La Asociación Colombiana del GLP – GASNOVA manifestó su desacuerdo tras la expedición del Decreto 117 de 2026 por parte de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Esta nueva normatividad prohíbe las ventas ambulantes de alimentos que utilizan el Gas Licuado del Petróleo (GLP) en cilindros, afectando de manera directa a miles de familias vulnerables que encontraron en esta actividad su única fuente de ingresos. Según el gremio, esta medida vulnera el derecho constitucional a los servicios públicos y el derecho fundamental al trabajo de más de 10.000 venteros, poniendo en riesgo el sustento económico de miles de familias pobres que dependen de la denominada «economía popular» en la capital.

El presidente de GASNOVA, Alejandro Martínez Villegas, enfatizó que el cilindro de GLP es usado de manera segura y eficiente desde hace más de 80 años, por ello hoy 12 millones de usuarios en el país entre ellos los trabajadores informales del sector de alimentos acceden a este servicio público. “Gracias a su portabilidad y sus propiedades como energético limpio, el uso de cilindros cumpliendo los lineamientos técnicos establecidos por el Ministerio de Minas y acogidos por la anterior administración distrital en la Resolución 1207 de 2020 expedida por la Secretaría de Gobierno de Bogotá, permiten el uso seguro de GLP en cilindros sin representar riesgos para la comunidad”, aseguró.

El dirigente gremial hizo un llamado urgente a la Administración Distrital para que, en lugar de recurrir a la prohibición con difíciles probabilidades de implementarse en las actuales circunstancias económicas y sociales de la capital, se trabaje activamente en desarrollar un programa integral con los vendedores ambulantes que utilizan el servicio púbico de GLP con el fin de que sean capacitados y organizados en una solución concertada. Esta propuesta busca construir sin estigmatizar el acceso al servicio público de GLP, ni a sus usuarios venta ambulante.

GASNOVA recordó que el Ministerio de Minas y Energía (MME) emitió un concepto oficial el pasado 26 de diciembre de 2025, en el cual señaló que “En este marco constitucional y legal los vendedores ambulantes o informales corresponden a usuarios finales del servicio público de GLP en cilindros, al igual que lo hace cualquier otro usuario, ya sea que se encuentre ubicado en zonas urbanas o rurales.”

Martínez explicó que este respaldo jurídico es fundamental, pues el Artículo 365 de la Constitución Política de Colombia estipula que los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado, y es deber de este asegurar su prestación a todos los habitantes del territorio nacional. En este sentido, GASNOVA aclara que las empresas prestadoras de este servicio público están obligadas por ley a suministrar el GLP, y que la reglamentación técnica dictada por el Ministerio ya contempla las normas necesarias para garantizar el uso seguro del cilindro en ventas ambulantes.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Gobierno y el Instituto para la Economía Social (IPES), en Bogotá existen 10.331 puestos de comida en el espacio público que emplean GLP. Para estos ciudadanos, el cilindro representa el «motor» de su economía familiar. Martínez destaca que el acceso al GLP ha sido un avance social significativo, promovido incluso por los programas de sustitución de combustibles contaminantes desarrollados por la UPME y el MME, permitiendo que poblaciones vulnerables abandonen el uso de leña y carbón, combustibles altamente contaminantes que con la prohibición de la alcaldía van a volver a ser utilizados por los vendedores ambulantes de comidas generando un aumento en enfermedades respiratoria y visuales, aumentando los costos que deberá asumir el SISBEN y afectando gravemente las vidas de estas personas vulnerables.

GASNOVA también argumenta que Bogotá está actuando en contravía de las tendencias globales. En las grandes metrópolis, las ventas callejeras son promovidas por las autoridades para ofrecer sabores auténticos a precios accesibles. Debido a su alta capacidad calorífica y portabilidad, el GLP es el combustible estándar en todo el mundo para cocinas móviles. Ejemplo de ellos son los famosos carritos de perros calientes en Nueva York que utilizan cilindros de GLP diariamente en Manhattan entre edificios públicos y privados, los carritos de crepes en Paris y para no ir tan lejos, casos latinoamericanos como los de Ciudad de México y Lima, con sus puestos de comidas típicas que hacen parte de su turismo gastronómico. Incluso en Colombia, Medellín cuenta con un modelo exitoso de plazoletas de food trucks que están replicando modelos de Miami y otras ciudades.

Finalmente, Martínez reiteró la disposición de GASNOVA para trabajar de manera articulada con la Alcaldía de Bogotá. El objetivo es construir una experiencia gastronómica urbana ordenada y segura, que le dé un valor agregado a la capital colombiana, similar a la de otras ciudades del mundo.

El dirigente gremial concluye que la prohibición no es el camino; por el contrario, el servicio público de GLP debe ser visto como una herramienta que genera empleo, fomenta el turismo gastronómico y ofrece opciones de alimentación asequibles a millones de bogotanos. Prohibir su uso es inviable, discrimina y deja sin opciones a miles de personas que han encontrado en esta actividad su única fuente de ingresos.

La Asociación Colombiana del GLP – GASNOVA manifestó su desacuerdo tras la expedición del Decreto 117 de 2026 por parte de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Esta nueva normatividad prohíbe las ventas ambulantes de alimentos que utilizan el Gas Licuado del Petróleo (GLP) en cilindros, afectando de manera directa a miles de familias vulnerables que encontraron en esta actividad su única fuente de ingresos. Según el gremio, esta medida vulnera el derecho constitucional a los servicios públicos y el derecho fundamental al trabajo de más de 10.000 venteros, poniendo en riesgo el sustento económico de miles de familias pobres que dependen de la denominada «economía popular» en la capital.

El presidente de GASNOVA, Alejandro Martínez Villegas, enfatizó que el cilindro de GLP es usado de manera segura y eficiente desde hace más de 80 años, por ello hoy 12 millones de usuarios en el país entre ellos los trabajadores informales del sector de alimentos acceden a este servicio público. “Gracias a su portabilidad y sus propiedades como energético limpio, el uso de cilindros cumpliendo los lineamientos técnicos establecidos por el Ministerio de Minas y acogidos por la anterior administración distrital en la Resolución 1207 de 2020 expedida por la Secretaría de Gobierno de Bogotá, permiten el uso seguro de GLP en cilindros sin representar riesgos para la comunidad”, aseguró.

El dirigente gremial hizo un llamado urgente a la Administración Distrital para que, en lugar de recurrir a la prohibición con difíciles probabilidades de implementarse en las actuales circunstancias económicas y sociales de la capital, se trabaje activamente en desarrollar un programa integral con los vendedores ambulantes que utilizan el servicio púbico de GLP con el fin de que sean capacitados y organizados en una solución concertada. Esta propuesta busca construir sin estigmatizar el acceso al servicio público de GLP, ni a sus usuarios venta ambulante.

GASNOVA recordó que el Ministerio de Minas y Energía (MME) emitió un concepto oficial el pasado 26 de diciembre de 2025, en el cual señaló que “En este marco constitucional y legal los vendedores ambulantes o informales corresponden a usuarios finales del servicio público de GLP en cilindros, al igual que lo hace cualquier otro usuario, ya sea que se encuentre ubicado en zonas urbanas o rurales.”

Martínez explicó que este respaldo jurídico es fundamental, pues el Artículo 365 de la Constitución Política de Colombia estipula que los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado, y es deber de este asegurar su prestación a todos los habitantes del territorio nacional. En este sentido, GASNOVA aclara que las empresas prestadoras de este servicio público están obligadas por ley a suministrar el GLP, y que la reglamentación técnica dictada por el Ministerio ya contempla las normas necesarias para garantizar el uso seguro del cilindro en ventas ambulantes.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Gobierno y el Instituto para la Economía Social (IPES), en Bogotá existen 10.331 puestos de comida en el espacio público que emplean GLP. Para estos ciudadanos, el cilindro representa el «motor» de su economía familiar. Martínez destaca que el acceso al GLP ha sido un avance social significativo, promovido incluso por los programas de sustitución de combustibles contaminantes desarrollados por la UPME y el MME, permitiendo que poblaciones vulnerables abandonen el uso de leña y carbón, combustibles altamente contaminantes que con la prohibición de la alcaldía van a volver a ser utilizados por los vendedores ambulantes de comidas generando un aumento en enfermedades respiratoria y visuales, aumentando los costos que deberá asumir el SISBEN y afectando gravemente las vidas de estas personas vulnerables.

GASNOVA también argumenta que Bogotá está actuando en contravía de las tendencias globales. En las grandes metrópolis, las ventas callejeras son promovidas por las autoridades para ofrecer sabores auténticos a precios accesibles. Debido a su alta capacidad calorífica y portabilidad, el GLP es el combustible estándar en todo el mundo para cocinas móviles. Ejemplo de ellos son los famosos carritos de perros calientes en Nueva York que utilizan cilindros de GLP diariamente en Manhattan entre edificios públicos y privados, los carritos de crepes en Paris y para no ir tan lejos, casos latinoamericanos como los de Ciudad de México y Lima, con sus puestos de comidas típicas que hacen parte de su turismo gastronómico. Incluso en Colombia, Medellín cuenta con un modelo exitoso de plazoletas de food trucks que están replicando modelos de Miami y otras ciudades.

Finalmente, Martínez reiteró la disposición de GASNOVA para trabajar de manera articulada con la Alcaldía de Bogotá. El objetivo es construir una experiencia gastronómica urbana ordenada y segura, que le dé un valor agregado a la capital colombiana, similar a la de otras ciudades del mundo.

El dirigente gremial concluye que la prohibición no es el camino; por el contrario, el servicio público de GLP debe ser visto como una herramienta que genera empleo, fomenta el turismo gastronómico y ofrece opciones de alimentación asequibles a millones de bogotanos. Prohibir su uso es inviable, discrimina y deja sin opciones a miles de personas que han encontrado en esta actividad su única fuente de ingresos.

De Izq. a Der. Eduardo Ramos, Socio de Óptima Energy, Carolina Noriega, Socia del Estudio Rodrigo, Jannine Delgado, Directora Ejecutiva de la Sociedad Peruana de Gas Licuado – SPGL, Nikitza Chávez, gerente legal de Solgas, José Barrera, socio de JBA Legal Consulting

Especialistas en el sector hidrocarburo, coincidieron en que la crisis actual del sector GLP, pasa por la modernización de la estructura regulatoria del país, la cual requiere una modernización inmediata, centrada en la descentralización de la infraestructura, instituciones serias y el uso de tecnología para combatir la ilegalidad.

La gerente legal de Solgas advirtió sobre la parálisis normativa que afecta la creación de nueva infraestructura. Nikitza Chávez señaló que, aunque existe el marco legal para una Agencia de Inventarios, la falta de reglamentación mantiene congelados recursos que podrían fortalecer la seguridad energética del país.

«La ley de creación de la Agencia Inventarios se aprobó el año pasado, hasta ahora estamos esperando la regulación».
Recordó, que el objetivo de esta entidad es gestionar instalaciones estatales y utilizar recursos del FISE para «financiar proyectos de infraestructura justamente para almacenamiento de hidrocarburos… almacenamiento descentralizado»
Chávez, identificó tres obstáculos críticos: la excesiva tramitología (permisología), la falta de articulación entre entidades (Minem, gobiernos regionales, autoridades ambientales) y la alta rotación de funcionarios que debilita la capacidad institucional.

Centralismo en el almacenamiento

Para el socio de JBA Legal Consulting, José Barrera el sistema energético nacional está «condenado» por una distribución geográfica que ignora las necesidades de las regiones más alejadas.
Barrera, señaló que no existe una política unificada entre Minem, Minam y MEF. Cada entidad emite normas que no conversan entre sí, lo que paraliza proyectos (como puertos de importación) por meses.
Cuestionó. el hecho de que el almacenamiento (de GLP) esté concentrado solo en el Norte, Lima y Pisco, instando a las autoridades a identificar puntos estratégicos en todo el mapa del Perú.
Advirtió que el gas natural no es la única solución y que el GLP es el combustible ideal para la «última milla» por su portabilidad y menor costo logístico.

Reposición de reservas y fortalecimiento del regulador

Carolina Noriega, Socia del Estudio Rodrigo, alertó sobre la falta de exploración en el sector hidrocarburos y propuso extender los contratos de licencia (actualmente de 30 o 40 años) a la vida útil del yacimiento, similar al sector minero, para no desincentivar la inversión final.

Llamó la atención sobre la precariedad en del Consejo Directivo de Osinergmin, con miembros suspendidos o con mandatos caducados, lo que afecta la toma de decisiones en temas sensibles como el de las tarifas.

Sofisticación del SCOP
Noriega, también propuso reforzar el sistema SCOP para detectar exactamente en qué punto de la cadena se produce el quiebre hacia el mercado ilegal.

Tecnología de rastreo para balones de gas

Eduardo Ramos, Socio de Óptima Energy, abordó las dimensiones macroeconómicas y la necesidad de respaldo energético:
Hizo ver «procrastinación energética» de muchas industrias que eliminaron sus sistemas de respaldo (backup) de GLP para reducir costos operativos, quedando vulnerables ante la falta de gas natural, como ocurrió durante la emergencia energética.
El socio de Óptima Energy propuso una visión disruptiva para el Fondo de Inclusión Social Energético (FISE). En lugar de verlo solo como un subsidio.
Planteó usar el programa Vale Fise y la tecnología (chips inteligentes en balones) para incentivar que los agentes informales entren a la legalidad.
Esto incluiría tecnología de rastreo para asegurar que «solamente locales que tengan estos balones con un chip inteligente que les permita tener la trazabilidad de quién es el responsable»