¿Cómo evalúa en términos generales los 15 años de explotación del gas de Camisea?

Si miro los resultados globales, ha sido muy beneficioso para el país. La puesta en valor de Camisea fue fundamental. Cuando el contrato fue firmado por el Gobierno de transición, porque ese régimen fue el que evalúo todo lo que se había hecho y finalmente lo firmó, en esos momentos hubo dudas sobre los beneficios de Camisea. El resultado de estos 15 años en números gruesos (US$ 8 mil millones) representó un gran beneficio al país. Pero el marco inicial del proyecto se cambió en el Gobierno de Alejandro Toledo. Por una razón de consciencia, en mi caso, habiendo sido yo quien como ministro autorizó la firma de los contratos de Camisea, expresé mi discrepancia con lo que se hacía y las razones por las que no convenía. Era anteponer intereses particulares a generales. Prevalecieron los particulares.

¿Qué se cambió?

En el caso del gas, se había regulado los precios para favorecer a los consumidores locales y prioridad del mercado interno. Y también la no exportación del gas. No se prohibía la exportación, lo que se decía es que tenía que haber enormes cantidades de gas para poder exportar. Eso no se hizo y luego hubo una serie de mentiras.

¿Por qué la masificación del hidrocarburo es tan lenta?

Porque son los intereses particulares frente a los intereses generales. Pongo un ejemplo: en los contratos, una de las objeciones que hubo es que el número mínimo de viviendas conectadas que se exigía nos pareció poco, que creo era 70 mil viviendas. Pero ya habían sido contratos propuestos por el Gobierno peruano, por más que se cambie de Gobierno, la persona jurídica es el Estado y este tiene que aprender a respetar. Entonces dejamos el número de conexiones en 70 mil. En la administración Toledo se dijo que a nadie se le podía obligar a consumir gas y que la gente no quería consumirla. Entonces se cambiaron las conexiones físicas obligatorias que decía en el contrato por conexiones potenciales. Fue uno de los tantos cambios sutiles pero dañinos que se hicieron en las administraciones de Toledo y (Alan) García, y que fueron contra la masificación del gas, permitieron la exportación y se dio un giro al negocio. Quince años era suficiente para masificarlo.

En lo social, Cálidda tiene 900 mil usuarios y hay 290 mil carros convertidos. ¿Es poco…?

Lima tiene casi 10 millones de habitantes. Si pongo 5 habitantes por casa, estaríamos hablando de 2 millones de posibles consumidores. No sé si haya llegado a 900 mil, creo que todavía está por debajo de eso. Pero visto a nivel Perú, en Cusco no se ha avanzado nada, hacia al norte y sur es muy poquito.

¿Es razonable que 57% vaya a generar electricidad y 11% al consumidor industrial?

No. Antes de Camisea, 85% de la producción total de energía eléctrica venía del agua (hidroeléctricas) y 15% venía de los combustibles fósiles. Era una proporción buena, porque la matriz hidráulica es energía renovable. O sea, el Perú en ese momento tenía 85% de energía limpia y además tenía los suficientes recursos hidroeléctricos como para seguir creciendo y mantener esa proporción. El Perú tiene recursos hidráulicos suficientes como para haber mantenido una proporción de energía limpia, renovable hasta el 2050. Desde el punto de vista de los intereses del Perú, el mercado no era el eléctrico, sino ese era el interés de los productores del gas. Ellos querían vender en grandes candidatos. Hoy, quince años después, 50% de la energía eléctrica es por gas y 50% de hidroeléctrica. El gas pasó de menos del 5% a 50%, y la hidroeléctrica cayó de 85% a 50% en participación.

¿Qué ha fallado en la política energética del país?

Primero es que el propio país no tenía claridad de algunos conceptos para orientar la política en cualquier sector. Lo segundo es que los gobiernos han sido muy proclives a favorecer a las empresas. Hoy en este proceso de lucha contra la corrupción hemos visto qué tan profunda estaba. La corrupción explica las decisiones raras. Lo que hemos visto ahora gira en torno a un único grupo de las empresas constructoras peruanas y brasileras, pero la pregunta sería, ¿son las únicas empresas o los únicos casos donde hubo corrupción? Esos otros casos no se han investigado.

¿Pero hay sospechas de corrupción en los cambios hechos al contrato de Camisea?

Alguna vez me hicieron la pregunta de si estaba diciendo que era corrupción. Si hubiera dicho que era corrupción, me hubieran pedido que lo pruebe. Entonces dije que no podía decir que fuera corrupción, pero olía a corrupción, se veía como corrupción y sabía a corrupción. La misma respuesta le diría hoy.

Se cuestiona que el Estado haya permitido que se aplique regalías al valor de producción por extracción de recursos de los lotes 88 y 56 y no al precio que se vende en el mercado.

El tema del mercado nacional estuvo en los contratos originales. El concurso se hizo por porcentaje de regalías, que es uno de los impuestos. También paga otros impuestos. Hay que decir que el Estado entregó campos para explotación, o sea tenían reservas probadas. Fue una situación muy distinta cuando una empresa va a hacer exploración y asume el riesgo. En este caso, más o menos grosso modo, el Estado se lleva alrededor del 50% entre impuesto a la renta y regalías.

¿Se puede cambiar esta situación?

Hubo una oportunidad en la gestión del presidente (Ollanta) Humala. Esa fue la promesa electoral: recuperar el gas. ¿Qué se hizo? Se dejó el Lote 88 para el Perú, pero el 57 se lo dejó a la exportación y sin límites. Fue una oportunidad perdida como tantas. Ahora es muy difícil que se pueda recuperar, porque la producción de líquidos en el yacimiento Camisea ya declinó. Eso se nota porque cuando la producción fue alta, no solo se satisfizo el mercado local sino también se exportó. Después hemos vuelto a ser importadores de líquidos.

¿Cómo se explica que la empresa a cargo de explotar el gas de Camisea esté reinyectando cada día unos 300 millones de pies cúbicos de gas?

Es negocio mientras haya líquidos que sacar. Cuando haya solo gas para sacar no sé si va a ser negocio. El Estado debería preocuparse por examinar cómo va a seguir esa producción a lo largo de tiempo y qué tan sostenible va a ser. El contrato de Camisea se firmó por 40 años, el 9 de diciembre del 2000, y termina el 8 de diciembre del 2040. Hasta allí el productor tiene obligaciones; más allá de eso, no. Si en algún momento el negocio se torna solo de gas, no sé qué tanto de interés va a ser para las empresas. Es una pregunta que habría que hacérsela a las empresas.