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Descalzi habla fuerte y claro: “Los gobiernos han sido muy proclives a favorecer a las empresas de Camisea”
¿Cómo evalúa en términos generales los 15 años de explotación del gas de Camisea?
Si miro los resultados globales, ha sido muy beneficioso para el país. La puesta en valor de Camisea fue fundamental. Cuando el contrato fue firmado por el Gobierno de transición, porque ese régimen fue el que evalúo todo lo que se había hecho y finalmente lo firmó, en esos momentos hubo dudas sobre los beneficios de Camisea. El resultado de estos 15 años en números gruesos (US$ 8 mil millones) representó un gran beneficio al país. Pero el marco inicial del proyecto se cambió en el Gobierno de Alejandro Toledo. Por una razón de consciencia, en mi caso, habiendo sido yo quien como ministro autorizó la firma de los contratos de Camisea, expresé mi discrepancia con lo que se hacía y las razones por las que no convenía. Era anteponer intereses particulares a generales. Prevalecieron los particulares.
¿Qué se cambió?
En el caso del gas, se había regulado los precios para favorecer a los consumidores locales y prioridad del mercado interno. Y también la no exportación del gas. No se prohibía la exportación, lo que se decía es que tenía que haber enormes cantidades de gas para poder exportar. Eso no se hizo y luego hubo una serie de mentiras.
¿Por qué la masificación del hidrocarburo es tan lenta?
Porque son los intereses particulares frente a los intereses generales. Pongo un ejemplo: en los contratos, una de las objeciones que hubo es que el número mínimo de viviendas conectadas que se exigía nos pareció poco, que creo era 70 mil viviendas. Pero ya habían sido contratos propuestos por el Gobierno peruano, por más que se cambie de Gobierno, la persona jurídica es el Estado y este tiene que aprender a respetar. Entonces dejamos el número de conexiones en 70 mil. En la administración Toledo se dijo que a nadie se le podía obligar a consumir gas y que la gente no quería consumirla. Entonces se cambiaron las conexiones físicas obligatorias que decía en el contrato por conexiones potenciales. Fue uno de los tantos cambios sutiles pero dañinos que se hicieron en las administraciones de Toledo y (Alan) García, y que fueron contra la masificación del gas, permitieron la exportación y se dio un giro al negocio. Quince años era suficiente para masificarlo.
En lo social, Cálidda tiene 900 mil usuarios y hay 290 mil carros convertidos. ¿Es poco…?
Lima tiene casi 10 millones de habitantes. Si pongo 5 habitantes por casa, estaríamos hablando de 2 millones de posibles consumidores. No sé si haya llegado a 900 mil, creo que todavía está por debajo de eso. Pero visto a nivel Perú, en Cusco no se ha avanzado nada, hacia al norte y sur es muy poquito.
¿Es razonable que 57% vaya a generar electricidad y 11% al consumidor industrial?
No. Antes de Camisea, 85% de la producción total de energía eléctrica venía del agua (hidroeléctricas) y 15% venía de los combustibles fósiles. Era una proporción buena, porque la matriz hidráulica es energía renovable. O sea, el Perú en ese momento tenía 85% de energía limpia y además tenía los suficientes recursos hidroeléctricos como para seguir creciendo y mantener esa proporción. El Perú tiene recursos hidráulicos suficientes como para haber mantenido una proporción de energía limpia, renovable hasta el 2050. Desde el punto de vista de los intereses del Perú, el mercado no era el eléctrico, sino ese era el interés de los productores del gas. Ellos querían vender en grandes candidatos. Hoy, quince años después, 50% de la energía eléctrica es por gas y 50% de hidroeléctrica. El gas pasó de menos del 5% a 50%, y la hidroeléctrica cayó de 85% a 50% en participación.
¿Qué ha fallado en la política energética del país?
Primero es que el propio país no tenía claridad de algunos conceptos para orientar la política en cualquier sector. Lo segundo es que los gobiernos han sido muy proclives a favorecer a las empresas. Hoy en este proceso de lucha contra la corrupción hemos visto qué tan profunda estaba. La corrupción explica las decisiones raras. Lo que hemos visto ahora gira en torno a un único grupo de las empresas constructoras peruanas y brasileras, pero la pregunta sería, ¿son las únicas empresas o los únicos casos donde hubo corrupción? Esos otros casos no se han investigado.
¿Pero hay sospechas de corrupción en los cambios hechos al contrato de Camisea?
Alguna vez me hicieron la pregunta de si estaba diciendo que era corrupción. Si hubiera dicho que era corrupción, me hubieran pedido que lo pruebe. Entonces dije que no podía decir que fuera corrupción, pero olía a corrupción, se veía como corrupción y sabía a corrupción. La misma respuesta le diría hoy.
Se cuestiona que el Estado haya permitido que se aplique regalías al valor de producción por extracción de recursos de los lotes 88 y 56 y no al precio que se vende en el mercado.
El tema del mercado nacional estuvo en los contratos originales. El concurso se hizo por porcentaje de regalías, que es uno de los impuestos. También paga otros impuestos. Hay que decir que el Estado entregó campos para explotación, o sea tenían reservas probadas. Fue una situación muy distinta cuando una empresa va a hacer exploración y asume el riesgo. En este caso, más o menos grosso modo, el Estado se lleva alrededor del 50% entre impuesto a la renta y regalías.
¿Se puede cambiar esta situación?
Hubo una oportunidad en la gestión del presidente (Ollanta) Humala. Esa fue la promesa electoral: recuperar el gas. ¿Qué se hizo? Se dejó el Lote 88 para el Perú, pero el 57 se lo dejó a la exportación y sin límites. Fue una oportunidad perdida como tantas. Ahora es muy difícil que se pueda recuperar, porque la producción de líquidos en el yacimiento Camisea ya declinó. Eso se nota porque cuando la producción fue alta, no solo se satisfizo el mercado local sino también se exportó. Después hemos vuelto a ser importadores de líquidos.
¿Cómo se explica que la empresa a cargo de explotar el gas de Camisea esté reinyectando cada día unos 300 millones de pies cúbicos de gas?
Es negocio mientras haya líquidos que sacar. Cuando haya solo gas para sacar no sé si va a ser negocio. El Estado debería preocuparse por examinar cómo va a seguir esa producción a lo largo de tiempo y qué tan sostenible va a ser. El contrato de Camisea se firmó por 40 años, el 9 de diciembre del 2000, y termina el 8 de diciembre del 2040. Hasta allí el productor tiene obligaciones; más allá de eso, no. Si en algún momento el negocio se torna solo de gas, no sé qué tanto de interés va a ser para las empresas. Es una pregunta que habría que hacérsela a las empresas.
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Alcalde de Lima sostiene que la creación de una Policía Municipal tiene respaldo constitucional y fortalecería la seguridad ciudadana
El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, defendió la propuesta de crear una Policía Municipal y aseguró que esta iniciativa cuenta con respaldo constitucional, además de ser viable para reforzar la seguridad ciudadana. En ese sentido, exhortó a la presidenta electa, Keiko Fujimori, a impulsar su implementación en el menor tiempo posible como parte de la estrategia para enfrentar la delincuencia.
La autoridad edil rechazó las versiones que cuestionan la legalidad de la propuesta y afirmó que existen fundamentos jurídicos que avalan su creación. Asimismo, destacó que una encuesta realizada este año muestra que el 70,4 % de la población respalda la conformación de una Policía o Guardia Municipal.
Reggiardo indicó que esta iniciativa forma parte de las propuestas que viene promoviendo desde hace varios años y lamentó que anteriores gobiernos no hayan mostrado voluntad política para concretarla. A su juicio, una fuerza municipal permitiría que la Policía Nacional concentre sus esfuerzos en combatir delitos de mayor gravedad, como la extorsión y el crimen organizado, mientras que los agentes municipales asumirían funciones relacionadas con el control del tránsito y las infracciones menores.
El alcalde también recordó que la sentencia 437-2020 del Tribunal Constitucional establece que la seguridad ciudadana no es una responsabilidad exclusiva de la Policía Nacional, sino que los gobiernos locales también pueden participar activamente en esta labor.
Además, señaló que la propuesta cuenta con el respaldo de alcaldes distritales, gremios de transporte urbano e interprovincial, representantes de centros comerciales como Gamarra, Mesa Redonda y el Triángulo Grau, así como de entidades internacionales, entre ellas la Policía Municipal de Madrid y la Embajada de Estados Unidos en el Perú.
Reunión con transportistas
Las declaraciones fueron ofrecidas luego de una reunión en el Palacio Municipal con representantes del sector transporte. Durante el encuentro, Reggiardo manifestó su disposición de trabajar de manera coordinada con los gremios y anunció que gestionará una reunión con la presidenta electa para trasladarle las principales preocupaciones del sector.
Asimismo, informó que la Municipalidad Metropolitana de Lima instalará una mesa de trabajo para evaluar el modelo de gestión del transporte urbano y plantear al próximo Gobierno que las competencias de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) regresen a la comuna limeña.
Según explicó, centralizar nuevamente la administración del transporte permitiría una mejor coordinación con las funciones que actualmente desempeña la municipalidad, como la gestión de semáforos, la señalización y el mantenimiento de las principales vías metropolitanas.
Proyectos de seguridad
Reggiardo también destacó las acciones que ejecuta la Municipalidad de Lima para fortalecer la seguridad ciudadana, entre ellas la construcción del primer Centro de Control y Monitoreo C5 del país, que integrará el seguimiento de 4.500 cámaras de videovigilancia distribuidas en la capital.
Del mismo modo, resaltó la implementación de corredores seguros, como el desarrollado en Chuquitanta, en San Martín de Porres, donde aseguró que la incidencia delictiva se redujo gracias al monitoreo permanente mediante más de 50 cámaras y un centro de control especializado.
Finalmente, adelantó que ya se iniciaron las coordinaciones para ejecutar nuevos corredores seguros en los sectores sur, centro y este de Lima Metropolitana antes de concluir su gestión, con el objetivo de brindar mayores condiciones de seguridad al transporte público y a los ciudadanos.
Petroperú obtuvo el segundo lugar en los Premios ProActivo 2026 “Tejiendo alianzas para transformar territorios”, en reconocimiento al proyecto Ikam Kuitamat (cuidemos el bosque), una iniciativa de siembra de cacao que contribuye al fortalecimiento de la cadena productiva de este cultivo, recuperando áreas deforestadas y promoviendo nuevas oportunidades económicas para familias Awajún de la región Amazonas.
El proyecto se desarrolla en comunidades nativas ubicadas en áreas cercanas al Tramo II del Oleoducto Norperuano (ONP). En su primera etapa, permitió la instalación de 115 hectáreas de cacao bajo sistemas agroforestales en zonas degradadas pertenecientes a 80 familias indígenas Awajún de las comunidades de Najaim Paraíso, Nueva Unida, Tayuntsa y Alto Pajakuts, en el distrito de Nieva, provincia de Condorcanqui, región Amazonas.
La intervención estuvo orientada inicialmente a la recuperación productiva y ambiental del territorio. En esta nueva etapa, el proyecto busca consolidar su sostenibilidad mediante la integración de los productores a mercados formales, el fortalecimiento de sus capacidades organizativas, la promoción de la comercialización colectiva y la consolidación de la cadena de valor del cacao.
Con esta iniciativa, Petroperú reafirma la importancia de promover intervenciones sostenibles en la Amazonía, que articulen el desarrollo productivo, la protección del ambiente y el fortalecimiento de capacidades de las comunidades indígenas, bajo un enfoque de responsabilidad, diálogo y generación de valor compartido.
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FISE anuncia culminación del programa BonoGas en cuatro regiones por bajo potencial de usuarios elegibles
El Fondo de Inclusión Social Energético (FISE) comunicó la culminación del Programa BonoGas en determinadas zonas de Áncash, Cajamarca, La Libertad y Lambayeque, debido al bajo potencial de usuarios elegibles identificado en estas áreas. Las nuevas afiliaciones solo podrán realizarse hasta el 17 de julio de 2026, mientras que los suministros ya aprobados continuarán su trámite hasta su liquidación.
Decisión alcanza a cuatro regiones
A través del Comunicado N.° 7, emitido el 13 de julio de 2026, el FISE informó su decisión de no continuar con la ejecución del Programa de Promoción de Suministros de Gas Natural financiado con recursos del FISE en las zonas correspondientes a Áncash, Cajamarca, La Libertad y Lambayeque.
La decisión fue adoptada luego de que el concesionario informara sobre el estado de las redes de distribución de gas natural en las ciudades comprendidas en el programa. A ello se sumó la evaluación de las metas alcanzadas por las empresas instaladoras de Gas Natural Residencial (GNR).
De acuerdo con el FISE, estos análisis permitieron identificar un bajo potencial de usuarios elegibles bajo el Programa BonoGas, lo que llevó a determinar la culminación de la iniciativa en las zonas señaladas.
Nuevas afiliaciones solo hasta el 17 de julio
Como parte del proceso de culminación, el FISE precisó que las nuevas afiliaciones al programa podrán realizarse únicamente hasta el viernes 17 de julio de 2026.
Asimismo, las construcciones y habilitaciones correspondientes a los suministros que hayan sido aprobados hasta esa fecha continuarán con su trámite regular hasta la respectiva liquidación.
Para completar las actividades pendientes, se ha establecido un plazo máximo de 30 días calendario, contados conforme al proceso correspondiente.
FISE evaluará otros mecanismos para continuar la masificación
El Fondo de Inclusión Social Energético aclaró que esta decisión no implica el abandono de su compromiso con la masificación del gas natural ni con el objetivo de ampliar el acceso de la población a este recurso energético.
En ese sentido, informó que evaluará la adopción de otros mecanismos que permitan dar continuidad a dicho objetivo, los cuales serán comunicados oportunamente.
La medida marca un cambio en la estrategia de expansión del programa en estas cuatro regiones y pone de relieve la necesidad de revisar los mecanismos de promoción de conexiones de gas natural en zonas donde la demanda potencial y el número de usuarios elegibles no alcanzan los niveles esperados.
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