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Notas de Prensa

Pluspetrol Corporation y sus trabajadores en nueva audiencia judicial por participación en utilidades

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El próximo 18 de enero la Cuarta Sala Laboral del Poder Judicial evaluará la demanda que entabló el Sindicato Unitario de Trabajadores de Pluspetrol Perú Corporation (Sutrappec) contra la empresa Pluspetrol Peru Corporation, por el incumplimiento del pago de utilidades durante el período 2006 al 2012.

Este caso fue visto previamente, en noviembre de 2021, por la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema, cuyos magistrados determinaron que el proceso debería volver a la instancia anterior mencionada, a fin que se corrijan los “vicios de motivación” que ellos determinaron fueron cometidos en la sentencia previa.

El motivo de la demanda judicial planteada por el sindicato tiene su origen en el periodo 2006 al 2012, cuando Pluspetrol Perú Corporation (PPC) dejó de repartir US$ 84’462,000.00 entre sus trabajadores y el Gobierno Regional del Cusco por concepto de utilidades, debido a que la transnacional que opera los lotes 88 y 56 de Camisea optó por reducir su participación dentro del consorcio Camisea, lo que afectó a los colaboradores, según afirmaron dirigentes del Sindicato Unitario de Trabajadores de Pluspetrol Perú (Sutrappec).

COMPOSICIÓN ALTERADA

En el año 2000, el Estado peruano entrega la concesión del lote 88 al consorcio formado por PPC (operador), Hunt Oil Company of Perú L.L.C., sucursal del Perú, y SKJ Corporation, sucursal peruana. Posteriormente, se incluyó a Hidrocarburos Andinos SAC. En ese entonces, PPC tenía una participación de 36% en el consorcio, ahora apenas 2.2%.

En ese mismo año se entregó la concesión del lote 56 al consorcio formado por PPC (operador), Hunt Oil Company of Perú L.L.C., sucursal del Perú, SK Corporation, sucursal peruana, Tecpetrol del Perú SAC y Sonatrach Perú Corporation SAC. En ese año, PPC tenía una participación de 27.2%, hoy solo tiene 2.2%.

Actualmente en el lote 88, Pluspetrol Perú Corporation tiene una participación de 2.2%, Pluspetrol Camisea S.A. (25%), Hunt Oil Company of Perú, sucursal del Perú (25.2%), SK Corporation, sucursal peruana (17.6%), Tecpetrol del Perú S.A.C. (10%), Sonatrach Perú Corporation S.A.C. (10%) y Repsol Exploración Perú (10%). Mientras que en el lote 56, Pluspetrol Perú Corporation maneja el 2.2%, Pluspetrol Lote 56 S.A. (25%), Hunt Oil Company of Perú, sucursal del Perú (35.2%), SK Corporation, sucursal peruana (17.6%), Tecpetrol del Perú S.A.C. (10%) y Sonatrach Perú Corporation S.A.C. (10%).

CADENA DE DENUNCIAS

El 2013, Sutrappec interpuso, en el 1° Juzgado Especializado de Trabajo Permanente de Lima, una demanda contra Pluspetrol Perú Corporation por el pago de participación de utilidades dejadas de percibir entre el periodo 2006 al 2012.

El argumento del sindicato es que “siendo PPC la empresa responsable de la operación del proyecto, es la única que contrata y aporta la mano de obra que realiza las labores de explotación que conforman el proyecto, pues las demás empresas que integran los respectivos consorcios sólo intervienen como financiadoras, pero no operadoras del proyecto Camisea. Entonces, todos los trabajadores que laboran, real y efectivamente, en la operación de los lotes 88 y 56, pertenecen a la planilla de PPC, de quien reciben sus remuneraciones y participación en las utilidades”.

El sindicato advierte que la reducción de la participación de Pluspetrol Perú Corporation en el consorcio, no solo afectó a los trabajadores, también perjudicó los ingresos del Estado.

“Las escisiones y transferencias de bloques patrimoniales de PPC a las mencionadas empresas, no fue otro que reducir al mínimo la participación de los trabajadores en las utilidades, recurriendo a una ficción legal para despojar a los únicos trabajadores que laboran en la explotación de los Lotes 88 y 56 del proyecto Camisea de las utilidades que, legalmente, les corresponden. Dicha ficción, como se ha señalado, también ha perjudicado al Estado (Fondoempleo) y al Gobierno Regional del Cuzco”, señaló.

En lo referido a la demanda, el 30 de junio de 2014 se emitió la sentencia de primera instancia, a través de la cual se declaró fundada en parte la demanda y se ordenó el pago a favor de los trabajadores afiliados al Sindicato la suma de S/. 24’298,703.61.

Desde el 2013 que se inició el proceso judicial, se han dado sentencias a favor del Sindicato y también nulidades que han beneficiado a la empresa. Ahora, la Cuarta Sala Laboral deberá ver por segunda vez el caso. Cabe señalar, que en la anterior ocasión este colegiado falló a favor del SUTRAPPEC.

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Cierre tributario: 5 puntos que las empresas deberían revisar para evitar inconsistencias ante SUNAT

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Facturas electrónicas, ventas, compras, gastos y registros contables son algunos de los aspectos que las empresas deberían contrastar antes del cierre del ejercicio para detectar diferencias y reducir contingencias tributarias.

Antes de cerrar el ejercicio, las empresas tienen una última oportunidad para detectar diferencias entre sus operaciones, comprobantes electrónicos y registros contables. Una factura pendiente de registrar, una nota de crédito que no fue considerada o un gasto sin documentación suficiente pueden generar inconsistencias que requieran regularización posterior.

La revisión cobra especial importancia a medida que la información tributaria se encuentra cada vez más digitalizada. Para las empresas, esto implica no solo cumplir con la emisión y registro de sus operaciones, sino también mantener consistencia entre la información comercial, contable y documental que sustenta sus actividades. “El cierre de año permite hacer algo que durante la operación cotidiana suele postergarse: mirar la información de manera integral. Cuando una empresa contrasta lo que vendió, compró y gastó con lo que efectivamente registró, puede encontrar diferencias que de otro modo podrían pasar desapercibidas”, señala Rigoberto Caballero, country manager de Defontana Perú.

En ese sentido, el experto de Defontana Perú, menciona cinco puntos que las empresas deberían revisar antes de cerrar el año:

1. Facturas electrónicas emitidas y recibidas. El primer paso es verificar que los comprobantes correspondan a las operaciones realizadas durante el año. Esto incluye revisar facturas, notas de crédito, notas de débito y anulaciones para detectar documentos pendientes, diferencias o regularizaciones. También es importante comprobar que todas las ventas hayan sido correctamente facturadas y que las facturas recibidas estén debidamente registradas.

2. Ventas, compras y registros contables. Las empresas deberían contrastar sus ventas y compras con los registros contables para verificar que los comprobantes y montos coincidan. Este control cobra especial relevancia con el SIRE, que genera propuestas del Registro de Ventas e Ingresos y del Registro de Compras a partir de los comprobantes electrónicos, las cuales deben ser revisadas y, de ser necesario, complementadas o reemplazadas por el contribuyente. 

“La automatización facilita el procesamiento de la información, pero su valor está en permitir detectar diferencias y hacer seguimiento a su regularización. La trazabilidad debe ser parte del control cotidiano, no solo del cierre”, explica Caballero. Contar con información integrada de ventas, compras y contabilidad facilita este cruce y reduce la necesidad de consolidar datos de distintos archivos o sistemas.

3. Compras y gastos pendientes de registrar. Antes del cierre también es conveniente identificar facturas recibidas que todavía no hayan sido registradas, gastos pendientes de contabilización u operaciones que requieran algún ajuste. La revisión debería considerar especialmente las operaciones de los últimos meses del año, cuando pueden acumularse documentos que todavía se encuentran en proceso de aprobación, registro o conciliación. Detectar estos pendientes permite determinar qué operaciones corresponden al ejercicio que termina y cuáles requieren una acción antes de iniciar el siguiente periodo.

4. Documentación que sustenta las operaciones. Las empresas deberían verificar que sus principales operaciones cuenten con documentación que acredite su origen y sustento, como órdenes de compra, contratos, comprobantes o constancias de pago. Mantener estos documentos organizados facilita la trazabilidad y permite responder con mayor rapidez ante una eventual consulta o requerimiento de SUNAT, que contempla obligaciones relacionadas con la conservación de libros, registros y documentación sustentatoria.

5. Diferencias detectadas y responsables de regularización. Toda diferencia identificada debería quedar registrada, con un responsable y una acción definida para su regularización. Así se evita que los pendientes queden sin seguimiento o pasen al siguiente ejercicio. “Encontrar una diferencia no es necesariamente el problema; lo importante es detectarla a tiempo y saber quién debe resolverla. El cierre debería terminar con pendientes claros, responsables y fechas de atención”, sostiene Caballero.

En este proceso, contar con información integrada de facturación, ventas, compras y contabilidad facilita el seguimiento y reduce la dependencia de archivos dispersos. De esta manera, el cierre puede convertirse en una instancia preventiva para fortalecer el control de la información antes de iniciar un nuevo ejercicio.

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Descarbonización empresarial: cinco decisiones para priorizar inversiones en 2027

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Gasbel Web.

· Identificar las principales fuentes de emisiones y evaluar la viabilidad de cada proyecto permite convertir los compromisos ambientales en acciones con presupuesto y resultados medibles.

En junio de este año, el Ministerio del Ambiente informó que 1.750 organizaciones públicas y privadas habían medido su huella de carbono mediante la plataforma Huella de Carbono Perú y que 142 habían reducido sus emisiones. Estas cifras corresponden a diferentes etapas de gestión y plantean un desafío para las empresas: utilizar la información sobre su impacto ambiental para definir acciones concretas de reducción.

La preparación de los presupuestos de 2027 abre una oportunidad para incorporar esas acciones a la planificación del negocio. Para hacerlo, es necesario identificar qué procesos generan más emisiones, qué mejoras pueden implementarse y cuáles requieren inversiones que deben programarse con anticipación.

“Un plan de descarbonización debe ayudar a decidir dónde invertir primero. Cada proyecto necesita una evaluación de su potencial de reducción de emisiones, sus costos y las condiciones que requiere para funcionar. Esto permite establecer prioridades que respondan tanto a los objetivos ambientales como a las necesidades de la operación”, señala César de Armero Dubois, Country Manager de Schneider Electric para Perú y Bolivia.

Para orientar esta planificación, Schneider Electric propone considerar cinco decisiones:

· Identificar dónde se generan las principales emisiones. Elaborar un inventario permite reconocer el impacto de los combustibles utilizados, la electricidad adquirida y las actividades relevantes de la cadena de valor. Definir un año base y reunir datos consistentes ayuda a concentrar los esfuerzos en las fuentes más significativas y establecer un punto de referencia para evaluar los avances.

· Evaluar qué procesos pueden electrificarse. Revisar los equipos que utilizan combustibles permite identificar dónde podrían incorporarse alternativas eléctricas. Antes de decidir, se debe analizar la capacidad de la infraestructura, la eficiencia de los equipos, los costos de operación y las condiciones de instalación. La reducción de emisiones dependerá también de las características de la electricidad que los abastezca.

· Revisar las opciones de energía renovable. Cada empresa puede evaluar alternativas de generación en sus instalaciones o de adquisición de electricidad renovable, según su consumo y las condiciones disponibles. Además del costo, es necesario revisar las condiciones contractuales y la documentación que acredita su origen. La contabilización de sus beneficios ambientales debe seguir criterios que eviten atribuir el mismo beneficio a más de un consumidor.

· Ordenar las inversiones según su impacto y viabilidad. Comparar la inversión inicial, los costos de mantenimiento, los ahorros estimados y la reducción esperada de emisiones ayuda a seleccionar los proyectos. También conviene identificar mejoras de eficiencia en los equipos existentes y aprovechar las paradas de mantenimiento para

ejecutar intervenciones. La programación debe considerar las necesidades de continuidad operativa y los recursos disponibles.

· Definir responsables, plazos e indicadores. Cada iniciativa necesita un responsable, presupuesto y un cronograma de ejecución. Para medir sus resultados, conviene revisar las emisiones totales y, cuando corresponda, las emisiones por unidad producida. Esto ayuda a distinguir una mejora de eficiencia de una reducción asociada a una menor actividad. Utilizar criterios consistentes permite comparar los resultados a lo largo del tiempo.

La planificación debe traducirse en una cartera de proyectos con prioridades y recursos definidos. Involucrar desde el inicio a las áreas de operaciones, mantenimiento, finanzas y sostenibilidad permite evaluar las decisiones de manera conjunta y dar seguimiento a su ejecución durante 2027.

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Fenómeno El Niño: Lima y el norte concentran el 92,8% de la deuda expuesta a zonas de amenaza crítica por inundaciones

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  • Un análisis de Equifax identifica diferencias en la concentración de deuda y usuarios expuestos entre ambas zonas
  • En el norte, uno de cada cuatro usuarios bancarizados reside en áreas de amenaza crítica

Lima y el norte del Perú concentran el 92,8% de la deuda ubicada en zonas de amenaza muy alta e inminente ante posibles inundaciones asociadas al Fenómeno El Niño. Así lo revela un análisis geoespacial de Equifax – Infocorp, que identifica diferencias en la distribución de las obligaciones financieras y los usuarios expuestos entre ambas zonas.

Para desarrollar el estudio, Equifax combinó información hidrológica, topográfica e histórica con datos de ubicación residencial y del Reporte de Crédito Consolidado (RCC). Bajo un escenario climático extraordinario, el análisis identificó que más del 11% de la deuda total evaluada y más del 13% de los usuarios crediticios de los departamentos estudiados se encuentran en zonas de amenaza crítica.

“Una cartera crediticia puede mostrar un buen comportamiento de pago y, aun así, estar expuesta a riesgos que no se reflejan en el historial de sus clientes. Al incorporar información geográfica al análisis financiero, podemos identificar dónde una emergencia climática podría afectar simultáneamente a personas y negocios. Contar con esa perspectiva permite anticipar decisiones y evaluar medidas para proteger la continuidad de las operaciones”, explicó Carolina Arias, gerente de Data & Analítica de Equifax – Infocorp.

Lima concentra el 62,2% de la deuda expuesta

Lima reúne el 62,2% del monto total de deuda expuesta a niveles de amenaza muy alta e inminente en las zonas costeras evaluadas por Equifax. Asimismo, concentra el 49,3% de las personas identificadas en el análisis crediticio y el 46,9% de los productos financieros registrados en estas mismas áreas. Esto muestra que su participación en el monto de deuda expuesta es mayor que en el número de usuarios.

En el norte, integrado por Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Áncash, la relación es inversa. Esta zona concentra el 30,6% de la deuda expuesta y el 38,5% de las personas identificadas en áreas críticas. Así, mientras Lima tiene un mayor peso en el monto de deuda, en el norte la participación de usuarios supera su proporción de la cartera expuesta.

Además, uno de cada cuatro usuarios bancarizados del norte (25,2%) reside en zonas de amenaza muy alta o inminente por inundaciones. Este indicador resulta relevante para las entidades financieras y microfinancieras con presencia en la región, ya que una eventual emergencia podría afectar los ingresos de parte de esta población y generar dificultades de pago entre quienes mantienen obligaciones crediticias.

Por su parte, el sur concentra el 7,2% del monto de deuda expuesta y el 12,2% de las personas identificadas en las categorías de mayor amenaza.

“Los resultados muestran diferencias importantes en la exposición financiera de cada zona. En Lima se concentra una mayor proporción del monto de deuda, mientras que en el norte destaca la cantidad de usuarios ubicados en áreas críticas en relación con su participación en la cartera expuesta. Para las entidades financieras, esta información permite distinguir dónde se concentran los mayores montos de deuda y dónde podría ser necesario reforzar el seguimiento de los clientes ante una emergencia”, añadió Carolina Arias.

Lima registra la mayor proporción de territorio bajo amenaza crítica

El análisis territorial de Equifax revela que el 6,70% de la superficie evaluada de Lima se encuentra en niveles de amenaza muy alta e inminente por inundaciones. De esta proporción, 5,09 puntos porcentuales corresponden al nivel de mayor severidad. En el norte, las áreas clasificadas en ambas categorías representan el 5,24% del territorio analizado, mientras que en el sur alcanzan el 1,66%.

La magnitud de una posible afectación económica dependerá de la concentración de viviendas, negocios e infraestructura en las áreas identificadas, más allá de la proporción de territorio que representan. Una inundación podría afectar establecimientos, interrumpir rutas de abastecimiento o paralizar las operaciones de proveedores y clientes, incluso cuando no toda una región resulte afectada.

Para las entidades financieras, identificar estas áreas permite conocer dónde se concentran los clientes y activos expuestos, complementar sus evaluaciones crediticias y priorizar acciones preventivas.

Más de 1,6 millones de adultos viven en zonas de amenaza crítica

El estudio identifica a 1.620.777 personas mayores de edad que residen en zonas de amenaza muy alta e inminente por inundaciones, de las cuales el 61% está bancarizado.

Lima concentra el 53% de los adultos expuestos, seguida del norte con el 36% y del sur con el 11%. En el norte, Lambayeque y Piura registran los mayores volúmenes de población en áreas críticas, mientras que Ica destaca en el sur.

Una eventual inundación podría afectar viviendas, negocios y fuentes de empleo, reduciendo temporalmente los ingresos de los hogares y su capacidad para cumplir con sus obligaciones financieras. Sin embargo, la exposición a una amenaza no implica necesariamente un incremento de la morosidad, pues el impacto dependerá de los daños efectivos y de la situación económica de cada deudor.

El efecto en cadena de una emergencia climática

Una inundación puede afectar establecimientos y centros de distribución, interrumpir rutas de abastecimiento y comprometer las operaciones de proveedores y clientes, incluso cuando las instalaciones principales de una compañía no resulten dañadas.

Estas interrupciones pueden extender sus consecuencias a empresas ubicadas fuera de las áreas directamente afectadas, especialmente cuando dependen de proveedores, rutas de transporte o mercados regionales vulnerables. Identificar estas relaciones y evaluar alternativas de abastecimiento permite preparar medidas de contingencia y reducir la exposición operativa ante posibles emergencias climáticas.

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