A marzo de este año, Petroperú registró una utilidad neta de US$133.2 millones, luego de perder US$111.2 millones en el mismo periodo de 2025, según reportó la empresa a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV). Sin embargo, la mejora de resultados no respondería a una mayor eficiencia operativa, sino a una reducción de actividad y de costos.

Durante el primer trimestre del año, las compras de crudo de la petrolera cayeron casi 40% y pasaron de US$1,008 millones entre enero y marzo de 2025, a US$608.5 millones en el mismo periodo de 2026.

En paralelo, el costo de ventas se desplomó 48.5%, debido a que la empresa adquirió menos petróleo y redujo su operación. A la vez, los ingresos ordinarios retrocedieron 21.4%, reflejando una menor actividad comercial y menores ventas de combustibles.

En su informe financiero, Petroperú reconoce que viene registrando una reducción en los niveles de venta de combustibles en el mercado interno, asociada al menor volumen de producción de diésel de bajo azufre y Turbo A1. Según explicó, esto se debe a problemas de liquidez que afectaron el suministro de crudo para su procesamiento y a paradas programadas de algunas unidades por mantenimiento. Asimismo, la petrolera señaló que aún está en proceso de estabilización de la refinería de Talara.

La situación financiera de Petroperú enfrenta serias limitaciones para sostener su nivel de endeudamiento, debido a su baja capacidad de generación de ingresos. Así lo advirtió José Bueno, catedrático de Finanzas de FRI ESAN, quien señaló que el problema es que la empresa no cuenta con un EBITDA suficiente para atender sus obligaciones.

Al cierre de marzo, el EBITDA proyectado de Petroperú se ubicaría en torno a los US$500 millones anuales, una cifra que resulta insuficiente frente a una deuda total cercana a los US$8,000 millones. “Es inviable poder pagar aproximadamente 7 veces su ingreso anual en un año”, afirmó.

La estructura de la deuda agrava aún más el problema. Del total, alrededor de US$3,578 millones corresponden a compromisos de corto plazo, mientras que unos US$4,321 millones están distribuidos entre el mediano y largo plazo. “Esto es un problema inmediato, porque tienen que comprometerse a pagar al menos los US$3,578 millones en el corto plazo”, explicó.

En ese contexto, Petroperú ha solicitado una garantía estatal por US$2,000 millones para acceder a financiamiento. Sin embargo, José Bueno sostuvo que este monto responde a la necesidad de cubrir pagos a proveedores, cuya línea asciende a aproximadamente US$2,500 millones.

Advirtió que este respaldo implicaría un costo fiscal directo para el Estado. “Es una garantía que se va a tener que volver líquida sí o sí”, sostuvo, al señalar que no existen fundamentos financieros que permitan cubrir ese compromiso.

Asimismo, enfatizó que este tipo de medida no resuelve el problema estructural de la empresa.

Reestructuración

El catedrático también alertó sobre el deterioro financiero de la empresa en función de su nivel de endeudamiento. “Estamos hablando de un ratio de hasta 15 veces deuda sobre EBITDA”, precisó, lo que incrementa significativamente el riesgo de insolvencia. Frente a este escenario, consideró que cualquier apoyo estatal debería estar condicionado a una reestructuración.

El presidente José María Balcázar endureció su postura frente a un eventual nuevo rescate financiero de Petroperú y fijó una condición innegociable: la salida del actual directorio.

El mandatario afirmó que cualquier respaldo económico del Estado dependerá de una reestructuración inmediata en la conducción de la petrolera, en medio de cuestionamientos sobre su manejo administrativo.

Durante una entrevista radial, el jefe de Estado dejó en claro que el Ejecutivo no está dispuesto a transferir más recursos sin antes corregir lo que considera fallas estructurales en la gestión.

“Hemos puesto una condición, tiene que cambiarse el directorio de Petroperú”, declaró, marcando distancia de decisiones adoptadas en anteriores administraciones.

Asimismo, Balcázar también apuntó contra la forma en que se administraron los fondos públicos en la empresa estatal.

Según indicó, existen indicios de prácticas que habrían favorecido a determinados proveedores, así como decisiones financieras que no responden a criterios de eficiencia.

En esa línea, cuestionó el pago de beneficios en un contexto que, asegura, no refleja resultados positivos.

“Eso le causa una mala administración, donde hay privilegios para los proveedores, para sus pagos, inclusive hay reparto de utilidades en una empresa que no produce ningún tipo de utilidad”, sostuvo el mandatario, aludiendo a lo que considera inconsistencias en la gestión interna de la petrolera.

El presidente enfatizó que la permanencia del actual directorio representa un obstáculo para garantizar transparencia y eficiencia en el uso de los recursos estatales. En ese sentido, insistió en que la renovación de la alta dirección es clave para recuperar la confianza y asegurar una administración responsable.

Además, Balcázar remarcó que su gobierno prioriza el orden y la vigilancia en el manejo de fondos públicos, especialmente en empresas estratégicas.

“Mientras no tengamos funcionarios que apunten a hacer un buen manejo a los recursos económicos, es necesario poner orden”, afirmó.