La Asociación de Consumidores de Gas del Perú pidió al Estado exigir al concesionario mejoras en la infraestructura para asegurar la continuidad del servicio ante futuras emergencias.

A cinco meses de la emergencia ocasionada por una deflagración en el ducto de Camisea, la Asociación de Consumidores de Gas del Perú (Acogas) advirtió que el sistema de transporte de gas natural todavía presenta vulnerabilidades que podrían derivar en una nueva interrupción del suministro.

Durante una entrevista en Economía Para Todos de RPP, el presidente de Acogas, Roberto Santiváñez, señaló que el incidente ocurrido en marzo puso en evidencia que la infraestructura no cuenta, según su apreciación, con el nivel de disponibilidad y capacidad de respuesta establecido en el contrato de concesión.

El representante del gremio sostuvo que, pese al tiempo transcurrido desde la emergencia, el Estado todavía no habría adoptado medidas suficientes para fortalecer el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el concesionario.

Santiváñez consideró que la seguridad energética debe convertirse en una prioridad, debido al papel estratégico que cumple el sistema de Camisea para el abastecimiento de gas destinado a la generación eléctrica, la industria, el transporte y los hogares.

Emergencia afectó el suministro de energía

El dirigente recordó que la interrupción registrada en marzo tuvo consecuencias sobre el abastecimiento de GNV para miles de usuarios del transporte, además de reducir la disponibilidad de GLP y generar presiones sobre los precios.

Asimismo, señaló que el impacto pudo haber sido mayor si la emergencia se hubiera producido durante una temporada de menor disponibilidad de agua para la generación hidroeléctrica. En ese escenario, una interrupción prolongada del suministro de gas podría incluso incrementar el riesgo de restricciones en el servicio eléctrico.

Por ello, Santiváñez insistió en que el sistema debe contar con mecanismos adecuados para responder ante contingencias y evitar que una falla puntual termine afectando a distintos sectores de la economía.

Solicitan al Estado garantizar el cumplimiento del contrato

Acogas sostuvo que la respuesta del Estado no debería limitarse a establecer eventuales sanciones por la emergencia, sino que debe centrarse en garantizar que el sistema de transporte tenga la capacidad necesaria para enfrentar futuras fallas.

Santiváñez explicó que el contrato de concesión contempla una disponibilidad del sistema de 99 %, lo que supone que una interrupción no programada debería ser superada en aproximadamente tres días y medio.

Sin embargo, recordó que después de la emergencia de marzo la recuperación del servicio tomó alrededor de 13 días y medio, un plazo considerablemente superior al previsto.

El representante de los consumidores sostuvo que corresponde al Estado exigir resultados al concesionario y asegurar que existan suficientes mecanismos de respaldo, redundancia y capacidad de respuesta.

Finalmente, afirmó que los recursos provenientes de las tarifas deberían permitir contar con una infraestructura preparada para enfrentar contingencias y reducir el riesgo de que una nueva interrupción del sistema genere impactos sobre el abastecimiento energético y la economía nacional.

El mecanismo amortiguará tanto las alzas como las posteriores caídas de la cotización internacional del petróleo, dijo Elmer Cuba, titular del Ministerio de Economía y Finanzas. A su vez, indicó que se pondrá en marcha Fondo de Estabilización Fiscal para atenuar alza de combustibles.

El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, estimó que la aplicación de este Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (FEPC) podría moderar hasta en S/1 el impacto del incremento internacional del petróleo sobre el precio final de los combustibles en el mercado peruano.

“Eso puede llegar a significar tranquilamente un sol (S/ 1) en el precio final de los combustibles”, afirmó. Cuba explicó que, si la cotización internacional subiera de US$60 a US$100 por barril, el mecanismo permitiría que el precio interno refleje inicialmente un valor intermedio, como US$80. Cuando el petróleo vuelva a bajar, se mantendría temporalmente ese nivel para recuperar los recursos utilizados por el fondo.

Así también, anunció que el Gobierno pondrá en marcha el de Estabilización Fiscal (FEF) para moderar el impacto del incremento internacional del crudo sobre el precio de los combustibles refinados en el mercado peruano.

“Perú es uno de los pocos países de la región que sí tiene espacio para diseñar un fondo fiscal para mitigar los efectos del precio del petróleo. Nosotros sí lo vamos a poner sobre la mesa pronto para que podamos moderar el impacto del incremento del crudo y que no se traslade uno a uno al precio de los combustibles refinados”, afirmó.

Para ello, explicó que el mecanismo deberá contar con un respaldo fiscal y permitir recuperar posteriormente los recursos cuando disminuya la cotización del petróleo. Su aplicación, agregó, contribuiría a moderar la inflación y complementaría las medidas adoptadas por el BCR.

Asimismo, destacó que la reactivación del Fondo de Estabilización Fiscal evitará que el BCR se vea obligado a elevar su tasa de interés de referencia, que actualmente es de 4.25% anual, para combatir la inflación.

“La inflación ha subido a 4% por los combustibles (hasta julio), si no fuera por eso, estaría en 1.5%. El MEF va a ayudar al BCR en la lucha antiinflacionaria para que no se vea inducido a cambiar las tasas de interés”, apuntó Cuba.

El fuerte incremento del precio del diésel en Pucallpa, que alcanzó niveles cercanos a S/25 por galón frente a un precio referencial de S/14.12 publicado por Osinergmin, evidencia una severa vulnerabilidad en la cadena de abastecimiento de combustibles de Ucayali. El ingeniero Edgar León advierte que el problema responde principalmente a la fragilidad logística y a la limitada capacidad de almacenamiento regional.

Brecha de casi S/11 por galón

Según el análisis de Edgar León, la diferencia entre el precio observado en los grifos y el precio referencial de Osinergmin alcanza aproximadamente S/10.88 por galón. A su juicio, esta brecha no puede explicarse únicamente por los costos habituales de transporte y comercialización y requiere una evaluación técnica y regulatoria.

El episodio estuvo acompañado por largas filas en estaciones de servicio, cierres temporales y restricciones en la oferta. Sin embargo, León considera que estos hechos no permiten concluir automáticamente que haya existido una falta física de combustible a nivel nacional.

Una región dependiente de una logística vulnerable

El especialista identifica como problema estructural la reducida capacidad de almacenamiento de Ucayali. Actualmente, la región dispone de aproximadamente 5,000 barriles, volumen que resulta insuficiente para sostener la demanda durante interrupciones de varios días.

Esta situación obliga a mantener un flujo permanente de camiones cisterna desde la costa. Por ello, cualquier retraso en el transporte, conflicto con los operadores, bloqueo de carreteras o restricción operativa puede traducirse rápidamente en escasez local y presión sobre los precios.

León advierte, además, que la región mantiene una dependencia crítica de un proveedor dominante, Petroperú, lo que incrementa su vulnerabilidad frente a decisiones operativas, financieras y logísticas.

Almacenamiento, competencia y control

Frente a esta situación, el ingeniero Edgar León plantea reactivar el proyecto de la nueva planta de ventas en la ex Maple, que permitiría elevar la capacidad de almacenamiento de 5,000 a 61,000 barriles.

También propone diversificar las rutas y operadores logísticos, establecer reservas estratégicas regionales de diésel, mejorar la transparencia sobre inventarios y despachos y fortalecer la fiscalización del eventual desvío ilegal de combustibles exonerados de IGV.

Asimismo, considera necesario evaluar si durante la crisis se produjeron márgenes de comercialización injustificados o prácticas anticompetitivas.

Gas natural como alternativa

León plantea que, además de resolver las deficiencias de almacenamiento y logística, Ucayali debe avanzar en la diversificación de su matriz energética. En ese sentido, considera crítico destrabar las condiciones para el ingreso del gas natural vehicular (GNV), como una alternativa que permita reducir la dependencia regional de los combustibles líquidos.

Para el especialista, el episodio reciente debe ser entendido como una señal de alerta sobre la seguridad energética de Ucayali. La respuesta, sostiene, debe pasar por mayor infraestructura de almacenamiento, diversificación del suministro y fortalecimiento institucional del mercado de combustibles en la Amazonía.