La tramitología para la exploración minera en Perú puede extenderse hasta dos años antes de iniciar perforaciones, un plazo que contrasta con la mayor agilidad de Chile, donde las fases iniciales pueden avanzar en cuestión de semanas, según coincidieron expertos durante una mesa redonda en proEXPLO 2026.

Una de las principales preocupaciones de los inversionistas es el tiempo que toma obtener los permisos. “Una de las primeras preguntas que nos hacen es: ¿en cuánto tiempo voy a poder perforar?”, señaló Miyanou Dufour, socia de Hernández & Cía. Sin embargo, advirtió que en muchos casos no es posible asegurar que ese proceso se complete dentro de un año, e incluso puede tomar uno o dos años, lo que termina afectando decisiones de inversión.

Este nivel de incertidumbre contrasta con la experiencia chilena. Gonzalo Grez, socio del estudio Cariola Díez Pérez-Cotapos, explicó que la normativa en ese país permite realizar actividades de exploración inicial —incluyendo campañas de perforación con decenas de plataformas— sin necesidad de ingresar a una evaluación ambiental previa compleja, lo que permite a los proyectos avanzar con mayor rapidez desde etapas tempranas.

En Perú, en cambio, incluso instrumentos diseñados para ser ágiles, como la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), pueden tomar entre siete y nueve meses en aprobarse. A ello se suman otros factores que alargan los plazos, como la intervención de múltiples entidades, la falta de coordinación entre autoridades y la aplicación de criterios dispares en la evaluación de expedientes.

“La legislación es bastante fragmentada y es aplicada por varias autoridades, lo que genera complejidad en los procesos”, explicó Dufour. A esto se agregan limitaciones en capacidades técnicas dentro del Estado y demoras en la emisión de opiniones vinculantes por parte de entidades como la Autoridad Nacional del Agua (ANA).

Predictibilidad del sistema

Los especialistas coincidieron en que el problema no responde a un solo factor, sino a una combinación de elementos que reducen la predictibilidad del sistema. La falta de articulación entre instituciones y la ausencia de plazos efectivos con consecuencias por incumplimiento terminan afectando la eficiencia de los permisos.

El contraste con Chile radica no solo en los tiempos, sino en el enfoque regulatorio. Mientras el país vecino permite avanzar rápidamente en las primeras etapas de exploración sin mayores cargas administrativas, el esquema peruano concentra exigencias desde fases iniciales, lo que eleva los costos y riesgos para los inversionistas.

Pese a ello, Dufour destacó que existen oportunidades de mejora dentro del marco actual, sin necesidad de reducir los estándares ambientales y sociales. Entre ellas, mencionó la necesidad de fortalecer la coordinación institucional, uniformizar criterios de evaluación y establecer plazos más predecibles.

En un contexto de creciente demanda por metales y competencia global por atraer inversiones, la capacidad de los países para agilizar sus procesos de exploración se vuelve un factor determinante. En ese escenario, la brecha entre Perú y Chile en materia de permisos podría influir en el destino de nuevos proyectos mineros en la región.

o Ministros Waldir Ayasta y Wilder Sifuentes sostuvieron reunión técnica para abordar el avance de importante proyecto de electrificación en el norte del país.

El ministro de Energía y Minas, Waldir Ayasta, encabezó una reunión de trabajo con el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Wilder Sifuentes, y el alcalde provincial de Chepén (La Libertad), Julio Correa, con la finalidad de abordar los avances del proyecto “Ampliación de Redes de Distribución en el departamento de La Libertad”, iniciativa clave para mejorar el acceso a la energía eléctrica en zonas rurales de la región.

Las autoridades destacaron el esfuerzo conjunto de ambos sectores del Ejecutivo para acelerar el cierre de brechas en servicios básicos, mediante una coordinación interinstitucional que permita optimizar recursos y asegurar la ejecución oportuna de proyectos estratégicos en beneficio de la población.

Este proyecto, impulsado por la Dirección General de Electrificación Rural (DGER), permitirá el desarrollo socioeconómico y agroindustrial de 302 localidades en la región La Libertad, beneficiando directamente a 20, 476 habitantes.

Asimismo, contempla la instalación de 4, 958 abonados domésticos y 161 cargas de uso general, sumando un total de 5, 119 usuarios que contarán con acceso a energía eléctrica de calidad.

La iniciativa, que representa una inversión superior a los S/ 59 millones, incluye el diseño de instalaciones eléctricas mediante conexiones con sistemas trifásicos y monofásicos, en concordancia con criterios técnicos que aseguren soluciones eficientes y sostenibles para las localidades intervenidas.

Entre las provincias y distritos beneficiados se encuentran Bolívar (Bambamarca), Chepén (Chepén, Pacanga y Pueblo Nuevo), Gran Chimú (Cascas, Lucma, Marmot y Sayapullo), Julcán (Julcán, Calamarca y Huaso), Otuzco (Otuzco, Agallpampa, Paranday y Salpo), Pacasmayo (San Pedro de Lloc, Guadalupe y San José), Pataz (Tayabamba, Chillia y Huayo), Sánchez Carrión (Huamachuco, Sarín, Cochorco y Sartimbamba), Santiago de Chuco (Sitabamba, Santiago de Chuco y Quiruvilca) y Trujillo (Simbal).

El ministro Waldir Ayasta reafirmó el compromiso del MINEM de seguir impulsando proyectos de electrificación rural en coordinación con otras entidades del Estado, con el objetivo de promover el desarrollo de las diversas regiones del territorio nacional.

“El trabajo articulado entre sectores es fundamental para llevar energía a más peruanos. Este proyecto no solo permitirá cerrar brechas de acceso a la electricidad, sino que también impulsará el desarrollo productivo y mejorará la calidad de vida de miles de familias en La Libertad”, destacó el titular del MINEM.

En la reunión también participó el viceministro de Electricidad del MINEM, Milko Zacarías; y el director general de Electrificación Rural, Jimler Paredes, entre otros funcionarios del sector.

o   Entre los principales avances destaca el impulso para los usos productivos de la electricidad, orientados a dinamizar las economías locales.

El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) aprobó el Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley N.º 28749, Ley General de Electrificación Rural, con el objetivo de acelerar el cierre de brechas de acceso a la electricidad en zonas rurales, localidades aisladas y zonas de frontera, en todo el territorio nacional y promover el desarrollo productivo.

La actualización normativa adecúa el Reglamento vigente y fortalece el marco regulatorio para la ejecución eficiente de proyectos de electrificación rural.

Entre los principales avances de esta modificación destaca el impulso al saneamiento de las obras eléctricas ejecutadas por los gobiernos regionales y locales a través de transferencias financieras del MINEM, con el fin de regularizar la situación técnica y legal de los proyectos ejecutados.

Asimismo, se promueven los usos productivos de la electricidad, orientados a dinamizar las economías locales y mejorar la calidad de vida de la población rural.

En esa línea, se crea el Fondo de Promoción de Uso Productivo, que permitirá fortalecer conocimientos en normas técnicas peruanas, seguridad eléctrica y mantenimiento básico de instalaciones, contribuyendo a que la energía eléctrica no solo llegue a más hogares, sino que se convierta en una herramienta para generar ingresos y desarrollo local.

Asimismo, se optimizan los requisitos para el otorgamiento de la Concesión Eléctrica Rural, permitiendo simplificar los requisitos para agilizar el desarrollo de los proyectos de electrificación rural.

El nuevo Reglamento también introduce mejoras en el destino y administración de los recursos, facilitando una gestión más eficiente de los fondos destinados a la electrificación rural.

La Dirección General de Electrificación Rural (DGER) del MINEM precisa que otro aspecto relevante de la norma es la regulación de la transferencia de obras y el fortalecimiento de los mecanismos para la implementación de suministros eléctricos no convencionales, ampliando el acceso a tecnologías como los sistemas fotovoltaicos en áreas de difícil acceso.

El MINEM reafirma su compromiso de llevar energía a más peruanos, contribuyendo al desarrollo sostenible, la inclusión social y la reducción de brechas en el acceso a la energía de las poblaciones más alejadas del país.