Ante el declive de la producción nacional de gas natural, el sector del Gas Licuado del Petróleo (GLP) viene preparándose desde hace 10 años con inversiones estratégicas para los terminales portuarios de Okianus y Puerto Bahía, ubicados en Cartagena. Esta infraestructura garantiza la confiabilidad del suministro nacional a mediano y largo plazo, fortalece el abastecimiento energético, y contribuye con el suministro de energías limpias de los sectores productivos del país.

Las cifras y proyecciones fueron detalladas durante el conversatorio «Operación de facilidades portuarias para el GLP importado», organizado por la Mesa Sectorial de Gas del SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje). La Mesa está conformada por el Ministerio de Minas y Energía, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la Cámara de Gases Industriales y Medicinales de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), EPM, VANTI y la Asociación Colombiana del GLP – GASNOVA entre otros.

Expansión y cifras del Terminal Okianus

Marco Antonio Vélez, gerente de operaciones de Colgas, se refirió al desarrollo de las fases que durante los últimos 10 años ha adelantado el complejo Okianus, con una inversión 100% privada que asciende a los 34 millones de USD. En la fase actual, el puerto alcanza 7.500 toneladas de capacidad de almacenamiento, y el atraque de buques de hasta 20.000 toneladas.

«Para este año vamos a importar 560.000 toneladas, lo que representa el 58% de la demanda que requiere el país. En 2027 serán alrededor de 720.000 toneladas de importación que se llevarán a cabo por este puerto de Okianus», explicó Vélez.

El directivo de Colgas precisó que el sistema logístico terrestre está preparado para transportar estos volúmenes. Okianus cuenta con 16 bahías para carga simultánea, respaldadas por un parque automotor nacional de aproximadamente 700 cisternas, con capacidad para movilizar hasta 90.000 toneladas al mes. Esta seguridad en el suministro ha permitido que 60 clientes del sector industrial hayan migrado de gas natural a GLP.

Puerto Bahía y el almacenamiento refrigerado

Por su parte, Pedro Rosales, director ejecutivo del proyecto de importación de GLP de Puerto Bahía, expuso los avances de un nuevo complejo de recibo ubicado en Mamonal, en la margen izquierda del río Magdalena, el cual aprovecha un calado natural de 20 metros.

Rosales confirmó que se dio inicio a la etapa de «operación temprana», habilitando una capacidad de entrega de 20.000 toneladas mensuales mediante el uso de barcazas de 4.400 toneladas. No obstante, el desarrollo definitivo entrará en operación arrancando el año 2028.

«El tanque de almacenamiento nuevo que vamos a construir es de 30.000 toneladas (refrigeradas), que poniéndolo en términos cuantitativos, es cuatro veces lo que hoy se tiene de suministro en el país. Tendremos unas condiciones que nos permitirán entregar, inicialmente, hasta 720.000 toneladas por año», puntualizó el directivo de Puerto Bahía.

Esta nueva facilidad permitirá recibir buques gaseros de formato Very Large Gas Carrier (VLGC) y Medium Gas Carrier (MGC), generando eficiencias logísticas que reducirán los costos de flete y el precio de la molécula.

Pedro Rosales contextualizó la importancia de estos volúmenes frente al panorama de producción local de hidrocarburos: «Ecopetrol proveía, por no decir el 100% del GLP, hasta hace 5 años. Como van las cuentas, el año entrante va a ser el 20%».

Ambos directivos concluyeron que la actual infraestructura de importación en Cartagena permitirá contar con una capacidad instalada proyectada para cubrir hasta el 85% de la demanda nacional.

Las autoridades bolivianas reforzaron la supervisión en las estaciones de servicio de La Paz y El Alto debido a las dificultades registradas en el abastecimiento de combustibles. Los operativos, encabezados por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), buscan verificar la distribución y comercialización de carburantes y detectar eventuales irregularidades.

Las inspecciones comenzaron en distintos puntos de la zona Sur y el centro de La Paz, así como en El Alto. Según lo anunciado, los controles continuarán durante toda la semana y posteriormente serán trasladados a otras ciudades del país.

Autoridades verifican el suministro desde las plantas

Los equipos de fiscalización revisan los volúmenes de combustible recibidos por cada estación y realizan un seguimiento del traslado de las cisternas desde las plantas de almacenamiento hasta los puntos de venta.

Además, las inspecciones incluyen controles sobre la calidad de los carburantes, las condiciones de recepción y despacho, el nivel de los tanques de almacenamiento y los procesos de facturación.

Una de las intervenciones tuvo lugar en una estación ubicada en Sopocachi, donde los funcionarios comprobaron las existencias disponibles y verificaron que la comercialización se realice de acuerdo con las disposiciones vigentes.

Investigación de cargas reiteradas y vehículos con dobles tanques

La fiscalización también busca detectar mecanismos que podrían estar afectando la distribución normal de los combustibles. Entre las prácticas bajo observación figuran las cargas repetitivas, la clonación de placas vehiculares y el uso de dobles tanques.

El gerente de Comercialización de la ANH, Pablo Zúñiga, señaló que las irregularidades que puedan constituir infracciones serán derivadas a las instancias correspondientes. Para ello, las autoridades prevén coordinar acciones con la Policía y las Fuerzas Armadas, de acuerdo con las normas vigentes.

Filas desde la madrugada por falta de diésel

El despliegue de los operativos ocurre mientras continúan los reportes de dificultades para conseguir combustible, especialmente diésel.

En una estación ubicada en la avenida Hernando Siles, algunos conductores indicaron que permanecían en fila desde las 4:00 o 5:00 de la madrugada con la expectativa de poder abastecer sus vehículos.

Pese a que una cisterna había llegado aproximadamente una hora antes, posteriormente se informó que el combustible disponible volvió a agotarse, obligando a los transportistas a continuar esperando.

Controles se ampliarán a otras ciudades

Ante las dificultades registradas en el suministro, YPFB y la ANH anunciaron que mantendrán las labores de fiscalización durante la semana en La Paz y El Alto.

El objetivo es fortalecer el seguimiento de toda la cadena de abastecimiento, desde el traslado de los combustibles hasta su venta en las estaciones de servicio, antes de extender estos operativos a otras ciudades de Bolivia.

La Asociación de Comerciantes de Mercados Unidos convocó a una nueva movilización en Ciudad de Guatemala para expresar su rechazo a los precios máximos establecidos recientemente para las gasolinas y el diésel. La protesta está prevista para este lunes 14 de septiembre y, según sus organizadores, tendrá carácter indefinido.

La concentración comenzará a las 2:00 p. m. en la Plaza de la Constitución, frente al Palacio Nacional de la Cultura, en el Centro Histórico de la capital guatemalteca.

Julio Rivas, presidente de la Asociación de Comerciantes de Mercados Unidos, confirmó la convocatoria mediante un video difundido en sus redes sociales. El dirigente hizo un llamado a la participación de transportistas, taxistas, conductores de buses urbanos y extraurbanos, así como propietarios de vehículos de carga.

Rivas señaló que la movilización pretende ser una manifestación ciudadana y pidió mantener al margen a organizaciones políticas y representantes de partidos que intenten aprovechar la protesta para obtener protagonismo.

“Este 15 de Septiembre no hay independencia”, afirmó el dirigente, al cuestionar la situación económica y el incremento de los precios de los combustibles que enfrenta el país.

Rechazo al precio máximo establecido

La movilización ocurre pese a la aprobación de una ley que establece precios máximos para determinados combustibles. La norma fija en Q39 (US$5.06) por galón el precio tope para la gasolina regular y el diésel, mientras que la gasolina súper tendrá un máximo de Q41 (US$5.32).

Sin embargo, los comerciantes consideran insuficientes estos valores. Rivas ha señalado en distintas entrevistas que su demanda es que los precios regresen a niveles similares a los registrados durante los primeros meses de 2026, cuando se encontraban entre Q28 (US$3.64) y Q33 (US$4.29) por galón.

La asociación ya había realizado una protesta el pasado 8 de septiembre, cuando sus integrantes bloquearon los accesos al Palacio Legislativo e impidieron temporalmente el ingreso y la salida de diputados, con el objetivo de presionar por una respuesta frente al encarecimiento de los combustibles.

Protesta indefinida, pero sin bloqueos de carreteras

Aunque la nueva movilización no contempla una fecha de término, Rivas aseguró que los comerciantes no tienen previsto bloquear carreteras.

El dirigente explicó que este tipo de medidas también terminaría afectando a los propios vendedores de los mercados, debido a que buena parte de los productos que comercializan son perecederos y requieren un traslado continuo.

No obstante, advirtió que la presión sobre las autoridades podría incrementarse si el Gobierno no abre un espacio de diálogo para encontrar una solución al reclamo de los comerciantes. No especificó cuáles serían las próximas acciones.

Ley de precios permanece en suspenso

La protesta se produce mientras permanece en suspenso la entrada en vigencia de la Ley de Estabilización y Precios de Referencia de Venta al Consumidor Final para los Combustibles Cubiertos.

La norma, aprobada con carácter de urgencia nacional con 130 votos a favor de un total de 160 diputados, establece los precios máximos hasta el 31 de diciembre de 2026 o hasta que se agoten los recursos de un fondo de US$325 millones.

Sin embargo, la aplicación de la medida quedó temporalmente detenida luego de que el diputado de la bancada Vamos, Allan Rodríguez, presentara una oposición. De acuerdo con el análisis legislativo citado en la información, este procedimiento podría retrasar entre dos y tres semanas la entrada en vigor del decreto.

Mientras tanto, Guatemala continúa enfrentando una ola de bloqueos de carreteras que se prolonga desde hace aproximadamente tres semanas y que, según las cámaras empresariales, ya ha ocasionado pérdidas económicas millonarias.