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El Sur del Perú y el gasoducto
Por: Renato Lazo Bezold
Instituto Peruano de Promoción del Gas Natural y la Eficiencia Energética
El próximo 24 de enero, deberá definirse la suerte del Gasoducto Sur Peruano; ese día vencerá el plazo contractual para el cierre financiero del proyecto que fuera concesionado por el estado peruano al consorcio conformado por Odebrecht (Brasil), Enagas (España) y GyM (Perú).
La bancabilidad
Tras el gigantesco escándalo internacional que involucra a las más importantes constructoras brasileras y que tiene como uno de sus principales protagonistas a Marcelo Odebrecht y a un sinfín de ejecutivos de dicha compañía y políticos que, en toda Latinoamérica, habrían participado en actos de corrupción con la intención de beneficiar sus inversiones en diversos países de Latinoamérica; la bancabilidad del proyecto Gasoducto Sur Peruano parece poco menos que probable.
Lo que urge, por tanto, es que nuestras autoridades, los políticos, los técnicos, los periodistas y cada uno de nosotros (la población peruana) podamos distinguir la importante diferencia que existe entre la concesión que fuera otorgada a Odebrecht y sus socios para la construcción y posterior operación del proyecto denominado Gasoducto Sur Peruano, y la necesidad que tiene el país y en especial el sur de nuestra patria de no seguir postergando esta importante obra.
Conocer a los corruptos
En efecto, es absolutamente necesario que nuestro estado aplique contra aquellas personas (naturales o jurídicas) que resulten probadamente responsables de estos actos de corrupción todas las sanciones que la ley prevea; asimismo, es necesario que nuestra sociedad conozca oportunamente aquellos entretelones en los que, malos políticos, hipotecaron o vendieron el futuro de nuestro país a cambio de unas “propinas” (término que curiosamente utiliza el portugués para referirse a la coima).
Investigaciones serias
También es necesario que no se mancillen nombres, pues desconocemos hasta qué punto los socios de Odebrecht son o no inocentes. Pero, las investigaciones realizadas por las autoridades norteamericanas en este tema son tan serias y completas que obligaron (en su momento) al gobierno brasilero a levantar los cercos y demás protecciones que los más altos ejecutivos y políticos involucrados habían levantado y tejido en los poderes ejecutivo y legislativo brasilero para evitar la acción de la justicia; y el caso es tan sólido que incluso un caso “archivado” como el denominado “Castillo de Arena” será reabierto para sancionar a los culpables. A nosotros, los peruanos, sólo nos queda esperar que nuestras autoridades actúen transparentemente y que, en pocos meses, sepamos qué políticos y cuántos de ellos fueron parte de esta red internacional de la corrupción, para exigir que sean encarcelados y debidamente sancionados.
Es importante el «gasoducto»
Sin embargo, lo que no podemos olvidar y debemos evitar confundir es esta nauseabunda situación con la necesidad de que nuestro país cuente a la brevedad posible con un ducto que, transcurra la sierra y conecte las distintas ciudades del sur.
Se proyecta revivir proyecto desechado
En días pasados y de manera constante hemos podido ver, leer y escuchar a diversos economistas, políticos (incluido algún exministro), periodistas y “técnicos” dándonos el mensaje que el gasoducto al sur es una obra innecesaria, poco estudiada o inviable que debe ser archivada por el gobierno de turno y olvidada por la población; se plantea incluso revivir un proyecto que fue desechado en 2008 por su poca conveniencia para el país, por el que se pretendía extender un ducto por la costa y posteriormente llevar a las ciudades del sur
(Arequipa, Cusco, Puno, Moquegua y Tacna) el gas a través de camiones (¿?); y, los impulsores de esta posición, presionan al gobierno para que se ponga –una vez más- en duda la vigencia de la norma de afianzamiento de la seguridad energética (que garantiza el retorno de la inversión en el ducto, en tanto se genera la demanda de gas suficiente) a través de la tarifa eléctrica.
Obra muy necesaria
En otras palabras, se está aprovechando la circunstancia en que nos ha puesto la podredumbre empresarial de Odebrecht y su fatal encuentro con la falta de honestidad y angurria del político peruano; para justificar la postergación de un proyecto que resulta absolutamente necesario para el desarrollo de nuestras regiones y la descentralización del país.
En efecto, eliminar la norma de afianzamiento de seguridad energética, hará inviable este proyecto, pues encontrar algún inversionista que esté dispuesto a construir tamaña obra (y especialmente encontrar algún banquero que esté dispuesto a financiarla en estas circunstancias), será prácticamente imposible.
Creer que en su reemplazo el gobierno podrá dar algún tipo de subvención es irracional, pues los peruanos hemos aprendido que “no hay merienda gratis”, que las subvenciones sólo trasladan los costos de hoy a futuras generaciones y por tanto, el proyecto se hará inviable.
Con los generadores eléctricos
Por el contrario, pensar que los industriales y generadores eléctricos paguen hoy un sobre precio (para construir el ducto) para ahorrar en el futuro con el gas que llevemos al sur (cuando el precio internacional del petróleo suba), es perfectamente posible, además de justo. No podemos olvidar que la demanda eléctrica en el país, crece año a año (la producción de electricidad acumulada a noviembre del 2016 creció 7.4% con respecto a su similar del 2015, y en los últimos años con una variación porcentual de 6.2%). Este sostenido crecimiento de la demanda eléctrica asegurará la operación continua de la infraestructura de generación térmica que se plantea desarrollar en el sur.
¿Gasoducto o gas a camiones?
Pero pensar que desde un ducto en la costa se podrá transportar en camiones a las ciudades del sur (cuyas más grandes poblaciones están cercanas a la sierra) el gas natural, es sinónimo de postergar la posibilidad de hacer más competitivas a dichas ciudades y de permitir a la incipiente industria (que gracias al esfuerzo de emprendedores) allí se ha generado; es amputar a estos sus posibilidades de crecer y condenarlos a una pronta extinción; o es que alguien se ha tomado el trabajo de calcular la cantidad de camiones de GNC o incluso de GNL que se necesitarían para llevar el gas natural a una mina como, por ejemplo, Cerro Verde(?); o es que quizás (antes de expresar tan libremente su “letrada” opinión se han tomado al menos la molestia de considerar la realidad de las carreteras actuales y evaluar si podrían hacer viable esta tarea y/o, si han acaso calculado, el valor de las inversiones que supondría (además del tiempo que se necesitaría) ampliar las carreteras que van desde la costa a los asentamientos industriales y humanos de ciudades como Arequipa, Cusco, Tacna, Moquegua o Puno(?).
La inconveniencia no coincide con nuestras necesidades
No nos cabe duda que el supuesto y hoy difundido “análisis” de la inconveniencia del gasoducto al sur del país ha omitido revisar estos aspectos, y aunque las opiniones vertidas por estos “especialistas” suenan bien, no se condicen con las necesidades de desarrollo del país, ni siquiera en términos económicos; pero especialmente, no se condicen con nuestras necesidades sociales, o es que se han preguntado si acaso no resulta socialmente impostergable que podamos llevar gas a las escuelas de las alturas de Puno y Arequipa(?); allí donde año a año desde la capital organizamos “grandes cruzadas” para enviar ropas de abrigo para los niños y madres de esos pueblos que se ven afectados por las “heladas”, pero que olvidamos y postergamos cuando tenemos (desde Lima) la posibilidad de brindarles el acceso a las bondades de este combustible.
Suficientes reservas
Además, se pretende justificar el descarte de este importante proyecto en que no contamos con las reservas de gas natural suficientes…, nada más falso y equivocado que ello, sólo Camisea (al último trimestre de 2016) contabilizaba 10.3 TPC y luego que CNPC declarara comerciales las suyas, tendríamos algo más de 15 TPC probadas, pero con un potencial de al menos 50 TPC (lo que a groso modo equivale a más de 25 años de uso intensivo del gas natural en todo el país e inclusive exportándo); es decir, si algo tiene el país es gas natural. Entonces, está plenamente justificada la demanda de las provincias del sur del país para contar, a la brevedad, con este importante recurso el cual, como país, debemos pensar en explotar de manera que permita industrializar y desarrollarlas y, a la vez, brindándonos seguridad energética al generarse este nuevo núcleo generador de electricidad y para ello es necesario que el ducto cruce por la sierra de nuestro territorio, de otra manera ello se haría absolutamente inviable.
No perdamos la oportunidad de descentralizar
Está claro que, si seguimos confundiendo la concesión otorgada a Odebrecht con el ducto de gas natural al sur, estaremos postergado indefinidamente el desarrollo del país y con ello la posibilidad de descentralizarlo. Lo cual no sólo afectará a las ciudades que conforman dicha macro región, sino también a Lima, pues esta ciudad está tugurizada y no da para más seguirla recargando y convirtiéndola en el “hueco negro” que absorbe indefinida e ilimitadamente los recursos de las demás regiones de nuestro país, beneficiando a sólo unos cuantos.
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MINEM impulsó consenso y toma de acuerdos entre comunidad nativa Carpintero-Kirigueti con empresa Pluspetrol

o A través de espacio de diálogo, se alcanzó una solución que permitirá construir infraestructura y brindar suministro eléctrico para 360 familias.
Luego de dos jornadas de diálogo y negociación desarrolladas en la plataforma Mipaya, la Comunidad Nativa Carpintero- Kirigueti y la empresa Pluspetrol alcanzaron el consenso, en un proceso donde el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), a través de su Oficina General de Gestión Social (OGGS), cumplió el rol. facilitador.
Entre los principales compromisos alcanzados, se acordó que Pluspetrol financiará la construcción de una Planta Fotovoltaica Híbrida, conforme al diseño, criterios técnicos y plazos establecidos en el expediente de ingeniería básica presentado.
Asimismo, la empresa asumirá un subsidio de la tarifa para 360 familias debidamente empadronadas, considerando, adicionalmente, una tasa de crecimiento poblacional anual de 5%.
El subsidio se iniciará con la puesta en operación de la planta, proyectada para 2028, se mantendrá hasta la finalización de la producción de la plataforma Mipaya, y comprenderá una vivienda por familia empadronada y hasta un máximo de 100 kWh mensuales por familia.
Otro de los acuerdos contempla que la comunidad brinde las facilidades necesarias para la constitución de derechos, permisos y autorizaciones requeridos para la implementación del proyecto y la apertura de la vía de acceso a la plataforma Mipaya.
Este proceso se desarrollará con participación de la empresa comunal de Kirigueti, previa presentación y evaluación de la propuesta técnica y económica correspondiente. Pluspetrol asumirá además el pago que corresponde al Serfor para poner en marcha el proyecto de construcción de la futura vía.
Las partes acordaron también conformar un Comité de Seguimiento, con participación activa del MINEM, orientado a acompañar y facilitar la implementación del proyecto, pudiendo incorporarse otros actores según sus competencias.
La comunidad asumió el compromiso de priorizar el diálogo como mecanismo para la solución de futuras controversias, y acordó levantar, de manera inmediata, las medidas de protesta y permitir el retorno al normal desarrollo de las operaciones de la empresa en la plataforma Mipaya.
De esta manera, la intervención de la OGGS MINEM permitió que las partes alcanzaran un acuerdo satisfactorio, estableciéndose mecanismos concretos de seguimiento para garantizar la continuidad del diálogo y la implementación de los compromisos alcanzados.

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Empresas asociadas a la SPH generaron cerca de 53 mil empleos y contrataron más de S/ 4,000 millones con proveedores locales en 2025

- Primer reporte de sostenibilidad del gremio consolida indicadores ambientales, sociales, laborales, económicos y de gobernanza en sus empresas asociadas.
La Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH) presentó su primer reporte con los Indicadores de Sostenibilidad de la industria de hidrocarburos, que consolida en un solo instrumento información ambiental, social, laboral, económica y de gobernanza de sus empresas asociadas.
“Este es un hito para el sector, porque ahora contamos con un reporte que convierte la sostenibilidad en información medible y comparable. Tener indicadores consistentes, como generar cerca de 53 mil empleos directos e indirectos, nos permite reconocer avances, identificar brechas y orientar decisiones con evidencia”, señaló la directora ejecutiva de la SPH, Patricia Figueroa.
La medición de estos indicadores se realiza anualmente desde 2023 y, por primera vez, sus resultados se integran en un reporte gremial. Esta primera edición presenta los resultados correspondientes a 2025, último ejercicio anual completo disponible, a partir de información reportada voluntariamente por siete empresas de los segmentos de producción, transporte y distribución, y compara su evolución frente a 2024 para el mismo conjunto de compañías.
Los indicadores se organizan en cinco dimensiones: gestión del talento; contribución al desarrollo; gobernanza, ética y derechos humanos; compromiso ambiental; y grupos de interés y cadena de valor. La publicación incorpora la definición, el método de cálculo, la unidad y la fuente de cada indicador para facilitar su seguimiento en próximas ediciones.

Principales resultados
Entre los principales resultados del ejercicio 2025, se destaca que las empresas participantes destinaron S/ 4,010 millones a la contratación de proveedores locales y desarrollaron 144 acciones ambientales.
En materia de relacionamiento, las empresas registraron más de 2 mil interacciones con grupos de interés, que incluyeron mesas de trabajo, talleres, visitas guiadas, canales de atención y campañas de difusión. Este indicador permite dimensionar el esfuerzo del sector por mantener espacios de diálogo y relacionamiento con sus principales grupos de interés.
Asimismo, en la dimensión de gestión del talento, la participación de mujeres en la planilla de las empresas participantes aumentó de 28.1% en 2024 a 32.7% en 2025, reflejando un avance en la participación femenina dentro de la fuerza laboral.
“Esta primera edición es un punto de partida. Contar con información transparente y comparable eleva la calidad de la conversación sobre sostenibilidad y permitirá seguir fortaleciendo los estándares del sector y su contribución al país”, agregó Figueroa.

El informe fue presentado por Daniel Vargas, presidente del Comité de Sostenibilidad de la SPH, durante la jornada “Energía con Propósito”, organizada por la SPH, GAIA SPE Perú y Perupetro, con la colaboración de FRI ESAN. El encuentro reunió a representantes de los sectores público, privado y académico, incluyó experiencias de impacto de los proyectos reconocidos por Premios GAIA SPE Perú. Para descargar el informe completo puede acceder a: Publicaciones – SPH – Sociedad Peruana de Hidrocarburos

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¡Alerta!, Cuatro millones de balones adulterados de GLP circulan en el Perú [Infografía]

La Sociedad Peruana de Gas Licuado alerta sobre la presencia de más de cuatro millones de cilindros adulterados en el mercado peruano. La informalidad no solo afecta al consumidor por el contenido que recibe, sino que también representa un riesgo para la seguridad, debido al uso de envases que pueden encontrarse fuera de las condiciones técnicas exigidas.
Más de 4 millones de cilindros en circulación
La Sociedad Peruana de Gas Licuado (SPGL) estima que más de cuatro millones de cilindros adulterados circulan actualmente en el Perú, situación que evidencia la magnitud del problema de informalidad que enfrenta la comercialización de GLP envasado.
La problemática adquiere especial relevancia debido a la importancia del GLP en el consumo energético de los hogares. De acuerdo con los Censos Nacionales 2025 del INEI, el 67,3% de los hogares peruanos utiliza GLP para cocinar, por lo que cualquier irregularidad en la comercialización de este combustible puede tener un impacto directo sobre millones de consumidores.
Según la información analizada, un cilindro adulterado puede corresponder a un envase antiguo, deteriorado o que se encuentra fuera de las condiciones técnicas requeridas, que posteriormente es utilizado para el envasado y comercialización de GLP sin los controles correspondientes.

El riesgo no solo está en el contenido
La adquisición de un balón de GLP a través de canales informales puede generar dos problemas para el consumidor: recibir una cantidad de producto distinta a la que está pagando y utilizar un envase que no necesariamente reúne las condiciones de seguridad exigidas.
Por ello, la formalidad del cilindro y de la cadena de comercialización constituye un elemento relevante para reducir los riesgos asociados al uso doméstico y comercial del GLP.
La adulteración también puede involucrar la modificación de las características originales del envase o la utilización de cilindros que no corresponden a la marca con la que son comercializados.

¿Cómo identificar un cilindro formal?
La SPGL recomienda a los consumidores prestar atención a algunos elementos visibles antes de aceptar un balón de GLP:
Estado físico del cilindro. El envase debe encontrarse en condiciones adecuadas, sin daños severos, abolladuras profundas, corrosión extendida u otras señales evidentes de deterioro.
Identificación de la marca. El consumidor debe comprobar que el cilindro corresponda a la empresa a la que realizó la compra. Para ello puede verificar elementos como el logotipo, las marcas en alto relieve y el precinto de seguridad.
Precinto de seguridad. Este elemento permite comprobar que el cilindro ha sido manipulado dentro de la cadena formal de comercialización y constituye una de las principales referencias que puede revisar el usuario antes de recibirlo.
Distribuidor autorizado. La compra debe realizarse mediante canales y distribuidores formalmente establecidos y verificables ante Osinergmin.
Comprobante de pago. Conservar la boleta, factura u otro comprobante permite acreditar la operación y contar con un respaldo ante eventuales reclamos.
La informalidad afecta a toda la cadena
El problema de los cilindros adulterados no se limita a una transacción irregular entre vendedor y consumidor. La circulación de envases fuera de los controles correspondientes afecta la seguridad de toda la cadena de comercialización de GLP envasado y genera condiciones de competencia desigual frente a las empresas que cumplen las exigencias técnicas y regulatorias.
En ese contexto, la identificación del cilindro y la verificación del canal de compra se convierten en herramientas sencillas para que el consumidor pueda diferenciar una operación formal de una de procedencia dudosa.

El consumidor cumple un papel clave
La advertencia de la SPGL pone nuevamente en el centro la necesidad de fortalecer la formalidad en el mercado de GLP envasado. Para el usuario, la recomendación es sencilla: antes de recibir el balón, revisar su estado, comprobar que corresponda a la marca adquirida, verificar el precinto y recurrir a distribuidores formales.
Ante situaciones sospechosas relacionadas con la comercialización de GLP, los consumidores también pueden recurrir a los canales de atención y denuncia de Osinergmin, organismo encargado de la supervisión del sector.


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