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Denuncian a viceministro de Energía y Minas Juan Samanez por presunto cohecho y tráfico de influencias

- Fiscalía Especializada en delitos de corrupción de funcionarios de Lima deberá investigar a otros siete funcionarios del MINEM y nueve representantes de Minera Poderosa.
- Empresa habría usado sus influencias dentro del ministerio para obtener resoluciones legales a su favor.
¿Cómo logró la empresa Minera Poderosa que la Dirección General de Formalización Minera (DGFM) dejase de lado una carga administrativa de 22 mil expedientes para que su solicitud de exclusión de mineros en vías de formalización sea atendida en solo un día? Eso es lo que, en principio deberán responder el viceministro de Minas, Juan Isaías Samanez Bilbao, y siete funcionarios de la DGFM, ante la Fiscalía Especializada en delitos de Corrupción de funcionarios de Lima.
Y es que es a dicha fiscalía a la que ha recurrido el abogado Carlos Cúneo Jaramillo, para formular denuncia penal contra los funcionarios mencionados en representación de la empresa Cateos Alex EIRL, quien en tiempo récord fue excluida del registro integral de formalización minera (Reinfo) a pedido de Minera Poderosa. Ambas empresas comparten una historia de enfrentamientos. Sin embargo, esta no es la única empresa que ha sido afectada por Minera Poderosa, pero sí es la primera que ha decidido defender lo que consideran su derecho.
De acuerdo con la denuncia presentada, Minera Poderosa es una de las pocas empresas que cuentan con el beneficio de “operación minera continua”. Esto les permite aprobar su plan de minado a través de su propia gerencia e incluir en él a concesiones mineras que no son de su titularidad, pero que se encuentran dentro de su polígono de plan de minado.

Haciendo uso de este beneficio es que Minera Poderosa ha venido solicitando desde el año 2021 la exclusión de mineros ante la DGFM, teniendo hasta la fecha más de 150 pedidos de exclusión que esperan evaluación por parte del área correspondiente. Es así que el 19 de setiembre del año pasado solicitaron la exclusión del Reinfo de Cateos Alex EIRL, una empresa minera que podría ser la piedra en el zapato para la empresa Minera Poderosa que es considerada extrañamente como mediana minería en documentos, pero que tendría gran influencia en los funcionarios del Ministerio de Energía y Minas, así como otros estamentos del Estado.
El abogado Cúneo Jaramillo alega que funcionarios como el viceministro de minas Juan Samanez y otros habrían sostenido reuniones con representantes de Minera Poderosa. Una de esas reuniones se produjo el 16 de febrero de este año. Aquí la fecha es importante pues el 18 de febrero los funcionarios de la DGFM actuaron de manera inusitada, por decir lo menos.
Veamos: A las 2:04 p.m. los escritos relacionados con el pedido hecho por Minera Poderosa para excluir del Reinfo a la empresa Cateos Alex EIRL fueron asignados al abogado Luis Adrián Ávalos Condori. A las 2:40 p.m. la evaluación de Ávalos ya estaba realizada enviándose la documentación a manos del abogado Magno William Centeno Roque quien a las 4:33 p.m. envía la documentación al director encargado, Walter Sánchez Sánchez. Este funcionario en solo un minuto, a las 4:34 p.m., aprueba todo y mediante el Informe 00070-2026 Minem/DGFM-Reinfo “resuelve excluir del Registro Integral de Formalización Minera y, por ende, del proceso de formalización minera integral a la empresa Cateos Alex EIRL.
Cúneo Jaramillo afirma que cuenta con las pruebas necesarias para demostrar que se han cometido los delitos de cohecho y tráfico de influencias recordando que Minera Poderosa se beneficia de medidas promovidas por la DGFM. “Nos preguntamos si la DGFM solo trabaja para Minera Poderosa o a cambio de qué se dan esos beneficios”, expresó el abogado.
Las otras denuncias
La defensa jurídica de la empresa Cateos Álex EIRL no solamente ha presentado su denuncia ante el Ministerio Público, también ha presentado denuncias ante la Contraloría General de la República y los órganos de Control Interno de la Presidencia del Consejo de Ministros y del Ministerio de Energía y Minas.
Para el abogado Cúneo Jaramillo, la actuación de los funcionarios de DGFM ha roto el orden de prelación pues se conoce que al momento de recibir el expediente de Cateos Alex EIRL existían más de 22 mil expedientes de evaluación y de ellos por lo menos cien eran solicitudes de exclusión presentadas por la empresa Minera Poderosa.
Otros temas que llaman la atención en esta denuncia es que no se notificó de forma válida el procedimiento de exclusión a la empresa Cateos Álex EIRL.
Los otros funcionarios incluidos en esa denuncia son Magno William Centerro Roque, Luis Adrián Ávalos Condori y Russel Pomahuali, todos ellos forman parte de la DGFM que habrían participado en este presunto favorecimiento a la empresa Minera Poderosa paralizando la evaluación de otros expedientes para atender los requerimientos de la minera. Para el abogado Carlos Cúneo estas actuaciones irregulares se habrían dado con la anuencia del viceministro Samanez Bilbao.
En setiembre del año pasado, mineros ilegales invadieron la mina Francés de la empresa minera Cateos Álex EIRL. Su recuperación dejó tres efectivos de las fuerzas del orden. Según la información recabada los ilegales habrían tenido el apoyo de Minera Poderosa y tenían como objetivo forzar la salida de Cateos Álex EIRL. Sin embargo, esto no se produjo. En tanto, las investigaciones sobre estos hechos avanzan de manera sospechosamente lenta.

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ONPE realizará elecciones presidenciales en 13 locales de Lima Metropolitana

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) desarrollará este lunes 13 de abril los comicios para elegir presidente de la República, vicepresidentes, senadores y diputados del Congreso de la República y representantes peruanos ante el Parlamento Andino en 13 locales de Lima Metropolitana, cuyos electores (55,261) no pudieron emitir su voto este domingo 12 de abril.
El acto electoral se llevará a cabo por un acuerdo del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
A fin de garantizar el derecho constitucional al sufragio de los citados electores, distribuidos en 187 mesas de sufragio, el organismo electoral habilitará las respectivas mesas de sufragio entre las 7:00 y las 18:00 horas.
Para esta jornada electoral, el organismo utilizará sus propios vehículos para el traslado del material electoral que permitirá a los referidos ciudadanos ejercer su derecho al sufragio.
El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto Salinas, en una conferencia de prensa realizada el domingo 12 de abril, informó que en Lima Metropolitana no pudieron funcionar las citas mesas de sufragio, ubicados en los distritos de San Juan de Miraflores (3), Lurín (7) y Pachacamac (3).
El proceso eleccionario permitirá que los electores de las citadas jurisdicciones puedan ejercer plenamente su derecho al sufragio amparado por la Constitución Política del Perú.
Los locales en el distrito de San Juan de Miraflores son: IE Parroquial Virgen de la Asunción, IE 6041 Alfonso Ugarte y la IE 6151 San Luis Gonzaga. A su vez, en Lurín son: IE 7078 Virgen de Chapi, IE 7098 Rodrigo Lara Bonilla, IE 7104 Ramiro Priale Priale, IE 6023 Julio C. Tello Rojas, IE 7239 Santísimo Salvador, IE 7267 Señor de los Milagros y la IE 6026 Virgen de Fátima.
Mientras tanto, en el distrito de Pachacamac, las elecciones se realzarán en la IE 7261 Santa Rosa de Collanac, IEP El Universo de César Vallejo y la IE Parroquial Virgen del Rosario.

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¿Es obligatorio dar descanso a los miembros de mesa y qué pasa si la empresa no lo otorga?

Cada proceso electoral moviliza a miles de trabajadores que asumen el rol de miembros de mesa y permanecen más de 12 horas cumpliendo una función cívica obligatoria. Sin embargo, el día siguiente a la votación suele abrir una discusión en algunas empresas: ¿el descanso es realmente obligatorio o puede coordinarse según la carga operativa?
De acuerdo con la Ley Orgánica de Elecciones (Ley N.° 26859) y las disposiciones emitidas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), los ciudadanos que ejercen como miembros de mesa tienen derecho a un día de descanso remunerado posterior a la jornada electoral, siempre que presenten la constancia correspondiente. No se trata de una liberalidad del empleador ni de un beneficio sujeto a políticas internas: es una obligación legal.
Negar este derecho no solo expone a la empresa a eventuales sanciones administrativas, sino que puede generar contingencias laborales y afectar su reputación interna, en un contexto donde el cumplimiento normativo es cada vez más observado por los propios colaboradores.
“Este descanso no está sujeto a negociación. Es un derecho reconocido por ley y las organizaciones deben asumirlo como parte de su responsabilidad institucional. Cuando una empresa decide relativizar por razones operativas, el mensaje que transmite es que el cumplimiento legal puede adaptarse a la conveniencia del momento”, sostiene Daniel Abusabal, country manager de Talana en Perú.
Si bien en la práctica algunas compañías coordinan con el trabajador la fecha exacta en la que se hará efectivo el descanso, especialmente en sectores críticos o de operación continua, ello no implica su eliminación. La norma garantiza el beneficio; la gestión interna puede ordenar su aplicación, pero no suprimirlo.
Más allá del cumplimiento formal, el verdadero desafío para las organizaciones está en cómo incorporan estas obligaciones dentro de su planificación operativa. Los procesos electorales son eventos previsibles; por lo tanto, la gestión adecuada del descanso de miembros de mesa forma parte de una correcta administración de riesgos laborales y continuidad del negocio. No anticiparlo no es un problema legal, es un problema de gestión.
“Las compañías que integran estas variables en su planificación demuestran madurez organizacional. No se trata solo de otorgar un día libre, sino de entender que el cumplimiento normativo y la operación eficiente no son opuestos, sino parte de una misma estrategia de gestión”, finaliza Abusabal.

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Elecciones: más de 61 000 policías se desplegarán a nivel nacional para garantizar la seguridad

El ministro del Interior, José Zapata Morante, anunció el despliegue de más de 61 000 efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) en todo el país para asegurar el normal desarrollo de las elecciones generales de este domingo 12 de abril.
El titular del sector precisó que el contingente policial cumplirá funciones específicas de resguardo en los locales de votación, sedes de los organismos electorales y almacenes de material electoral, con el objetivo de garantizar la transparencia, el orden y la fluidez del proceso democrático.
Asimismo, informó que el plan operativo contempla la protección de candidatos y el acompañamiento permanente en el traslado del material electoral, asegurando su integridad antes, durante y después de los comicios.
“Se brindará seguridad a los locales de votación, a los candidatos y al transporte del material electoral, garantizando en todo momento la tranquilidad de la ciudadanía”, detalló el ministro del Interior.
Zapata Morante remarcó que este despliegue no afectará las labores de seguridad ciudadana. Por el contrario, la PNP mantendrá su presencia activa en las calles para prevenir hechos delictivos, especialmente ante la alta afluencia de personas prevista durante la jornada electoral.
Estas acciones se ejecutarán de manera articulada con las Fuerzas Armadas, en el marco de un esfuerzo conjunto para asegurar el desarrollo pacífico y ordenado de las elecciones.

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