Minería
Poder Judicial anula 7 concesiones mineras y enciende alerta sobre seguridad jurídica

· Decisión afecta más de 6,400 hectáreas en Puno y podría sentar un precedente para futuras inversiones extractivas
· Experto en consulta previa, Gustavo Zambrano, señala este precedente como peligroso para nuevas inversiones y resta predictibilidad al terminar tergiversando el derecho a la consulta de su finalidad: dialogar
Lima, mayo de 2026.- Un fallo del Poder Judicial encendió una nueva controversia sobre el futuro de las inversiones mineras en el Perú. El Segundo Juzgado Mixto de Desaguadero anuló siete concesiones mineras en la región Puno —que abarcan más de 6,400 hectáreas— al concluir que fueron otorgadas sin realizar consulta previa a comunidades indígenas aimaras.
La decisión judicial alcanza a las concesiones Kelluyo 01 al 07, otorgadas a la empresa Nueva Energía Metales S.A.C., y responde a una demanda presentada por comunidades de la zona, que alegaron vulneración de derechos fundamentales como el territorio, la participación y la autodeterminación, en el marco del Convenio 169 de la OIT.
El fallo introduce un criterio con potencial impacto nacional: establece que la concesión minera, incluso sin actividad extractiva en marcha, puede generar afectaciones sobre territorios indígenas y, por tanto, requiere consulta previa. Para especialistas, esta interpretación podría modificar la forma en que se otorgan derechos mineros en el país y elevar la judicialización de proyectos.
La decisión también reabre un debate jurídico de alto impacto para el sector. El Tribunal Constitucional ha sostenido en anteriores sentencias que la sola entrega de una concesión minera no activa automáticamente la obligación de realizar consulta previa, al no existir una afectación directa inmediata sobre comunidades indígenas.

“El caso de Puno refleja un problema de fondo: la discusión ya no gira únicamente en torno al cumplimiento de la consulta previa y los derechos de los pueblos indígenas, sino al riesgo de que el debate se polarice entre estar a favor o en contra de la minería. Esto puede generar mayor confrontación social e incertidumbre jurídica, debilitando la posibilidad de construir proyectos sostenibles con diálogo, participación efectiva de las comunidades y reglas claras para la inversión”, señaló Gustavo Zambrano, experto en pueblos indígenas y consulta previa en minería.
El especialista advirtió además que el criterio adoptado por el juzgado de Desaguadero marca una diferencia frente a la línea que había mantenido el TC. “Esto puede abrir nuevas controversias sobre la seguridad jurídica y la predictibilidad para las inversiones en el sector minero”, sostuvo.
La sentencia podría convertirse en un precedente para impulsar nuevas acciones legales contra concesiones vigentes en distintas regiones del país, en momentos en que el Perú busca acelerar inversiones mineras y destrabar proyectos estratégicos.
El juzgado dispuso que cualquier decisión futura sobre estas áreas deberá pasar obligatoriamente por un proceso de consulta previa, reforzando el carácter vinculante de este derecho y dejando sobre la mesa un desafío clave para el Estado: cómo equilibrar la protección de las comunidades indígenas con la estabilidad regulatoria que exige la inversión minera.

Minería
PERUMIN 38 busca convertir sus conclusiones en una agenda de acción para formalizar la economía peruana
Víctor Gobitz, presidente de PERUMIN 38, destacó que la convención promoverá propuestas para impulsar la formalización más allá de la minería. También convocará a la Iglesia para incorporar una visión centrada en el ser humano.

Convertir el diálogo en propuestas concretas para el desarrollo del país. Ese es el objetivo de PERUMIN 38, que pondrá en debate la formalización de la economía peruana como uno de los desafíos que trascienden al sector minero y requieren la articulación de distintos actores económicos y sociales.
“Nuestra aspiración es que las conclusiones de Perumin 38 se conviertan en el plan de acción del país”, afirmó Víctor Gobitz, presidente de la convención, en una entrevista con El Comercio.
Bajo el lema “Integración y formalización para el desarrollo regional», el encuentro buscará contribuir a una agenda común que permita avanzar hacia una economía formal, con mayores oportunidades de acceso al crédito y mejores condiciones para los trabajadores. En esa línea, Gobitz subrayó la necesidad de abordar la informalidad desde una perspectiva amplia, que involucre a distintos sectores de la economía.
“Una economía formalizada va a permitir que los individuos tengan acceso al crédito. Una porción importante de la fuerza laboral vive en la informalidad y eso tiene que corregirse”, señaló.
La convención también buscará incorporar distintas perspectivas para enriquecer el debate sobre el desarrollo. “Vamos a invitar también a la Iglesia para que nos ofrezca su visión enfocada en el ser humano”, indicó Gobitz.
Una convención con proyección global
PERUMIN 38 también buscará mostrar la dimensión internacional de la minería peruana, con la participación de los principales operadores mineros del mundo y de empresas proveedoras de bienes y servicios, entre ellas las vinculadas a Estados Unidos, país aliado de esta edición.
“Esperamos hacer visible la magnitud global de la minería en el Perú”, sostuvo Gobitz.
Organizada por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), PERUMIN 38 se realizará del 20 al 24 de septiembre de 2027 en el campo ferial Cerro Juli, en Arequipa.

Minería
Minem presenta proyecto de nueva Ley MAPE con reglas permanentes para la pequeña minería y minería artesanal

La propuesta contempla la creación del Formape, nuevos requisitos ambientales y mecanismos de trazabilidad para la cadena productiva minera. Además, establece el fin del Reinfo para el 31 de diciembre de 2026 y un régimen transitorio hasta 2028 para sus inscritos.
El Ministerio de Energía y Minas (Minem), encabezado por Guillermo Shinno Huamaní, presentó la propuesta de la nueva Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE), iniciativa que busca establecer un marco legal permanente para ordenar las actividades de este sector, impulsar su formalización y promover un desarrollo productivo sostenible.
Tras sostener reuniones con exministros de Energía y Minas, representantes empresariales, economistas y académicos, Shinno explicó que el proyecto pretende superar la dispersión de normas y la dependencia de mecanismos temporales, mediante disposiciones claras y coordinadas para los operadores mineros.
La iniciativa propone un régimen ordinario permanente dirigido a nuevos operadores y productores formalizados. Para iniciar o reanudar actividades, estos deberán contar con la autorización sectorial correspondiente y la certificación ambiental exigida según las características de sus operaciones.
Reinfo culminará a fines de 2026
El titular del Minem ratificó que el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) finalizará el 31 de diciembre de 2026, sin posibilidad de prórroga, según lo anunciado.
A partir del 1 de enero de 2027, el proyecto plantea implementar un régimen de consolidación que se extendería hasta el 31 de diciembre de 2028. Este mecanismo estaría reservado exclusivamente para las personas inscritas en el Reinfo que cumplan con las condiciones establecidas en la normativa.
El alcance de la propuesta no se limita a los titulares de derechos mineros, sino que también incluye a quienes realizan actividades de beneficio, acopio, transporte, procesamiento y comercialización, así como a otros participantes de la cadena de suministro de minerales.
Formape asumiría nuevas funciones en el sector
Uno de los principales componentes del proyecto es la creación del Organismo Nacional para el Fortalecimiento de la Minería Artesanal y Pequeña Minería (Formape), entidad adscrita al Minem que estaría encargada de fortalecer la gestión y supervisión de estas actividades.
Entre sus principales responsabilidades figuran promover mejores estándares operativos, buenas prácticas laborales, seguridad e innovación tecnológica. También tendría a su cargo la administración de los sistemas de información y trazabilidad, la evaluación de instrumentos de gestión ambiental, la emisión de acreditaciones para pequeños productores mineros (PPM) y productores mineros artesanales (PMA), y el otorgamiento de autorizaciones para iniciar o reiniciar operaciones.
La propuesta también contempla centralizar los procedimientos administrativos mediante una Casilla Electrónica Única, con el propósito de facilitar las gestiones y mejorar el seguimiento de los trámites.
Requisitos ambientales y trazabilidad del mineral
En materia ambiental, el proyecto establece que las actividades de pequeña minería y minería artesanal deberán cumplir los principios del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y disponer de la certificación ambiental correspondiente antes de comenzar sus operaciones, de acuerdo con la legislación vigente.
Los requisitos específicos se definirían mediante decreto supremo y deberían ser proporcionales a los riesgos, las características de las actividades y las condiciones territoriales donde se desarrollen.
Asimismo, los sistemas administrados por el Formape permitirían rastrear el mineral durante todas las etapas de la cadena productiva, desde su origen y traslado hasta la recepción, el beneficio, el procesamiento y la comercialización. La finalidad es reforzar la transparencia y facilitar el control de las operaciones.
Otro componente de la iniciativa es la autorización expresa al Banco de la Nación para ofrecer servicios bancarios a pequeños mineros y mineros artesanales, como parte de las medidas destinadas a ampliar su inclusión financiera y económica.
Responsabilidad por contratos de explotación
La propuesta también establece disposiciones sobre la responsabilidad ambiental y de seguridad y salud ocupacional en las actividades desarrolladas mediante contratos de explotación o de cesión.
En estos casos, los pequeños mineros y mineros artesanales que ejecuten las operaciones serían los responsables directos de los incumplimientos normativos derivados de sus actividades.
Sin embargo, cuando las operaciones se realicen sin un contrato de explotación o de cesión vigente, el titular de la concesión minera asumiría responsabilidad solidaria con quienes ejecutan los trabajos por los impactos ambientales ocasionados.
Con estas medidas, el Minem busca establecer reglas más definidas para la pequeña minería y minería artesanal, fortalecer los mecanismos de formalización y mejorar el control de las actividades que forman parte de la cadena productiva minera.

Minería
El IIMP condena la violencia criminal en Pataz

El Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) lamenta profundamente el fallecimiento de dos trabajadores mineros de Pataz, a consecuencia del ataque criminal ocurrido el 6 de octubre en el sector Santa María, región La Libertad, hecho que además dejó a otras dos personas heridas.
Expresamos nuestras más sinceras condolencias a las familias de las víctimas y nuestra solidaridad con los heridos, sus compañeros de trabajo y todas las personas afectadas por este lamentable suceso.
La minería ilegal es crimen organizado. Su violencia cobra vidas, siembra temor en las comunidades y socava el Estado de Derecho. Como país, no podemos normalizarla.
Invocamos a las autoridades a restablecer el orden y actuar con decisión contra este flagelo, así como a garantizar la seguridad y el bienestar de los trabajadores mineros, que tienen derecho a desempeñar su labor sin poner en riesgo su vida.
El IIMP reafirma su compromiso con una minería formal, segura y sostenible, que sea motor de desarrollo en paz y lega

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