Las empresas de transporte público de Lima están adoptando medidas de protección con recursos propios frente al incremento de los ataques de extorsionadores y sicarios. Entre estas acciones figura el blindaje de las cabinas de los conductores, debido al cambio en las modalidades utilizadas por las organizaciones criminales.

Julio Bertoneche, representante de la Asociación de Coordinadores del Transporte Urbano (ACTU), señaló que la situación de inseguridad ha obligado a los empresarios del sector a asumir gastos adicionales para proteger a sus trabajadores.

Durante una entrevista en el programa Las cosas como son, de RPP TV, explicó que blindar completamente un bus puede costar entre 80.000 y 120.000 dólares, monto que consideró inviable para las empresas de transporte. Por ello, se ha optado principalmente por reforzar las cabinas de los conductores.

Según detalló, estas estructuras cuentan con una protección fabricada con una aleación externa de acero y vidrios de aproximadamente 21 milímetros de espesor. El objetivo es reducir el riesgo ante ataques registrados durante los recorridos, que representarían alrededor del 70 % de los casos y suelen ejecutarse desde motocicletas.

Otra modalidad identificada es la del “falso pasajero”, que estaría detrás de entre el 14 % y 15 % de los atentados contra las unidades de transporte.

Las amenazas ahora llegan acompañadas de ataques

Bertoneche advirtió que las organizaciones criminales han modificado su manera de operar. Explicó que anteriormente los extorsionadores enviaban mensajes y amenazas antes de exigir el pago de dinero, dejando un margen para una eventual negociación.

Ahora, en cambio, los ataques pueden producirse sin previo aviso, lo que ha incrementado la preocupación entre empresarios y trabajadores del sector.

El dirigente también reveló que algunas compañías llegan a enfrentar simultáneamente las exigencias económicas de tres o cuatro bandas extorsivas, situación que incrementa considerablemente la presión sobre sus operaciones.

Frente a este escenario, la ACTU viene trasladando las denuncias por amenazas y cobro de cupos a la División de Investigación de Extorsiones de la Policía Nacional (Divinext).

Bertoneche indicó que las acciones policiales recientes han permitido obtener resultados favorables. De las cerca de 25 empresas afiliadas al gremio, siete ya habrían conseguido dejar de pagar extorsiones luego de las intervenciones y capturas de integrantes de organizaciones criminales.

Inseguridad también genera déficit de conductores

El temor provocado por los ataques ha comenzado a afectar directamente la disponibilidad de trabajadores. Bertoneche sostuvo que existe una importante falta de conductores en el transporte formal, situación que deja numerosos vehículos fuera de circulación pese a que existe demanda de pasajeros.

“Me da mucha pena entrar a las empresas de transporte y ver 30, 40, 50 buses parados sin trabajar cuando existe una demanda”, manifestó.

La delincuencia tampoco se limitaría a los conductores. De acuerdo con el representante gremial, los directivos de las empresas también son blanco de amenazas y actos de intimidación. Entre las estrategias empleadas estaría el denominado “doxeo”, mediante el cual los delincuentes recopilan información personal disponible en internet para amedrentar a sus víctimas.

El dirigente recordó además diversos hechos registrados contra representantes del sector, entre ellos casos de extorsión, amenazas, el asesinato de un gerente general y un ataque con una granada ocurrido en Santa Anita.

Gremio denuncia situación relacionada con dos conductores

Finalmente, Bertoneche informó sobre una denuncia vinculada con las familias de dos conductores de la empresa Nueva América, quienes fueron víctimas de atentados ocurridos aproximadamente hace 45 días y tres semanas, respectivamente.

El representante de la ACTU señaló que estos casos forman parte de la compleja situación que afrontan actualmente los trabajadores y empresas del transporte público frente a la delincuencia organizada.

La iniciativa toma como punto de partida la expresión “¡Y no va a ser!” para crear una canción de cumbia y acercar un mensaje sobre el cuidado del motor a quienes utilizan sus vehículos como herramienta de trabajo.

Shell Lubricantes presenta “Y no va Shell”, una campaña dirigida a los taxistas del Perú que convierte una expresión popular en una canción de cumbia. La iniciativa busca reconocer a quienes pasan gran parte de su jornada laboral al volante a través de una propuesta que parte de un elemento familiar para los peruanos.

El concepto nace de un juego de palabras entre la expresión “¡Y no va a ser!” y el nombre de Shell. A partir de esta asociación, la marca creó “Y no va Shell”, una canción inédita que lleva la conocida frase al ritmo de la cumbia.

A través de la canción, Shell Lubricantes busca informar a los taxistas sobre la importancia de cuidar el motor, considerando que sus vehículos son una herramienta fundamental para desarrollar su actividad. La pieza incorpora información sobre Shell Helix HX5, un lubricante que cuenta con Tecnología de Limpieza Activa (Active Cleansing Technology), diseñada para limpiar activamente los depósitos del motor y contribuir a extender su vida útil.

“Con ‘Y no va Shell’ quisimos tomar una expresión que todos reconocemos y transformarla en una canción que nos permita acercarnos al día a día de los taxistas de una manera diferente. Elegimos la cumbia como género para desarrollar esta idea y convertir una frase cotidiana en una canción con un mensaje sobre la importancia de cuidar el motor, especialmente para quienes utilizan su vehículo como herramienta de trabajo”, señaló Emilio Díaz, Gerente de Marketing Lubricantes.

Con esta iniciativa, Shell Lubricantes propone una forma distinta de acercarse a los taxistas del Perú, tomando una expresión popular como punto de partida para desarrollar una canción y transmitir un mensaje importante relacionado al corazón de un vehículo, el motor.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) prepublicó un proyecto normativo que plantea modificar los montos de determinadas sanciones aplicables a los servicios de transporte público regular y especial, con el propósito de garantizar que las multas respondan a criterios de proporcionalidad y razonabilidad.

La propuesta fue publicada en el diario oficial El Peruano mediante la Resolución n.° 205-2026-ATU/PE y alcanza a los servicios de transporte regular, así como a las modalidades de transporte especial como taxi, turístico, de trabajadores y de estudiantes.

La iniciativa se desarrolla en cumplimiento de lo establecido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) a través del Decreto Supremo n.° 017-2026-MTC. En ese marco, la ATU plantea modificar 41 de las 202 infracciones consideradas muy graves en los reglamentos que regulan estos servicios.

De aprobarse la propuesta, algunas sanciones que actualmente equivalen a 1, 2 o 4 UIT podrían reducirse a montos de 0.5, 0.75, 1 o 1.5 UIT, dependiendo de la infracción cometida.

Del total de infracciones que serían reajustadas, 16 corresponden al transporte regular, siete al servicio de taxi, seis al transporte turístico, seis al transporte de trabajadores y seis al transporte de estudiantes.

La ATU precisó que la propuesta no supone eliminar ni flexibilizar las sanciones relacionadas con la informalidad o aquellas conductas que puedan poner en peligro a los usuarios, terceros o al personal encargado de la fiscalización.

Entre las conductas que continuarán calificándose como muy graves figuran brindar el servicio sin autorización, operar en una modalidad distinta a la permitida, agredir física o verbalmente a usuarios o fiscalizadores, impedir las labores de control, darse a la fuga y prestar el servicio sin contar con SOAT o CAT vigente.

También mantendrán esta clasificación las infracciones vinculadas con conducir bajo los efectos del alcohol o drogas, exceder las jornadas máximas de conducción, operar con el RUC inactivo y no cumplir determinadas exigencias técnicas y operativas.

En cambio, las infracciones calificadas como graves y leves no serán modificadas. Este grupo está integrado por 31 infracciones correspondientes al transporte regular, 18 al servicio de taxi, 16 al transporte turístico, 14 al transporte de trabajadores y 15 al transporte de estudiantes.

Según la ATU, el objetivo es preservar el carácter preventivo y disuasivo de las sanciones, pero adecuando sus montos a la gravedad y naturaleza de cada infracción.

La entidad indicó que la prepublicación busca recibir comentarios, aportes y opiniones de la ciudadanía antes de la aprobación definitiva de la propuesta. Para ello, los interesados disponen de 15 días calendario para enviar sus sugerencias al correo normas@atu.gob.pe.

La ATU señaló que continuará fortaleciendo las labores de fiscalización y sanción contra el transporte informal y frente a aquellas conductas que representen un riesgo para la seguridad de los pasajeros en Lima y Callao.