La Coalición Por un Perú de Largo Aliento desarrolló su Segunda Mesa Técnica, encuentro en el que especialistas del sector público, privado y académico analizaron los resultados del “Estudio acerca de la prevalencia de silicosis y otras enfermedades respiratorias ocupacionales en los sectores industriales y extractivos del Perú” y plantearon acciones para mejorar la prevención de la silicosis y otras enfermedades respiratorias ocupacionales.

El estudio, implementado por IMASEN a partir de 101 encuestas y 11 entrevistas en profundidad a representantes de empresas, muestra que el 64% identifica la exposición a polvo y agentes respirables como uno de sus principales riesgos laborales. Asimismo, el 86% reporta enfermedades respiratorias al menos una vez cada dos meses, mientras que el 61% señala haber identificado casos de silicosis en su organización. Además, incluso entre empresas del sector formal, el 31% reporta la presencia de EPP falsificados o de baja calidad.

Los resultados también evidencian retos para trasladar la prevención a la operación cotidiana. El 52% considera que la regulación sobre exposición a sílice carece de suficiente especificidad técnica para su aplicación, mientras que el 98% reconoce la necesidad de contar con lineamientos más específicos para prevenir la silicosis y gestionar la exposición a sílice respirable.

A partir de estos hallazgos, los participantes de la mesa coincidieron en que la protección respiratoria debe abordarse de manera integral. Los EPP constituyen una barrera fundamental, pero representan el último nivel dentro de la jerarquía de controles. Por ello, se planteó reforzar también el monitoreo de la calidad del aire, los controles de ingeniería, la vigilancia médica y las medidas que permitan reducir la exposición desde el origen.

Otro de los principales consensos fue la necesidad de garantizar que mascarillas y respiradores cumplan estándares verificables de calidad, filtración y seguridad. Durante la sesión se discutió la importancia de fortalecer la capacidad técnica y de laboratorio en el país para evaluar estos productos.

Se señaló, además, la necesidad de retomar el seguimiento del Plan Nacional para la Erradicación de la Silicosis al 2030 y considerar esta problemática dentro de la planificación para 2027. Asimismo, algunos participantes informaron sobre estudios piloto en aerosoles y calidad del aire y pusieron a disposición capacidades investigativas y laboratoriales para contribuir a futuras investigaciones.

Como siguiente paso, Por un Perú de Largo Aliento impulsará una hoja de ruta que traduzca estos consensos en acciones de corto, mediano y largo plazo, fortaleciendo la generación de evidencia, las capacidades técnicas, el control de calidad de los equipos de protección y la articulación entre los distintos actores involucrados en la salud respiratoria de los trabajadores peruanos.

Incorporar la logística desde las primeras etapas permite evaluar alternativas de transporte, anticipar requerimientos ambientales y reducir riesgos asociados a la operación minera

La planificación logística se posiciona como un componente clave para el desarrollo de nuevos proyectos mineros, debido a su impacto en los costos de capital y operación. La incorporación de variables logísticas, como las rutas de transporte, la infraestructura, las condiciones del territorio y los requerimientos de permisos desde las etapas iniciales de diseño, permite identificar riesgos con anticipación y facilita la toma de decisiones informadas que contribuye a la viabilidad del proyecto.

Este enfoque resulta especialmente relevante en operaciones ubicadas en zonas remotas o con infraestructura limitada, donde las alternativas para transportar el mineral pueden tener implicancias directas en la inversión y los costos operativos. Por ello, evaluar distintas opciones de transporte multimodal desde el inicio permite comparar escenarios e identificar soluciones óptimas que consideren factores como la seguridad, las cadenas de suministro responsables, la infraestructura portuaria, los impactos ambientales y el riesgo climático.

“En un proyecto de cobre en Perú, se había previsto transportar el producto, alrededor de 1.000 kilómetros, mediante una tubería de lodos. Sin embargo, el proyecto no pudo obtener el permiso para construirlo. Fue entonces cuando Ausenco se incorporó para ayudar a replantear la solución logística”, explicó Harpreet Natt, Director North America, Ports & Logistics Ausenco.

Como respuesta a este desafío, la solución de Ausenco combinó una ruta ferroviaria existente de aproximadamente 500 kilómetros con otros 500 kilómetros de carreteras ya existentes, utilizando contenedores sellados y personalizados para transportar el producto. Según Natt, esta solución permitió resolver el desafío logístico y la mina actualmente se encuentra en operación.

Las tecnologías emergentes también están ampliando las posibilidades para la toma de decisiones logísticas y ambientales. El uso de sensores remotos, inteligencia artificial, imágenes satelitales y otras herramientas permite recopilar datos con mayor rapidez y precisión, generar información sobre las condiciones de un territorio y repetir mediciones para fortalecer la evaluación de riesgos y futuras etapas de un proyecto.

Estos temas fueron abordados por Harpreet Natt, Director North America, Ports & Logistics, y Joe Walker, National Marine Lead de Ausenco, durante un episodio de Mining NOW, una serie de video podcasts desarrollados en colaboración con el Canadian Institute of Mining (CIM) y Crownsmen Partners.

● Las normas culturales en las que se desenvuelven las personas afectan directamente a la hora de denunciar actos que van contra la ley en el sector de servicios públicos.

● El diálogo social permite crear consensos y paz laboral, ayudando a generar o adaptar políticas que protegen a los denunciantes en cualquier situación.

Las denuncias de irregularidades son necesarias para la sociedad, especialmente si se trata del sector de los servicios públicos. La creación de una cultura organizacional basada en la confianza, la integridad, y que destaque por un diálogo social constante, constituye uno de los pilares para fortalecer la protección de quienes realizan acusaciones ante las autoridades competentes. Sin embargo, para llegar a este punto, primero se debe proteger a los denunciantes.

El informe “La protección de los denunciantes de irregularidades en el sector de los servicios públicos”, realizado en septiembre de 2022 por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), señala que se debe ir más allá de los marcos normativos y los procedimientos de denuncia. Esto se debe a que la eficacia de cualquier sistema de protección depende de la existencia de una cultura institucional que promueva la transparencia, la responsabilidad y el respeto entre todos los actores.

Las normas culturales de un país, ciudad o institución están estrechamente ligadas a la ética de las personas. Por ejemplo, el informe de la OIT destaca el caso de Singapur, donde un estudio indica que el 56% de los encuestados sí denunciarían actos de corrupción, sin importar si existe o no una política de protección para los denunciantes. Además, se resalta que esa cifra aumentaría un 36% si existiera una ley. Sin embargo, en otros países, las acusaciones de este tipo podrían tomarse como un acto hostil. Esto conlleva a que el entorno laboral y el trato que se recibe de las instituciones públicas terminen influenciando en la decisión de denunciar las irregularidades.

“La protección de los denunciantes debe estar acompañada por una cultura organizacional que valore la comunicación abierta y el comportamiento ético. Luego de identificar los elementos culturales que rodean cada denuncia, se debe fomentar entornos de mediación laboral donde los trabajadores puedan expresar sus inquietudes de buena fe. De esta manera, contribuirán a la mejora de los servicios públicos sin temor a consecuencias negativas”, asegura Carlos Carrión Crespo, Juris doctor, especialista en mediación laboral y exoficial en servicios públicos en la OIT.

En el caso peruano, la Ley N° 29542, Ley de protección al denunciante en el ámbito administrativo y de colaboración eficaz en el ámbito penal, tiene como objetivo proteger y otorgar beneficios a quienes denuncien irregularidades en cualquier entidad pública. De esta manera, los infractores pueden ser investigados o sancionados administrativamente. Esta ley protege la identidad del denunciante, garantiza la confidencialidad de la denuncia e, incluso, concede un porcentaje del producto de los fondos recuperados a la persona que realizó la acusación.

El informe de la OIT también resalta que esta cultura no surge únicamente de las leyes, sino también del liderazgo institucional, la capacitación, la sensibilización y el compromiso permanente con los valores de integridad. Así, construir este tipo de cultura beneficia a toda la organización: favorece la detección temprana de problemas, fortalece la confianza entre empleadores y trabajadores, y ayuda a contribuir en la mejora de la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos.

“Sin embargo, la herramienta esencial para consolidar estos objetivos es el diálogo social, cuyo objetivo es generar consenso y crear una paz laboral. Con este recurso se pueden diseñar políticas de protección más eficaces y que pueden ser adaptadas a las realidades de cada institución. A través del

intercambio de experiencias y la cooperación entre ambas partes, se establecen mecanismos que generan confianza para los denunciantes, pero también refuerzan la prevención de irregularidades de forma constante”, agrega el experto.

El diálogo social facilita la elaboración conjunta de procedimientos internos, programas de formación y campañas de información que ayudan a que las personas conozcan todos los canales de denuncia disponibles. Es así como los trabajadores comprenden la importancia de actuar con responsabilidad y buena fe, debido a que, con estas herramientas, tienen evidencia palpable de que las autoridades están actuando y que los protegerán cuando deban realizar una denuncia.

“La combinación de una sólida cultura organizacional y un diálogo social permanente contribuye a crear instituciones más transparentes, resilientes y orientadas al interés público. La protección de los denunciantes no debe entenderse únicamente como un mecanismo de respuesta ante situaciones específicas, sino como parte de una estrategia más amplia de fortalecimiento institucional y mejora continua de los servicios públicos”, concluye Carrión Crespo.