Las obras paralizadas en el Perú, se dan debido a un problema en el sistema vinculado a la ley de contrataciones del Estado, ya que no se respetan los plazos, el presupuesto y la calidad con la que estuvieron diseñadas inicialmente. Es así que la paralización no se da por la falta de capacidad de la ingeniería peruana, sino por las falencias y dificultades que existen en la normativa vigente sostuvo el Ing. Carlos Herrera Descalzi, decano del Colegio de Ingenieros del Perú en el webinar “Construcción de la infraestructura en el Perú”.

La OCDE, considera que para seguir creciendo y de forma equitativa, el Perú debe invertir en el desarrollo de nuevos sectores productivos y en la implementación de nueva infraestructura. Frente a ello, el Ing. Edmer Trujillo, ex ministro de Transportes y Comunicaciones destacó “existen algunos limitantes para la construcción de infraestructura, como la gestión de contratos de consultoría, ejecución de obra y de concesión, entre otros. Creemos que modificar la ley de contrataciones del estado es urgente, ya que se necesita acotar los plazos, simplificar procedimientos y requisitos, restringir impugnaciones, definir procedimientos agiles para aprobar modificaciones técnicas y variaciones de plazos y costos que suelen darse en las obras”.

En ese contexto, se debe tener un enfoque desde la gestión de los contratos, ejecutando obras públicas que le pertenecen al estado, pero que son establecidos en un marco legal distinto. Las obras públicas utilizando contratos privados, ya se han usado en otros países teniendo un resultado favorable, indicó Tatiana Herrada, abogada especialista en derechos de construcción durante su participación. En cuanto a las consecuencias e impacto para el país, Luis Alonso Robas, gerente de Control de Megaproyectos de la Contraloría General de la República mencionó que hay una gran brecha de infraestructura de largo plazo, puntualizando que es de vital importancia invertir bien adecuando los proyectos en base a la prestación de servicios de calidad. 

En relación con el ciclo de vida de un proyecto de obra pública vial, existe una limitada cartera de empresas consultoras especializadas en la elaboración de estudios definitivos en infraestructura vial. También, hay una demora en la aprobación de todos los componentes del estudio definitivo, en cuanto a la red vial nacional. Esta presenta el 1,5% anual donde en promedio va entre los 300 a 360 km de pavimentación al año.

“Las inversiones en el sector transportes bordea los US$ 2.500 millones a US$ 3.000 millones al año, cerrar esta brecha de infraestructura nos tomará por lo menos 30 a 40 años. Este es el tamaño del esfuerzo que tenemos que hacer para poder alcanzar la brecha de infraestructura”, expreso el ex ministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Lozada.

Adicionalmente, se mencionó que hay obras olvidadas en el presupuesto público del 2022, como las obras de infraestructura agrícola, Majes siguas y Chavimochic. En la parte energética, no se priorizado el tema de la distribución del gas natural por red de ductos en las 7 regiones (Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Junín, Cusco, Puno y Ucayali), similarmente en la parte de carreteras está el proyecto Proregión donde se hizo un esfuerzo para tener 42 corredores de los cuales solo 11 tienen presupuesto, por ende, algunas regiones van a tener que esperar hasta el siguiente año, sostuvo Carlos Estremadoyro.

Necesidad de mejorar los procesos de contratación

Como parte del panel, Tabata Vivanco, consultora de gestión pública, enfatizó que es necesario fortalecer las capacidades para el sector público y ajustar los procesos de modo que promueva el ingreso de buenos profesionales al sector, sin temor a penalizaciones. Por su lado, Leonie Roca, presidenta de AFIN destacó que, si bien tenemos una brecha grande de infraestructura, no tenemos la capacidad para abordarlo. En esa línea, tenemos que cambiar y simplificar los procesos que faciliten el desarrollo de infraestructura y no lo detenga. 

Guido Valdivia, director ejecutivo de CAPECO recomendó que debe haber consejos consultivos donde este el sector privado institucionalizado. Finalmente, Camilo Carrillo, economista senior del Consejo Privado de la Competitividad enfatizó que el caso de la Reconstrucción con Cambios refleja un buen funcionamiento porque tiene un concepto distinto a hacer obra pública por qué tiene contratos colaborativos con el privado. Por ello, es necesario retomar conceptos con la discrecionalidad del funcionario para la toma de decisiones.

Contratación pública a nivel internacional

En relación a la experiencia ecuatoriana, Alejandra Onofa, ex Coordinadora Institucional del Metro de Quito, comentó que la primera línea del Metro de Quito se diseñó para articular y ordenar el sistema de transporte público, integrando a los corredores longitudinales y transversales en una malla de amplia cobertura territorial. Ello se realizó mediante una licitación pública internacional bajo un proceso de contratación de normativa BIM.

Por su parte, el Ing. Carlos Fernández, director del Consorcio PMO, destacó que los contratos de gobierno a gobierno son muy útiles para aprender rápidamente de los países que han tenido un desarrollo exitoso en infraestructura como el caso del Gobierno Coreano. Dichos contratos contienen transferencia de conocimiento y carácter institucional entre naciones.  En el caso de Francia se mencionó que “una envergadura tan importante y de tanta relevancia como la nueva Carretera Central seguramente se haría en Francia mediante un concurso internacional de ingeniería y de arquitectura, donde los riesgos sean asumidos por una concesionaria, quien traería bajo su cargo la etapa de construcción, la etapa de operación y la etapa de mantenimiento”, sostuvo Alberto D’Amato, director SETEC Internacional.

En el caso del gobierno británico y el Perú, Luke Durigan director regional de Infraestructura para Latinoamérica y el Caribe de la Embajada de Reino Unido, informó que se tienen 52 proyectos desarrollados con 350 socios y que se viene trabajando mediante una estrategia para apoyar la digitalización con el plan nacional BIM; así como el MoUs con el MEF, el cual permite apoyar la creación de capacidades. Sobre la experiencia de G2G británicos en Perú, podemos encontrar los Juegos Panamericanos, la Reconstrucción con Cambios y, más recientemente las Escuelas Bicentenario que buscan impulsar la construcción de 75 instituciones educativas a nivel nacional. Asimismo, trae consigo una gran oferta, como la gestión de proyectos de gran envergadura, la simplificación de los procesos de contratación y procura, la búsqueda de transferencia de conocimientos al centro del acuerdo y las lecciones aprendidas.

Apostando por los mecanismos exitosos

Bajo esa línea se pasó al panel de comentarios donde, Juan José Cárdenas, director del Gremio de Construcción e Ingeniería de la CCL y líder de Proyectos e Infraestructura EY Law, comentó que se tiene que usar los mecanismos de gobierno a gobierno para la construcción de obras combinándolos con las APPS para la operación pensando en el mejor servicio para los ciudadanos.

Por otro lado, Amalia Moreno, directora ejecutiva en Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, destacó que se debe hacer la revisión de los estudios, mediante un delivery partner a través de G2G, la gestión de riegos para identificar correctamente a tus stakeholders y además mantener una partición activa de la sociedad civil para soluciones integrales.

Finalizando la participación del panel, Carlos Ugaz, especialista en gestión de proyectos de infraestructura y ex Director Ejecutivo de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico, señaló que tenemos que aprender de nuestros vecinos Chile y Ecuador en cuanto a la capacidad de construcción de infraestructura en cuanto a costos, plazos y tiempos con modelos internaciones a menor costo de lo que hace el Perú.