El ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, reconoció que existen discrepancias con Osinergmin sobre el reconocimiento de las inversiones y la valorización de los activos. El proyecto busca beneficiar a más de 201.000 usuarios en siete regiones del país.

La firma de la adenda entre el Estado peruano y Cálidda para extender la distribución de gas natural a siete regiones continúa pendiente. El ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, indicó que el acuerdo permanece bajo evaluación debido a diferencias técnicas sobre el tratamiento de las inversiones de la empresa y las condiciones para recuperar el valor de la infraestructura desarrollada.

El titular del Minem explicó que uno de los principales aspectos en discusión es el reconocimiento del valor neto contable de los activos que Cálidda incorpora para ampliar el servicio. Según señaló, las inversiones deben recuperarse mediante las tarifas durante un periodo determinado, pero la empresa continúa expandiendo su infraestructura a medida que transcurren los años.

En declaraciones a RPP, Shinno sostuvo que el Ministerio de Energía y Minas y el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) mantienen diferencias de criterio sobre varios puntos del proyecto. Asimismo, indicó que su sector viene coordinando con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para analizar las observaciones y determinar las condiciones del acuerdo.

El ministro remarcó que todavía no existe una decisión definitiva sobre la suscripción de la adenda, pese a que las evaluaciones se encuentran en su etapa final.

Firma de la adenda aún no tiene fecha definida

El pasado 25 de septiembre, el Minem comunicó que había concluido el informe técnico final del proyecto Siete Regiones y que lo había enviado al MEF para solicitar su opinión. El documento incorporaba las respuestas a las observaciones formuladas durante la revisión de la propuesta.

En ese momento, el Gobierno esperaba concretar la firma del acuerdo durante octubre. Sin embargo, Shinno señaló que aún no es posible establecer una fecha exacta, debido a que es necesario coordinar con el MEF para atender las cuestiones pendientes.

El titular del sector energético indicó que el objetivo es aclarar todas las dudas y responder adecuadamente a las observaciones antes de formalizar el documento.

También mencionó que la reunión programada entre el MEF y el Minem para el jueves tendría como principal agenda la revisión de permisos. No obstante, dejó abierta la posibilidad de abordar la adenda si el tiempo disponible lo permite.

Osinergmin cuestiona la recuperación de las inversiones de Cálidda

Uno de los puntos centrales de la controversia está relacionado con la manera en que se reconocerán las inversiones destinadas a ampliar la red de distribución de gas natural y los mecanismos para recuperar su valor mediante las tarifas.

En una evaluación anterior, Osinergmin advirtió que determinadas inversiones podrían no amortizarse por completo durante el periodo de vigencia de la concesión. Por ello, la discusión también comprende qué sucedería con el valor pendiente de recuperación cuando termine el contrato.

Otro aspecto bajo revisión es la necesidad de evitar una doble remuneración por activos cuyas inversiones ya hayan sido recuperadas a través de las tarifas cobradas a los usuarios.

Por su parte, Cálidda informó en septiembre que su propuesta de expansión contempla compromisos superiores a los planteados inicialmente. Su gerente general, Martín Mejía del Carpio, explicó que la iniciativa pasó de considerar 113.500 conexiones a incorporar obligaciones que prácticamente duplican esa cifra, además de conexiones potenciales.

La empresa estimó que el desarrollo del proyecto requeriría una inversión cercana a los US$600 millones.

Siete regiones y 15 ciudades accederían al gas natural

El proyecto Siete Regiones tiene como objetivo ampliar el acceso al gas natural en Ayacucho, Apurímac, Cusco, Huancavelica, Junín, Puno y Ucayali.

De acuerdo con la información difundida por el Minem, la iniciativa busca atender inicialmente a más de 201.000 usuarios distribuidos en aproximadamente 15 ciudades. Además, contempla aplicar una tarifa equivalente a la que se cobra en Lima.

La propuesta considera el desarrollo progresivo de infraestructura para extender el servicio a viviendas y actividades productivas, con el propósito de ampliar la cobertura energética fuera de la capital.

Sin embargo, la ejecución de esta expansión depende de que concluyan las evaluaciones técnicas y económicas, se resuelvan las discrepancias entre las entidades involucradas y se obtengan las opiniones y aprobaciones necesarias para suscribir la adenda.

Mientras continúan las coordinaciones entre el Minem, Osinergmin y el MEF, la fecha de firma del acuerdo permanece sin confirmación oficial.

La región enfrenta el reto de transformar los ingresos generados por Camisea en infraestructura estratégica, inversión productiva y activos que impulsen su economía más allá de la vida útil de los hidrocarburos.

Desde el inicio de las operaciones del proyecto Camisea, en 2004, la población de Cusco espera que el gas natural llegue de manera masiva a sus hogares y negocios. Sin embargo, después de más de dos décadas, esta demanda continúa pendiente. A la vez, surge otra interrogante fundamental: ¿cómo se han utilizado los recursos económicos que la explotación del gas ha generado para la región?

Según el planteamiento expuesto en el análisis, Cusco ha recibido cerca de S/ 27 mil millones por concepto de canon y sobrecanon desde que comenzó la producción de Camisea. Pese a esta importante cantidad de recursos, todavía resulta difícil identificar una obra que haya transformado de manera decisiva la estructura productiva regional y fortalecido sostenidamente su competitividad.

La región ha ejecutado numerosos proyectos públicos, varios de ellos necesarios para atender las demandas de la población. No obstante, el desafío consiste en lograr que una mayor proporción de esos ingresos se convierta en infraestructura y activos capaces de generar beneficios económicos durante décadas.

Masificar el gas natural sigue siendo una prioridad

Uno de los principales objetivos pendientes es garantizar el acceso al gas natural en Cusco. Durante años, el debate se ha concentrado en elegir entre la construcción de un gasoducto y el abastecimiento mediante camiones cisterna, conocido como gas virtual.

Sin embargo, ambas alternativas podrían complementarse. El suministro por vía terrestre permitiría atender la demanda en el corto plazo, mientras que un gasoducto regional constituiría una solución de mayor alcance a mediano plazo.

La experiencia de otras zonas del país demuestra que es posible avanzar con el abastecimiento mediante transporte terrestre sin esperar a que se construya una red de ductos. En esa línea, una iniciativa de inversión privada que contempla atender a más de 200 mil usuarios en siete regiones representa una referencia para evaluar alternativas de masificación.

No obstante, acercar el gas a los hogares es solo una parte de la tarea. El reto de fondo es aprovechar los ingresos provenientes de Camisea para construir una economía regional más diversificada, competitiva y preparada para el futuro.

De los ingresos del canon a la formación de capital

La diferencia entre recibir recursos y construir riqueza permanente es fundamental. Mientras los ingresos del canon se distribuyen y se gastan, el capital permanece en el tiempo y puede continuar generando valor incluso cuando disminuyen las rentas que permitieron financiarlo.

Durante las últimas dos décadas, una parte importante de los recursos de Cusco se ha canalizado hacia proyectos distribuidos entre el Gobierno Regional y las municipalidades. Aunque estas intervenciones contribuyen a cerrar brechas, la fragmentación de las inversiones puede dificultar la ejecución de obras de gran impacto económico.

Si esta dinámica continúa, la región corre el riesgo de haber recibido miles de millones de soles sin contar, al finalizar la etapa de mayor producción gasífera, con los activos necesarios para sostener su crecimiento.

Por ello, el siguiente paso debería ser destinar una parte de los ingresos extraordinarios a proyectos estratégicos que reduzcan costos logísticos, mejoren la conectividad, eleven la productividad y generen nuevas oportunidades económicas.

Gasoducto Regional, corredores logísticos y túnel La Verónica

Entre las iniciativas que podrían contribuir a este objetivo destacan el Gasoducto Regional del Cusco, los corredores viales hacia los puertos de Matarani y Marcona, y el proyecto del túnel La Verónica.

El gasoducto permitiría acercar una fuente de energía competitiva a los hogares, comercios, talleres e industrias. Los corredores hacia el litoral, por su parte, podrían reducir los costos de transporte y facilitar el acceso de los productores regionales a los mercados nacionales e internacionales.

El túnel La Verónica representa otra alternativa de gran relevancia para la integración territorial. Con una extensión proyectada de aproximadamente 15 kilómetros, se convertiría en el túnel más largo del Perú y permitiría mejorar la conexión entre la zona andina y la provincia de La Convención.

Esta infraestructura facilitaría el traslado de productos como café, cacao y frutas hacia Cusco y otros mercados, reduciendo las dificultades asociadas al recorrido por el abra Málaga.

De acuerdo con la información presentada en el análisis, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones estima que la inversión requeriría cerca de S/ 1.350 millones y que el proyecto se encuentra en la etapa de estudios de preinversión.

Más allá de su función vial, La Verónica podría convertirse en una inversión estratégica para incrementar la productividad y fortalecer la integración económica entre los Andes y la Amazonía cusqueña.

La continuidad de las obras frente a los ciclos políticos

Uno de los principales obstáculos para ejecutar proyectos de gran envergadura es la diferencia entre los plazos de la infraestructura pública y los períodos de gobierno.

Las obras estratégicas pueden necesitar varios años para completar sus estudios, asegurar el financiamiento, iniciar su construcción y entrar en funcionamiento. Sin embargo, los incentivos políticos suelen favorecer las intervenciones que pueden inaugurarse dentro de una misma gestión.

Esta situación puede retrasar proyectos que requieren continuidad institucional y compromisos de largo plazo.

En ese contexto, la próxima administración regional tendría la oportunidad de impulsar un cambio de enfoque. No sería indispensable que el gobernador inaugure personalmente una obra como el túnel La Verónica, sino que consiga dejarla financiada, contratada y en ejecución, con mecanismos que aseguren su continuidad.

Para ello, sería necesario establecer acuerdos políticos e institucionales que permitan mantener una cartera de proyectos prioritarios más allá de los cambios de autoridades.

Un fideicomiso para financiar infraestructura estratégica

Una de las propuestas planteadas consiste en crear un fideicomiso de infraestructura que reciba una proporción estable de los ingresos del canon, administre los recursos de manera profesional y financie proyectos previamente seleccionados.

Este instrumento no reemplazaría los estudios técnicos ni garantizaría por sí mismo el éxito de las inversiones. Su principal aporte sería establecer reglas de financiamiento y compromisos que trasciendan los períodos de gobierno.

El mecanismo también permitiría evaluar el uso responsable de una parte de los ingresos futuros para adelantar inversiones que generen beneficios económicos y sociales durante un horizonte prolongado.

El análisis considera que el Gobierno Regional recibe aproximadamente S/ 400 millones anuales por canon gasífero. Bajo un escenario financiero conservador, comprometer una parte de esos ingresos, mantener reservas frente a posibles fluctuaciones y respetar las reglas fiscales permitiría estructurar alrededor de S/ 900 millones en financiamiento durante diez años. Con plazos más amplios, la capacidad podría superar los S/ 1.000 millones.

Estas cifras corresponden a un ejercicio financiero referencial y dependerían de las condiciones de financiamiento, los ingresos efectivos y la viabilidad legal y fiscal del mecanismo.

Si los recursos públicos se utilizaran como cofinanciamiento para asociaciones público-privadas, también podrían atraer capital privado. Bajo el supuesto de que la inversión privada aporte una cantidad similar a la pública, la cartera de proyectos impulsada por el Gobierno Regional podría aproximarse a los S/ 2.000 millones.

Una inversión de esta magnitud tendría efectos durante la construcción, mediante la generación de empleo y la demanda de maquinaria, materiales, transporte, alimentación y servicios. Posteriormente, las obras podrían seguir aportando valor al reducir los costos logísticos y facilitar la actividad económica.

El potencial de las municipalidades

La propuesta también contempla la participación de los gobiernos locales, que reciben una proporción importante del canon gasífero.

Según las cifras presentadas en el análisis, las municipalidades perciben aproximadamente tres cuartas partes de estos recursos, equivalentes a unos S/ 1.200 millones anuales.

Si destinaran una parte de sus ingresos a un esquema coordinado de inversión, la capacidad de financiamiento conjunto podría ampliarse considerablemente. El ejercicio planteado estima que una participación equivalente al 10% de esos recursos permitiría elevar la cartera potencial hasta cerca de S/ 3.200 millones, mientras que una participación del 20% podría llevarla por encima de los S/ 4.400 millones.

En un escenario de esa escala, sería posible evaluar simultáneamente iniciativas de alcance regional, como el túnel La Verónica y el Gasoducto Regional del Cusco.

Sin embargo, estas estimaciones no constituyen financiamiento asegurado. Su materialización requeriría acuerdos entre las entidades involucradas, evaluaciones de rentabilidad, mecanismos de distribución de riesgos y el cumplimiento de las normas presupuestarias y fiscales.

Tampoco se trata de promover endeudamiento indiscriminado. Utilizar recursos futuros para cubrir gastos corrientes solo adelantaría el consumo de ingresos que todavía no se han recibido. En cambio, financiar infraestructura con retornos económicos y sociales debidamente sustentados podría convertir parte de la renta gasífera en capital duradero.

Un Gobierno Regional que movilice inversión

La transformación propuesta exige modificar el papel que desempeña el Gobierno Regional del Cusco.

Tradicionalmente, la gestión regional se ha concentrado en administrar transferencias, ejecutar presupuestos y solicitar recursos adicionales a las entidades nacionales para financiar proyectos de mayor envergadura.

Un nuevo enfoque implicaría convertir al Gobierno Regional en una institución capaz de estructurar inversiones, organizar mecanismos de financiamiento, atraer capital privado y coordinar recursos con las municipalidades.

En ese modelo, el canon funcionaría parcialmente como capital semilla para impulsar proyectos que generen nuevas oportunidades económicas y reduzcan la dependencia de los ingresos provenientes de los hidrocarburos.

El desempeño de la gestión ya no se mediría únicamente por el presupuesto ejecutado o los recursos obtenidos del Gobierno Nacional, sino también por su capacidad para movilizar inversión y dejar infraestructura que continúe produciendo beneficios después de finalizar su mandato.

La experiencia internacional y la importancia de la institucionalidad

Noruega constituye una referencia conocida en la administración de ingresos provenientes de recursos naturales. Tras el descubrimiento de petróleo a finales de la década de 1960, el país desarrolló mecanismos para ahorrar e invertir parte de esa riqueza, con reglas e instituciones orientadas a preservar sus beneficios a largo plazo.

La principal lección para Cusco no sería reproducir exactamente el modelo noruego, sino comprender la importancia de contar con acuerdos duraderos, disciplina financiera y una institucionalidad capaz de evitar que los ingresos extraordinarios se consuman sin dejar activos permanentes.

La creación de un fideicomiso regional podría formar parte de una estrategia de este tipo, siempre que esté respaldada por transparencia, supervisión independiente, evaluaciones rigurosas y mecanismos efectivos de rendición de cuentas.

El objetivo sería asegurar que una parte de la riqueza generada por Camisea se traduzca en infraestructura y capacidades productivas que permanezcan cuando disminuya la renta gasífera.

El legado que Cusco debe construir

El gas natural no constituye una fuente de ingresos inagotable. Por ello, la región necesita aprovechar la etapa actual para fortalecer las condiciones que permitirán sostener su economía en el futuro.

La historia del Cusco ofrece una referencia sobre la importancia de construir pensando en las siguientes generaciones. Caminos, andenes, canales, centros administrativos y otras obras desarrolladas por los incas continúan formando parte del patrimonio regional y contribuyen, directa o indirectamente, a actividades económicas como el turismo.

Parte del valor que Cusco genera hoy proviene de las infraestructuras que sus antepasados construyeron siglos atrás. La pregunta es qué activos dejará la generación actual a quienes vivirán en la región dentro de veinte, treinta o cincuenta años.

El desafío no consiste únicamente en ejecutar presupuestos o inaugurar obras, sino en impulsar inversiones que permitan producir más, conectar mejor los territorios y elevar la calidad de vida de la población.

El próximo gobernador tendrá la oportunidad de promover una transformación institucional: pasar de administrar los ingresos de Camisea a convertirlos en patrimonio económico para el futuro, mediante proyectos estratégicos, financiamiento responsable y acuerdos que trasciendan los períodos políticos.

Si esta visión se concreta, los resultados podrían expresarse en infraestructura que facilite el transporte de productos, energía accesible para hogares y empresas, una mejor conexión con los mercados y una economía regional más diversificada.

Así, cuando las próximas generaciones pregunten qué hizo Cusco con los miles de millones de soles provenientes del gas, la respuesta no tendrá que limitarse a balances presupuestarios o listas de proyectos ejecutados.

Podrá encontrarse en las obras que sigan generando oportunidades, empleo y productividad mucho después de que disminuyan los ingresos de Camisea.

La responsabilidad histórica de Cusco es convertir la riqueza gasífera del presente en infraestructura, capital y desarrollo sostenible para las generaciones futuras.

La Asociación de Consumidores de Gas en el Perú (ACG) informó que la concesionaria del sistema de transporte de gas de Camisea, Transportadora del Gas del Perú (TGP), no ha subsanado sus incumplimientos, por la interrupción del servicio, y cuestionó además una adenda que extiende su concesión por 10 años más.

“Han transcurrido seis meses de la interrupción del servicio transporte del gas natural de Camisea imputable a la concesionaria Transportadora de Gas del Perú (TGP). Dicha interrupción de 2 semanas tuvo un impacto negativo y generalizado, con cuantiosos daños en la economía peruana”, indicó ACG.

En el comunicado el gremio precisó que los incumplimientos de TGP se encuentran documentados en informes de Osinergmin (N° 427 2026-OS-DSGN/UIGN) y Contraloría General de la República (N° 011-2026-MINEM/OCI-OO). “Entre sus incumplimientos es preocupante que el sistema de transporte de gas de TGP no tenga suficiente capacidad de respaldo y redundancia así como efectivos procedimientos de mantenimiento para alcanzar la disponibilidad mínima de 99% exigida por en el Contrato de Concesión y la normativa”, agregó.

Asimismo, ACG mostró su preocupación de que TGP no haya informado de medida alguna destinada a subsanar dicho incumplimiento, y en lugar de ello proponga al gobierno una adenda “muy ventajosa” que extienda su concesión por 10 años, la cual incluye:

Que se le adjudique directamente un nuevo proyecto de 7 mil millones de soles (denominado Ramal Sur), sin competencia, con rentabilidad garantizada, con plazos de ejecución flexibles donde los riesgos de retraso son de cargo del Estado en su mayor parte.
Que durante los 10 años adicionales de extensión de su monopolio los usuarios continúen pagando por infraestructura existente ya pagada y remunerada generosamente.
Que las inversiones en respaldo y redundancia que ejecute en adelante sean remuneradas como inversión adicional, pretendiendo que los usuarios paguemos adicionalmente por el costo de subsanar su incumplimiento. Cuando durante 20 años hemos venido pagando una tarifa que incluye todas las inversiones y gastos que deben asegurar la disponibilidad de 99%.

En ese contexto, instaron al Gobierno a exigir a TGP el cumplimiento de sus obligaciones contractuales y tutelar los intereses de los peruanos, ciudadanos y empresas usuarias del servicio público de transporte de gas natural.

Para evitar mayores riesgos, daños y sobrecostos a los usuarios, precisaron que se debe exigir a TGP que ejecute inversiones para que el sistema de transporte de gas tenga la disponibilidad a que está obligada; y licitar competitivamente, entre operadores internacionales, tanto la concesión del nuevo proyecto del Ramal Sur, como la concesión del sistema de transporte de Camisea, para cuando concluya el plazo de la concesión de TGP.

Fuente: El Comercio