Cuidar los tubos del fenecido Gasoducto Sur Peruano (GSP), abandonados por Odebrecht, costará S/ 172 millones 094.489 en el 2022. Por quinto año consecutivo, el Estado peruano invertirá entre US$ 42,5 millones solo para evitar que se deterioren o sean vandalizados mientras se resuelve el litigio que mantiene con la brasileña, según figura en la Ley de Presupuesto del periodo entrante. Sin embargo, el Gobierno está próximo a darle solución.

El resguardo de las tuberías, que tienen un potencial valor ya demostrado, está íntimamente ligado con la decisión del gobierno del presidente Pedro Castillo para sacar o no adelante el proyecto del SIT-Gas, que llega para cubrir la ruta de masificación dejada por el GSP, y el resultado de los arbitrajes internacionales que el Estado mantiene con Enagás (cuyo resultado podría conocerse en 2022 o 2023) y Odebrecht (que podría salir en 2024).

En esta línea, el Gobierno debe tomar la decisión acertada sobre cómo llevar a cabo el nuevo gasoducto y cuál es la política que se tendrá que seguir en el plano legal. Como se recuerda, el pasado 3 de octubre la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) presentó la resolución suprema n.° 108-2021-PCM, creada para la comisión multisectorial encargada la renegociación del contrato del gas de Camisea, la cual tenía una vigencia de 60 días hábiles.

Actualmente, dicha comisión, cuyo plazo de existencia se ha consumido, maneja cuatro alternativas para la continuidad de esta obra clave para llevar el gas natural a las regiones del sur del país, y con ella reorientar la matriz energética del Perú: obra pública, asociación público privada financiada, asociación público privada cofinanciada y gobierno a gobierno. Todo queda en manos del grupo conformado por cinco ministerios, además de PCM: Minem, MEF, Mincetur, Minjus y Cancillería.

Venia de Mott Macdonald

También se cumplen 15 meses desde que Minem anunció que la consultora británica Mott Macdonald, contratada para evaluar las posibilidades de retomar el proyecto -llamado a ser la piedra angular de la masificación del gas en sur-, terminó su cuarto informe referido a su prefactibilidad, ahora como SIT Gas, con una “inversión estimada de US$ 4.500 millones”.

Este informe no se ha hecho público en su totalidad, pese al pedido de distintas organizaciones y profesionales del ramo, que demandan conocer los pormenores de una obra emblemática para la campaña y asunción del presidente Castillo. Pero sí se han ido conociendo detalles.

La consultora analizó varias alternativas al proyecto original del GSP. La primera, utilizar el transporte marítimo, a partir de las instalaciones de Peru LNG en Pampa Melchorita (Cañete), de donde ahora se exporta el gas del Lote 56 de Camisea a México y otros destinos. La segunda alternativa sería el llamado “gasoducto costero”. Desde Pisco, se llevaría el gas por tierra hasta Arequipa y de ahí “se subiría” a la sierra peruana. Es decir, conectar Ica con Arequipa con un tubo por toda la costa, para luego llevar por camión cisterna el gas a Puno, Tacna, etc. desde la Ciudad Blanca. La tercera alternativa sería seguir la misma ruta que el caducado GSP.

La alternativa marítima fue la más cara: todas sus variantes superan los US$ 6.000 millones. Le sigue el gasoducto costero, con valores por encima de US$ 5.700 millones. La vía más económica y eficiente resultó ser la que sigue el mismo trazo que el caducado gasoducto: US$ 4.320 millones.

Nueva licitación en 2022

Si Mott Macdonald preparó el informe fue porque el Estado gestionó una opinión técnica, reconocida mundialmente, en torno al GSP, ahora encaminado como SIT-Gas, el cual continuaba siendo viable por encima de los escándalos en torno a su licitación con Odebrecht. La nueva licitación debe darse, precisamente, este 2022.

Con todo esto, en opinión de diversos especialistas del sector, es de vital importancia mantener el trazo original del GSP para aprovechar la tubería comprada, parte de la cual ya ha sido tendida bajo tierra, y cuyo valor se estima extraoficialmente por encima de los US$ 1.200 millones. Los estudios de demanda del SIT-Gas, que hasta la salida del exministro Jaime Gálvez no se habían culminado, ya están listos.

Mientras tanto, Perú le ha pagado más de US$ 216 millones a la colombiana Estudios Técnicos SAS para el cuidado de los tubos desde el segundo semestre del 2017.

Ello, contando las eventuales inyecciones de capital asumidas este año por el MEF, debido a la volatilidad del dólar. Es el caso del pasado 10 de noviembre, cuando se transfirieron S/ 29 millones adicionales a los S/ 150 millones originalmente previstos para el 2021, a cargo de Osinergmin, debido a que los recursos “solo alcanzaron hasta el mes de octubre”.

Demanda de gas en el sur ratificada

En su informe, Mott Macdonald afirma que el proyecto es económica y socialmente rentable. La rentabilidad social es US$ 4.580 millones y se paga en dos años. Las dos terceras partes le corresponden al ahorro para los consumidores de gas (ya no tienen que pagar los combustibles más caros).

Para la consultora, la demanda del SIT-Gas alcanza los 4.85 TCF de gas para los 30 años de su duración. Esto equivale a un consumo anual de 473.8 millones de pies cúbicos diarios (mmpcd).

Sí se puede llegar a las 4.85 TCF que requiere el SIT: el Lote 88 proveería (1) TCF, el Lote 56 aportaría 0.29 TCF, seguido del Lote 57 con 1.43 TCF. El proveedor más grande sería el Lote 58, de la china CNPC, con 2.13 TCF.

Las cifras

1.080 kilómetros de ductos ocupaba originalmente el Gasoducto Sur Peruano.

90 % de conexiones del gas de Camisea están en Lima.

S/ 124 millones ha pagado hasta el momento Odebrecht de reparación al Perú por otros cuatro casos.