A través de un comunicado oficial emitido el 13 de febrero de 2026, el MINEM precisó que cuenta con una Política Institucional de Gestión de Riesgos, así como con una Política Anticorrupción y una Política Antisoborno, instrumentos que establecen una postura clara de tolerancia cero frente a cualquier acto irregular.

La entidad subrayó que no admite actos de corrupción en ninguna de sus formas o modalidades, reforzando su marco preventivo y de control interno.

Designaciones bajo criterios técnicos y trazabilidad administrativa

El ministerio señaló que los procesos de designación de funcionarios se desarrollan bajo criterios técnicos y de idoneidad profesional, en concordancia con el marco normativo vigente.

Asimismo, destacó que cada nombramiento cuenta con trazabilidad administrativa y está sujeto a la supervisión de las instancias competentes, descartando cualquier influencia política o irregularidad en dichas decisiones.

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Desmentido formal y defensa de la reputación institucional

En relación con las versiones difundidas, el MINEM indicó que la persona aludida desmintió los hechos mediante carta notarial, señalando que la información proveniente de un audio es falsa y carece de verificación.

Según lo consignado en el comunicado, se trataría de afirmaciones con ánimo difamatorio, que buscan afectar la reputación e imagen personal ante la opinión pública.

Finalmente, el ministerio reafirmó su compromiso con la transparencia y la cultura de integridad en el sector público, asegurando que continuará impulsando una gestión técnica y firme en la lucha contra la corrupción, así como sanciones severas frente al uso indebido de la función pública.

o Ministro Luis Bravo se reunió con el embajador James Yeomans, quien reafirma compromiso de su país para fortalecer cooperación en el sector minero

En una reunión con el ministro de Energía y Minas, Luis Bravo De La Cruz, el nuevo embajador de Australia, James Yeomans, reafirmó el compromiso de su país por fortalecer la cooperación estratégica en el sector minero, destacándolo como el pilar fundamental de la relación bilateral.

“Usted es el primer ministro que me ha recibido oficialmente, y eso es muy importante, sobre todo por la importancia de la relación que tenemos en el sector minero que es un eje fundamental en la relación entre Australia y Perú”, señaló el diplomático.

Acotó que, Australia busca estrechar lazos con Perú integrando sus empresas de Servicios, Tecnología y Equipos para la Minería (METS) mediante la cooperación estratégica más estrecha, potenciando la exploración de minerales críticos y consolidando la presencia de más empresas australianas operando en el sector minero peruano.

Mencionó también a AusQuest, empresa junior de exploración, que descubrió un pórfido de oro y plata en su proyecto Cangallo (Arequipa); y a la empresa Bradken, construye una planta de fundición de acero de última generación en Chilca, con una inversión de más de US$100 millones y se estima su inauguración en julio de este año.

“Son tres ejemplos relevantes y un buen ejemplo de cómo Australia quiere seguir trabajando con ustedes”, añadió el embajador James Yeomans, quien recientemente al presentar sus cartas credenciales al presidente de la República, José Jeri, le solicitó “más inversión australiana en el Perú.”

Trabajadores advierten que más de 2,000 obras paralizadas y miles de puestos de trabajo dependen de decisiones políticas urgentes.

La Confederación de Trabajadores de Construcción Civil (Conatracc) lanzó un enérgico llamado a todos los candidatos presidenciales de cara a las elecciones generales del próximo 12 de abril, exigiendo que presenten propuestas concretas y viables para el sector.

El gremio pidió que las ofertas electorales estén sustentadas en planes reales, con una agenda social clara y soluciones sostenibles, especialmente orientadas a la generación de empleo formal, en sectores estratégicos como la construcción, minería, hidrocarburos.

Según un comunicado de la Conatracc, resulta urgente implementar una política viable de infraestructura que permita destrabar más de 2,000 obras públicas paralizadas desde hace entre cinco y diez años.

De acuerdo con cifras de la Contraloría General de la República, estas obras representan una inversión superior a los S/ 30,000 millones, recursos que permanecen inmovilizados y sin impacto económico.

El gremio advirtió que la reactivación de estos proyectos permitiría generar más de 60,000 puestos de trabajo directos y formales, sin contar el empleo indirecto que se activaría en diversas cadenas productivas.

Asimismo, Conatracc cuestionó que, pese a la paralización de obras, las empresas constructoras continúan registrando altas utilidades.

Detalló que, del costo directo de una obra, las entidades otorgan 10 % de utilidades y 15 % por gastos generales, lo que suma un 25 % depositado directamente a las empresas.

A ello se suma que los materiales de construcción, como acero, cemento, agregados y acabados, fueron actualizados según el tipo de cambio real del dólar, permitiendo que los empresarios sigan obteniendo millonarias ganancias.

Que acabe de corrupción
El presidente de la Conatracc, Augusto Ramos Dolmos, exigió además la desburocratización y erradicación de la corrupción enquistada en diversas entidades del Estado.

Mencionó específicamente a Sedapal y a los ministerios, señalando que deben agilizar la aprobación de proyectos de agua, alcantarillado, carreteras, hospitales, colegios y electrificación.

“Debe acabarse que un pueblo, en su lucha por el agua, tenga que esperar entre 13 y 20 años para que un proyecto de saneamiento recién entre a licitación”, sostuvo.

El dirigente afirmó que una gestión más eficiente permitiría crear más de 100,000 nuevos puestos de trabajo en el país.

Finalmente, Ramos Dolmos cuestionó los mínimos incrementos salariales otorgados a los obreros del sector.

Indicó que para el 2025 se aprobó un aumento de apenas S/ 0.35 diarios, y para el 2026 solo S/ 1.00 diario, montos que calificó como insuficientes.

Por ello, anunció que exigirán a los candidatos presidenciales un compromiso firme para sincerar los salarios devaluados desde las décadas de los 80 y 90.

El gremio plantea que los trabajadores de construcción civil accedan al 10 % de las utilidades de cada obra, como un fondo intangible, en beneficio directo de obreros y obreras del sector.