o Permitirá viabilizar inversión social por más de S/ 10 millones

El Ministerio de Energía y Minas (MINEM), a través de la Oficina General de Gestión Social (OGGS), facilitó el cierre de la mesa de trabajo entre el caserío San José y la empresa Pan American Silver – Shahuindo, en la provincia de Cajabamba, región Cajamarca.

Esto como resultado de un proceso de diálogo orientado al cumplimiento de compromisos y al fortalecimiento de la convivencia social, en aras de impulsar actividades extractivas sostenibles.

La mesa permitió abordar compromisos pendientes, como la implementación de un proyecto de inversión de agua potable por más de S/ 4 millones, y la construcción de las casas comunales por más de S/ 6.5 millones, así como temas vinculados al seguimiento de acuerdos, la relación comunitaria, el impulso de proyectos sociales y la transparencia, en un espacio de diálogo técnico y social.

Representantes de la empresa y autoridades del caserío destacaron el rol del MINEM como facilitador del diálogo, señalando que este proceso contribuyó a fortalecer la confianza y a consolidar una relación más armónica en el territorio.

El MINEM continuará acompañando los procesos de diálogo entre comunidades y empresas, promoviendo una minería responsable y el fortalecimiento de la paz social en las zonas de influencia minera.

La reciente ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta diciembre de 2026 vuelve a poner en evidencia las limitaciones de un proceso que, lejos de cumplir su objetivo original, ha terminado prolongándose sin resultados concretos. Así lo advirtió Gustavo De Vinatea, gerente general del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), en una columna para el diario La República.
“El proceso de formalización minera no está dando resultados”, sostuvo De Vinatea, al recordar que el Reinfo fue concebido como un mecanismo estrictamente temporal, pero que “a fuerza de prórrogas, se ha convertido en un sistema que normaliza la informalidad y debilita la institucionalidad”.

Desde el IIMP, De Vinatea subrayó que la formalización minera no puede sostenerse únicamente sobre ampliaciones, sino que necesita de otros aspectos. “La formalización minera requiere reglas claras, procedimientos verificables y plazos definidos. También exige recuperar el principio de autoridad del Estado y asegurar que las normas se cumplan”, enfatizó.
En esa línea, advirtió que la falta de exigencia termina afectando a quienes sí apuestan por la legalidad. “Sin ello, se termina desincentivando al minero formal y premiando a quienes no demuestran voluntad real de cumplir con la ley”, señaló.

El gerente del IIMP planteó que los esfuerzos del Estado deben reorientarse. “El esfuerzo del Estado debe enfocarse en proteger al formal y brindarle herramientas reales para desarrollarse de manera sostenible”, indicó.
Ley Mape
Como salida estructural, el gerente general del IIMP remarcó la urgencia de una nueva normativa. “El Congreso debe priorizar ahora el debate para una Ley MAPE, que promueva a la pequeña minería con criterios técnicos y de sostenibilidad, propiciando en ella el trabajo decente y el cuidado de un entorno saludable”, puntualizó.
Finalmente, hizo un llamado al Legislativo a preservar el carácter técnico de la política pública en este ámbito. “Es indispensable que desde el Legislativo se garantice la neutralidad y visión técnica en torno a estos temas”, advirtió, recordando que “la política pública no puede responder a intereses particulares ni a cálculos de corto plazo.

El Comando Unificado Pataz ejecutó con éxito la operación militar unificada “Martillo IV”, con el apoyo de la Policía Nacional, donde se logró la detención de tres implicados y la destrucción de diverso material utilizado por la minería ilegal, valorizado en aproximadamente S/ 339 200, afectando de manera directa la logística de estas organizaciones criminales.

La intervención se desarrolló en los sectores Socorro y Marleni, donde se identificaron bocaminas y socavones empleados para actividades ilícitas, como parte de las acciones del Estado orientadas a combatir la minería ilegal y los delitos conexos en la provincia de Pataz, departamento de La Libertad, en el marco del estado de emergencia vigente.

Durante el desarrollo del operativo, los intervenidos activaron tres cargas de gas pimienta en el interior de un socavón, lo que obligó a las fuerzas del orden a ejecutar un repliegue táctico inmediato para salvaguardar la salud y la capacidad operativa del personal. Posteriormente, los sujetos intentaron huir por una ruta alterna, siendo interceptados, reducidos y detenidos. No se registraron bajas ni lesiones de consideración.

Al respecto, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general EP David Guillermo Ojeda Parra, destacó la importancia estratégica de la intervención y el profesionalismo del personal desplegado, señalando que las fuerzas actúan con decisión, disciplina y estricto respeto al marco legal, enfrentando estructuras criminales que ponen en riesgo la vida humana, el medio ambiente y la paz social.

Asimismo, subrayó que la presencia conjunta y sostenida de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú viene generando resultados concretos, logrando afectar economías ilícitas vinculadas a la minería ilegal por un monto superior a S/ 247 millones.

Con la operación “Martillo IV”, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas reafirma que las acciones en la provincia de Pataz continuarán de manera sostenida, integrada y transparente, como parte de una estrategia nacional orientada a desarticular economías ilícitas, restablecer el orden interno y garantizar la seguridad y el futuro de las comunidades.