Notas de Prensa
4 acciones que las instituciones de gobierno y los empleados públicos pueden realizar para facilitar la implementación de la IA en el estado

El diálogo social, la participación sindical y la mediación pueden ayudar a prevenir conflictos y construir acuerdos durante la transformación tecnológica del sector público.
● Entre las acciones están establecer los objetivos, medir los riesgos de la IA y concertar la capacitación.
● El Reglamento de la Ley N.º 31814 inicia su primera etapa de aplicación y establece pautas para el uso seguro, responsable y ético de la IA en el Estado.
● La OIT destaca que el diálogo social puede lograr que la IA complemente las capacidades de los trabajadores sin tener que reemplazarlas.
La primera etapa de la aplicación del Reglamento de la Ley N.º 31814, que promueve el uso de la inteligencia artificial en favor del desarrollo económico y social del país, ha iniciado este mes, y se espera que la implementación de la IA en el sector público contribuya con su eficiencia operativa. Sin embargo, para lograr resultados eficientes y sostenibles en el tiempo, es muy importante que el Estado emplee el diálogo social con sus trabajadores.
“El diálogo social promueve la paz en el entorno de trabajo y asegura la productividad, porque se trata de un proceso de comunicación y negociación entre los actores del ecosistema laboral, en este caso, las instituciones de Gobierno y sus trabajadores a través de sus representantes y organizaciones”, explica Carlos Carrión Crespo, Juris Doctor, especialista en mediación laboral y exoficial en servicios públicos en la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El estudio Global case studies of social dialogue on AI and algorithmic management, publicado por la OIT en 2025, analizó experiencias de diálogo social sobre inteligencia artificial y gestión algorítmica en distintas regiones del mundo, y se encontraron casos de participación de sindicatos en asuntos relacionados con empleo, competencias y condiciones laborales, en los cuales destacó el potencial del diálogo social para lograr que la IA complemente las capacidades de los trabajadores en lugar de limitarse a reemplazarlas.
El experto destaca cuatro formas de participación de los trabajadores y sus líderes para garantizar la adecuada implementación en el aparato estatal. Primero, es recomendable que la transformación tecnológica sea abordada como un proceso de construcción de acuerdos. Es decir, antes de implementar un sistema de IA, las entidades públicas tendrán que explicar qué objetivos persigue, qué funciones podrían cambiar, qué información será procesada y qué necesitarán los trabajadores. Es aquí donde el diálogo social adquiere especial importancia, con la participación de autoridades, trabajadores y organizaciones sindicales.
“En segundo lugar, los sindicatos pueden ayudar a identificar riesgos, resaltar alternativas y recoger las preocupaciones de los trabajadores sobre la IA. Su participación no tiene por qué representar una oposición a la innovación; sino que puede ayudar a que esta se desarrolle de manera ordenada y sostenible. Además, son ellos los que conocen los procedimientos y dificultades de sus actividades. Incorporar su experiencia permitirá detectar problemas que no siempre son visibles desde una perspectiva exclusivamente técnica”, agrega Carrión Crespo.
Por ejemplo, el Reglamento, en el artículo 14.2, considera que los sistemas de inteligencia artificial utilizados en procesos de selección, evaluación, contratación o cese de trabajadores y postulantes presentan un alto riesgo. Se establece que, en estos casos, se necesitan mayores exigencias y mecanismos de supervisión humana. Esta protección es importante porque una decisión que afecta la trayectoria laboral de una persona no debe ser tomada exclusivamente por un sistema automatizado. La IA puede apoyar en una decisión, pero siempre debe existir una instancia humana capaz de detectar posibles errores o sesgos y considerar todas las circunstancias particulares de cada caso.
En tercer lugar, los trabajadores deben defender su derecho a solicitar revisiones sobre las decisiones apoyadas por inteligencia artificial, si es que las encuentran incorrectas o injustas. Esta tecnología puede identificar patrones fácilmente, pero son las personas las que tienen el criterio de entender lo que está ocurriendo y discernir entre la información. “Si alguien está supervisando a la IA significa que hay espacio para iniciar el diálogo y la mediación”, señala el especialista.
Finalmente, otro elemento fundamental es la capacitación, porque la automatización de determinadas tareas no debería llevar directamente a considerar el desplazamiento de trabajadores. Las entidades pueden identificar las nuevas competencias necesarias y preparar a su personal para establecer procedimientos para revisar decisiones automatizadas de la IA, utilizarla, supervisarla y evaluar sus herramientas. Incluso, la propia Regulación contempla el fortalecimiento de las capacidades y habilidades digitales del personal. De esta manera, la tecnología acompaña al trabajador y le ayuda a desarrollar nuevas funciones, pero no se convierte en su sustituto.
Carrión Crespo indica que modernizar el Estado no significa desplazar a las personas, sino brindarles mejores herramientas. Si la transformación se desarrolla con participación, capacitación y respeto, la IA puede convertirse en un factor de progreso, pero si se implementa sin escuchar ni preparar a los trabajadores, esta oportunidad puede convertirse innecesariamente en una fuente de conflicto.
“Una implementación deficiente de estos sistemas puede generar desconfianza y conflictos laborales. Si los trabajadores perciben que la inteligencia artificial será utilizada sólo para vigilar, evaluar o reducir los puestos de trabajo, se deteriorará el clima laboral. La IA puede contribuir a un Estado más eficiente y también representar una gran oportunidad para fortalecer una cultura institucional basada en la confianza y la participación. El diálogo social es el puente entre la innovación y la protección de los derechos del trabajador, y el mejor momento para dialogar no es después de que aparezca el conflicto sino antes”, concluye.
Notas de Prensa
Cierre tributario: 5 puntos que las empresas deberían revisar para evitar inconsistencias ante SUNAT

Facturas electrónicas, ventas, compras, gastos y registros contables son algunos de los aspectos que las empresas deberían contrastar antes del cierre del ejercicio para detectar diferencias y reducir contingencias tributarias.
Antes de cerrar el ejercicio, las empresas tienen una última oportunidad para detectar diferencias entre sus operaciones, comprobantes electrónicos y registros contables. Una factura pendiente de registrar, una nota de crédito que no fue considerada o un gasto sin documentación suficiente pueden generar inconsistencias que requieran regularización posterior.
La revisión cobra especial importancia a medida que la información tributaria se encuentra cada vez más digitalizada. Para las empresas, esto implica no solo cumplir con la emisión y registro de sus operaciones, sino también mantener consistencia entre la información comercial, contable y documental que sustenta sus actividades. “El cierre de año permite hacer algo que durante la operación cotidiana suele postergarse: mirar la información de manera integral. Cuando una empresa contrasta lo que vendió, compró y gastó con lo que efectivamente registró, puede encontrar diferencias que de otro modo podrían pasar desapercibidas”, señala Rigoberto Caballero, country manager de Defontana Perú.
En ese sentido, el experto de Defontana Perú, menciona cinco puntos que las empresas deberían revisar antes de cerrar el año:
1. Facturas electrónicas emitidas y recibidas. El primer paso es verificar que los comprobantes correspondan a las operaciones realizadas durante el año. Esto incluye revisar facturas, notas de crédito, notas de débito y anulaciones para detectar documentos pendientes, diferencias o regularizaciones. También es importante comprobar que todas las ventas hayan sido correctamente facturadas y que las facturas recibidas estén debidamente registradas.
2. Ventas, compras y registros contables. Las empresas deberían contrastar sus ventas y compras con los registros contables para verificar que los comprobantes y montos coincidan. Este control cobra especial relevancia con el SIRE, que genera propuestas del Registro de Ventas e Ingresos y del Registro de Compras a partir de los comprobantes electrónicos, las cuales deben ser revisadas y, de ser necesario, complementadas o reemplazadas por el contribuyente.
“La automatización facilita el procesamiento de la información, pero su valor está en permitir detectar diferencias y hacer seguimiento a su regularización. La trazabilidad debe ser parte del control cotidiano, no solo del cierre”, explica Caballero. Contar con información integrada de ventas, compras y contabilidad facilita este cruce y reduce la necesidad de consolidar datos de distintos archivos o sistemas.
3. Compras y gastos pendientes de registrar. Antes del cierre también es conveniente identificar facturas recibidas que todavía no hayan sido registradas, gastos pendientes de contabilización u operaciones que requieran algún ajuste. La revisión debería considerar especialmente las operaciones de los últimos meses del año, cuando pueden acumularse documentos que todavía se encuentran en proceso de aprobación, registro o conciliación. Detectar estos pendientes permite determinar qué operaciones corresponden al ejercicio que termina y cuáles requieren una acción antes de iniciar el siguiente periodo.
4. Documentación que sustenta las operaciones. Las empresas deberían verificar que sus principales operaciones cuenten con documentación que acredite su origen y sustento, como órdenes de compra, contratos, comprobantes o constancias de pago. Mantener estos documentos organizados facilita la trazabilidad y permite responder con mayor rapidez ante una eventual consulta o requerimiento de SUNAT, que contempla obligaciones relacionadas con la conservación de libros, registros y documentación sustentatoria.
5. Diferencias detectadas y responsables de regularización. Toda diferencia identificada debería quedar registrada, con un responsable y una acción definida para su regularización. Así se evita que los pendientes queden sin seguimiento o pasen al siguiente ejercicio. “Encontrar una diferencia no es necesariamente el problema; lo importante es detectarla a tiempo y saber quién debe resolverla. El cierre debería terminar con pendientes claros, responsables y fechas de atención”, sostiene Caballero.
En este proceso, contar con información integrada de facturación, ventas, compras y contabilidad facilita el seguimiento y reduce la dependencia de archivos dispersos. De esta manera, el cierre puede convertirse en una instancia preventiva para fortalecer el control de la información antes de iniciar un nuevo ejercicio.
Notas de Prensa
Descarbonización empresarial: cinco decisiones para priorizar inversiones en 2027

· Identificar las principales fuentes de emisiones y evaluar la viabilidad de cada proyecto permite convertir los compromisos ambientales en acciones con presupuesto y resultados medibles.
En junio de este año, el Ministerio del Ambiente informó que 1.750 organizaciones públicas y privadas habían medido su huella de carbono mediante la plataforma Huella de Carbono Perú y que 142 habían reducido sus emisiones. Estas cifras corresponden a diferentes etapas de gestión y plantean un desafío para las empresas: utilizar la información sobre su impacto ambiental para definir acciones concretas de reducción.
La preparación de los presupuestos de 2027 abre una oportunidad para incorporar esas acciones a la planificación del negocio. Para hacerlo, es necesario identificar qué procesos generan más emisiones, qué mejoras pueden implementarse y cuáles requieren inversiones que deben programarse con anticipación.
“Un plan de descarbonización debe ayudar a decidir dónde invertir primero. Cada proyecto necesita una evaluación de su potencial de reducción de emisiones, sus costos y las condiciones que requiere para funcionar. Esto permite establecer prioridades que respondan tanto a los objetivos ambientales como a las necesidades de la operación”, señala César de Armero Dubois, Country Manager de Schneider Electric para Perú y Bolivia.
Para orientar esta planificación, Schneider Electric propone considerar cinco decisiones:
· Identificar dónde se generan las principales emisiones. Elaborar un inventario permite reconocer el impacto de los combustibles utilizados, la electricidad adquirida y las actividades relevantes de la cadena de valor. Definir un año base y reunir datos consistentes ayuda a concentrar los esfuerzos en las fuentes más significativas y establecer un punto de referencia para evaluar los avances.
· Evaluar qué procesos pueden electrificarse. Revisar los equipos que utilizan combustibles permite identificar dónde podrían incorporarse alternativas eléctricas. Antes de decidir, se debe analizar la capacidad de la infraestructura, la eficiencia de los equipos, los costos de operación y las condiciones de instalación. La reducción de emisiones dependerá también de las características de la electricidad que los abastezca.
· Revisar las opciones de energía renovable. Cada empresa puede evaluar alternativas de generación en sus instalaciones o de adquisición de electricidad renovable, según su consumo y las condiciones disponibles. Además del costo, es necesario revisar las condiciones contractuales y la documentación que acredita su origen. La contabilización de sus beneficios ambientales debe seguir criterios que eviten atribuir el mismo beneficio a más de un consumidor.
· Ordenar las inversiones según su impacto y viabilidad. Comparar la inversión inicial, los costos de mantenimiento, los ahorros estimados y la reducción esperada de emisiones ayuda a seleccionar los proyectos. También conviene identificar mejoras de eficiencia en los equipos existentes y aprovechar las paradas de mantenimiento para
ejecutar intervenciones. La programación debe considerar las necesidades de continuidad operativa y los recursos disponibles.
· Definir responsables, plazos e indicadores. Cada iniciativa necesita un responsable, presupuesto y un cronograma de ejecución. Para medir sus resultados, conviene revisar las emisiones totales y, cuando corresponda, las emisiones por unidad producida. Esto ayuda a distinguir una mejora de eficiencia de una reducción asociada a una menor actividad. Utilizar criterios consistentes permite comparar los resultados a lo largo del tiempo.
La planificación debe traducirse en una cartera de proyectos con prioridades y recursos definidos. Involucrar desde el inicio a las áreas de operaciones, mantenimiento, finanzas y sostenibilidad permite evaluar las decisiones de manera conjunta y dar seguimiento a su ejecución durante 2027.
Notas de Prensa
Fenómeno El Niño: Lima y el norte concentran el 92,8% de la deuda expuesta a zonas de amenaza crítica por inundaciones

- Un análisis de Equifax identifica diferencias en la concentración de deuda y usuarios expuestos entre ambas zonas
- En el norte, uno de cada cuatro usuarios bancarizados reside en áreas de amenaza crítica
Lima y el norte del Perú concentran el 92,8% de la deuda ubicada en zonas de amenaza muy alta e inminente ante posibles inundaciones asociadas al Fenómeno El Niño. Así lo revela un análisis geoespacial de Equifax – Infocorp, que identifica diferencias en la distribución de las obligaciones financieras y los usuarios expuestos entre ambas zonas.
Para desarrollar el estudio, Equifax combinó información hidrológica, topográfica e histórica con datos de ubicación residencial y del Reporte de Crédito Consolidado (RCC). Bajo un escenario climático extraordinario, el análisis identificó que más del 11% de la deuda total evaluada y más del 13% de los usuarios crediticios de los departamentos estudiados se encuentran en zonas de amenaza crítica.
“Una cartera crediticia puede mostrar un buen comportamiento de pago y, aun así, estar expuesta a riesgos que no se reflejan en el historial de sus clientes. Al incorporar información geográfica al análisis financiero, podemos identificar dónde una emergencia climática podría afectar simultáneamente a personas y negocios. Contar con esa perspectiva permite anticipar decisiones y evaluar medidas para proteger la continuidad de las operaciones”, explicó Carolina Arias, gerente de Data & Analítica de Equifax – Infocorp.
Lima concentra el 62,2% de la deuda expuesta
Lima reúne el 62,2% del monto total de deuda expuesta a niveles de amenaza muy alta e inminente en las zonas costeras evaluadas por Equifax. Asimismo, concentra el 49,3% de las personas identificadas en el análisis crediticio y el 46,9% de los productos financieros registrados en estas mismas áreas. Esto muestra que su participación en el monto de deuda expuesta es mayor que en el número de usuarios.
En el norte, integrado por Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Áncash, la relación es inversa. Esta zona concentra el 30,6% de la deuda expuesta y el 38,5% de las personas identificadas en áreas críticas. Así, mientras Lima tiene un mayor peso en el monto de deuda, en el norte la participación de usuarios supera su proporción de la cartera expuesta.
Además, uno de cada cuatro usuarios bancarizados del norte (25,2%) reside en zonas de amenaza muy alta o inminente por inundaciones. Este indicador resulta relevante para las entidades financieras y microfinancieras con presencia en la región, ya que una eventual emergencia podría afectar los ingresos de parte de esta población y generar dificultades de pago entre quienes mantienen obligaciones crediticias.
Por su parte, el sur concentra el 7,2% del monto de deuda expuesta y el 12,2% de las personas identificadas en las categorías de mayor amenaza.
“Los resultados muestran diferencias importantes en la exposición financiera de cada zona. En Lima se concentra una mayor proporción del monto de deuda, mientras que en el norte destaca la cantidad de usuarios ubicados en áreas críticas en relación con su participación en la cartera expuesta. Para las entidades financieras, esta información permite distinguir dónde se concentran los mayores montos de deuda y dónde podría ser necesario reforzar el seguimiento de los clientes ante una emergencia”, añadió Carolina Arias.
Lima registra la mayor proporción de territorio bajo amenaza crítica
El análisis territorial de Equifax revela que el 6,70% de la superficie evaluada de Lima se encuentra en niveles de amenaza muy alta e inminente por inundaciones. De esta proporción, 5,09 puntos porcentuales corresponden al nivel de mayor severidad. En el norte, las áreas clasificadas en ambas categorías representan el 5,24% del territorio analizado, mientras que en el sur alcanzan el 1,66%.
La magnitud de una posible afectación económica dependerá de la concentración de viviendas, negocios e infraestructura en las áreas identificadas, más allá de la proporción de territorio que representan. Una inundación podría afectar establecimientos, interrumpir rutas de abastecimiento o paralizar las operaciones de proveedores y clientes, incluso cuando no toda una región resulte afectada.
Para las entidades financieras, identificar estas áreas permite conocer dónde se concentran los clientes y activos expuestos, complementar sus evaluaciones crediticias y priorizar acciones preventivas.
Más de 1,6 millones de adultos viven en zonas de amenaza crítica
El estudio identifica a 1.620.777 personas mayores de edad que residen en zonas de amenaza muy alta e inminente por inundaciones, de las cuales el 61% está bancarizado.
Lima concentra el 53% de los adultos expuestos, seguida del norte con el 36% y del sur con el 11%. En el norte, Lambayeque y Piura registran los mayores volúmenes de población en áreas críticas, mientras que Ica destaca en el sur.
Una eventual inundación podría afectar viviendas, negocios y fuentes de empleo, reduciendo temporalmente los ingresos de los hogares y su capacidad para cumplir con sus obligaciones financieras. Sin embargo, la exposición a una amenaza no implica necesariamente un incremento de la morosidad, pues el impacto dependerá de los daños efectivos y de la situación económica de cada deudor.
El efecto en cadena de una emergencia climática
Una inundación puede afectar establecimientos y centros de distribución, interrumpir rutas de abastecimiento y comprometer las operaciones de proveedores y clientes, incluso cuando las instalaciones principales de una compañía no resulten dañadas.
Estas interrupciones pueden extender sus consecuencias a empresas ubicadas fuera de las áreas directamente afectadas, especialmente cuando dependen de proveedores, rutas de transporte o mercados regionales vulnerables. Identificar estas relaciones y evaluar alternativas de abastecimiento permite preparar medidas de contingencia y reducir la exposición operativa ante posibles emergencias climáticas.
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