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Notas de Prensa

Contraloría supervisa en Junín 350 instituciones educativas públicas previo al retorno de clases presenciales o semipresenciales

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  • Auditores verificarán disposiciones de bioseguridad ante la COVID-19 con apoyo de Monitores Ciudadanos de Control, a nivel nacional.
  • También la entrega de material educativo, tabletas, servicios básicos, infraestructura, mobiliario, equipamiento de aulas, entre otros.

En la región Junín, la Contraloría General inició el Operativo nacional “Buen inicio del Año Escolar 2022” que supervisará en una muestra representativa de 350 instituciones educativas públicas de primaria (229) y secundaria (121) a nivel nacional, las condiciones de bioseguridad para garantizar el retorno de alumnos a clases presenciales o semipresenciales, tras dos años de haberse iniciado la pandemia de la COVID-19, entre otros aspectos.

Para ello, se desplegarán más de 30 auditores, con el apoyo de 107 Monitores Ciudadanos de Control, quienes ejecutarán el operativo desde el 2 al 18 de febrero de este año, lo que permitirá obtener una radiografía actualizada sobre la situación de los colegios públicos del país, a partir de visitas de control que se llevarán a cabo antes del inicio de clases anunciado por el Ministerio de Educación para el próximo 28 de marzo.

En ese sentido, el operativo nacional de la Contraloría verificará lo referido al acondicionamiento de los espacios abiertos y cerrados de cada local educativo con ventilación adecuada, el distanciamiento físico, la señalización e implementación de estaciones de lavado o desinfección de manos.

También se constatará la entrega de material educativo (libros de textos) y distribución de tabletas, y si cuentan con los instrumentos de gestión (documentos de planificación y dirección, procesos de tutoría, orientación educativa y convivencia escolar).

Asimismo, si los colegios cuentan con servicios básicos, infraestructura educativa, mobiliario y equipamiento de aulas, en concordancia con las disposiciones y normativa aplicable.

Los hechos que se identifiquen in situ permitirán a la Contraloría General emitir alertas tempranas sobre hechos que contravengan la normativa y disposiciones del sector Educación que garanticen el inicio de clases con medidas oportunas de prevención y seguridad ante la COVID-19, así como de calidad educativa en sus distintos niveles.

Alcance

El operativo “Buen inicio del Año Escolar 2022” tendrá alcance nacional y se ejecutará en las 25 regiones del país, con una muestra representativa de 6096 instituciones de educación básica regular de primaria y secundaria, en el que estudian aproximadamente 1 millón 134 mil alumnos, que se estima están a cargo de 68 800 docentes.

La muestra se obtuvo de forma aleatoria de 27 731 IIEE públicas que cuentan, para fines del operativo, con los siguientes parámetros: primaria polidocente multigrado (con un profesor que sume más de un grado), primaria polidocente completa (con un profesor para cada grado) y secundaria, bajo el ámbito del Ministerio de Educación (Minedu) y de las Direcciones Regionales de Educación de los Gobiernos Regionales. (Ver muestra por región:

Durante el despliegue se determinará si las instituciones educativas vienen cumpliendo las disposiciones para el retorno a clases, en el marco de la emergencia sanitaria COVID-19, y con las disposiciones educativas vigentes referido a la gestión institucional (relacionado al plan de trabajo y currículo escolar) y la gestión administrativa (referido a los servicios básicos como luz, agua internet, entro otros.

Al final del operativo se emitirá un informe por cada una de las 25 regiones que se visitarán sobre los riesgos y/o deficiencias identificadas, que luego serán remitidos a las Direcciones Regionales de Educación, para que mitiguen los hechos identificados, y un informe consolidado al Minedu.

Resultados del 2019 y veedurías 2020 y 2021

En el operativo “Buen inicio del Año Escolar 2019”, la Contraloría identificó una serie de riesgos en los 2560 colegios visitados. Entre ellos, que el 59% de IIEE no publicó número de vacantes por grado y aula en lugar visible. El 44% no publicó el cronograma de matrícula.

También se observó la carencia de libros y materiales para la entrega a los alumnos en el 77% de los colegios y en el 40% hacen falta docentes para cubrir secciones. Del mismo modo, que el 78% carece de telefonía, 61% requiere dotación, mantenimiento o sustitución de inodoros, 58% de lavatorios y el 57% de urinarios (Informe de Operativo de Visita Preventiva N° 765-2019-CG/EDUNI-OCS)

En el 2020 y 2021 se realizó una veeduría a la implementación de la estrategia Aprendo en Casa, en la que se advirtieron los siguientes resultados:

Más del 32% de alumnos en 17 regiones no habría obtenido resultados satisfactorios en el 2020. No lograron obtener la nota mínima satisfactoria. El 43% fue aprobado. También se reportaron dificultados en clases virtuales, como falta de servicio de internet (72%), equipo compartido con otras personas (59%), falta de plan de datos para celular (59%), no cuentan con equipo celular (48%), entre otras situaciones. (Informe de Orientación de Oficio N° 9919-2021-CG/SADEN-SOO)

El 2021, se identificó que entre el 7.26% y el 27.21% de alumnos señalaron no haber recibido los textos escolares, mientras que el 25.07% y el 37.83% indicaron que lo recibieron, pero no lo utilizaron, y solo entre el 39.26% y el 67.67% dijeron que lo recibieron.

El 44% de estudiantes encuestados consideró que el medio virtual utilizado para el dictado de clases es insuficiente para alcanzar un nivel adecuado de las lecciones que reciben. Este hecho se corrobora con la encuesta realizada a docentes, quienes consideran que el 2021 el 44.5% de alumnos alcanzó un nivel “regular”, 30.1% señala que es “aceptable” y 19.8% como “limitada”.

24 772 manifestaron recibir la tablet. De ese grupo, 8915 tuvieron problemas en el uso de los dispositivos referido a la demora en ingresar a los aplicativos (34.90%), descarga rápida de la batería (23.35%), cargador no funciona (18.12%), pantalla no funciona correctamente (16.48%), problemas en el encendido (12.92%), entre otros.

El 56.5% de estudiantes encuestados señalaron que el medio virtual más utilizado para el dictado de clases en vivo es el Whatsapp. Sin embargo, dicho aplicativo se constituyó como medio de comunicación y no para actividades formativas dado a que no permite visualizar contenidos a diferencia de otras herramientas. Por ello, no constituye el medio más idóneo para la transmisión de clases escolares ni para fines educativos. (Informe de Orientación de Oficio N° 30663-2022-CG/PC-SOO)

Dato:

  • En todo el país hay 106 728 IIEE públicas y privadas: 82 461 son IIEE públicas (77%) de las cuales 39 771 (48%) cuentan con nivel primaria y secundaria.
  • Asimismo, hay 8 millones 152 mil 738 alumnos que acceden a la educación en la gestión pública y privada en el país. De esa cifra, a 6 millones 444 mil 256 es la población estudiantil que acceden a la educación pública (79% de la población escolar en total) que se distribuyen por nivel educativo en Inicial: 1 362 501 (21%), Primaria: 2 940 645 (46%), y Secundaria: 2 141 110 (33%). (Fuente: Escale – Minedu)

Huancayo, febrero de 2022

Gerencia de Comunicación Corporativa

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Cierre tributario: 5 puntos que las empresas deberían revisar para evitar inconsistencias ante SUNAT

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Facturas electrónicas, ventas, compras, gastos y registros contables son algunos de los aspectos que las empresas deberían contrastar antes del cierre del ejercicio para detectar diferencias y reducir contingencias tributarias.

Antes de cerrar el ejercicio, las empresas tienen una última oportunidad para detectar diferencias entre sus operaciones, comprobantes electrónicos y registros contables. Una factura pendiente de registrar, una nota de crédito que no fue considerada o un gasto sin documentación suficiente pueden generar inconsistencias que requieran regularización posterior.

La revisión cobra especial importancia a medida que la información tributaria se encuentra cada vez más digitalizada. Para las empresas, esto implica no solo cumplir con la emisión y registro de sus operaciones, sino también mantener consistencia entre la información comercial, contable y documental que sustenta sus actividades. “El cierre de año permite hacer algo que durante la operación cotidiana suele postergarse: mirar la información de manera integral. Cuando una empresa contrasta lo que vendió, compró y gastó con lo que efectivamente registró, puede encontrar diferencias que de otro modo podrían pasar desapercibidas”, señala Rigoberto Caballero, country manager de Defontana Perú.

En ese sentido, el experto de Defontana Perú, menciona cinco puntos que las empresas deberían revisar antes de cerrar el año:

1. Facturas electrónicas emitidas y recibidas. El primer paso es verificar que los comprobantes correspondan a las operaciones realizadas durante el año. Esto incluye revisar facturas, notas de crédito, notas de débito y anulaciones para detectar documentos pendientes, diferencias o regularizaciones. También es importante comprobar que todas las ventas hayan sido correctamente facturadas y que las facturas recibidas estén debidamente registradas.

2. Ventas, compras y registros contables. Las empresas deberían contrastar sus ventas y compras con los registros contables para verificar que los comprobantes y montos coincidan. Este control cobra especial relevancia con el SIRE, que genera propuestas del Registro de Ventas e Ingresos y del Registro de Compras a partir de los comprobantes electrónicos, las cuales deben ser revisadas y, de ser necesario, complementadas o reemplazadas por el contribuyente. 

“La automatización facilita el procesamiento de la información, pero su valor está en permitir detectar diferencias y hacer seguimiento a su regularización. La trazabilidad debe ser parte del control cotidiano, no solo del cierre”, explica Caballero. Contar con información integrada de ventas, compras y contabilidad facilita este cruce y reduce la necesidad de consolidar datos de distintos archivos o sistemas.

3. Compras y gastos pendientes de registrar. Antes del cierre también es conveniente identificar facturas recibidas que todavía no hayan sido registradas, gastos pendientes de contabilización u operaciones que requieran algún ajuste. La revisión debería considerar especialmente las operaciones de los últimos meses del año, cuando pueden acumularse documentos que todavía se encuentran en proceso de aprobación, registro o conciliación. Detectar estos pendientes permite determinar qué operaciones corresponden al ejercicio que termina y cuáles requieren una acción antes de iniciar el siguiente periodo.

4. Documentación que sustenta las operaciones. Las empresas deberían verificar que sus principales operaciones cuenten con documentación que acredite su origen y sustento, como órdenes de compra, contratos, comprobantes o constancias de pago. Mantener estos documentos organizados facilita la trazabilidad y permite responder con mayor rapidez ante una eventual consulta o requerimiento de SUNAT, que contempla obligaciones relacionadas con la conservación de libros, registros y documentación sustentatoria.

5. Diferencias detectadas y responsables de regularización. Toda diferencia identificada debería quedar registrada, con un responsable y una acción definida para su regularización. Así se evita que los pendientes queden sin seguimiento o pasen al siguiente ejercicio. “Encontrar una diferencia no es necesariamente el problema; lo importante es detectarla a tiempo y saber quién debe resolverla. El cierre debería terminar con pendientes claros, responsables y fechas de atención”, sostiene Caballero.

En este proceso, contar con información integrada de facturación, ventas, compras y contabilidad facilita el seguimiento y reduce la dependencia de archivos dispersos. De esta manera, el cierre puede convertirse en una instancia preventiva para fortalecer el control de la información antes de iniciar un nuevo ejercicio.

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Descarbonización empresarial: cinco decisiones para priorizar inversiones en 2027

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Gasbel Web.

· Identificar las principales fuentes de emisiones y evaluar la viabilidad de cada proyecto permite convertir los compromisos ambientales en acciones con presupuesto y resultados medibles.

En junio de este año, el Ministerio del Ambiente informó que 1.750 organizaciones públicas y privadas habían medido su huella de carbono mediante la plataforma Huella de Carbono Perú y que 142 habían reducido sus emisiones. Estas cifras corresponden a diferentes etapas de gestión y plantean un desafío para las empresas: utilizar la información sobre su impacto ambiental para definir acciones concretas de reducción.

La preparación de los presupuestos de 2027 abre una oportunidad para incorporar esas acciones a la planificación del negocio. Para hacerlo, es necesario identificar qué procesos generan más emisiones, qué mejoras pueden implementarse y cuáles requieren inversiones que deben programarse con anticipación.

“Un plan de descarbonización debe ayudar a decidir dónde invertir primero. Cada proyecto necesita una evaluación de su potencial de reducción de emisiones, sus costos y las condiciones que requiere para funcionar. Esto permite establecer prioridades que respondan tanto a los objetivos ambientales como a las necesidades de la operación”, señala César de Armero Dubois, Country Manager de Schneider Electric para Perú y Bolivia.

Para orientar esta planificación, Schneider Electric propone considerar cinco decisiones:

· Identificar dónde se generan las principales emisiones. Elaborar un inventario permite reconocer el impacto de los combustibles utilizados, la electricidad adquirida y las actividades relevantes de la cadena de valor. Definir un año base y reunir datos consistentes ayuda a concentrar los esfuerzos en las fuentes más significativas y establecer un punto de referencia para evaluar los avances.

· Evaluar qué procesos pueden electrificarse. Revisar los equipos que utilizan combustibles permite identificar dónde podrían incorporarse alternativas eléctricas. Antes de decidir, se debe analizar la capacidad de la infraestructura, la eficiencia de los equipos, los costos de operación y las condiciones de instalación. La reducción de emisiones dependerá también de las características de la electricidad que los abastezca.

· Revisar las opciones de energía renovable. Cada empresa puede evaluar alternativas de generación en sus instalaciones o de adquisición de electricidad renovable, según su consumo y las condiciones disponibles. Además del costo, es necesario revisar las condiciones contractuales y la documentación que acredita su origen. La contabilización de sus beneficios ambientales debe seguir criterios que eviten atribuir el mismo beneficio a más de un consumidor.

· Ordenar las inversiones según su impacto y viabilidad. Comparar la inversión inicial, los costos de mantenimiento, los ahorros estimados y la reducción esperada de emisiones ayuda a seleccionar los proyectos. También conviene identificar mejoras de eficiencia en los equipos existentes y aprovechar las paradas de mantenimiento para

ejecutar intervenciones. La programación debe considerar las necesidades de continuidad operativa y los recursos disponibles.

· Definir responsables, plazos e indicadores. Cada iniciativa necesita un responsable, presupuesto y un cronograma de ejecución. Para medir sus resultados, conviene revisar las emisiones totales y, cuando corresponda, las emisiones por unidad producida. Esto ayuda a distinguir una mejora de eficiencia de una reducción asociada a una menor actividad. Utilizar criterios consistentes permite comparar los resultados a lo largo del tiempo.

La planificación debe traducirse en una cartera de proyectos con prioridades y recursos definidos. Involucrar desde el inicio a las áreas de operaciones, mantenimiento, finanzas y sostenibilidad permite evaluar las decisiones de manera conjunta y dar seguimiento a su ejecución durante 2027.

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Fenómeno El Niño: Lima y el norte concentran el 92,8% de la deuda expuesta a zonas de amenaza crítica por inundaciones

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  • Un análisis de Equifax identifica diferencias en la concentración de deuda y usuarios expuestos entre ambas zonas
  • En el norte, uno de cada cuatro usuarios bancarizados reside en áreas de amenaza crítica

Lima y el norte del Perú concentran el 92,8% de la deuda ubicada en zonas de amenaza muy alta e inminente ante posibles inundaciones asociadas al Fenómeno El Niño. Así lo revela un análisis geoespacial de Equifax – Infocorp, que identifica diferencias en la distribución de las obligaciones financieras y los usuarios expuestos entre ambas zonas.

Para desarrollar el estudio, Equifax combinó información hidrológica, topográfica e histórica con datos de ubicación residencial y del Reporte de Crédito Consolidado (RCC). Bajo un escenario climático extraordinario, el análisis identificó que más del 11% de la deuda total evaluada y más del 13% de los usuarios crediticios de los departamentos estudiados se encuentran en zonas de amenaza crítica.

“Una cartera crediticia puede mostrar un buen comportamiento de pago y, aun así, estar expuesta a riesgos que no se reflejan en el historial de sus clientes. Al incorporar información geográfica al análisis financiero, podemos identificar dónde una emergencia climática podría afectar simultáneamente a personas y negocios. Contar con esa perspectiva permite anticipar decisiones y evaluar medidas para proteger la continuidad de las operaciones”, explicó Carolina Arias, gerente de Data & Analítica de Equifax – Infocorp.

Lima concentra el 62,2% de la deuda expuesta

Lima reúne el 62,2% del monto total de deuda expuesta a niveles de amenaza muy alta e inminente en las zonas costeras evaluadas por Equifax. Asimismo, concentra el 49,3% de las personas identificadas en el análisis crediticio y el 46,9% de los productos financieros registrados en estas mismas áreas. Esto muestra que su participación en el monto de deuda expuesta es mayor que en el número de usuarios.

En el norte, integrado por Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Áncash, la relación es inversa. Esta zona concentra el 30,6% de la deuda expuesta y el 38,5% de las personas identificadas en áreas críticas. Así, mientras Lima tiene un mayor peso en el monto de deuda, en el norte la participación de usuarios supera su proporción de la cartera expuesta.

Además, uno de cada cuatro usuarios bancarizados del norte (25,2%) reside en zonas de amenaza muy alta o inminente por inundaciones. Este indicador resulta relevante para las entidades financieras y microfinancieras con presencia en la región, ya que una eventual emergencia podría afectar los ingresos de parte de esta población y generar dificultades de pago entre quienes mantienen obligaciones crediticias.

Por su parte, el sur concentra el 7,2% del monto de deuda expuesta y el 12,2% de las personas identificadas en las categorías de mayor amenaza.

“Los resultados muestran diferencias importantes en la exposición financiera de cada zona. En Lima se concentra una mayor proporción del monto de deuda, mientras que en el norte destaca la cantidad de usuarios ubicados en áreas críticas en relación con su participación en la cartera expuesta. Para las entidades financieras, esta información permite distinguir dónde se concentran los mayores montos de deuda y dónde podría ser necesario reforzar el seguimiento de los clientes ante una emergencia”, añadió Carolina Arias.

Lima registra la mayor proporción de territorio bajo amenaza crítica

El análisis territorial de Equifax revela que el 6,70% de la superficie evaluada de Lima se encuentra en niveles de amenaza muy alta e inminente por inundaciones. De esta proporción, 5,09 puntos porcentuales corresponden al nivel de mayor severidad. En el norte, las áreas clasificadas en ambas categorías representan el 5,24% del territorio analizado, mientras que en el sur alcanzan el 1,66%.

La magnitud de una posible afectación económica dependerá de la concentración de viviendas, negocios e infraestructura en las áreas identificadas, más allá de la proporción de territorio que representan. Una inundación podría afectar establecimientos, interrumpir rutas de abastecimiento o paralizar las operaciones de proveedores y clientes, incluso cuando no toda una región resulte afectada.

Para las entidades financieras, identificar estas áreas permite conocer dónde se concentran los clientes y activos expuestos, complementar sus evaluaciones crediticias y priorizar acciones preventivas.

Más de 1,6 millones de adultos viven en zonas de amenaza crítica

El estudio identifica a 1.620.777 personas mayores de edad que residen en zonas de amenaza muy alta e inminente por inundaciones, de las cuales el 61% está bancarizado.

Lima concentra el 53% de los adultos expuestos, seguida del norte con el 36% y del sur con el 11%. En el norte, Lambayeque y Piura registran los mayores volúmenes de población en áreas críticas, mientras que Ica destaca en el sur.

Una eventual inundación podría afectar viviendas, negocios y fuentes de empleo, reduciendo temporalmente los ingresos de los hogares y su capacidad para cumplir con sus obligaciones financieras. Sin embargo, la exposición a una amenaza no implica necesariamente un incremento de la morosidad, pues el impacto dependerá de los daños efectivos y de la situación económica de cada deudor.

El efecto en cadena de una emergencia climática

Una inundación puede afectar establecimientos y centros de distribución, interrumpir rutas de abastecimiento y comprometer las operaciones de proveedores y clientes, incluso cuando las instalaciones principales de una compañía no resulten dañadas.

Estas interrupciones pueden extender sus consecuencias a empresas ubicadas fuera de las áreas directamente afectadas, especialmente cuando dependen de proveedores, rutas de transporte o mercados regionales vulnerables. Identificar estas relaciones y evaluar alternativas de abastecimiento permite preparar medidas de contingencia y reducir la exposición operativa ante posibles emergencias climáticas.

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