La Federación cuestiona que ProInversión impulse procesos sobre bloques patrimoniales mientras Petroperú avanza en su recuperación operativa y financiera. Además, recuerda que el Tribunal Constitucional aún debe resolver la demanda contra el Decreto de Urgencia N.° 010-2025.

La Federación Nacional de Trabajadores Petroleros, Energía y Afines del Perú (Fenpetrol) expresa su preocupación por las recientes declaraciones del director del Proyecto de Reorganización Patrimonial y Operativa de Petroperú de ProInversión, Ángel Delgado, sobre el cronograma para promover la participación privada en bloques patrimoniales y unidades de negocio de la empresa estatal.

Según ProInversión, el proceso comprende siete bloques patrimoniales y en octubre comenzaría la promoción de inversión privada en los primeros activos, bajo esquemas en los que Petroperú podría participar junto con inversionistas privados. Para FENPETROL, estos anuncios generan incertidumbre entre los trabajadores y deben guardar coherencia con la estrategia de recuperación operativa y financiera de la empresa.

La FENPETROL sostiene que, mientras Petroperú busca recuperar mercado, fortalecer sus operaciones y ordenar sus finanzas, deben evitarse señales que abran interrogantes sobre el futuro de sus unidades productivas y de sus trabajadores.

Recuperación financiera y capital de trabajo

Los resultados disponibles muestran una mejora respecto de 2025. Al cierre del primer semestre de 2026, Petroperú registró una utilidad neta de US$121 millones, una utilidad operativa de US$337 millones y un EBITDA de US$453 millones. Asimismo, redujo en US$869 millones su déficit de capital de trabajo frente a diciembre de 2025.

A ello se suma que Moody’s Ratings modificó en septiembre la perspectiva crediticia de Petroperú de negativa a positiva, mientras que S&P Global Ratings ratificó en mayo la calificación de la empresa en B- y retiró la revisión especial iniciada en diciembre de 2025.

“Estos indicadores no significan que los problemas de Petroperú estén resueltos, pero sí muestran que existe una ruta de recuperación que debe ser consolidada y no debilitada por señales contradictorias”, aseveró Rafael Noblecilla, secretario general de FENPETROL.

En este contexto, la FENPETROL considera relevante el desembolso de US$475 millones obtenido por Petroperú mediante una operación de financiamiento destinada a fortalecer su capital de trabajo y atender la adquisición de crudo, servicios esenciales y otras obligaciones vinculadas con la continuidad de sus operaciones. Exigimos claridad y transparencia sobre el destino de los US$25 descontados del crédito total de US$500 millones.

FENPETROL exhorta a que estos recursos sean desembolsados y utilizados con celeridad, empezando por la adquisición de crudo para mantener el procesamiento de la Refinería Talara y posteriormente atender el suministro de combustibles hacia Lima mediante la Refinería Conchán y la infraestructura comercial de Petroperú.

Una cadena integrada que debe evaluarse como conjunto

Para FENPETROL, resultaría contradictorio destinar recursos para recuperar la capacidad operativa de Petroperú y, simultáneamente, impulsar decisiones que puedan fragmentar la gestión de activos que forman parte de una misma cadena de valor.

La Federación Nacional de Trabajadores Petroleros, Energía y Afines del Perú (Fenpetrol) considera que cualquier participación privada debe evaluarse no solo por la eficiencia individual de cada activo, sino también por su articulación con el conjunto de la empresa, su estrategia comercial, su capacidad de abastecimiento y el rol de Petroperú en la seguridad energética nacional.

En particular, sostiene que activos como las refinerías Talara y Conchán deben analizarse dentro de una lógica operativa y comercial integral, de modo que la participación de operadores privados no termine respondiendo a objetivos desvinculados de la estrategia corporativa de Petroperú.

FENPETROL recuerda que el Decreto de Urgencia N.° 010-2025 contempla la reorganización patrimonial mediante bloques y encarga a ProInversión el diseño y conducción del proceso. No obstante, considera necesario que cualquier decisión sobre los activos se adopte dentro de una visión integral de Petroperú y respetando los procedimientos legales y constitucionales en curso.

Es por esa razón que la FENPETROL rechaza cualquier intento de privatización encubierta, y exige la derogatoria del Decreto de Urgencia  010-2025 promulgado en el gobierno transitorio de José Jerí.

El proceso constitucional sigue pendiente

A estas preocupaciones se suma que el Tribunal Constitucional aún debe resolver la demanda de inconstitucionalidad presentada por la Defensoría del Pueblo contra el Decreto de Urgencia N.° 010-2025, norma que constituye el marco legal de la reorganización patrimonial de Petroperú.

La demanda cuestiona disposiciones vinculadas con la reorganización de la empresa y los mecanismos de promoción de la inversión privada, así como sus posibles implicancias sobre derechos laborales y las facultades otorgadas a ProInversión respecto de los activos de Petroperú.

El Tribunal Constitucional informó que el proceso fue visto por el Pleno el 25 de agosto de 2026 y quedó al voto, por lo que la sentencia continúa pendiente.

Para FENPETROL, este proceso debe ser considerado antes de adoptar decisiones irreversibles sobre el patrimonio, las unidades estratégicas y el futuro laboral de Petroperú.

La Federación Nacional de Trabajadores Petroleros, Energía y Afines del Perú (Fenpetrol) solicita al Ejecutivo y a las autoridades competentes que precisen el alcance y los plazos de los procesos anunciados, así como las garantías para la continuidad laboral y la preservación de las capacidades operativas y comerciales de la empresa.

Asimismo, considera necesario evaluar la continuidad de Ángel Delgado al frente del proyecto de reorganización patrimonial y operativa, al considerar que sus mensajes públicos no guardan correspondencia con la visión de recuperación y fortalecimiento empresarial que, según FENPETROL, requiere Petroperú.

No se puede pedir a Petroperú que recupere mercado, genere ingresos, atienda sus obligaciones y utilice el financiamiento obtenido para asegurar el abastecimiento nacional mientras, simultáneamente, se anuncian procesos que pueden modificar la propiedad, gestión o destino de activos que forman parte de esa misma cadena. A ello se suma que el Tribunal Constitucional aún debe determinar la constitucionalidad del marco legal de la reorganización patrimonial. Por ello, la Federación Nacional de Trabajadores Petroleros, Energía y Afines del Perú (Fenpetrol) demanda coherencia en las decisiones del Estado, transparencia sobre el futuro de los activos y garantías para los trabajadores de Petroperú.

La reorganización de Petroperú no contempla una privatización total de la empresa, según precisó la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión), que señaló que los activos considerados estratégicos continuarán siendo propiedad del Estado.

El proceso busca, en cambio, incorporar capital y participación privada en determinadas unidades de negocio, así como mejorar su gestión y desempeño operativo. El esquema forma parte de la reorganización patrimonial y operativa que actualmente se encuentra bajo responsabilidad de ProInversión.

Durante una presentación ante la Comisión de Energía y Minas del Congreso, Ángel Delgado, director del proyecto de reorganización de Petroperú, explicó que la propuesta contempla que el sector privado participe conjuntamente con la petrolera estatal en la administración de determinados activos.

“Lo que se busca es que el privado, junto a la petrolera, gestionen el activo”, señaló Delgado durante su exposición ante el grupo parlamentario.

Reorganización mediante bloques patrimoniales

El proceso conducido por ProInversión contempla diferentes alternativas para los activos de Petroperú, entre ellas su venta, disposición u otros mecanismos de gestión, de acuerdo con la información oficial del proyecto.

La estrategia busca atraer inversión y conocimiento especializado, además de aprovechar capacidades logísticas y operativas del sector privado mediante contratos de operación y gerencia.

El modelo considera la organización de los activos en bloques patrimoniales, con el objetivo de establecer esquemas diferenciados para cada unidad de negocio y mejorar su desempeño.

La propuesta también incluye la estructuración financiera de los bloques, su promoción ante potenciales inversionistas y la monetización de activos inmobiliarios que no sean considerados estratégicos para las operaciones de Petroperú.

El Gobierno ha señalado que uno de los objetivos de la reorganización es lograr que las distintas líneas de negocio de la petrolera alcancen condiciones de autosostenibilidad y rentabilidad, sin que ello implique la liquidación de la empresa.

Financiamiento internacional por hasta US$2.000 millones

La recuperación de la liquidez constituye otro componente central del proceso de reorganización.

Oliver Stark, presidente del directorio de Petroperú, informó que la compañía busca acceder a una línea de financiamiento internacional de hasta US$2.000 millones para respaldar la continuidad de sus operaciones.

El mecanismo autorizado establece que los recursos estarán destinados exclusivamente a atender las necesidades operativas de la empresa.

Para canalizar este financiamiento se creó Petroperú Invest S.A.C., vehículo financiero que permitirá recibir recursos provenientes de entidades privadas internacionales bajo un esquema separado de las obligaciones anteriores de Petroperú, además de incorporar mecanismos de control y trazabilidad.

Como parte de esta estrategia financiera, Petroperú concretó en septiembre un crédito puente por US$475 millones, destinado a reforzar su liquidez y sostener su capacidad operativa.

Petroperú busca fortalecer su sostenibilidad financiera

El proceso de reorganización tiene entre sus objetivos mejorar el uso de los activos de Petroperú, elevar la eficiencia de sus operaciones y reducir progresivamente la necesidad de respaldo financiero del Estado.

La estrategia se desarrolla en un contexto marcado por las dificultades financieras que la empresa ha enfrentado durante los últimos años, entre ellas un elevado nivel de endeudamiento y los compromisos asociados a la modernización de la Refinería Talara.

En este escenario, el esquema planteado combina la búsqueda de financiamiento internacional, la reorganización de los activos en bloques patrimoniales y la participación de capital privado en determinadas operaciones.

ProInversión sostiene que este proceso no supone una privatización integral de Petroperú y que los activos estratégicos permanecerán bajo propiedad estatal, mientras se busca incorporar inversión y capacidades privadas para mejorar la gestión de determinadas unidades de negocio.

El Sindicato de Trabajadores Administrativos de Petroperú (STAPP) pidió detener el proceso de reorganización de la empresa estatal mediante bloques patrimoniales, al considerar que una eventual transferencia de activos o de su gestión a privados podría generar efectos difíciles de revertir mientras el Tribunal Constitucional evalúa la legalidad del Decreto de Urgencia 010-2025.

A través de un comunicado, el gremio manifestó su rechazo a la norma y a cualquier medida que, según su posición, pueda fragmentar el patrimonio de Petroperú o trasladar a operadores privados la administración de sus principales unidades de negocio.

El sindicato sostuvo que la empresa necesita capital, eficiencia y cambios en su gestión, pero planteó que estos procesos deben desarrollarse manteniendo un modelo integrado y bajo control estatal.

STAPP cuestiona participación privada en los bloques patrimoniales

El pronunciamiento sindical se refiere al esquema de reorganización de Petroperú mediante bloques patrimoniales, que contempla alternativas para incorporar capital y participación privada en determinados activos y negocios de la compañía.

Para el STAPP, mecanismos como la venta de activos, la transferencia de operaciones o la división del patrimonio podrían significar, en la práctica, un traslado del control de determinadas actividades a terceros, incluso si la propiedad formal permanece en manos del Estado.

La organización señaló que reconoce la necesidad de que Petroperú obtenga recursos para garantizar la continuidad de sus operaciones. Sin embargo, sostuvo que la búsqueda de financiamiento debe realizarse utilizando los mecanismos contemplados en el marco legal de la empresa.

“Buscar capital es legítimo; entregar la empresa por partes, no”, afirmó el sindicato.

Asimismo, el gremio planteó que cualquier reforma debe preservar el papel estratégico de Petroperú en el abastecimiento energético nacional. Para ello, pidió fortalecer la gestión, la transparencia y el gobierno corporativo sin separar la estructura patrimonial y operativa de la compañía.

Reclamo por derechos laborales

Otro de los puntos incluidos en el pronunciamiento está relacionado con los trabajadores de Petroperú.

El STAPP solicitó que cualquier decisión que involucre al personal sea comunicada previamente y discutida con las organizaciones sindicales. En particular, rechazó que puedan efectuarse transferencias, desplazamientos o modificaciones de las condiciones laborales sin un proceso de diálogo.

El gremio también reclamó el respeto de los derechos adquiridos, los convenios colectivos vigentes, la estabilidad laboral y la libertad sindical durante cualquier proceso de reorganización.

Según el sindicato, estas garantías tienen respaldo en la Constitución Política del Perú y en los Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El STAPP informó además que presentó una demanda de amparo en defensa de los trabajadores, proceso que se encuentra pendiente de sentencia. La acción busca cuestionar los posibles efectos de la norma y de las medidas que se adopten en su aplicación sobre las relaciones laborales de la empresa.

Demandas contra el Decreto de Urgencia 010-2025

La discusión sobre la constitucionalidad del Decreto de Urgencia 010-2025 también forma parte de los argumentos expuestos por el sindicato.

El STAPP señaló que la Defensoría del Pueblo y la Municipalidad Provincial de Talara presentaron demandas de inconstitucionalidad contra la norma ante el Tribunal Constitucional.

De acuerdo con el comunicado, ambos procesos fueron acumulados y quedaron al voto el 25 de agosto de 2026. Ante esta situación, el sindicato solicitó al Tribunal Constitucional que emita una decisión y que, mientras se resuelve la controversia, se eviten medidas de ejecución que puedan generar consecuencias difíciles de revertir.

El gremio cuestionó que continúen avanzando decisiones de carácter estructural mientras permanece pendiente la definición sobre la validez de la norma y pidió evitar la consolidación de situaciones que posteriormente podrían resultar complejas de revertir.

El antecedente de los años noventa

Como parte de sus argumentos, el STAPP recordó el proceso de reestructuración de Petroperú desarrollado durante la década de 1990, periodo en el que determinados activos fueron transferidos y algunas instalaciones pasaron a ser administradas por operadores privados.

Para el sindicato, ese antecedente demuestra que conservar la propiedad de un activo no necesariamente significa mantener el control sobre su operación ni sobre los ingresos que genera.

El comunicado también menciona el caso de los Terminales del Sur, cuya administración directa fue recuperada por Petroperú en 2019 después de más de dos décadas de operación privada.

A partir de estos antecedentes, el STAPP anunció que continuará impulsando acciones legales, sindicales e institucionales contra el Decreto de Urgencia 010-2025 y contra las medidas que, según su posición, puedan generar una fragmentación de Petroperú.

La organización reiteró que respalda la búsqueda de inversión y mejoras en la gestión de la petrolera estatal, pero plantea que cualquier reforma debe preservar su integración, su carácter estratégico y los derechos laborales de sus trabajadores.