El mes de marzo del 2026 estuvo caracterizado por la crisis del gas natural que duró 13 días, que afectó no solo la producción y abastecimiento de este combustible, sino también a las industrias que lo utilizan para producir. Pese a ello, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) afirmó que la economía peruana sí habría crecido durante dicho mes. 

El titular del MEF, Rodolfo Acuña Namihas, señaló que la economía peruana “se mantiene sólida” y que el dinamismo de la demanda interna está generando condiciones para impulsar la inversión, el empleo y mayores oportunidades para las familias.

El MEF explicó que durante marzo, el desempeño económico fue positivo a pesar de factores adversos como la paralización temporal del transporte de gas natural, la presencia de un fenómeno de El Niño débil y el conflicto en Medio Oriente. En ese mes, la demanda de electricidad —indicador altamente correlacionado con el PBI— creció 1.7%.

Asimismo, en el tercer mes del año el consumo interno de cemento se expandió 17.9% , la tasa más alta del año, acumulando 14 meses consecutivos de crecimiento. Este resultado fue impulsado por el avance de proyectos inmobiliarios, obras de infraestructura privada y la autoconstrucción. 

A ello se suma que las importaciones de bienes de capital aumentaron 19.9%. Estos resultados evidencian, según el MEF, la resiliencia de la economía peruana frente a choques externos e internos.

“Frente a este escenario, destrabar el proyecto va más allá del frente legal: el principal reto es técnico y financiero, pues resulta difícil garantizar que los equipos cumplan con los estándares de seguridad requeridos y que exista financiamiento para una inversión de esta magnitud”, opina María Julia Aybar, Country Manager de Hunt Oil.

En una ceremonia en Palacio de Gobierno, el presidente José María Balcázar aseguró que durante su gobierno tomaría las medidas necesarias para destrabar el proyecto del Gasoducto Sur Peruano (GSP). Como peruana y conocedora de la falta de infraestructura en el sector energético del país, sería la primera en celebrar que finalmente se puedan instalar sistemas que nos permitan llevar el gas natural al sur del país. Sin embargo, creo que vale la pena recordar la historia del proyecto del GSP.

El GSP fue concebido como una infraestructura estratégica orientada a transportar gas natural desde Camisea hacia el sur del país con el objetivo de masificarlo. En el 2013 se inició la licitación y en junio de 2014 fue adjudicado, resultando ganador el Consorcio conformado por Odebrecht y Enagás. El monto del proyecto ascendió aproximadamente a US$ 7.300 millones, cubriendo la construcción y operación por un periodo de 34 años. Las obras se iniciaron en 2015, con avances en ingeniería, adquisición de materiales y construcción de los primeros tramos. En enero de 2017, el proyecto fue cancelado por el gobierno de aquel entonces, debido principalmente a la incapacidad del Consorcio para obtener el financiamiento tras los escándalos de corrupción vinculados a Odebrecht. Como consecuencia de la cancelación, todos los activos del proyecto –que consistían en materiales, tuberías, maquinaria pesada, terrenos y documentos técnicos de ingeniería– pasaron a custodia del Estado. En paralelo, las empresas del Consorcio iniciaron arbitrajes internacionales contra el Estado. Al momento de la cancelación, el proyecto tenía cerca de 20% de avance, una inversión estimada de US$ 250 millones y obras parciales, pero ninguna sección operativa del gasoducto estaba concluida.

Hasta hoy, el Estado ha destinado cerca de US$ 400 millones al mantenimiento de los bienes bajo su custodia y continúa defendiendo sus intereses en los arbitrajes en curso, uno de los cuales ya habría sido resuelto con un laudo superior a US$ 300 millones a favor de una de las demandantes.

Frente a este escenario, destrabar el proyecto va más allá del frente legal: el principal reto es técnico y financiero, pues resulta difícil garantizar que los equipos cumplan con los estándares de seguridad requeridos y que exista financiamiento para una inversión de esta magnitud.

Tal vez, en lugar de tratar de destrabar un proyecto tan complejo, este Gobierno de transición podría enfocar sus esfuerzos en sacar adelante el proyecto de las siete regiones, el cual contaría con financiamiento privado, se encuentra en la última etapa de evaluación para su implementación y sería un primer paso para llevar el gas al sur, el mismo que más adelante podría complementarse con sistemas de transporte como el GSP cuando éste finalmente pueda ser destrabado.

• Nueva tarifa también beneficiará a las compañías del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú

Miles de organizaciones sociales de Lima, Callao e Ica que utilizan gas natural, como comedores populares, comités de vaso de leche y ollas comunes, podrán reducir sus gastos mensuales luego de que el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) aprobara su recategorización a una tarifa más económica.

La medida también beneficiará a las entidades de atención de emergencias y a las compañías del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú ubicadas en estas regiones.

Con esta decisión, organizaciones sociales como comedores populares, comités de vaso de leche, ollas comunes, clubes de madres, centros materno-infantiles y cocinas familiares, así como las compañías de bomberos de Lima, Callao e Ica, pasarán a la categoría tarifaria IP, correspondiente a Instituciones Públicas.

Esta recategorización les permitirá acceder a mejores condiciones tarifarias para el uso del gas natural, lo que representará un ahorro estimado superior al 50% en comparación con otros combustibles sustitutos, principalmente el balón de GLP.

La medida fue adoptada tras un análisis técnico realizado por Osinergmin, con el objetivo de facilitar el acceso al gas natural a entidades que brindan apoyo alimentario y bienestar a poblaciones vulnerables, así como al vital rol que desempeña el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios en pro de la seguridad pública.

Osinergmin tiene la función de fijar las tarifas de gas natural para los usuarios regulados, garantizando que este servicio se brinde de manera continua, segura y a precios justos para la población. Asimismo, su labor reguladora contribuye a promover la expansión del gas natural y la mejora permanente de la calidad del servicio.