Durante el panel “Mercado de GLP en el Perú: retos y oportunidades”, del 1er Congreso Internacional del GLP, la viceministra de Hidrocarburos del MINEM, Iris Cárdenas, señaló que la lucha contra la informalidad e ilegalidad requiere una acción articulada entre el Estado y los agentes del sector. El panel fue moderado por Ricardo Yépez, miembro del Comité Técnico Legal de la SPGL.

Trazabilidad y acción conjunta
Cárdenas planteó utilizar de manera más intensiva la información disponible en OSINERGMIN para fortalecer la trazabilidad de la cadena de comercialización y construir indicadores que permitan identificar con mayor precisión las actividades que operan fuera de la normativa.

Asimismo, destacó la necesidad de una actuación coordinada entre OSINERGMIN, municipalidades y el MINEM, de modo que las labores de supervisión y control tengan mayor efectividad frente a establecimientos y operadores que incumplen las exigencias sectoriales.

Entre las prácticas calificadas como ilegales durante su intervención se encuentran el funcionamiento de plantas envasadoras sin la infraestructura mínima requerida, la apropiación de cilindros pertenecientes a empresas formales y la operación de establecimientos sin los permisos o instrumentos ambientales correspondientes. Estas conductas afectan la competencia y también plantean riesgos para la seguridad en la cadena.

Menos trabas para formalizarse
La viceministra sostuvo que combatir la informalidad no pasa únicamente por fiscalizar, sino también por facilitar la formalización, especialmente de los pequeños agentes ubicados en provincias. En ese marco, mencionó el trabajo del MINEM para implementar una ficha ambiental, instrumento simplificado que busca reducir los obstáculos administrativos para las estaciones de servicio.

La propuesta apunta a que los requisitos regulatorios sean más accesibles para los operadores que buscan ingresar o permanecer en la formalidad, sin dejar de cumplir las condiciones de seguridad y ambientales.

Un mercado en expansión
Cárdenas señaló que los hidrocarburos representan el 67% del consumo energético del país y que el GLP mantiene una expansión cercana al 7% anual. En este escenario, destacó la importancia de ampliar la infraestructura de almacenamiento, actualmente concentrada principalmente en la costa, y fortalecer los mecanismos de respuesta ante emergencias. El MINEM también evalúa ampliar la cobertura del FISE y fortalecer la presencia de agentes de venta en zonas rurales, incluyendo regiones con mayores dificultades de abastecimiento como Loreto.

La creciente demanda también viene acompañada de una mayor dependencia externa: las importaciones ya cubren alrededor del 46% del consumo nacional de GLP, según información basada en datos de Osinergmin.
Así, la agenda planteada por el MINEM combina seguridad de abastecimiento, expansión de infraestructura, inclusión energética y, especialmente, mayor trazabilidad y facilidades para la formalización, como elementos necesarios para ordenar y fortalecer el mercado de GLP en el país.

Los operativos se realizaron en los distritos de Castilla y Veintiséis de Octubre. Las autoridades identificaron negocios sin autorización ni inscripción en el Registro de Hidrocarburos, además de una descarga irregular de GLP en la vía pública.

Con el objetivo de prevenir accidentes y proteger la seguridad de la población, la Segunda Fiscalía Provincial de Prevención del Delito de Piura realizó operativos de fiscalización en establecimientos dedicados a la comercialización de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en cilindros, ubicados en los distritos de Castilla y Veintiséis de Octubre.

Las intervenciones estuvieron a cargo de la fiscal provincial Berena Ballesteros Vigil y el fiscal adjunto Manuel Mena Ruiz, quienes contaron con el apoyo de representantes de las municipalidades y personal del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin).

Durante las inspecciones, se evaluaron las condiciones técnicas y de seguridad de los locales, la vigencia de los certificados de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE), las licencias municipales de funcionamiento y la inscripción correspondiente en el Registro de Hidrocarburos.

Como resultado de los operativos, se dispuso la clausura temporal y suspensión de actividades de dos establecimientos, uno en Castilla y otro en Veintiséis de Octubre. En ambos casos, se detectó que operaban sin autorización para almacenar y acopiar cilindros de GLP y tampoco figuraban en el Registro de Hidrocarburos de Osinergmin.

Según las autoridades, estas irregularidades representaban un peligro para los vecinos de las zonas cercanas, debido al riesgo de explosiones o deflagraciones por el manejo inadecuado del combustible.

Detectan trasvase ilegal de GLP en plena vía pública

En otra intervención realizada en Veintiséis de Octubre, las autoridades detectaron a un camión cisterna distribuidor mientras efectuaba la descarga y el trasvase irregular de balones de gas hacia un vehículo menor en plena vía pública.

Se constató que la unidad receptora tampoco contaba con registro oficial ni reunía las condiciones necesarias para transportar hidrocarburos. Ante esta situación, el vehículo fue intervenido y los fiscalizadores de Osinergmin elaboraron las actas correspondientes para iniciar el procedimiento administrativo respectivo.

Al término de las diligencias, los representantes del Ministerio Público exhortaron a los propietarios y responsables de los establecimientos intervenidos a detener cualquier actividad clandestina de almacenamiento y comercialización de GLP.

Asimismo, les recordaron la obligación de regularizar sus autorizaciones y cumplir con las disposiciones legales vigentes, con el fin de evitar situaciones que pongan en peligro la vida de las personas y la seguridad pública.

La intervención policial se realizó en el kilómetro 839+820 del ONP, en la provincia de Sechura. Petroperú identificó esta instalación ilegal como el decimotercer ataque registrado desde junio en la zona.

Un conductor de camión cisterna fue intervenido por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) cuando presuntamente sustraía petróleo crudo mediante una conexión clandestina instalada en el kilómetro 839+820 del Oleoducto Norperuano (ONP), ubicado en la provincia de Sechura, departamento de Piura.

Según informó Petroperú, el hecho fue detectado inicialmente a través de una anomalía en su sistema de monitoreo. Esta alerta permitió activar los protocolos de seguridad y comunicar inmediatamente lo ocurrido a las autoridades, que desplegaron dos equipos de inspección con acompañamiento policial.

Al llegar al lugar, los efectivos encontraron un camión cisterna conectado directamente a la tubería del oleoducto. La unidad tenía la placa de tracto T3G-949 y la cisterna A7H-979, y era conducida por Juan Antonio Navarro Cortijo, quien fue intervenido durante la presunta extracción ilegal de crudo.

Frente a esta situación, Petroperú puso en marcha su Plan de Respuesta a Emergencias y movilizó personal especializado, herramientas, materiales y equipos para atender la contingencia y ejecutar las acciones de seguridad correspondientes.

La empresa estatal señaló que viene coordinando con la Policía Nacional las medidas legales contra los responsables y expresó su reconocimiento por la intervención, con la expectativa de que las investigaciones permitan identificar y desarticular a la organización criminal involucrada en estos hechos.

Asimismo, anunció que pondrá los acontecimientos en conocimiento de las entidades fiscalizadoras competentes, debido a los posibles daños ambientales derivados de la sustracción ilegal de hidrocarburos.

Con la detección de esta nueva conexión clandestina, ya son 13 los ataques identificados desde junio en los sectores de Sechura y Olmos, situación que mantiene en alerta a la empresa por los riesgos que representan estas instalaciones ilegales para la infraestructura del oleoducto y el medioambiente.