El presidente de proEXPLO 2025 afirma que el Perú debería superar ampliamente la cantidad actual de proyectos de exploración en beneficio del país y la sostenibilidad de la industria.

Se elaborará dispositivo que elimine el mal uso de los permisos concedidos a mineros en proceso de formalización.

El ministro de Energía y Minas, Óscar Vera Gargurevich, indicó que el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) será sometido a correcciones radicales y definitivas para enfrentar el accionar de la minería ilegal que viene causando mucho daño al país.

En ese sentido, en su presentación ante la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República, anunció que en los próximos días el sector elaborará un dispositivo que elimine el aprovechamiento de los permisos concedidos a los mineros en proceso de formalización inscritos en el REINFO.

Acompañado por el viceministro de Minas, Jaime Chávez-Riva y el director general de Formalización Minera, Alberto Rojas, Vera explicó que se viene impulsado esta propuesta normativa con la finalidad de sincerar información contenida en el REINFO.

Agregó que el MINEM implementó diversas medidas para combatir este problema, como programas de educación y concienciación en las comunidades afectadas, reconociendo que la minería ilegal ha experimentado un crecimiento preocupante en los últimos años, lo que ha llevado a un aumento en la violencia y el uso de armamento sofisticado.

Según los registros, indicó que hay 69,705operadores mineros suspendidos debido a actividades no permitidas, y explicó que se están realizando esfuerzos para controlar esta actividad ilegal, que incluye la extracción de minerales de sitios prohibidos y el uso de productos químicos dañinos para el medio ambiente.

“En La Libertad hay 5,191 REINFO suspendidos de los 6,194 emitidos, la mayoría están con permisos suspendidos y vienen trabajando”, precisó.

A su turno, el viceministro Chávez-Riva, indicó que se determinó preparar un dispositivo que elimine el aprovechamiento de los permisos concedidos a los mineros en proceso de formalización inscritos en el REINFO.

Asimismo, se informó la conformación de una nueva Comisión Multisectorial de naturaleza permanente con el objeto de tomar acciones que será liderado por la Presidencia del Consejo de Ministros para articular con 14 instituciones, entre ministerios y organismos del Gobierno.

Finalmente, informó que se ha propuesto establecer bases policiales-militares en Pataz, Cenepa, Nanay y Madre de Dios, acciones que viene articulando con los ministerios del Interior y Defensa.

Los gremios empresariales y organizaciones de la sociedad civil del Perú expresaron su firme condena ante el accionar violento y criminal de la minería ilegal que el último fin de semana atacó la mina de Compañía Minera Poderosa y asesino a nueve trabajadores mineros y dejó gravemente heridos a otros 13, en la provincia de Pataz, región La Libertad.

En una conferencia de prensa conjunta, la Sociedad Nacional de Energía, Petróleo y Energía (SNMPE), la CONFIEP, la Asociación de PYMES, COMEX y la Cámara de Comercio Ucayali, también demandaron al Gobierno acciones efectivas para hacer frente a la ola de criminalidad que viene golpeando a todos los peruanos.

Asimismo, los gremios empresariales junto con el representante de Compañía Minera Poderosa, hicieron un llamado y exigieron que se tomen medidas inmediatas frente a la amenaza a la seguridad nacional, la paz social y el desarrollo del país, que trae consigo la minería ilegal y sus aliados que son peligrosas organizaciones criminales.

“La tragedia ocurrida el pasado fin de semana es devastadora para la familia de Poderosa y, lamentablemente, refleja la creciente violencia asociada a la minería ilegal, un problema que no es nuevo en nuestra región. Nos encontramos inmersos en un espiral de deterioro de las condiciones de seguridad, impulsado por el aumento desmedido de la minería ilegal y la conexión nefasta con grupos criminales organizados”, señaló Pablo de la Flor, gerente de Asuntos Corporativos de minera Poderosa.

Por su parte, Angela Grossheim, directora ejecutiva de la SNMPE, formuló un llamado a todos los niveles de gobierno, el Congreso, organizaciones sociales y ciudadanos, para cerrar filas contra la minería ilegal y a trabajar de manera conjunta con el sector empresarial para abordar las distintas aristas de esta problemática, tanto la relacionada con la seguridad como fortalecer la normativa vigente y mejorar la trazabilidad del oro.

“Hoy el sector minero está de luto, se encuentra bajo amenaza, comprometiendo la seguridad de todos los peruanos, especialmente de los más vulnerables. Es esencial unir fuerzas entre el sector privado, público y la sociedad civil para detener esta peligrosa situación”, refirió.

Además, señaló que la minería ilegal se ha convertido hoy en la primera actividad ilícita en el Perú, superando incluso al narcotráfico. “Además de la pérdida en vidas humanas e inseguridad, que es el tema que nos convoca hoy; es importante alertar que cada año, la minería ilegal genera una pérdida del 2.5% del PBI y los costos directos o indirectos anuales son de más de S/ 23,000 millones de soles”, agregó.

Grossheim, también denunció que el REINFO o régimen de formalización excepcional se ha convertido en una herramienta para encubrir la minería ilegal, pues otorga a los inscritos la “Exención de Responsabilidad”, que permite que no pueden ser procesados por el delito de minería ilegal. “La realidad es que el proceso de formalización lleva más de 20 años de creado, tiene casi 88 mil inscritos pero solo poco más de 11mil se han formalizado”, anotó.

Voces unidas

En tanto, Alfonso Bustamante, presidente de CONFIEP, se sumó a la condena del atentado contra minera Poderosa, destacando la urgente necesidad de abordar la creciente amenaza de la minería ilegal a nivel nacional.

“El Estado está perdiendo soberanía en varios lugares del país y es inaceptable que claudique en su deber de proteger la vida y la propiedad de los ciudadanos. La criminalidad amenaza a todos los peruanos, y las pequeñas empresas como panaderos, bodegueros, entre otros, sufren a diario, mediante extorsiones y cobros de cupos”, enfatizó.

A su turno, Julia Torreblanca, presidenta de COMEX, expresó que “como mujer minera, me siento profundamente afectada por los actos de violencia ocurridos”. La vocera explicó que la minería formal representa a más de 1 millón 800 mil personas que trabajan directa o indirectamente, y que el Estado tiene que garantizar la seguridad de todos los peruanos que tienen derecho a trabajar y a vivir en paz.

«Es fundamental que nuestras autoridades cumplan su rol para garantizar los derechos de los ciudadanos. Necesitamos que el Estado nos respalde cumpliendo su función. Es imperativo que se implementen medidas más drásticas en este momento para asegurar la prevalencia de nuestros derechos”, agregó Torreblanca.

Por su parte, la Asociación de PYMES, a través de Julio Surco, expresó que miles de pequeños comerciantes y emprendedores son víctimas constantes de la violencia y la delincuencia, que día a día desata el terror en todas las ciudades. Exhortó a las autoridades a reconocer la ineficacia de las medidas hasta ahora implementadas y a adoptar un enfoque más estratégico para abordar la criminalidad.

Nancy García, presidenta de la Cámara de Comercio de Ucayali pidió poner la vista en el avance significativo de la minería, tala y pesca ilegal, que significan una grave amenaza a los derechos humanos en la Amazonía. “Los negocios formales con potencial en la región se ven afectados por estas actividades ilegales. El Estado no puede claudicar en su deber de proteger la vida y propiedad de los habitantes amazónicos. Instamos a dirigir la atención hacia la Amazonía y Ucayali, una región amazónica con un futuro prometedor que merece protección y desarrollo sostenible», exigió la ejecutiva.

El pronunciamiento de estos gremios empresariales no solo refleja la condena unánime ante el trágico atentado en Compañía Minera Poderosa, sino también la urgente necesidad de abordar de manera integral y coordinada la creciente amenaza de la minería ilegal y la violencia asociada. El llamado a la unidad y colaboración entre sectores público y privado, así como la sociedad en su conjunto, se erige como un mensaje claro y contundente para proteger la vida, la propiedad y el futuro de todos los ciudadanos peruanos.