La permanencia de dos buques petroleros fondeados frente a la costa de Talara, sin autorización para descargar su cargamento de crudo, está generando un elevado costo para Petroperú. La estatal afronta penalidades internacionales por sobreestadía (demurrage) que podrían alcanzar hasta US$100.000 diarios, agravando aún más su delicada situación financiera.

La demora en la descarga dispara los costos

En el comercio marítimo internacional, cuando un buque permanece inmovilizado más allá del tiempo establecido para realizar las operaciones de carga o descarga, el propietario de la nave cobra una penalidad conocida como demurrage o sobreestadía.

En el caso de Petroperú, el costo por mantener un buque petrolero sin descargar oscila entre US$20.000 y US$50.000 por día, dependiendo del tamaño de la embarcación y de las condiciones pactadas en el contrato de transporte.

Al existir actualmente dos buques internacionales a la espera de descargar frente al litoral de Talara, el desembolso diario para la empresa estatal se estima entre US$40.000 y US$100.000.

Crisis de liquidez y problemas operativos

La permanencia de las embarcaciones obedece a una combinación de factores. Por un lado, la falta de liquidez de Petroperú ha dificultado el cumplimiento de compromisos comerciales vinculados a la compra de crudo. A ello se suman las restricciones operativas ocasionadas por los oleajes anómalos que han afectado el puerto de Talara.

Esta situación mantiene inmovilizados los cargamentos de petróleo que la Nueva Refinería Talara requiere para reanudar plenamente sus operaciones.

Contraloría ya advirtió pérdidas por demoras similares

Las penalidades por sobreestadía no constituyen un hecho aislado. La Contraloría General de la República ya había identificado pérdidas económicas derivadas de deficiencias logísticas y administrativas en Petroperú.

Uno de los casos observados fue el pago de US$396.135 a PetroChina International, debido a retrasos en la emisión de cartas de crédito que impidieron liberar oportunamente un cargamento de petróleo.

Un costo que agrava la crisis financiera

Especialistas señalan que las penalidades por demurrage funcionan como un verdadero «taxímetro financiero»: cada día de retraso incrementa las pérdidas sin generar ningún beneficio operativo ni valor agregado para la empresa.

En un contexto de restricciones de liquidez y dificultades para abastecer la Nueva Refinería Talara, estos costos adicionales profundizan la presión sobre las finanzas de Petroperú y evidencian la necesidad de resolver cuanto antes los problemas que mantienen inmovilizados los cargamentos de crudo.

La Nueva Refinería Talara (NRT) permanece paralizada debido a una severa crisis de liquidez que impidió la compra de petróleo crudo para su procesamiento, situación agravada por los oleajes anómalos que dificultan la descarga de combustible en el terminal marítimo. Petroperú prevé reiniciar progresivamente las operaciones de la planta a partir del 5 de agosto, una vez que logre concretar la recepción del crudo necesario para reactivar la producción.

La falta de liquidez obligó a detener la producción

La paralización de la Nueva Refinería Talara responde principalmente a la falta de recursos para adquirir petróleo crudo, consecuencia de la delicada situación financiera que atraviesa Petroperú. La empresa estatal mantiene una deuda cercana a los US$ 8.000 millones, compromisos que incluyen obligaciones con bonistas internacionales, proveedores de crudo, entidades respaldadas por CESCE y el propio Estado peruano.

Esta situación limitó la capacidad de abastecimiento de materia prima para una instalación diseñada para procesar 95.000 barriles diarios, considerada la principal refinería del país.

Reinicio de operaciones está previsto para el 5 de agosto

Petroperú proyecta que la reactivación de la Nueva Refinería Talara se realizará de manera progresiva a partir del 5 de agosto, una vez que se concrete la descarga del petróleo crudo requerido para reiniciar el proceso de refinación.

La planta, que inició operaciones comerciales a finales de 2023 luego de su proceso de modernización, ha registrado durante 2026 diversas interrupciones tanto por factores técnicos como financieros.

Oleajes anómalos agravan la crisis operativa

A la falta de liquidez se suma un factor externo que ha complicado aún más la situación. Los oleajes anómalos registrados en el litoral norte obligaron al cierre temporal del puerto de Talara, impidiendo que las embarcaciones puedan atracar y descargar combustible de forma segura.

Esta condición marítima retrasó la llegada del crudo necesario para la reanudación de las operaciones y prolongó la paralización de la refinería.

La paralización generó un efecto en cadena

La inactividad de la planta también provocó la saturación de la capacidad de almacenamiento de petróleo nacional en Talara. Al no procesarse el crudo diariamente, los tanques disponibles alcanzaron su límite, reduciendo el espacio para recibir nuevos cargamentos provenientes de la selva y de los lotes petroleros del norte.

Como consecuencia, incluso si se resolvieran los problemas de pago, la infraestructura disponible no permitiría recibir inmediatamente los grandes volúmenes transportados por los buques internacionales, generándose un círculo vicioso que retrasa la normalización de las operaciones.

La combinación de restricciones financieras, limitaciones logísticas y condiciones marítimas adversas mantiene a la Nueva Refinería Talara en una situación operativa crítica, mientras el sector energético permanece atento al cumplimiento del cronograma de reinicio previsto para el 5 de agosto.

La demora en la ejecución del financiamiento aprobado por el Estado mantiene a Petroperú en una situación crítica de liquidez. La empresa estatal aún no puede acceder a los recursos autorizados mediante el Decreto de Urgencia N.° 003-2026, situación que ya afecta sus operaciones, al impedirle descargar petróleo crudo de dos buques que permanecen frente al litoral norte del país por falta de pago a los proveedores.

Recursos aprobados aún permanecen congelados

El Gobierno aprobó el Decreto de Urgencia N.° 003-2026 con el objetivo de evitar la paralización de las operaciones de Petroperú y garantizar el abastecimiento de combustibles en el país. La norma autorizó una línea de financiamiento privado de hasta US$ 2.000 millones, incluyendo un primer tramo de emergencia de US$ 500 millones, destinado exclusivamente a la compra de petróleo crudo e insumos para la operación de la empresa.

Sin embargo, pese a la urgencia que motivó la emisión de la norma, los recursos continúan sin ser desembolsados, manteniendo a la petrolera estatal en una delicada situación financiera.

Falta de liquidez ya afecta la operación de la empresa

La ausencia de financiamiento comienza a reflejarse en las operaciones de Petroperú. La empresa enfrenta problemas de liquidez que le impiden cumplir con obligaciones inmediatas, entre ellas el pago para la descarga de petróleo crudo de dos buques que permanecen fondeados frente al litoral norte del país, comprometiendo el abastecimiento oportuno de materia prima para la Refinería de Talara y otras instalaciones.

Este escenario revive la crisis que motivó el respaldo estatal, cuando la empresa advirtió que la falta de recursos podía obligarla a paralizar sus principales operaciones por la imposibilidad de adquirir crudo.

Trabas administrativas impiden activar el financiamiento

El principal obstáculo radica en que aún no se concluye la estructura financiera prevista por el decreto. El mecanismo establece que los recursos no ingresarán directamente a Petroperú, sino que serán administrados mediante un fideicomiso o Vehículo de Propósito Especial, supervisado por ProInversión.

La conformación de esta estructura financiera registra retrasos, mientras continúan pendientes la firma de contratos con la banca privada y el cumplimiento de diversos requisitos técnicos y documentarios exigidos para liberar los fondos.

Exigencias de control ralentizan el proceso

Además de la constitución del fideicomiso, Petroperú debe presentar balances auditados, reportes técnicos y planes operativos que permitan garantizar que los recursos serán destinados exclusivamente a la compra de petróleo e insumos de producción.

Las diferencias respecto al nivel de control que ejercerá ProInversión sobre la ejecución del financiamiento, sumadas a la complejidad del proceso administrativo, han retrasado la disponibilidad de los recursos en un momento en que la empresa enfrenta una severa restricción de caja.

Riesgo operativo persiste

Mientras el financiamiento permanece inmovilizado, Petroperú continúa afrontando una fuerte presión financiera derivada de una deuda superior a US$ 7.000 millones y de la pérdida de acceso al financiamiento comercial tradicional.

La falta de liquidez no solo dificulta atender compromisos con proveedores, sino que también pone en riesgo la continuidad del abastecimiento de petróleo crudo para sus operaciones, evidenciando que el respaldo financiero aprobado por el Estado aún no logra traducirse en recursos efectivos para enfrentar la crisis operativa de la empresa.