La crisis energética que atraviesa el Perú no es un episodio aislado ni exclusivamente técnico. Es la convergencia de una contingencia interna —la interrupción del sistema de transporte de gas de Camisea— y una tormenta internacional marcada por la guerra en Medio Oriente, que ha disparado los precios del crudo y tensionado las cadenas globales de suministro.

En este escenario, el Sindicato de Trabajadores Administrativos de Petróleos del Perú – STAPP considera que la discusión sobre el futuro de Petroperú deja de ser un debate financiero o administrativo para convertirse en un tema de seguridad y soberanía energética.

Camisea: el talón de Aquiles de la matriz energética

La deflagración ocurrida el 1 de marzo en el ducto de líquidos de gas natural en Megantoni (Cusco) obligó a paralizar preventivamente el transporte de gas. El resultado fue inmediato: las principales termoeléctricas que abastecen a Lima y la costa tuvieron que migrar al diésel o reducir operaciones.

El Ministerio de Energía y Minas declaró emergencia energética por 14 días, priorizando el gas para hogares, transporte público y servicios esenciales. Mientras tanto, el precio mayorista de la electricidad se disparó por encima de los 200 dólares por MWh, cuando el promedio habitual oscila entre 30 y 40 dólares.

Para el STAPP el episodio vuelve a poner en evidencia la alta dependencia del país de una sola fuente y de un solo sistema de transporte. Cuando Camisea se detiene, el país entero tiembla.

El factor externo: petróleo caro y volatilidad global

Al mismo tiempo, la guerra entre Israel, Irán y la intervención de Estados Unidos ha reconfigurado el mercado energético global. Las tensiones en torno al Estrecho de Ormuz —por donde transita cerca del 20% del petróleo mundial— han elevado el precio del Brent por encima de los 80 dólares por barril, con proyecciones que lo sitúan entre 90 y 100 dólares si el conflicto escala.

En ese sentido, el STAPP explicó que, para el Perú, importador neto de combustibles refinados, esto implica mayores costos de gasolina y diésel, presión inflacionaria y deterioro de la balanza comercial energética.

La combinación es compleja: menos gas disponible internamente y combustibles importados más caros.

El impacto económico: inflación, competitividad y riesgo fiscal

Los efectos ya comienzan a sentirse:

Inflación: el alza de combustibles presiona transporte y alimentos.
Industria y minería: mayores costos energéticos reducen márgenes y competitividad.
Finanzas públicas: eventuales subsidios o mecanismos de estabilización podrían tensionar las cuentas fiscales.
Confianza de mercado: la volatilidad energética afecta expectativas de inversión.
En este contexto, la fragilidad estructural del sistema energético se vuelve un riesgo macroeconómico.

Petroperú: ¿problema o parte de la solución?

En paralelo a la crisis, Petroperú atraviesa un momento decisivo en su sostenibilidad financiera e institucional. La relación con acreedores internacionales, el debate sobre el Decreto de Urgencia N.° 010-2025 y las señales enviadas al mercado han generado incertidumbre.

Por ello, para el Sindicato de Trabajadores Administrativos de Petróleos del Perú – STAPP, la coyuntura actual obliga a replantear la pregunta de fondo: ¿puede el Perú afrontar crisis energéticas globales sin una empresa estatal sólida que garantice abastecimiento y estabilidad?

Más allá de sus dificultades financieras, Petroperú cumple funciones estratégicas:

Abastecimiento interno de combustibles.
Operación de infraestructura crítica como la Refinería de Talara.
Capacidad de amortiguar choques externos mediante inventarios y logística propia.
“En medio de esta coyuntura y siendo importadores, el país se da el lujo de tener paralizado importantes lotes petroleros tales como el 192, el 64, ambos en la selva peruana; el VI de Talara hace casi 6 meses y 9 plataformas marinas paralizadas del Lote Z69 por la pésima labor del Osinergmin”, cuestionó José Luis Saavedra, secretario general del Sindicato de Trabajadores Administrativos de Petróleos del Perú.

En una economía expuesta a la volatilidad internacional, renunciar a fortalecer su empresa estatal energética puede significar renunciar a instrumentos de política energética.

Propuestas para una salida técnica e institucional

El Sindicato de Trabajadores Administrativos (STAPP), reitera, tal como lo ha manifestado en anteriores oportunidades, que la salida no pasa por decisiones improvisadas ni por soluciones de corto plazo, sino por un enfoque estructural.

1. Aval estatal condicionado

Un respaldo del Estado, sujeto a metas verificables de eficiencia, disciplina de gasto y recuperación de caja, permitiría estabilizar la empresa sin convertirlo en un cheque en blanco.

2. Reperfilamiento ordenado de deuda

Negociar con tenedores de bonos bajo estándares internacionales aliviaría la presión inmediata de liquidez y evitaría escenarios litigiosos que podrían afectar la reputación crediticia del país.

3. Gobernanza blindada y especializada

Se propone un esquema de gobernanza con criterios técnicos y estabilidad institucional, inspirado en modelos como el del Banco Central de Reserva del Perú, donde la continuidad y la profesionalización reducen interferencias políticas.

Un directorio y gerencia con experiencia real en hidrocarburos, refinación y finanzas corporativas sería clave para recuperar confianza.

4. Mesa técnica de alto nivel

Una instancia formal entre el MEF, el MINEM, Petroperú y acreedores podría articular una hoja de ruta con metas trimestrales y comunicación transparente al mercado.

Escenarios futuros

Escenario optimista: Se restablece rápidamente Camisea, el conflicto internacional se contiene y el Brent se estabiliza por debajo de 90 dólares. Petroperú logra un acuerdo ordenado con acreedores y consolida su recuperación operativa. El impacto inflacionario sería transitorio.

Escenario intermedio: Precios del crudo elevados durante 2026 (90–100 dólares), normalización parcial del gas y necesidad de apoyo fiscal limitado. Petroperú se estabiliza, pero bajo fuerte supervisión.

Escenario adverso: Escalada bélica y petróleo por encima de 110 dólares, prolongación de problemas internos y deterioro financiero de la empresa. El impacto en inflación, tipo de cambio y crecimiento podría ser significativo.

Seguridad y soberanía energética: una decisión estratégica

En resumen, para el STAPP, la crisis actual demuestra que la energía no es solo un mercado; es un componente central de la soberanía económica. La dependencia excesiva de importaciones y la fragilidad de la infraestructura interna exponen al país a shocks externos imprevisibles.

Fortalecer Petroperú con criterios técnicos, transparencia y disciplina financiera no implica ignorar sus errores, sino reconocer su papel estratégico en un mundo cada vez más volátil.

En tiempos de guerra y disrupción global, la pregunta no es si el Perú puede permitirse apoyar a su empresa energética estatal. La pregunta es si puede permitirse no hacerlo.