Hidrocarburos
Sindicatos de Petroperú reafirman exigencia de derogar decreto de reorganización ante «riesgos estructurales que introduce» la norma

pesar de los anuncios realizados por el Ministerio de Energía y Minas (Minem) y los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas de Petróleos del Perú el lunes 16 de marzo de 2026, el Frente de Sindicatos de Trabajadores Petroleros de Petroperú (FSTPP) reafirma su exigencia: la derogatoria inmediata del Decreto de Urgencia 010-2025.
Para la organización sindical, las medidas anunciadas por el Ejecutivo —orientadas a respaldar financieramente a Petroperú, mejorar su liquidez y asegurar la continuidad operativa— resultan claramente insuficientes frente a los riesgos estructurales que introduce el decreto. Si bien se contemplan mecanismos de apoyo estatal, reorganización administrativa y acciones para optimizar la gestión, estas disposiciones no abordan el problema de fondo, que según los trabajadores radica en el propio contenido del DU 010-2025.
Gestión y viabilidad
Desde la perspectiva sindical, el decreto no solo compromete la gestión y viabilidad de la empresa, sino que además presenta serios indicios de inconstitucionalidad. Esta preocupación se ve reforzada por la demanda presentada por la Defensoría del Pueblo ante el Tribunal Constitucional, lo que, a juicio de los sindicatos, evidencia que no es posible sostener ninguna política de fortalecimiento empresarial sobre una base jurídica cuestionada.
En esa línea, los trabajadores también cuestionan lo que consideran una “doble vara” en el tratamiento económico entre empresas públicas y privadas. Señalan que mientras el apoyo estatal a Petroperú suele calificarse como un “salvavidas” —sugiriendo un gasto perdido o un rescate a la ineficiencia—, los beneficios otorgados al sector privado son presentados como “incentivos” o “fomento”, aun cuando impliquen importantes recursos públicos. Para los sindicatos, esta diferencia en el lenguaje refleja una narrativa que desvaloriza la inversión estatal en activos estratégicos.

Utilidad para el Estado
Asimismo, remarcan que, a diferencia de lo que ocurre con empresas privadas, cualquier utilidad generada por Petroperú —especialmente tras la modernización de la Refinería de Talara— retorna íntegramente al Estado y, por tanto, al financiamiento de servicios públicos como salud, educación e infraestructura. En contraste, sostienen que los beneficios derivados de subsidios o exoneraciones tributarias a privados quedan en manos de sus accionistas, sin un retorno directo equivalente para el erario nacional.
Otro aspecto crítico señalado es la distribución del riesgo. Según advierten, diversos proyectos privados operan bajo esquemas que incluyen garantías soberanas, donde el Estado asume pérdidas en caso de fracaso, mientras que las ganancias se privatizan si el proyecto tiene éxito. Bajo ese marco, consideran contradictorio que a Petroperú se le exija operar con criterios estrictos de rentabilidad privada, mientras enfrenta limitaciones políticas y burocráticas que no afectan a sus competidores.
Del mismo modo, el FSTPP destaca la diferencia entre inversión en activos y gasto tributario. La inversión en infraestructura como la Nueva Refinería de Talara, indican, se traduce en activos físicos y capacidad productiva que pertenecen al país. En cambio, las exoneraciones tributarias representan ingresos que el Estado deja de percibir de manera recurrente, generando un impacto fiscal significativo que, según diversas estimaciones, puede superar ampliamente los montos destinados a la empresa estatal.
Asimismo, uno de los puntos más críticos señalados por los trabajadores es el riesgo de que el decreto facilite el “malbarateo” de los principales activos de Petroperú. En su análisis, advierten que la norma abre la puerta a procesos que podrían derivar en la cesión o privatización encubierta de infraestructura estratégica, debilitando el rol de la empresa como actor clave en el sector energético nacional.
Rol estratégico
A ello se suma el rol estratégico que cumple Petroperú en el abastecimiento de combustible en zonas donde la inversión privada no llega por falta de rentabilidad, como regiones de la selva y zonas altoandinas. En ese sentido, los sindicatos subrayan que el Estado no solo actúa como agente económico, sino como garante del acceso a servicios esenciales en todo el territorio.
Bajo esta lectura, los anuncios del Ejecutivo y las decisiones de la Junta General de Accionistas no logran disipar las preocupaciones de fondo. Para el FSTPP, cualquier medida de apoyo económico o administrativo pierde eficacia si no se elimina previamente el marco normativo que, según sostienen, amenaza la integridad institucional y patrimonial de la empresa.
La reunión sostenida con el congresista Carlos Zeballos refuerza esta línea de acción política. Ambas partes han coincidido en la necesidad de impulsar la derogatoria del DU 010-2025 desde el ámbito legislativo, consolidando un frente que busca frenar lo que consideran una política perjudicial para los intereses nacionales. En esa misma línea, se recuerda que el actual Presidente de la República, José María Balcázar, figura como coautor de uno de los proyectos de ley que plantean la derogación de dicha norma.
En conclusión, los sindicatos de Petroperú mantienen una posición firme: los anuncios del Gobierno son insuficientes mientras el Decreto de Urgencia 010-2025 continúe vigente. Sostienen que la solución no pasa únicamente por medidas financieras, sino por garantizar un marco legal legítimo, transparente y alineado con la defensa del patrimonio estatal. En ese contexto, advierten que el cuestionamiento constante a la inversión pública en la empresa podría responder a una narrativa orientada a debilitar su valor y justificar su eventual transferencia a bajo costo. Por ello, el Frente de Sindicatos de Trabajadores Petroleros de Petroperú reiteran su demanda central: la derogación inmediata del DU como condición indispensable para asegurar la viabilidad y el futuro de Petroperú.

Hidrocarburos
MINEM designa a Ricardo Villavicencio como nuevo titular de la Dirección General de Hidrocarburos

El Ministerio de Energía y Minas designó a Ricardo Villavicencio Ferro como nuevo titular de la Dirección General de Hidrocarburos mediante la Resolución Ministerial N.º 479-2026-MINEM/DM. El ingeniero petroquímico y exdirector del área asume el cargo en un contexto marcado por la caída de reservas y la necesidad de atraer inversiones para fortalecer la seguridad energética del país. Consulta más detalles en Diario Oficial El Peruano.

La Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) tiene nuevo titular. El Diario Oficial El Peruano publicó la Resolución Ministerial N.º 479-2026-MINEM/DM, que designa a Ricardo Villavicencio Ferro en el cargo, considerado de confianza. La norma lleva la firma del ministro Guillermo Shinno y llega después de aceptar la renuncia de José Alberto Agurto Saldaña, quien ocupaba el puesto desde pocas semanas atrás.
Villavicencio es ingeniero petroquímico por la Universidad Nacional de Ingeniería y cuenta con estudios de posgrado en Project Management por ESAN. Antes de llegar a la dirección general, se desempeñó como director de Procesamiento, Transporte y Comercialización de Hidrocarburos y Biocombustibles. No es la primera vez que Villavicencio asume esta responsabilidad. Ya había estado al frente de la Dirección General de Hidrocarburos desde marzo de 2025, cuando el ministerio lo nombró mediante la Resolución Ministerial N.º 086-2025-MINEM/DM.
El nombramiento se produce en un momento crucial para el sector. La viceministra de Hidrocarburos, Iris Cárdenas, advirtió en octubre que la caída de las reservas y la reducción de las inversiones representan desafíos concretos para el país. En su diagnóstico, el Perú tiene recursos que deben ponerse en valor mediante la exploración y, para lograrlo, el ministerio impulsa reformas orientadas a agilizar permisos, modernizar el marco normativo y atraer capitales. La idea es reducir la dependencia de las importaciones de combustibles y fortalecer la seguridad energética.

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Hidrocarburos
Perupetro convoca a empresas para operar el Lote 8 de Loreto durante los próximos 30 años

La convocatoria busca asegurar la continuidad de las actividades de explotación y exploración en este yacimiento petrolero, que registra una producción promedio de 4.915 barriles diarios. Las empresas interesadas podrán presentar sus cartas de interés hasta el 10 de mayo de 2027.
La empresa estatal Perupetro puso en marcha el proceso de selección de un nuevo operador para el Lote 8, ubicado en la cuenca Marañón, en la región Loreto. La convocatoria contempla la suscripción de un contrato por un periodo de 30 años, con el objetivo de garantizar la continuidad de las operaciones petroleras en esta zona del país.
Actualmente, el yacimiento registra una producción promedio fiscalizada de 4.915 barriles de petróleo por día (BOPD). El contrato de licencia vigente, suscrito con Upland Oil & Gas L.L.C., culminará el 3 de noviembre de 2028. Por ello, Perupetro busca seleccionar con anticipación a la compañía que estará a cargo de las futuras operaciones.
El Lote 8 está situado en la provincia y departamento de Loreto, en la Amazonía peruana. Como parte de las etapas previas, Perupetro informó que ya desarrolló las actividades presenciales de participación ciudadana, destinadas a informar sobre el proceso y conocer las opiniones de las comunidades comprendidas en el área de influencia del contrato.
Por su parte, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) tendrá a su cargo el desarrollo del procedimiento de consulta previa, conforme a las disposiciones legales vigentes.
¿Qué requisitos determinarán la elección del nuevo operador?
De acuerdo con las bases del proceso, la Buena Pro será adjudicada a la empresa que presente la mejor propuesta adicional al Programa de Trabajo de Desarrollo y Exploración definido por Perupetro.
El programa considera intervenciones para recuperar y mejorar la productividad de los pozos existentes, además de la perforación de nuevos pozos destinados tanto al desarrollo del yacimiento como a la exploración de nuevas reservas.
Las compañías interesadas en participar tendrán plazo hasta el 10 de mayo de 2027 para presentar sus respectivas cartas de interés. En tanto, la adjudicación de la Buena Pro está programada para el 9 de agosto de 2027.
Las empresas que deseen conocer las condiciones y requisitos de participación pueden revisar las bases de la convocatoria, disponibles en el portal institucional de Perupetro.
Con este proceso, la entidad busca asegurar la continuidad de las operaciones del Lote 8 durante las próximas tres décadas, impulsar nuevas inversiones en exploración y desarrollo, y preservar los niveles de producción petrolera, así como los ingresos económicos que genera esta actividad para el país.

Hidrocarburos
Sector Minería e Hidrocarburos registró una caída de 6,32% en setiembre de 2026

El sector Minería e Hidrocarburos registró una contracción de 6,32% en setiembre de 2026, en comparación con el mismo periodo del año anterior, debido principalmente al retroceso de la actividad minera, cuyo subsector disminuyó 7,22%.
Este resultado estuvo asociado a una menor producción de los principales minerales, entre ellos el cobre (-9,0%), zinc (-21,1%), oro (-6,4%), plata (-11,8%) y plomo (-11,1%).
En contraste, el subsector hidrocarburos mostró un ligero crecimiento de 0,01%, impulsado por el incremento de 10,6% en la producción de gas natural. Sin embargo, este avance fue contrarrestado por la reducción en la extracción de petróleo crudo (-6,9%) y líquidos de gas natural (-3,7%).

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