Minería
Minería ilegal deforestó 460 hectáreas de bosques
La devastación provocada por la minería ilegal fluvial en la selva continúa. Entre setiembre del 2016 y mayo de este año se han perdido 460 hectáreas más de bosque en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata (Madre de Dios), territorio que debería actuar como un cinturón protector de esta reserva, que tiene uno de los bosques más biodiversos del mundo.
La minería ilegal ha transformado un área equivalente a la mitad de la superficie del distrito de Miraflores en un territorio de cauces carcomidos, árboles muertos y lagunas infectadas con mercurio y otros químicos utilizados para obtener el oro.
Esta es la cadena inicial de un negocio que resulta más rentable que la venta de cocaína en el mundo. Mientras un kilo de esta droga puede comercializarse en el mercado negro a US$2.000, un kilo de oro ilegal puede costar US$35.000, según un estudio del 2016 del organismo suizo Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional.
En las imágenes cedidas en exclusiva a El Comercio por el proyecto MAAP –a cargo de la Asociación para la Conservación de la Cuenca Amazónica (ACCA) y la Amazon Conservation Association (ACA)–, se registran varios momentos de la degradación progresiva del bosque de Madre de Dios durante este período.
Matt Finer, investigador principal de la ACA y encargado del proyecto, explicó que una de las imágenes más impresionantes captadas en alta resolución por los satélites es el desplazamiento de los campamentos mineros. Desde el 2012, recuerda, se han deforestado en total 4.440 hectáreas en la zona de amortiguamiento.
“Que esta evidencia sirva para analizar las implicancias que tendría el proyecto de ley que busca retirar el delito de minería ilegal del crimen organizado”, dijo Finner, en referencia a la iniciativa presentada en marzo por la congresista Alejandra Aramayo (Fuerza Popular).
Retroceden en reserva
José Nieto, director de Gestión de Áreas Protegidas del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp), pidió la intervención de más sectores en la zona de amortiguamiento que, si bien no está dentro del área protegida, sí requiere un cuidado especial.
Según Nieto, en los últimos meses se ha logrado disminuir la actividad minera ilegal enquistada en el interior de la reserva, en un trabajo coordinado entre la Marina, la policía, la fiscalía y el Sernanp, pero aún persisten frentes de deforestación por enfrentar.
La Autoridad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) informó que es competencia del Gobierno Regional de Madre de Dios la vigilancia y control en la zona de amortiguamiento, así como las sanciones que establece la legislación forestal.
Dato
Durante el gobierno de Ollanta Humala se creó un marco normativo que incluía la interdicción (incautación y destrucción de máquinas como dragas que usa la minería ilegal) y la formalización de los mineros informales, quienes realizan su actividad en zonas permitidas por el Estado pero aún no tienen el permiso oficial. Ese Gobierno, creó la figura del alto comisionado contra la minería ilegal que articulaba a los otros sectores desde la Presidencia del Consejo de Ministros.
El trabajo tuvo respaldo pero también opositores, sobre todo porque pese a las megaoperaciones realizadas y el alto costo que significaban, no se pudo erradicar a los mineros ilegales en la selva.
Al inicio del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski se decidió que la Comisión Multisectorial contra la Minería Ilegal, presidida por el alto comisionado, pasara de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) al Ministerio de Energía y Minas para los temas de formalización, y al Ministerio del Interior para las operaciones de interdicción. Finalmente, se eliminó la figura del alto comisionado.
Actualmente, las zonas de reserva permanecen al cuidado del Sernanp. Tanto la Policía Nacional, la Fiscalía Ambiental y la Marina de Guerra realizan acciones contra la minería ilegal al interior de las reservas. En el caso de la zona de amortiguamiento de la RN de Tambopata (fuera de la zona protegida) su cuidado queda en competencia del Gobierno Regional de Madre de Dios, de acuerdo a la versión del Serfor.
En tanto, el panorama continúa agravándose en Madre de Dios.
Minería
MINEM y el INGEMMET suscriben convenio para viabilizar implementación de la Ventanilla Única Digital del Sector Minería

Mecanismo es clave para unificar y optimizar los trámites gubernamentales para destrabar las inversiones mineras en el Perú.
El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) y el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) suscribieron un convenio de cooperación interinstitucional para viabilizar, potenciar y agilizar la implementación de la Ventanilla Única Digital del Sector Minería (VUD MINEM), mecanismo clave para unificar y optimizar los trámites gubernamentales para destrabar las inversiones mineras en el Perú.
La firma del documento tiene el objetivo de establecer lazos de cooperación para realizar esfuerzos, intercambio de información, lineamientos, capacidades y recursos necesarios que permitirán desarrollar acciones conjuntas que permitan viabilizar el proyecto de inversión de la VUD-MINEM.
El convenio fue suscrito por la viceministra de Minas, Mayra Figuerroa Valderrama, en representación del MINEM, y por Walter León Lecaros, presidente ejecutivo de Ingemmet, acto que se realizó en la sede principal del MINEM, en el distrito de San Borja.
La viceministra indicó que la VUD MINEM es un instrumento necesario, pues el Perú es un país minero que requiere un sector con innovación y tecnología que permita a los administrados tener una predictibilidad de sus decisiones y en los pasos que tienen que dar para obtener sus permisos.
“Asumimos el compromiso de firmar, el primero, de los diez convenios que debemos suscribir con todas las entidades involucradas en este proceso. Y en ese camino estamos trabajando no solo de la mano con Ingemmet, con sus equipos, sino también con todas las oficinas del MINEM”, puntualizó Figueroa.
A su turno el presidente de Ingemmet destacó que la VUD MINEM constituye una oportunidad para avanzar hacia una gestión más integrada, facilitando el acceso a los procedimientos y servicios vinculados a la actividad minera, reduciendo barreras administrativas y contribuyendo a mejorar la experiencia de los administrados.
Las autoridades firmantes del convenio expresaron su reconocimiento a los equipos técnicos profesionales del MINEM y el INGEMMET que han contribuido a concretar este instrumento de cooperación, que demuestra que cuando las instituciones comparten una visión y articulan esfuerzos, es posible garantizar una gestión pública más eficiente y orientada a los resultados.

Minería
MINEM transfirió recursos para que el INEI realice Censo Nacional de la Pequeña Minería y Minería Artesanal

o Mediante Resolución Ministerial N° 468-2026-MINEM/DM, la entidad estadística podrá ejecutar el censo en cumplimiento de la Ley 32537.
El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) autorizó la transferencia de S/ 38 123 560,00 en favor del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) para la entidad realice el Censo Nacional de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE) en cumplimiento de la Ley 32537.
De acuerdo a la Resolución Ministerial N° 468-2026-MINEM/DM, se oficializó la entrega de recursos para que la entidad estadística pueda ejecutar el censo que tendrá una vigencia de 12 meses.
Este proceso comprendió varias etapas. El 16 de octubre de 2026, el MINEM, el INEI y el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) suscribieron un Convenio de Cooperación Interinstitucional, con el objeto de establecer mecanismos de colaboración para la ejecución conjunta del Censo Nacional de la MAPE.
El convenio estableció los mecanismos interinstitucionales entre las partes y señala acciones de coordinación, articulación y apoyo orientadas a la recopilación, procesamiento, análisis y difusión de información estadística georreferenciada que contribuya a la formulación, implementación y evaluación de políticas públicas en materia de formalización minera y desarrollo sostenible.
El censo contará con la valiosa rectoría y experiencia estadística del INEI, el soporte geocientífico y catastral del Ingemmet, y la articulación sectorial del MINEM para consolidar este esfuerzo interinstitucional sin precedentes.
Entre los compromisos asumidos por el MINEM será facilitar la información contenida en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) y otros registros administrativos bajo su competencia. Asimismo, gestionar ante las Direcciones o Gerencias Regionales de Energía y Minas, las principales federaciones y asociaciones de mineros y mineros artesanales, el libre acceso del personal censal a los ámbitos geográficos seleccionados.

Minería
Minería ilegal avanza sobre concesiones de cobre y pone en riesgo nuevas inversiones, advierten especialistas

Durante el Jueves Minero del IIMP, los panelistas coincidieron en la necesidad de articular la simplificación de trámites con acciones de fiscalización, seguridad jurídica y protección de derechos.
La expansión de la minería ilegal ya no se limita a las zonas auríferas. También está alcanzando territorios vinculados a proyectos de cobre, lo que representa un riesgo creciente para el desarrollo de nuevas inversiones mineras en el país. Así lo advirtió Paola Bustamante, directora de Legado Positivo y vicepresidenta de Hágase Instituto, durante el panel del Jueves Minero del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), en el que se analizó el impacto del Reinfo y los desafíos del nuevo proyecto de Ley MAPE.
La especialista señaló que existen proyectos mineros que, pese a contar con concesiones y permisos ambientales aprobados, enfrentan dificultades para avanzar porque sus territorios han sido ocupados por actividades ilegales. En ese contexto, sostuvo que la simplificación de procedimientos administrativos, por sí sola, no garantizará el desarrollo de la minería formal si no se protege efectivamente el acceso a las concesiones.
“Se están generando invasiones ya no solamente por oro, sino por cobre. Ya hay zonas de proyectos mineros que no están pudiendo avanzar teniendo concesión y permisos ambientales aprobados, porque la minería ilegal ya se asentó en el territorio”, advirtió.
Bustamante remarcó que el desafío exige una respuesta articulada de las autoridades. “Habría que pedir consecuencia del Tribunal Constitucional como garante de derechos y consecuencia del Ejecutivo para que tome medidas”, sostuvo, al señalar que se requiere un pronunciamiento del TC que resguarde el derecho de propiedad de los titulares de concesiones, acompañado de acciones efectivas del Estado para combatir la minería ilegal.
Formalización con resultados y condiciones claras
Por su parte, María Cristina Alva, socia de Minería, Recursos Naturales y Sostenibilidad de CMS Grau, alertó sobre las deficiencias en el proceso de formalización minera que han permitido el avance de la ilegalidad. Puso énfasis en los resultados del proceso de formalización y en la necesidad de evaluar el impacto de las sucesivas prórrogas del Reinfo.
La especialista recordó que actualmente existen más de 31.000 registros y que, desde 2014, solo 2.345 mineros han logrado formalizarse. “Es importante mirar una realidad de algo que no funcionó y que además estamos repitiendo en el tiempo por varias razones”, señaló.
Alva también destacó la importancia de que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la demanda pendiente y garantice la protección de los derechos, la salud y el medio ambiente.
Diferenciar la MAPE formal de la minería ilegal
En tanto, Eduardo Lanao, CEO y fundador de CrossPartners y presidente ejecutivo de ProMinería, planteó la necesidad de distinguir la pequeña minería y minería artesanal formal de las actividades informales e ilegales. Advirtió que agruparlas bajo una misma categoría puede perjudicar a los productores que sí cumplen con las exigencias legales y cuentan con los títulos habilitantes correspondientes.
“La minería de pequeña escala no es minería informal y es lo primero que yo plantearía en el marco del análisis de una ley MAPE”, señaló.
Lanao recordó que el desarrollo de una actividad minera responsable requiere cumplir condiciones vinculadas con la gestión ambiental, el acceso a la superficie, la protección del patrimonio arqueológico y el respeto a los derechos de los titulares de las concesiones.
En sus reflexiones finales el constitucionalista Samuel Abad advirtió que el régimen de consolidación de la Ley MAPE podría mantener la inmunidad penal del Reinfo bajo otro nombre. Por ello, pidió que la norma precise que todo delito debe ser investigado y sancionado, incluso durante la formalización, y exhortó al Tribunal Constitucional a pronunciarse cuanto antes. “La Constitución no solamente está para leerla, está para defenderla. Y el TC debe defenderla”, sentenció.
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