De acuerdo con cifras de la firma privada TomTom, consolidadas en lo que va del 2026 al 3 de agosto de 2026, Lima se mantiene entre las capitales latinoamericanas con menor velocidad de circulación vehicular. Así, durante los días laborables, en la hora punta matinal (8:00 a.m.), la velocidad promedio de desplazamiento en la capital peruana se situó en 14.74 km/h, la más baja si se compara con otras capitales como Ciudad de México (17.82 km/h), Bogotá (16.57 km/h) y Santiago de Chile (18.72 km/h). Dentro del territorio nacional, la velocidad promedio en Arequipa fue de 16.13 km/h y en Trujillo, de 16.99 km/h, ambas por encima del registro limeño.

El patrón se repite, incluso de forma más acentuada, durante la hora punta nocturna (6:00 p.m.). En Lima, la velocidad promedio cayó a 12.62 km/h, cifra sensiblemente inferior a la de Ciudad de México (14.80 km/h), Bogotá (13.84 km/h) y Santiago de Chile (16.22 km/h). En el ámbito nacional, Arequipa registró 14.11 km/h y Trujillo, 14.05 km/h. Cabe precisar que es en este horario en el que Lima anotó su menor velocidad en el año, al registrar 11.3 km/h. La brecha entre la velocidad matinal y la nocturna sugiere una acumulación progresiva de congestión a lo largo de la jornada, consistente con una red vial que opera cerca de su punto de saturación durante buena parte del día.

El nivel de lentitud del tránsito limeño no constituye un fenómeno aislado. En 2025, Lima ocupó la segunda posición entre las ciudades con menor velocidad de circulación de América Latina, únicamente superada por Barranquilla, y se ubicó entre las cinco más lentas del mundo. La edición 2025 del TomTom Traffic Index (la decimoquinta de este estudio, elaborada a partir de más de 3.65 billones de kilómetros de viajes registrados en 500 ciudades de 62 países) confirmó y profundizó esta tendencia, ya que Lima fue identificada como la ciudad con mayor cantidad de horas perdidas en el tráfico a nivel mundial, con cerca de 188 horas anuales por conductor, por delante de Dublín, Ciudad de México y Bucarest.

Asimismo, la congestión vehicular limeña también genera un costo económico importante. El Banco Central (BCRP) estimó en el 2024 que el costo anual de la congestión del tránsito en Lima asciende a alrededor de 2.4% del PBI nacional, cifra que se descompone en dos componentes: el gasto adicional en combustible durante las horas de congestión (aproximadamente 0.4% del PBI, equivalente a S/ 3,300 millones al año) y el valor económico de las horas de trabajo perdidas por los desplazamientos congestionados (alrededor de S/ 20,000 millones).

Estas estimaciones se encuentran en línea con los resultados de otras publicaciones que también calcular el costo de la congestión vehicular. Por ejemplo, Calatayud et al. (2021)[1] encontraron que las pérdidas económicas asociadas a la congestión en ciudades de América Latina y el Caribe oscilan entre 0.5% y 1.1% del PBI, con un estimado específico de 0.7% del PBI para Lima en 2019; mientras que Gómez-Lobo et al. (2022)[2] calcularon que una reducción de apenas 5% en el exceso de tiempo de viaje, respecto de condiciones de tráfico libre, podría elevar la productividad en 0.5% del PBI en trece ciudades latinoamericanas. El propio BCRP documentó que la densidad vehicular por kilómetro de red vial en Lima pasó de 1,113 vehículos en 2015 a 1,387 en 2023, lo que da cuenta del desfase entre el crecimiento del parque automotor y la expansión de la infraestructura vial.

La persistencia de este problema responde a un conjunto de factores estructurales que ya hemos señalado en diversas oportunidades, y que continúan vigentes: 

• Un diseño vial deficiente y una planificación urbana ineficaz, que no ha acompañado el crecimiento del parque automotor.
• Un sistema de semáforos que, en su mayoría, no está adecuadamente sincronizado ni responde de forma adaptativa a los flujos reales de tránsito.
• Una limitada conexión entre las rutas de transporte público, que obliga a los usuarios a realizar transbordos poco eficientes y desincentiva el uso del sistema formal.
• La prevalencia de la informalidad en el transporte público, particularmente en el servicio de combis, custers y colectivos, que compite de forma desordenada por el espacio vial.
• Un parque vehicular antiguo y desfasado, sumado a un sistema de revisiones técnicas vehiculares poco riguroso, que favorece la circulación de unidades en mal estado y con mayor propensión a malograrse en plena vía.

La combinación de estos factores explica que la circulación vehicular en Lima sea, simultáneamente, lenta, desordenada y vulnerable a interrupciones frecuentes por averías mecánicas, lo que a su vez retroalimenta la congestión en las principales vías arteriales de la ciudad.

En ese sentido, resulta urgente que las autoridades enfoquen sus esfuerzos en un conjunto de medidas con evidencia de efectividad en otras ciudades de la región, entre las que destacan: la implementación de semáforos inteligentes, adaptativos y adecuadamente sincronizados, que respondan en tiempo real a los flujos vehiculares; el reordenamiento de las rutas de transporte público y de los paraderos, extendiéndolos a la totalidad de la red y no solo a los corredores complementarios existentes; la implementación de una política de chatarreo, con incentivos para la renovación de flota bajo altos estándares medioambientales y de seguridad; la ampliación de los sistemas de transporte de tipo BRT (Bus Rapid Transit), como el Metropolitano, junto con las rutas alimentadoras y los corredores complementarios, acompañada de mejoras en seguridad, comodidad y acceso; una mayor fiscalización que asegure el cumplimiento de las normas de tránsito, en particular en los tramos donde persiste la invasión de carriles exclusivos por vehículos informales; el combate a la informalidad del transporte público, junto con políticas que faciliten su transición ordenada hacia la formalidad; el reordenamiento del transporte público de tramos cortos, ofrecido principalmente por mototaxis, particularmente en zonas periféricas de la ciudad; el mejoramiento del sistema de inspecciones técnicas vehiculares, que garantice revisiones rigurosas y reduzca la circulación de unidades en mal estado.

La evidencia internacional respalda la eficacia de este tipo de medidas. La experiencia de ciudades como Bogotá y Santiago de Chile, que pese a enfrentar también niveles significativos de congestión, registran velocidades promedio superiores a las de Lima, muestra que la inversión sostenida en sistemas BRT, la integración tarifaria y la fiscalización electrónica del transporte informal pueden atenuar, aunque no eliminar, el deterioro de la velocidad de circulación. En ausencia de una estrategia igualmente sostenida en Lima, y considerando que las obras de infraestructura vial anunciadas hasta el momento no necesariamente alivian el problema de fondo, o solo lo hacen en el corto plazo, resulta probable que la situación se agrave en los próximos años.

Las cifras revisadas en el presente informe confirman que la baja velocidad de circulación en Lima no es un episodio coyuntural, sino la manifestación más reciente de un problema estructural que, según el TomTom Traffic Index 2025, convirtió a la capital peruana en una de las ciudades más congestionada del mundo en términos de velocidad promedio de circulación así como de horas perdidas por conductor. Este fenómeno tiene un claro impacto económico significativo, estimado tanto por el BCRP como por otras entidades e investigadores, con efectos que se extienden más allá de la incomodidad cotidiana de los usuarios, ya que afectan la productividad agregada, la competitividad logística y la seguridad vial del país. Revertir esta tendencia exige superar el enfoque de intervenciones puntuales y avanzar hacia una política de movilidad urbana integral, sostenida en el tiempo y con metas verificables de reducción de la congestión. 

[1] Calatayud, A., Palacín, R., Mangan, J., Jackson, E. y Ruiz-Rúa, A. (2021). Cost of Urban Freight Congestion in Latin American and Caribbean Cities. Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

[2] Gómez-Lobo, A. et al. (2022). Estimaciones de productividad asociadas a la reducción del exceso de tiempo de viaje en ciudades latinoamericanas.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) puso en funcionamiento la Plataforma Digital de Subsidio Nacional (PDS), herramienta diseñada para que los transportistas de pasajeros y de carga de todo el país puedan presentar sus solicitudes y acceder al subsidio económico otorgado por el Gobierno.

La plataforma se encuentra en una etapa de marcha blanca que se extenderá hasta el 9 de agosto, con el objetivo de atender de manera oportuna cualquier incidencia relacionada con su funcionamiento. No obstante, el registro de solicitudes está habilitado desde el 30 de julio y permanecerá disponible hasta el 30 de septiembre de 2026.

Los interesados pueden ingresar a la PDS, crear un usuario y una contraseña, y luego registrar su Código de Cuenta Interbancaria (CCI). Asimismo, deberán verificar que su Registro Único de Contribuyentes (RUC), así como las autorizaciones y habilitaciones vehiculares, se encuentren vigentes, información que es validada con los datos proporcionados por las entidades competentes.

Como parte del proceso, los transportistas deberán registrar los comprobantes de pago electrónicos correspondientes a la compra de combustibles elegibles realizada entre el 29 de mayo y el 29 de julio de este año.

Los comprobantes deberán consignar la placa del vehículo, el tipo de combustible, el volumen adquirido y la ubicación del establecimiento donde se efectuó la compra.

Tras completar el registro, el solicitante deberá confirmar la veracidad de la información y enviar su solicitud. En caso de detectar algún error, podrá efectuar una única modificación dentro de los cinco días posteriores a la presentación.

Para resolver consultas o reportar inconvenientes con la plataforma, la ATU ha habilitado una mesa de ayuda mediante el correo electrónico sstr1112@atu.gob.pe y el WhatsApp +51 986 747 178.

Con la implementación de esta plataforma, la ATU busca facilitar el acceso al subsidio económico y contribuir a la continuidad de los servicios de transporte terrestre de pasajeros y mercancías en todo el país.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) reforzó su lucha contra el transporte informal con un nuevo proceso de chatarreo obligatorio, mediante el cual fueron destruidas unidades que prestaban servicio de manera ilegal y acumulaban cuantiosas multas. Entre enero y julio de 2026, la entidad ha retirado definitivamente de circulación 181 vehículos, evitando que vuelvan a operar de forma irregular.

Entre las unidades destruidas figura la coaster de placa Y1O-714, con 39 años de antigüedad, intervenida el pasado 8 de abril en la cuadra 9 de la avenida Alfonso Ugarte cuando cubría una ruta informal entre Ancón y el Cercado de Lima. El vehículo, conocido como uno de los llamados «anconeros», registraba 23 infracciones que sumaban más de S/187 000 en multas.

Asimismo, la ATU dispuso el chatarreo de la coaster de placa W2I-767, intervenida el 25 de marzo en la avenida Próceres de la Independencia, en San Juan de Lurigancho. La unidad, con 37 años de servicio, acumulaba 24 multas por un monto superior a S/176 000.

Otro de los vehículos destruidos fue la combi de placa Z3H-084, intervenida el 13 de marzo en Santiago de Surco. Con 37 años de antigüedad, registraba 33 multas que ascendían a S/324 500. Además, el conductor no contaba con licencia de conducir y realizaba recorridos informales entre San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Surco.

Con este nuevo operativo, la ATU superó los 800 vehículos chatarreados desde el inicio de sus operaciones, como parte de su estrategia para retirar de manera permanente unidades informales que representan un riesgo para la seguridad de pasajeros y conductores.

La entidad explicó que el proceso de chatarreo se desarrolla conforme a la normativa vigente. Para ello, identifica los vehículos internados en depósitos con más de 15 años de antigüedad, verifica que no hayan sido reclamados dentro de los plazos establecidos y realiza el saneamiento legal, registral, judicial y policial correspondiente.

Tras ser declaradas en abandono, las unidades son destruidas y se emite el respectivo Certificado de Destrucción Vehicular, documento que garantiza que estos vehículos no volverán a circular.

La ATU reiteró que el chatarreo obligatorio es una medida fundamental para fortalecer la fiscalización del transporte urbano, retirar vehículos inseguros de las vías y combatir la informalidad, contribuyendo así a mejorar la seguridad y el orden en el servicio de transporte público.