De los cuatro implicados en el caso Petroperú, cuya detención dispuso la jueza Ingrid Estacio Soria, dos fueron detenidos, uno se entregó y otro se encuentra en condición de no habido.

En la mañana del viernes fueron arrestados el asesor presidencial de inteligencia Henry Shimabukuro Guevara y el empresario petrolero Samir Abudayeh Giha. Y en la tarde, el único que se puso a disposición de las autoridades fue el jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINI), José Fernández Latorre, paisano y amigo del jefe del Estado.

El ex gerente general de Petroperú Hugo Chávez Arévalo no fue ubicado en su casa porque viajó a Bolivia el 21 de noviembre. Según la Superintendencia Nacional de Migraciones, el 14 de noviembre el Poder Judicial dispuso desactivar el impedimento de salida del país contra Chávez, por lo que abandonó el país sin restricciones.

La Fiscalía también requirió la ubicación y captura del empresario y financista de la campaña presidencial de Pedro Castillo, Daniel Príncipe Collazos. Príncipe es muy amigo del alcalde de Anguía, Nenil Medina Guerrero. De hecho, Príncipe intentó ayudar a Medina a evadir una orden de captura. Medina introdujo a Príncipe al círculo de amigos del presidente Castillo y se relacionó con los integrantes del llamado ‘gabinete en la sombra’, que participó en la repartija de obras públicas. Sin embargo, la jueza Ingrid Estacio Soria resolvió rechazar la detención de Príncipe.

A solicitud del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder, la jueza ordenó el arresto de los 4 personajes en dos etapas del mismo caso denominado Petroperú.

Los delitos imputados

a) En el montaje para que Petroperú contrate a la empresa de Samir Abudayeh, Heaven Petroleum Operators (HPO), la compra de US$74 millones de biodiésel B100. Presuntamente Abudayeh hizo un pago de 2 millones de soles al jefe del Estado y otros cómplices, pero el empresario lo njiega. En esta etapa están involucrados el mencionado Samir Abudayeh, Hugo Chávez Arévalo y Daniel Príncipe Collazos.

b) En el operativo de encubrimiento de la licitación amañada en beneficio de Abudayeh, luego de que los colaboradores eficaces revelaron el caso. Según la Fiscalía, el presidente Castillo ordenó al jefe de la DINI, José Fernández Latorre, entregarle dinero a Bruno Pacheco para que no informara sobre el caso Petroperú, sobre el que tenía conocimiento y también estaba implicado. Henry Shimabukuro Guevara también participó en estos hechos de encubrimiento y destrucción de evidencias.

Conforme al relato de los hechos que está contenido en la resolución judicial que dispone la detención de Fernández, Shimabukuro, Abudayeh, Chávez y Príncipe, se indica que los cinco serían parte de una organización criminal encabezada por el mandatario Pedro Castillo.

Además, se les adjudica, según la implicación que tuvieron, otros delitos:

-José Fernández, crimen organizado en condición de autor y encubrimiento personal como coautor.

-Henry Shimabukuro, crimen organizado en condición de autor y encumbrimiento personal como coautor. 

-Hugo Chávez, colusión agravada en organización criminal, negociación incompatible e instigador del delito de tráfico de influencias.

-Samir Abudayeh, colusión agravada en organización criminal y negociación incompatible.

-Daniel Príncipe, crimen organizado en condición de autor e instigador del delito de tráfico de influencias. Pero en el caso de Príncipe, la jueza denegó el pedido de captura.

La detención preliminar es solo por 10 días.

El papel de cada acusado

De acuerdo con la narrativa fiscal, el caso arranca cuando el empresario Daniel Príncipe Collazos, miembro del entorno del presidente Castillo, recomienda a otro miembro del mismo grupo exclusivo, el dueño de la Clínica La Luz, Fermín Silva Cayotopa, que le proponga al jefe del Estado la designación de Hugo Chávez Arévalo como presidente o gerente general de Petroperú. La intención era controlar los millonarios contratos de la petrolera estatal. Daniel Príncipe conocía con antelación a Hugo Chávez, cuando era funcionario en el Gobierno Regional de Áncash.

Efectivamente, como fue corroborado por el propio médico, Fermín Silva se reunió con el presidente Castillo, le presentó a Hugo Chávez y logró su nombramiento como gerente general, sin tener las condiciones exigidas para dicho cargo.

También está probada la estrecha relación amical entre Castillo y Silva. De acuerdo con un colaborador eficaz: “Sé que Fermín Silva ingresaba por la puerta 6, conocida como puerta Garita, que era una puerta secreta (de Palacio de Gobierno). Él (Silva) generalmente ingresaba a las 6 de la mañana para reunirse con el presidente. Se trataba de hermanos», dijo un colaborador eficaz.

Una vez instalado como gerente general, Hugo Chávez y Samir Abudayeh sostienen reuniones con el presidente Castillo en Palacio de Gobierno. Luego Chávez designa a funcionarios claves en los procesos de licitación y nombra como asesor a Gregorio Sáenz Moya, quien también tuvo una cita con el mandatario Castillo. Sáenz había sido empleado de Samir Abudayeh.

Una vez que había montado su propia organización dentro de Petroperú, Hugo Chávez adjudicó el contrato de US$47 millones a favor de la empresa de Samir Abudayeh para la provisión de biodiésel B100.

Cuando los colaboradores eficaces y la Contraloría General de la República revelaron irregularidades en la adjudicación, Hugo Chávez anuló el proceso y el contrato, y convocó a una nueva licitación. Abudayeh volvió a ganar, pero esta vez con un monto de US$84 millones.

Como testigo protegido, Zamir Villaverde García declaró que supuestamente Abudayeh hizo un pago ilícito de 2 millones de soles y que entre los beneficiados se encontraban el presidente Pedro Castillo y el exsecretario presidencial Bruno Pacheco Castillo. Abudayeh, Castillo y Pacheco lo niegan.

El encubrimiento

Cuando los colaboradores eficaces comenzaron a entregar información sobre el denominado caso Petroperú, enterado el jefe del Estado decidió organizar un operativo para que las autoridades no consiguieran acceso a información incriminatoria, de acuerdo con el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder.

Al disponerse la detención de Bruno Pacheco, el jefe del Estado conspiró para supuestamente silenciarlo, primero sustrayéndolo de la búsqueda de las autoridades y luego abonándole un dinero por su silencio.

Según la narración incriminatoria de la Fiscalía, el jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), José Fernández Latorre, entregó en dos ocasiones dos sobres, uno de 3.000 y otro de 1.000 soles, al asesor de inteligencia del presidente, Henry Shimabukuro Guevara.

Según la Fiscalía, el dinero fue trasladado al exsubsecretario de la presidencia Beder Camacho Gadea, quien luego se lo proporcionó al exsecretario presidencial Bruno Pacheco. De acuerdo con la hipótesis fiscal, Pacheco estaba enterado del caso Petroperú que implica directamente al jefe del Estado.

El 31 de diciembre del 2021, mientras Bruno Pacheco estaba internado en una clínica, se quejó con Beder Camacho porque el dinero que creía que le iban a dar era 20.000 soles y no 4.000. Beder Camacho le hizo saber la molestia de Bruno Pacheco a Pedro Castillo y este le manifestó: “Voy a averiguar qué pasó”.

La hipótesis de la Fiscalía es que el dinero que facilitó el jefe de la DINI sería de los fondos reservados de dicha institución.

En el caso específico de Henry Shimabukuro Guevara, la Fiscalía señala que contribuyó en las acciones de destrucción de evidencias.

El exsubsecretario general Beder Camacho se encargó de desaparecer cuatro equipos celulares asignados a los edecanes del presidente y cuatro cuadernos de registros de actividades que contenían información de las personas vinculadas al caso Petroperú y que mantuvieron reuniones con el jefe del Estado.

El 26 de diciembre del 2021, Beder Camacho arrojó los celulares al mar de La Punta, en el Callao, y quemó los cuatro cuadernos. Días después le informó al presidente Castillo que cumplió con el plan.

Los implicados sorprendidos con mandato de detención

El jefe de la DINI, José Fernández Latorre, desconocía del mandato judicial, por lo que fue tomado de sorpresa. Una vez que se enteró de los detalles, se entregó a la Fiscalía.

Lo mismo sucedió con el asesor de inteligencia Henry Shimabukuro, quien tampoco estuvo al tanto, por lo que fue intervenido.

El abogado de Samir Abudayeh, Aurelio Pastor, manifestó su extrañeza por la orden de detención, porque el empresario asistió a todas las citaciones fiscales y respondió a las preguntas que se le hicieron sobre el caso bajo investigación.

Por su parte, la empresa de Abudayeh, Heaven Petroleum Operators (HPO), emitió un comunicado en el que rechaza la detención del empresario.

“Es realmente alarmante para la seguridad jurídica del país que el argumento empleado por el Ministerio Público sea el de peligro de fuga, ya que Samir Abudayeh Giha ha declarado su dirección en todas las diligencias a las que ha asistido y un juez negó a la Fiscalía la ampliación de plazo de impedimento de salida del país”, indicó.

Detalles

Inubicable. El jefe de la DINI, José Fernández, fue buscado sin éxito en la sede de la institución y en su vivienda de La Molina.

Decisión. Finalmente, José Fernández se presentó en la Fiscalía sin su celular, con una Biblia y un billete de 100 soles en el bolsillo.