El experto internacional peruano Carlo Renato De Los Santos analizó el rol del Estado frente a la pobreza energética y destacó al GLP como una opción costo-eficiente para ampliar el acceso a energía en poblaciones vulnerables.

En el marco del 8.º Congreso Internacional del GLP, realizado en el Club El Nogal de Bogotá, el experto internacional peruano Carlo Renato De Los Santos abordó la problemática de la pobreza energética en América Latina y su impacto sobre el desarrollo humano, destacando la necesidad de una intervención articulada entre el Estado y el sector privado.

Durante su exposición, De Los Santos explicó que la pobreza energética es un fenómeno multidimensional que trasciende el acceso a un energético y tiene efectos directos sobre las condiciones de vida, la salud, el desarrollo económico y la productividad de las poblaciones más vulnerables.

GLP presenta mayor costo-eficiencia

Uno de los aspectos centrales de su análisis fue la diferencia en los costos de acceso entre el GLP y el gas natural por redes. Según los datos presentados, conectar a una familia mediante cilindros de GLP representa un costo aproximado de US$295, incluido el consumo anual, mientras que una conexión a una red de gas natural demanda alrededor de US$976.

Esta diferencia, sostuvo, convierte al GLP en una alternativa que permite ampliar la cobertura energética de manera más rápida y con menores requerimientos de inversión, particularmente en zonas donde la infraestructura de redes todavía no está disponible.

Impactos sociales y ambientales

El especialista también destacó los beneficios asociados a la transición del uso de leña hacia el GLP. Además de contribuir a detener la deforestación, este cambio permite reducir la exposición al humo y, con ello, la morbilidad asociada a enfermedades respiratorias.

Otro impacto relevante se produce sobre el tiempo destinado por las mujeres rurales a las labores domésticas. De acuerdo con los datos expuestos, el acceso a GLP puede representar un ahorro de entre tres y cuatro horas diarias de trabajo no remunerado, liberando tiempo para actividades productivas, educativas o de cuidado.

En el caso colombiano, De Los Santos señaló que reducir la pobreza energética podría generar un ahorro estimado de US$13.877 millones, cifra que evidencia el impacto económico que puede tener una política efectiva de acceso a energía moderna.

Focalización y articulación público-privada

Frente a este escenario, el experto planteó que las políticas para combatir la pobreza energética deben sustentarse en una adecuada focalización de los recursos, de modo que los beneficios lleguen efectivamente a las poblaciones que más los necesitan.

“Reducir la pobreza energética requiere una adecuada focalización y, sobre todo, un trabajo articulado entre el Estado y el sector privado”, sostuvo.

De Los Santos remarcó que el GLP constituye una alternativa accesible, eficiente y de rápida implementación, capaz de contribuir a mejorar la calidad de vida de los sectores vulnerables y avanzar en la reducción de las brechas de acceso energético en América Latina.

Este fue el mensaje central que dejó la conferencia del director del gremio mundial del GLP, que participó en el 8° Congreso Internacional del GLP – GASNOVA “Energía en crecimiento”.

Durante el desarrollo de la segunda jornada del 8° Congreso Internacional del GLP organizado por GASNOVA, James Rockall, CEO de la World LPG Association (WLGA), enfatizó que un marco regulatorio basado en la libre empresa, un precio funcional y una competencia real son los motores esenciales en cualquier país para transformar y garantizar el suministro de Gas Licuado del Petróleo (GLP) a los sectores residencial, comercial e industrial.

En su conferencia «Haciendo que los mercados del GLP sean funcionales», Rockall señaló que las políticas públicas deben enfocarse en un diseño de mercado que asegure que el sector privado tenga las reglas adecuadas para invertir y para operar de manera eficiente.

El líder gremial internacional desmitificó la efectividad de los subsidios universales, argumentando que un precio artificialmente bajo suprime las decisiones de inversión privada en todos los eslabones de la cadena de suministro, desde la producción e importación hasta el llenado y transporte. «Un precio que es demasiado bajo para sostener el suministro es inalcanzable si el cilindro no está disponible», sentenció Rockall, explicando que la voluntad operativa de la industria desaparece cuando el margen de retorno es inviable, lo que termina perjudicando directamente al consumidor final. Debe subsidiarse directamente a los usuarios que realmente lo necesitan y no al producto.

La evidencia internacional compartida por la WLGA, respaldada por estudios del Banco Mundial, demuestra que los subsidios universales a todos los usuarios suelen ser capturados desproporcionadamente por usuarios comerciales o familias de mayores ingresos, abriendo la puerta al contrabando, la escasez y el mercado negro. Como referente en América Latina, Rockall destacó la evolución regulatoria de Brasil, que tras enfrentar el peso fiscal de subsidios universales insostenibles, implementó el programa «Gas do Povo». Este modelo es un caso de éxito al focalizar el apoyo estatal de manera directa y exclusivamente en los hogares vulnerables, separando efectivamente la política de acceso social, de la política de fijación de precios.

Al analizar el panorama energético colombiano, el CEO de la WLGA comentó que el país cuenta con un mercado en gran medida libre y funcional que no requiere intervenciones disruptivas. Destacó que, si bien Ecopetrol ha tenido  su precio de venta regulado, hoy solo suple el 30% – 40% de la demanda. El volumen restante proviene de importaciones a precios de mercado que fomentan un ecosistema altamente competitivo. Es en este eslabón donde las empresas han asumido un rol logístico y comercial protagónico, que garantiza el acceso en el 98% del territorio colombiano.

El marco regulatorio ideal, según la visión global de la WLGA, requiere una regulación activa pero objetiva que apunte a resultados concretos: seguridad en el manejo del producto, fomento legal de la libre competencia, y protección a los usuarios a través de estándares predecibles. Proteger a las personas, no distorsionar los precios, es el pilar para que el GLP mantenga su condición de asequibilidad, seguridad y sostenibilidad en el tiempo.

Finalmente, Rockall invitó a la industria latinoamericana de GLP a actuar ahora y seguir uniendo esfuerzos de manera articulada para construir resiliencia frente a la incertidumbre global. Estos debates regulatorios y operativos sobre seguridad y suministro continuarán marcando la agenda mundial del sector durante la Liquid Gas Week, cumbre que se celebrará en Estambul del 12 al 16 de octubre de 2026.

La Experta Comisionada de la CREG, Angela Álvarez, participó con la conferencia “Asuntos regulatorios del GLP en Colombia” en la primera jornada del 8° Congreso Internacional del GLP – GASNOVA, el 19 de agosto en el Club El Nogal.

Bogotá, 19 de agosto de 2026.— El Gas Licuado de Petróleo (GLP) está llamado a ampliar su participación en la transición energética de Colombia, no solo como combustible para los sectores residencial o el industrial, sino también en movilidad y atención de las necesidades energéticas de zonas no interconectadas. Así lo planteó Ángela Patricia Álvarez Gutiérrez, Experta Comisionada de la CREG, durante la agenda académica del 8º Congreso Internacional del GLP “GLP, energía en crecimiento”, organizado por GASNOVA.

Uno de los principales retos identificados es garantizar el abastecimiento del energético. Según Álvarez, actualmente cerca del 46% del GLP corresponde a producción nacional y el resto es importado, lo que plantea la necesidad de fortalecer la infraestructura y contar con mayores capacidades de almacenamiento estratégico. También señaló la importancia de evaluar nuevas alternativas de importación, particularmente desde el Pacífico, para reducir vulnerabilidades logísticas y facilitar el suministro hacia el sur del país.

En materia regulatoria, la CREG avanza en un sandbox regulatorio para la intercambiabilidad de cilindros entre empresas, cuya regulación inicial fue expedida recientemente. El piloto tendrá una duración de seis meses y contempla la definición de regiones, selección de participantes y un esquema que permitirá a las empresas vinculadas movilizar cilindros entre distintas zonas del país.

Álvarez también destacó una nueva oportunidad para el GLP en la generación de energía en zonas no interconectadas, donde actualmente el diésel tiene un papel predominante. La propuesta de la CREG evalúa al GLP como combustible complementario de fuentes como la solar, eólica, hidroeléctrica y, cuando sea posible, geotérmica, para avanzar en el reemplazo progresivo de la generación basada en diésel.

La movilidad constituye otro frente de expansión. La Comisionada puso como referencia el caso de NautiGLP, iniciativa que demuestra el potencial del energético para reducir la contaminación en cuerpos de agua y que contempla el uso de GLP en 59 embarcaciones. Para la CREG, este tipo de experiencias abre la posibilidad de ampliar el uso del energético en otros mercados del país.

En los hogares, el desafío sigue siendo significativo: más de 1,6 millones de hogares colombianos aún utilizan leña para cocinar, una práctica que tiene impactos ambientales y sobre la salud. En este contexto, la CREG también incorpora el GLP por redes dentro de la nueva regulación, con el propósito de ampliar las alternativas de suministro y facilitar su llegada a los hogares.

La Experta Comisionada hizo finalmente un llamado a articular regulación, política pública y sector privado para ampliar los usos del GLP y consolidarlo como una alternativa fortalecida dentro de la transición energética. “La necesidad de ampliar los servicios y utilización del GLP nos da la pauta, nosotros regulamos y con ustedes construimos un mejor país”, afirmó Álvarez.