Nombramiento aprobado por la Junta General de Accionistas fortalece la gobernanza corporativa en el contexto del proceso de reestructuración de la empresa.

La Junta General de Accionistas (JGA) de Petroperú acordó la designación de Edmundo Lizarzaburu Bolaños como presidente del Directorio de la empresa, cargo que asume a partir de la fecha, en su calidad de director independiente. 

Esta decisión se enmarca en las acciones orientadas a fortalecer la gobernanza corporativa y acompañar el proceso de reestructuración patrimonial y operativa de la empresa, en línea con los objetivos de sostenibilidad financiera y mejora de la gestión. 

Lizarzaburu Bolaños es ingeniero industrial, cuenta con un Global MBA y es doctor en Management (Cum Laude) por la Universidad Carlos III de Madrid. Asimismo, es candidato a PhD en Economía por la Universidad de Valladolid. 

Cuenta con más de 24 años de experiencia en dirección estratégica, finanzas, gestión de riesgos, compliance y gobernanza corporativa, con trayectoria en sectores como energía, hidrocarburos, banca, retail y organismos internacionales. 

Ha desarrollado consultorías para entidades como el Gobierno de Canadá, el Banco Mundial, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Banco de la Nación e Inretail, liderando la implementación de modelos de prevención, marcos de transparencia, políticas financieras y sistemas de gestión de riesgos alineados a estándares internacionales. 

Asimismo, ha sido reconocido por Leaders League como uno de los principales expertos en compliance y auditoría forense en el Perú, y se desempeña como profesor e investigador RENACYT de la Universidad ESAN. 

Cabe señalar que Lizarzaburu Bolaños ya se desempeñó previamente como director de Petroperú entre octubre de 2022 y marzo de 2023. 

El Directorio de Petroperú queda conformado por Edmundo Lizarzaburu Bolaños como presidente, Carlos Linares Peñaloza como vicepresidente, , Berthin Gómez Vela, Richard Almerco, Julio César De La Rocha Corzo, Néstor Herrera Guerrero, (representante de los trabajadores) y Luis Alberto Camino (representante de los trabajadores suplente).

La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) expresó que otorgar un nuevo apoyo financiero a Petroperú por 2 mil millones de dólares, mediante una garantía a un préstamo, implicará que el Estado asuma un riesgo fiscal sin visos de una reestructuración real y técnica de la petrolera estatal.

“La crisis financiera de Petroperú es pública desde hace años, pero ya no es viable continuar dándole fondos o garantías ante la falta de evidencias de que se está buscando corregir su situación económica y operativa, así como de los avances concretos en su proceso de reestructuración y buena gobernanza que ofrecieron en su oportunidad las autoridades”, comentó el gremio minero energético.

La SNMPE señaló que Petroperú no puede seguir operando en base al apoyo financiero que le viene dando el Estado, el cual solo en el periodo de 2017 a 2024 ascendió a más de US$ 5,225 millones, desviando recursos que podrían servir para mejorar los servicios de salud, educación, saneamiento, entre otros, que necesita la población que viven en zonas de extrema pobreza.

“Hemos manifestado en reiteradas oportunidades que es importante para el país y las arcas fiscales, que la petrolera estatal compita en igualdad de condiciones con otros agentes del mercado, tanto en el segmento upstream como en el downstream”, indicó el gremio, al alertar que los lotes petroleros que le fueron entregados a Petroperú en los últimos años, hoy se encuentran paralizados o con niveles de producción reducidos.

Asimismo, puntualizó que con el transcurrir de los meses se ha perdido el apoyo político a los objetivos que se plantearon a través del D.U. N° 10 – 2025 que buscaban una solución integral a la crisis de Petroperú; y que lamentablemente, se agudiza la inestabilidad de la petrolera estatal con los sucesivos cambios de directorios y la dación de medidas paliativas.

De otro lado, la SNMPE informó que, en la actualidad, la deuda del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) que aún no honra el Estado peruano con las empresas hidrocarburíferas que operan en el país asciende a más de 900 millones de soles y que esta situación, más allá del impacto que genera en los agentes del sector y la falta de predictibilidad, no permite el funcionamiento adecuado de este mecanismo destinado a mitigar el efecto económico que a la fecha genera la volatilidad de los precios internacionales de los combustibles.

Finalmente, subrayó que la reactivación del sector hidrocarburos es prioritaria y para ello se requiere medidas claras y urgentes que permitan recuperar esta industria, por lo que es vital promover una política promoción de inversiones, acompañada con acciones orientadas garantizar la seguridad energética para el país.

Petroperú atraviesa una crítica situación financiera que ya impacta directamente en sus operaciones, tras la paralización de la refinería de Iquitos y el riesgo inminente de detener las plantas de Talara y Conchán por falta de recursos para adquirir materias primas.

Así lo advirtió el presidente de la empresa estatal, Roger Arévalo, durante su presentación ante la Comisión de Presupuesto del Congreso, donde detalló que la compañía enfrenta severas limitaciones de liquidez que afectan su capacidad operativa.

Según explicó, las deudas totales de Petroperú ascienden a US$ 7,899 millones a febrero de este año, de los cuales US$ 3,578 millones corresponden a obligaciones de corto plazo, incluyendo capital de trabajo que actualmente no está disponible.

El funcionario precisó que la empresa mantiene deudas por US$ 2,500 millones con proveedores, quienes han comenzado a exigir pagos al contado, lo que ha generado restricciones en el suministro de petróleo necesario para el funcionamiento de las refinerías.

Como consecuencia, la refinería de Talara opera actualmente a una producción reducida de 60,000 barriles por día, mientras que la planta de Iquitos ya se encuentra paralizada, siendo abastecida desde Lima.

«La refinería de Iquitos ya paró, estamos abasteciendo a (la ciudad de) Iquitos desde Lima, hemos financiado (el funcionamiento de) la refinería con capital de proveedores y no pagamos porque no tenemos plata», aseveró.

Medida de emergencia

Ante este escenario, el Gobierno evalúa implementar una medida de emergencia que permita obtener financiamiento por US$ 2,000 millones a través de una entidad privada, respaldada por una garantía contingente.

No obstante, la aprobación de esta iniciativa se ha visto retrasada debido a interpretaciones normativas, lo que agrava la urgencia de la situación financiera de la empresa estatal.

Arévalo también planteó la necesidad de avanzar hacia un esquema de capitalización que incluya aportes estatales, señalando que, sin medidas inmediatas, Petroperú podría verse obligada a paralizar completamente sus operaciones.

“Por ejemplo, nosotros estamos pidiendo que también se pida un sistema de capitalización allí sí es aporte del Estado (…), hay que capitalizar lo que dé el Banco de la Nación”, puntualizó.

“En algún momento se tiene que capitalizar (a la empresa) un decreto de urgencia (el DU 010) no puede incluir capitalización, dennos los US$2,000 millones, sino paramos, estamos por parar Conchán, estamos por parar Talara», insistió el funcionario.

En paralelo, el ejecutivo cuestionó el Decreto de Urgencia 010, indicando que la reorganización planteada podría replicar esquemas previos de fragmentación de activos que derivaron en procesos de privatización.

Participación en el mercado de combustibles

Finalmente, reconoció que la empresa ha perdido participación en el mercado de combustibles, situándose entre 19% y 20%, por debajo de estimaciones previas, y adelantó que buscarán recuperar competitividad mediante estrategias de precios.

«Yo me he propuesto hacerlo de todas maneras en el corto plazo, porque definitivamente necesitamos regresar a ese nivel de competitividad para Petroperú (con una participación del 50%)», anotó.