El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) continúa fortaleciendo las acciones orientadas a la formalización del servicio de transporte terrestre de carga a nivel nacional. En ese marco, dispuso la actualización de la tabla de valores referenciales para optimizar la aplicación del Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias (SPOT) a cargo de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

Es importante precisar que la actualización de la tabla de valores referenciales es resultado del trabajo articulado de la Dirección de Políticas y Normas en Transporte Vial, de la Dirección General de Políticas y Regulación en Transporte Multimodal, con los diversos gremios de transportes de carga del país.

El Decreto Supremo N.º 020-2021-MTC establece la revisión anual de los valores referenciales para su actualización en los años 2023, 2024 y 2025, considerando la variación de los principales factores de costo relacionados con la prestación del servicio, tales como el tipo de cambio, la remuneración mínima vital, el precio del combustible y el costo de los peajes.

A través del Decreto Supremo N.° 022-2025-MTC, publicado en el Diario Oficial El Peruano, se aprueba la modificación de los Anexos I y II del Decreto Supremo N.° 020-2021-MTC, mediante los cuales se incorporan nuevos valores aplicables al servicio de transporte terrestre de bienes.

Dichos anexos detallan los valores referenciales correspondientes al transporte de carga durante las operaciones en puertos y en el ámbito local, así como los montos por tonelada establecidos para los trayectos desde Lima hacia los principales destinos del país.

Con esta medida, el MTC reafirma su compromiso con la transparencia tributaria, la competencia leal y la formalización del transporte terrestre de mercancías, contribuyendo a la eficiencia del sistema de detracciones y al fortalecimiento de la recaudación fiscal en beneficio del país.

AAP propone alternativas de solución viables, legales, inmediatas y con la misma tarifa, a inminente crisis del sector.

La Asociación Automotriz del Perú (AAP) advirtió, a través de un comunicado y recientes declaraciones periodísticas de sus representantes, que la decisión del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) de postergar la entrada en vigor de las nuevas placas de siete dígitos ha provocado una crisis operativa en la emisión de placas para motocicletas y trimotos (mototaxis) nuevas, que generará un desabastecimiento total durante los próximos cuatro meses.

La reciente publicación del DS 021-2025-MTC y la RD 0034-2025-MTC/18 (del 30 de diciembre de 2025 y del 02 de enero de 2026, respectivamente), que postergan la aplicación de las nuevas placas Mercosur hasta noviembre de 2026, fuerzan un regreso al sistema de placas de seis dígitos con poca visibilidad. Esta decisión unilateral, sin consulta previa, en flagrante incumplimiento del convenio con la AAP, ha paralizado por completo la producción y distribución de placas para motocicletas y trimotos nuevas en todo el Perú por un mínimo de 16 semanas, que es el tiempo que tomará reinstalar la cadena de suministro de la placa azul de seis dígitos, y más tiempo aún si se decidiera usar a otro proveedor.

“Esta situación, que afecta directamente a las personas y familias que dependen de este tipo de vehículos para su transporte y generación de ingresos, está al borde de generar un colapso en el sector, perjudicando a más de 150,000 usuarios y sus familias en todo nuestro país”, señaló Jaime Graña, gerente general de la AAP.

Alternativas de solución

Ante esta grave situación, la AAP ha exhortado formalmente al MTC a convocar una reunión urgente e inmediata para presentarle las alternativas de solución viables, sostenibles y con la misma tarifa, que podrían evitar los perjuicios sociales y económicos masivos que la decisión del MTC provocará en la población y en la industria.

«Esta decisión unilateral del MTC es un golpe durísimo para el sector, pero sobre todo para los ciudadanos. Con estas medidas nos exigen volver inmediatamente a un sistema obsoleto, generando un retraso artificial de, como mínimo, 16 semanas que perjudicará directamente a decenas de miles de familias que esperan su motocicleta o trimoto para trabajar, movilizarse o para su negocio. La población no puede aceptar esta situación”, finalizó Graña.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), ha retirado de circulación a 6080 vehículos que no cumplían con los requisitos para brindar el servicio de transporte público de pasajeros, de ellos, el 92% operaban de manera informal.

Estas unidades representaban un peligro latente a la ciudadanía pues no contaban con títulos habilitantes ni documentos en regla como el Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito (SOAT) o el Certificado de Inspección Técnica Vehicular (CITV). Además, en varios casos, los conductores no tenían brevete o no estaban acreditados por la institución.

Este resultado obedece a los 3501 operativos regulares y 616 operativos de alto impacto ejecutados durante el 2025, los cuales fueron desarrollados con el apoyo de la Policía de Tránsito en los puntos de alta incidencia de informalidad, analizados gracias a la videovigilancia de las cámaras de los municipios con los que la entidad mantiene convenios de cooperación interinstitucional.

De manera complementaria, se realizaron 8938 operativos de aceleramiento, desvío y orientación, así como 2693 acciones preventivas que no implicaron el internamiento de vehículos.

Comité de Fiscalización
Del total de estos operativos, más de 40 se ejecutaron en el marco del Comité de Fiscalización del Transporte, el cual es liderado por el MTC y que se puso en marcha desde el inicio del estado de emergencia, el pasado miércoles 22 de octubre.

Dicho comité también es integrado por la PNP, la Superintendencia de Transporte Terrestre De Personas, Carga y Mercancías (Sutran), Migraciones, la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec), entre otras.

En estas intervenciones, se enviaron al depósito más de 520 unidades que infringieron diversas infracciones como informalidad, conductores indocumentados y unidades que no solo carecían de la documentación en regla, sino que también significaban un peligro para los usuarios.

Con estas acciones, la ATU reafirma su compromiso de trabajar de forma articulada con las instituciones que integran el mencionado Comité de Fiscalización para fortalecer el control, promover la formalización y garantizar un sistema de transporte público seguro y eficiente y al servicio de los ciudadanos.