El sector hidrocarburos enfrenta un complejo reto en el contexto actual: promover las inversiones y destrabar algunos proyectos que potencien la industria y, por ende, al país. Pero los malos manejos en Petroperú, la principal empresa de hidrocarburos del país, la incertidumbre e inestabilidad políticas, la gran cantidad de conflictos sociales en zonas petroleras y el reciente desastre ecológico de Repsol en el mar de Ventanilla, complican el panorama.

Pero este escenario, aunque difícil, podría ser una oportunidad para desarrollar el sector. El presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH), Felipe Cantuarias, afirmó en entrevista con Vigilante.pe que es necesario una mayor decisión política para destrabar proyectos ligados al cambio de la matriz energética y pasarlos a gas natural.

En ese sentido, consideró que entre los principales problemas que enfrenta la industria en el largo plazo es autorizar la exploración en hidrocarburos, que demora cuatro años y genera que el país no tenga la dinámica de inversiones que necesita. Pero si se superen las trabas y difultades descritas y se potencia el sector, el Perú “podría autoabastecerse de combustible y no depender del mercado internacional”.

Por otro lado, saludó la reestructuración de Petroperú y, en esa linea, espera que el nuevo directorio y su administración tengan un “enfoque estratégico y que cumplan su rol”.

–¿Qué debe hacer el gobierno para destrabar y promover las inversiones en el sector hidrocarburos?

Mas allá de las dificultades, veo que hay una oportunidad para que finalmente se tomen las decisiones políticas que se requieren para el cambio de nuestra matriz energética y un impulso a la inversión en hidrocarburos. La situación actual, con una crisis internacional de por medio, ha desnudado que el Perú se encuentra en una situación muy endeble, dado que somos un importador neto de combustible y seguimos basando nuestra matriz energética principalmente en combustible fósil, y dentro de ello somos muy dependientes del diésel.

Lo segundo es ser mucho más proactivo en la migración de todos los vehículos de GLP a GNV. Es fundamental y para ello se requiere el bono de chatarreo. Es urgente porque tenemos suficiente producción de gas natural para satisfacer la demanda del mercado interno.

Lo tercero es que, inevitablemente, y más allá del cambio de la matriz, debemos impulsar el uso de energías renovables y tenemos que definir claramente las reglas para la promoción de estas, de tal manera que nuestra matriz siga migrando a energía más ricas. Sin embargo, hay algo que nos falta y es que los combustibles fósiles, el crudo de petróleo, seguirá siendo la energía principal, al menos por las próximas décadas. Hoy somos importadores de petróleo, pese a que tenemos reservas suficientes.

La cuarta medida entonces sería tomar la decisión política de promover la reactivación del sector de inversiones en exploración de hidrocarburos, donde hay un diagnóstico claro y una propuesta de solución muy definida. Con esas cuatro medidas, el Perú estaría mejor preparado para enfrentar la turbulencia de lo que viene y evitar tener exposición mayor al precio internacional de los combustibles.

–¿Qué espera el gremio del anuncio del gobierno sobre la recomposición del directorio de Petroperú (PP)?

Es fundamental recuperar la confianza de los inversionistas y la sociedad. Esa recomposición y la administración es fundamental y necesaria para fortalecer su gobierno corporativo y su reputación. Luego tiene que ser complementado con una estrategia enfocada en Petroperú sea una empresa eficiente y en completar la refinería de Talara y producir y abastecer combustible de manera que se sienta en el consumidor final. Para ello hay que dejar de lado la intención de que Petroperú pueda ampliar sus ámbito de acción a temas como la masificación del gas y petrobalón. Petroperú tiene que enfocarse y dejar temas que distraen recursos económicos y humanos. Esperamos que el cambio contribuya a un enfoque estratégico y que cumpla su rol.

– Perúpetro relanzará un plan para incrementar la producción petrolera de la zona noroeste del país (Talara – Piura), para que pase de 20.000 a 40.000 barriles por día. ¿Es viable? ¿Es suficiente?

El plan para la reactivación de la industria e incrementar la producción a 120 mil barriles es algo que se viene trabajando hace más de cuatro años, y lo único que requiere es de decisión política. Esto es responsabilidad de los gobiernos anteriores, que de manera irresponsable consideraban que era más barato importar combustible. Cuando íbamos a diferentes entidades nos decían que el precio de importar era más barato, pero hoy con el precio (del barril de crudo) por encima de 110 dólares nos cuesta a todos, por la falta de visión. Espero que este gobierno sí sea consciente de incrementar la producción local de crudo tanto en el noroeste como en la selva. Por eso creemos que Perúpetro requiere un refuerzo a nivel político. El nuevo presidente de Perúpetro tiene que estar en capacidad de destrabar las decisiones. Lo que nos ha pasado antes es que hubo gente muy capaz en lo técnico, pero con poca capacidad de lograr decisiones políticas y ahora necesitamos esto pues el diagnóstico y la propuesta están clarísimas. Está toda la información de lo que se requiere en términos de cómo incrementar la producción en el noroeste del país. Tenemos la gran suerte de tener reservas. Si el Perú impulsa su industria podría autoabastecerse de combustible y no depender del mercado internacional.

–¿Es factible eso?

Al inicio de los 80, el Perú producía más de 200 mil barriles diarios, eramos exportadores de crudo. Hoy tenemos reservas suficientes probadas que nos permitirían producir 200 mil barriles. Lo que ocurre que para llegar ahí se requiere decisión política, un marco de competitividad adecuado, que incluye un sistema de regalías que considere la ubicación del lote tanto en el noroeste como en la selva, y que se considere un sistema de regalías flexible pues en caso de la caída del precio, se reduzca el monto de la regalía, y en caso contrario se aumente. Eso no lo tiene el Perú, pero sí el resto de países en la región.

Tenemos problemas en el plazo para autorizar la exploración en hidrocarburos. Por ejemplo, en la región para tener una licencia para explorar toma entre cuatro y seis meses, mientras que en el Perú toma cuatro años. Claramente nos saca del círculo de inversiones. Lo otro es la tramitología y la falta de predictibilidad que hace que los inversores no quieran venir. Si no cambia esta situación va a ser muy difícil poder recuperar la confianza de los inversionistas.

– Tomando en cuenta esto que menciona y el comportamiento del gobierno, ¿es posible entonces cumplir con estos puntos claves para atraer la inversión privada y ser más competitivos?

Soy positivo. Creo que hay dos factores que nos llevan como país a decidir. El primero es que tenemos la refinería de Talara, que inicia operaciones progresivas el 12 de abril hasta lograr su producción optima del 100%. La segunda, es que a raíz de la crisis internacional hay un convencimiento en el gobierno de garantizar nuestra seguridad energética, y eso pasa por producir nuestro propio combustible como lo hacen otros países.

–¿Cómo afecta lo de Repsol a todo la industria y cuál es su balance de todo lo que vino después que esta empresa provocó un desastre ecológico en el mar peruano?

El desastre ecológico de Repsol afecta mucho a la industria. Nosotros, como Sociedad Peruana de Hidrocarburos, hemos expresado nuestra disculpas a la sociedad por esa situación y explicamos que nuestros miembros tienen planes de contingencia con los estándares más altos. Aclaro que Repsol no es parte de la Sociedad. En este caso es una oportunidad para seguir mejorando la institucionalidad en materia ambiental.

– Los conflictos sociales suelen derivar en violencia y actos ilegales que se escudan en el “derecho a la protesta”, como se vio en el caso de Petrotal. ¿Está actuando bien el Estado frente a estas situaciones?

No es solo de este gobierno. Hay algunos factores que considerar pues en varios casos hay razones válidas. En la Amazonía, por ejemplo, hay un sentimiento de engaño y frustración por promesas incumplidas. En el gobierno de Martín Vizcarra se ofreció un plan de cierre de brechas sociales que generó mucha expectativa, pero que no sea ha cumplido y es la principal causa del conflicto actualmente.  A ello se suma la falta de institucionalidad que existe en el país y las comunidades no confían en el Estado ni lo aceptan como árbitro en los conflictos, lo que reduce la capacidad de diálogo. Necesitamos recuperar la confianza de los actores mediante mesas de diálogo con autonomía y capacidad de decisión y que se traduzcan en compromisos que se cumplan y que implementen cambios regulatorios que hagan sentir a las comunidades los beneficios de la industria. Entre ellos el cambio de la Ley de Canon, para que las comunidades reciban directamente ese beneficio. Hoy vemos ese sistema que no funciona a nivel regional ni distrital pues no existe un mecanismo que permita a las comunidades hacerse de beneficios. Es una agenda que se debe trabajar entre sector público y privado.