Eduardo Salhuana y respaldada por parlamentarios de Alianza Para el Progreso, busca desarrollar la cuenca gasífera de Madre de Dios como respuesta a la reciente crisis energética provocada por una fuga en el ducto de Camisea.

¿Qué propone el proyecto de ley?

El proyecto plantea autorizar actividades extractivas en tres zonas de alta biodiversidad: el Parque Nacional del Manu, el Parque Nacional Bahuaja Sonene y la Reserva Comunal Amarakaeri.

Según el documento, esta medida responde a una “necesidad estratégica nacional” para fortalecer la seguridad energética del país, especialmente tras los problemas de abastecimiento de gas natural registrados recientemente.

No es la primera vez que se plantea una propuesta similar. En los últimos cinco años, al menos dos iniciativas han intentado abrir estas áreas a la explotación de recursos, sin llegar a concretarse.

Áreas protegidas: ¿por qué genera preocupación ambiental?

Especialistas advierten que los lotes propuestos se superponen con zonas de protección estricta, donde las actividades extractivas están prohibidas debido a su alto valor ecológico.

Desde la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) alertaron que permitir este tipo de proyectos podría afectar ecosistemas únicos y generar impactos irreversibles en la biodiversidad.

Además, cuestionan que la propuesta no resuelve el problema estructural de fondo: la dependencia del país de un solo ducto de gas.

Impacto en comunidades indígenas

Uno de los puntos más sensibles es la intervención en la Reserva Comunal Amarakaeri, territorio vinculado a comunidades indígenas y reconocido como Patrimonio Cultural de la Nación.

Líderes indígenas han advertido que el proyecto representa una amenaza directa a sus territorios ancestrales y podría provocar conflictos socioambientales, así como la expansión de actividades ilegales como la minería y la tala.

Un debate abierto en el Congreso

El proyecto se encuentra actualmente en debate y divide posiciones. Mientras algunos sectores lo consideran una respuesta urgente ante la crisis energética, otros sostienen que pone en riesgo el patrimonio natural y cultural del país.

La discusión no solo gira en torno al acceso a recursos, sino también al equilibrio entre desarrollo económico, protección ambiental y derechos de las comunidades.

Fuente: Caretas

Una alerta generada este 22 de abril en la Refinería La Pampilla, en Ventanilla, movilizó a autoridades y personal técnico; sin embargo, Repsol aclaró que se trató de un simulacro programado de fuga, como parte de sus ejercicios regulares de seguridad.

Ejercicio interno de seguridad

De acuerdo con la empresa, el evento correspondió a un simulacro ejecutado por su equipo de bomberos, con el objetivo de evaluar la capacidad de respuesta ante posibles emergencias operativas dentro de la refinería.

Supervisión de Osinergmin

Tras la alerta, personal de Osinergmin se trasladó a las instalaciones para supervisar el desarrollo del ejercicio y verificar el cumplimiento de los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de escenarios.

Infraestructura clave para el país

La Refinería La Pampilla es una de las principales instalaciones energéticas del Perú, con una capacidad de refinación de aproximadamente 117 mil barriles diarios, lo que representa más de la mitad del procesamiento total de hidrocarburos del país.

Operación al 100% y sin riesgos reales

Repsol indicó que la planta continúa operando con normalidad y al 100% de su capacidad, garantizando el abastecimiento nacional de combustibles. La activación del simulacro también responde a la necesidad de reforzar estándares de seguridad, considerando antecedentes de incidentes registrados en años anteriores en esta misma sede.