Otra muestra de incompetencia del gobierno en el ámbito de la Seguridad Interna del país.
Jueves 04 de Abril 2024 23:30 hrs aprox, Distrito de Pataz, Provincia de Pataz, región La Libertad, sujetos posiblemente relacionados con la minería ilegal derribaron dos torres de alta tensión y ocuparon dos socavones de la compañía minera PODEROSA, con la intención de impedir el fluido eléctrico para las operaciones mineras y posesionar a la minería informal en su zona de operaciones.
De acuerdo con información de PODEROSA, a la fecha ya viene siendo destruidas un total de 15 torres de alta tensión, atentando significativamente contra sus operaciones. Esta circunstancia se produce pese a estar declarada la zona en estado de Emergencia con presencia Militar y Policial.
Así, se evidencia nuevamente el fracaso de las declaratorias de Estado de Emergencia, que, de ser una medida de carácter excepcional (estado de excepción), se ha convertido en una herramienta de gestión pública, desnaturalizando el concepto y aplicación de las medidas de emergencia.
Las autoridades políticas relacionadas con la seguridad también exhiben su incompetencia debido a consecutivas y sistemáticas decisiones erróneas en asuntos de Seguridad Nacional; la Inteligencia Nacional se muestra como ausente o sin sentido, y la inacción de las fuerzas del orden que enfrentan un complejo problema de Seguridad Nacional con un enfoque “policial” se suma a la contundente restricción ideológica impuesta por la prensa progresista y a la amenaza que desde el Ministerio Público limita significativamente su empleo.
Más allá de las capacidades que existen en el Ejecutivo, o en otros poderes del Estado, no se aprecia algún actor relevante en la clase política nacional que comprenda y decodifique para que sirve un Servicio de Inteligencia, y menos aún que aborde los problemas actuales de seguridad conociendo la diferencia entre seguridad ciudadana, orden público, orden interno y seguridad nacional.
A todo esto, se agrega una absoluta falta de visión de corto, mediano y largo plazo que en forma integral requiere abarca las dimensiones de la Defensa Nacional, de las Relaciones Internacionales, del Orden Interno, del Poder Judicial, Ministerio Público y de la necesidad de un Código de Justicia Militar, que en la práctica ha sido proscrito de nuestro ordenamiento jurídico.
El fracaso en del estado de emergencia en PATAZ puede ser el punto de no retorno para un gobierno en permanente inestabilidad política, mientras tanto y como una implacable ironía que aparece desde el pasado, se escucha cada vez más claro un estribillo que dice: …. “sobre una torre derrumbaaadaaaa!!!!”

Fuente: RPP

Las diversas situaciones coyunturales que ha atravesado el país en su historia reciente, han demostrado el papel protagónico del GLP en una transición energética justa, que contribuya a superar las barreras de acceso de la población más vulnerable del país, ubicada en zonas urbanas y rurales apartadas, en donde otros energéticos difícilmente pueden llegar.

El GLP (Gas Licuado de Petróleo) es un energético limpio e idóneo,  que disminuye el impacto ambiental por el uso de leña, que, de no detenerse, seguirá acabando con hectáreas de bosques y selvas colombianas, contaminando el medio ambiente, a través de los gases de efecto invernadero, contribuyendo a aumentar el fenómeno del niño que vive actualmente el país, con intensas olas de calor e incendios incontrolables.

Existen cifras alarmantes sobre los efectos en la salud humana al cocinar con leña, según la  Organización Mundial de la Salud (OMS), alrededor de 1,6 millones de personas mueren cada año a causa de esta problemática. En Colombia, más de 1,2 millones de familias están expuestas a condiciones de riesgo permanente al cocinar con leña, disminuyendo su expectativa de vida.

En Colombia, el GLP es una solución energética que ha brindado una mejor calidad de vida y salud a millones de familias, prestando su servicio público domiciliario a cerca del 95% del país, es decir, 1.069 municipios, abarcando incluso las zonas más lejanas, a través de una red con más de 122 empresas distribuidoras. En 2023 se vendieron en promedio 61.338.249 kg/mes de GLP. 

En este sentido, hacer un cambio energético justo y paulatino si es posible, teniendo como aliado al GLP, que ha proporcionado al mundo una alternativa favorable para el ser humano y el medioambiente. Casos de éxito como el de India, en donde, gracias a políticas públicas de sustitución de leña, el 96% de hogares cuentan hoy en día con un energético limpio, es decir se beneficiaron alrededor de 265 millones de familias.

Igualmente, el sector comercial representa un mercado destacado por ser el motor energético de pequeñas y medianas empresas; tanto restaurantes, cafeterías, hospitales y ventas móviles (sólo en Bogotá atiende más de 18.000 comercios).

De acuerdo con Felipe Gómez, Director Ejecutivo de Agremgas, “uno de los principales propósitos del gremio para este 2024, es apoyar el Plan Nacional de Sustitución de Leña – PNSL por GLP, un proyecto de elemental justicia social, más aún, estando enmarcados dentro de la coyuntura de transición energética justa. Lo anterior, con base en los lineamientos del estudio realizado por la UPME donde pone al GLP como protagonista indiscutible para implementar rápidamente una solución inmediata a las primeras 159.000 familias contempladas, inicialmente, para el período 2023-2026”

El impacto social del GLP y su rol protagónico en la transición energética serán uno de los temas principales del 3er Summit Internacional de GLP 2024, organizado por la Asociación Gremial Colombiana de Comercializadores de Gas – AGREMGAS, que se realizará  los días 5, 6 y 7 de junio en el hotel Intercontinental de Cartagena de Indias. Un evento lleno de discusiones enriquecedoras sobre el papel y los múltiples usos posibles del GLP en la transición energética.

Mayor información acerca del 3er Summit Internacional de GLP en:https://agremgas.com/

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Entre los años 2021 y 2023, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) impuso más de S/822 millones 459.034 en multas por infracciones ambientales, la mayoría de ellas dirigidas a los sectores supervisados de minería e hidrocarburos.

De acuerdo a información oficial del organismo regulador, en el año 2023 se impusieron multas firmes —en las que la empresa no apeló o, al apelar, el monto varió— por casi S/281 millones 953.943 (56.960 UIT); en el año 2022, por S/214 millones 398.144 (46.608 UIT); y en el 2021, por S/340 millones 929.990 (74.115 UIT).

Es uno de los récord más importantes desde la creación de OEFA, en 2008. Solo el año pasado, el sector de minería fue sancionado con un total de S/198 millones 851.994, el 70% del total de sanciones de ese ejercicio. Más atrás estuvo el sector de hidrocarburos, que alcanzó los S/47 millones 594.745.

Pero si vamos al histórico de los últimos tres años, vemos que las industrias mineras recibieron sanciones por más de S/576 millones 333.032; las de hidrocarburos, S/196 millones 253.833; la industria, S/36 millones 197.144; y la agricultura, S/25 millones 116.858.

Este último caso es particular, pues OEFA recién comenzó a supervisar directamente al sector agro desde 2023, aunque antes ya podía imponer multas. Este año, recibirán también las encargaturas de vivienda, saneamiento, salud y educación, refiere el titular del organismo, Johnny Marchán.

Fuente: La Rpública