El proyecto de ley que solicita delegación de facultades legislativas al Congreso incorpora medidas orientadas a simplificar procedimientos, otorgar mayor seguridad jurídica a las inversiones y fortalecer el marco normativo del sector hidrocarburos, con el objetivo de acelerar proyectos estratégicos para el país.

Delegación de facultades incluye medidas para el sector hidrocarburos

El Poder Ejecutivo presentó al Congreso un proyecto de ley para que se le deleguen facultades legislativas por un plazo determinado en diversas materias económicas, de inversión y modernización del Estado. Dentro de los ejes planteados, el documento incorpora expresamente al sector hidrocarburos, proponiendo fortalecer su marco normativo y regulatorio como parte de la estrategia para dinamizar la inversión privada.

La iniciativa sostiene que es necesario actualizar las normas que regulan actividades estratégicas para brindar mayor predictibilidad a los inversionistas y facilitar el desarrollo de proyectos vinculados a la exploración, explotación, transporte y distribución de recursos energéticos.

Simplificación administrativa y mayor seguridad para las inversiones

Uno de los aspectos centrales del proyecto es la implementación de medidas destinadas a reducir la burocracia y agilizar la aprobación de proyectos de inversión.

Para ello, el Ejecutivo plantea aprobar normas que permitan:

• fortalecer la presunción de veracidad y el silencio administrativo positivo;
• garantizar la estabilidad de permisos y autorizaciones ya otorgados;
• simplificar procedimientos para la obtención de licencias, autorizaciones y títulos habilitantes;
• eliminar superposiciones e interferencias administrativas que retrasan el desarrollo de proyectos de infraestructura e inversión.

Asimismo, propone optimizar el marco de las Asociaciones Público-Privadas (APP) y los Proyectos en Activos, redefiniendo competencias entre entidades públicas e incorporando mecanismos que otorguen mayor seguridad jurídica a la inversión privada.

Fortalecimiento normativo para hidrocarburos

En lo que respecta al sector hidrocarburos, el proyecto plantea fortalecer el marco legal con el propósito de facilitar la ejecución de inversiones consideradas estratégicas.

Si bien el texto no modifica directamente la Ley Orgánica de Hidrocarburos, sí solicita facultades para emitir normas que permitan:

• mejorar la regulación aplicable a proyectos de inversión;
• reducir cargas administrativas;
• agilizar permisos y autorizaciones;
• brindar mayor estabilidad regulatoria para inversionistas;
• fortalecer la seguridad jurídica durante la ejecución de proyectos.

Estas medidas buscan responder a uno de los principales problemas señalados por el sector energético: la demora en la tramitación de permisos y la falta de predictibilidad regulatoria que afectan el desarrollo de nuevas inversiones.

Reforma del Estado y protección de proyectos estratégicos

El proyecto también contempla una reforma orientada a modernizar la administración pública, incluyendo la reorganización de entidades del Poder Ejecutivo, el fortalecimiento de la meritocracia y la creación de mecanismos que otorguen mayor seguridad jurídica a los funcionarios que participan en la aprobación y ejecución de grandes proyectos de inversión.

Además, propone establecer mecanismos de participación técnica institucional cuando procesos judiciales puedan afectar la continuidad o ejecución de contratos de concesión, APP o proyectos de infraestructura considerados estratégicos para el país.

Normas podrían aprobarse mediante decretos legislativos

El proyecto establece que, de aprobarse la delegación de facultades, los decretos legislativos y sus normas reglamentarias estarán exceptuados de diversos procedimientos previos de mejora regulatoria, como la agenda temprana, la consulta pública y el análisis de impacto regulatorio ex ante, aunque deberán contar con su respectiva exposición de motivos e informes técnico, legal y presupuestal.

Un documento elaborado por el experto en política energética e hidrocarburos Carlo Renato De Los Santos La Serna plantea una estrategia integral para que el próximo gobierno fortalezca la seguridad energética, impulse la exploración de hidrocarburos, masifique el gas natural y el GLP, modernice Petroperú y combata la minería ilegal. La propuesta fija metas concretas al 2030 para reducir la dependencia de combustibles importados y ampliar el acceso a energía limpia.

Diagnóstico: alta dependencia energética y baja exploración

El documento advierte que el Perú atraviesa una situación crítica en materia energética. Señala que el país importa más de 200 mil barriles diarios de petróleo, mientras que su producción nacional apenas alcanza 40 mil barriles por día, lo que incrementa la dependencia externa y afecta la seguridad energética.

Asimismo, indica que la cobertura de electrificación rural llega al 85,94%, persistiendo importantes brechas en zonas rurales, altoandinas y amazónicas. También alerta sobre la limitada infraestructura para la masificación del gas natural y la ausencia de inversiones en exploración, lo que comprometería la reposición de reservas y el abastecimiento futuro.

Gas natural, GLP y Petroperú entre las prioridades

La propuesta plantea relanzar la masificación del gas natural mediante el fortalecimiento de la infraestructura de transporte, almacenamiento y respaldo, así como reactivar proyectos estratégicos como el Gasoducto Costero, el Gasoducto Sur Peruano y el proyecto Siete Regiones.

También destaca el papel del GLP, utilizado por aproximadamente el 70% de los hogares peruanos, especialmente en zonas donde no existe acceso a redes de gas natural, proponiendo fortalecer programas como el FISE para reducir la pobreza energética.

En paralelo, propone una reestructuración de Petroperú basada en criterios de eficiencia, transparencia y sostenibilidad financiera, junto con la modernización integral del Oleoducto Norperuano.

Metas al 2030 para reducir la dependencia energética

Entre los principales objetivos planteados destacan:

• Incrementar la participación de las energías renovables en la matriz eléctrica del 6,5% al 20%.
• Reducir las importaciones de diésel para generación eléctrica de más del 70% al 20%.
• Pasar de cero pozos exploratorios activos en 2025 a 20 pozos en 2030.
• Elevar la cobertura de electrificación rural del 85,94% al 97%.
• Reducir en 100% la población vulnerable sin acceso permanente a combustibles limpios para cocinar, mediante el fortalecimiento del GLP y la expansión del FISE.
• Formalizar 80 mil mineros y reducir en 50% los conflictos socioambientales y los pasivos ambientales al finalizar la década.

Una propuesta con metas medibles para el próximo gobierno

El documento concluye que la política energética y minera debe orientarse hacia una mayor seguridad energética, recuperación de la inversión privada, formalización de la actividad minera y acceso universal a energía limpia, estableciendo indicadores verificables para evaluar el avance de las medidas entre 2027 y 2030. La propuesta fue elaborada por Carlo Renato De Los Santos La Serna, especialista con 28 años de experiencia en políticas públicas de energía y minería en América Latina.

La nueva gestión deberá impulsar una cartera minera de más de US$ 64 mil millones, reforzar la resiliencia del sistema gasífero tras la crisis de marzo de 2026 y ampliar el acceso a energías modernas para reducir la pobreza energética en el país.

Con la designación de Guillermo Shinno Huamaní como nuevo ministro de Energía y Minas, el sector energético y minero inicia una nueva etapa marcada por importantes desafíos. Reactivar las inversiones, garantizar la seguridad del abastecimiento de gas natural y acelerar la transición hacia una mayor inclusión energética aparecen entre las principales tareas que deberá afrontar la nueva administración para contribuir al crecimiento económico y mejorar la calidad de vida de millones de peruanos.

Destrabar una cartera minera superior a los US$ 64 mil millones

Uno de los principales retos del nuevo titular del Ministerio de Energía y Minas será acelerar la ejecución de la Cartera de Proyectos de Inversión Minera, conformada por 66 proyectos que representan inversiones estimadas en US$ 64,075 millones.

Del total del portafolio, cerca del 70% de la inversión, equivalente a más de US$ 45,000 millones, corresponde a proyectos de explotación de cobre, mineral considerado estratégico para la transición energética mundial. La agilización de estos proyectos será clave para atraer nuevas inversiones, dinamizar la economía y fortalecer la posición del Perú como uno de los principales productores de cobre del mundo.

Fortalecer la seguridad energética del país

En el sector hidrocarburos, la nueva gestión tiene el desafío de impulsar una estrategia que garantice la continuidad del suministro de gas natural frente a eventuales contingencias.

También destrabar proyectos de exploración y explotación petrolera con miras a reponer reservas y reactivar este sector. Es muy urgente.

La emergencia ocurrida en marzo de 2026, cuando una falla en el sistema de transporte afectó el abastecimiento de gas a diversos sectores productivos y del transporte, evidenció la necesidad de desarrollar una logística de redundancia que permita responder oportunamente ante interrupciones del servicio.

La paralización parcial del suministro generó importantes impactos económicos, con pérdidas estimadas en alrededor de US$ 3,000 millones, afectando actividades industriales, comerciales y el transporte que depende del gas natural.

Acelerar la masificación del gas natural

Otra prioridad será impulsar la ejecución del Proyecto Siete Regiones, iniciativa orientada a ampliar el acceso al gas natural en Ucayali, Junín, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Puno y Cusco.

El proyecto representa uno de los principales esfuerzos del Estado para descentralizar el acceso al gas natural y extender sus beneficios económicos, sociales y ambientales a regiones que aún no cuentan con este servicio energético.

Reducir la pobreza energética

Más allá de la expansión de las redes de gas natural, especialistas coinciden en que el MINEM deberá promover una política integral de adición energética, orientada a ampliar el acceso a energías modernas y limpias para los sectores más vulnerables.

Actualmente, alrededor de 2.5 millones de hogares peruanos continúan cocinando con leña, carbón o bosta, combustibles que generan contaminación intradomiciliaria, problemas respiratorios y una menor calidad de vida.

Avanzar en programas que faciliten el acceso al GLP, gas natural, electricidad y otras tecnologías limpias permitirá reducir la pobreza energética y contribuir al cierre de brechas sociales, especialmente en las zonas rurales y altoandinas.

Una agenda clave para el crecimiento del país

La gestión de Guillermo Shinno estará marcada por la necesidad de equilibrar la promoción de las inversiones con la seguridad energética y la inclusión social. La reactivación de grandes proyectos mineros, el fortalecimiento de la infraestructura gasífera y la ampliación del acceso a energías modernas no solo serán determinantes para el desarrollo del sector, sino también para mejorar la competitividad del país y generar mayores oportunidades de desarrollo para millones de peruanos.