La Coalición Nacional de Sindicatos de Petroperú anunció un paro nacional de 72 horas a partir del lunes 19 de enero, en rechazo al decreto de urgencia N.° 010-2025, publicado por el gobierno transitorio de José Jerí, que impulsa la privatización de la petrolera estatal.

La medida sindical refleja la profunda preocupación de los trabajadores ante lo que consideran un desmembramiento estratégico de la empresa.

Los sindicalistas iniciarán este miércoles 14 de enero una primera jornada de protestas con concentraciones en la Plaza San Martín, frente al edificio corporativo de Petroperú en San Isidro y en el Ministerio de Economía y Finanzas.

Paralelamente, se llevarán a cabo vigilias descentralizadas en las regiones norte, centro y sur del país. El paro nacional comenzará a las 00:00 horas del 19 de enero e involucrará a todos los trabajadores de la empresa.

El 20 de enero, los sindicatos coordinarán con la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) una marcha que culminará en la Plaza Dos de Mayo. Las protestas finalizarán el 21 de enero con plantones frente al MEF.

El Frente Sindical de Trabajadores Petroleros de Petroperú (FSTPP) denunció que el gobierno de Jerí y el MEF, bajo la conducción de la ministra Denisse Miralles, conducen deliberadamente a la petrolera hacia un colapso financiero.

“Esta incertidumbre no es casual ni inevitable; ha sido fabricada desde el propio Estado mediante una política sistemática de abandono y asfixia financiera”, alertaron los trabajadores.

La agencia internacional Fitch retiró recientemente todas las calificaciones crediticias de Petroperú, citando la falta de información confiable y la débil posición de liquidez de la empresa.

Otros organismos como Standard & Poor’s y Moody’s podrían seguir la misma línea, lo que profundizaría el aislamiento financiero de la compañía. Para el Sindicato de Trabajadores Administrativos de Petroperú (STAPP), esta decisión evidencia la ausencia de un plan serio de gobernanza y estabilización.

Los trabajadores también cuestionaron las declaraciones de la ministra Miralles y del premier Ernesto Álvarez, las cuales consideran que han afectado la cotización de los bonos de 82% a 72%, generando una crisis sin precedentes en la historia de Petroperú.

Denunciaron además la rotación constante en la dirección de la empresa: cinco presidentes de directorio y cuatro gerentes generales en solo dos meses de gestión.

El decreto de urgencia N.° 010-2025 autoriza que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) transfiera S/86,4 millones a ProInversión para financiar estudios y asesorías vinculados al proceso de privatización, con un total previsto de S/144 millones.

Los recursos provendrán del presupuesto del Minem y se registrarán como gastos corrientes.

Según Alejandro Narváez, expresidente de Petroperú, la medida no busca rescatar la empresa, sino “desmembrarla y venderla en condiciones desfavorables para el Estado peruano”.

El plan del Ejecutivo contempla dividir los activos de Petroperú, incluyendo la moderna Refinería de Talara, cuya vida útil económica se estima en 70 años.

Además, se destinarían hasta S/240 millones para financiar la ola de despidos que podría afectar a 1,800 trabajadores, equivalentes a cerca del 70% de la planilla, a pesar de que el gasto laboral representa menos del 5% de los ingresos de la empresa.

En total, la privatización y los despidos implicarían un uso de hasta S/297 millones en recursos públicos.

Frente a esta situación, los trabajadores de Petroperú se mantienen firmes en su rechazo y llaman a la ciudadanía y a otras organizaciones sindicales a sumarse a las protestas.