• Las nuevas tarifas de gas natural regirán para las ciudades de Huaraz, Chimbote, Trujillo, Pacasmayo, Chiclayo, Lambayeque y Cajamarca.

En base a criterios técnicos y legales, Osinergmin estableció precios justos y eficientes tanto para los usuarios finales como para la empresa concesionaria. Así estas tarifas garantizan la sostenibilidad y la calidad del servicio de gas natural, lo que a su vez contribuye con el abastecimiento eficiente, seguro y continuo de dicho servicio a la ciudadanía.

La regulación se da conforme a Ley, tras cumplirse los ocho años de vigencia de las tarifas iniciales de gas natural determinadas en el contrato de concesión.  Por ello y a través de la Resolución N° 027-2025-OS/CD Osinergmin resolvió el recurso de Reconsideración interpuesto por Gases del Pacífico a las tarifas fijadas por el regulador, culminando así el proceso tarifario. Como resultado, se obtiene una tarifa a cliente final de 14.66 USD/MMBTU que corresponde a la prestación del servicio total (gas natural licuado-GNL, transporte-virtual, regasificación y distribución).

Cabe recordar que la tarifa final de gas natural está conformada por el costo de la molécula del gas, el transporte virtual (traslado del hidrocarburo por cisternas desde la planta Melchorita ubicada en Cañete hasta Chimbote y a las zonas de consumo en las ciudades de Huaraz, Chimbote, Trujillo, Pacasmayo, Chiclayo, Lambayeque y Cajamarca), la regasificación y distribución por ductos.

Como resultado de la regulación, se registra una reducción de las tarifas de gas natural para los usuarios. Esta disminución de la tarifa a cliente final obedece principalmente a la diferencia en los precios del transporte virtual, donde el contrato de concesión de Gases del Pacífico señalaba un costo de 4,44 USD/MMBTU (vigente hasta el 30 de diciembre del 2024) respecto a 1,37 USD/MMBTU regulado por Osinergmin para el periodo 2025 – 2028.

La regulación a cargo de Osinergmin se desarrolló con transparencia, con la ejecución de tres Audiencias Públicas y la publicación de estudios, informes técnicos y legales que sustentan su decisión. En cada etapa, Osinergmin ha absuelto todos los comentarios, sugerencias y observaciones remitidas por los agentes e interesados.

Distribuidora de gas cuestiona resolución del regulador y pide suspensión de responsabilidades

La empresa Promigas, a través de su filial en Perú, ha decidido llevar su disputa con el gobierno de ese país ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi). El conflicto surge a raíz de la nueva tarifa de distribución de gas natural establecida por el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), la cual, según la compañía, no garantiza la sostenibilidad de la concesión.

Disputa por la tarifa

Desde que entró en vigencia la nueva tarifa, Promigas ha manifestado su desacuerdo con la reducción establecida por Osinergmin. Según Miguel Maal, gerente general de Promigas Perú, la nueva estructura tarifaria impuesta no permite recuperar las inversiones y compromete el futuro del servicio en la región. La empresa presentó un recurso de reposición ante el regulador, pero fue rechazado, lo que llevó a tomar la decisión de acudir al Ciadi.

Consecuencias para el servicio

Maal advirtió que la decisión de Osinergmin genera incertidumbre sobre la operación del servicio de distribución de gas. Aunque la compañía continuará operando bajo el esquema actual, ha solicitado la suspensión de las responsabilidades derivadas del nuevo periodo tarifario hasta que el conflicto se resuelva. «No queremos detener la operación, pero necesitamos garantías de que nuestras inversiones serán respetadas», indicó el ejecutivo.

Un problema que se repite

La disputa de Promigas no es un caso aislado. En los últimos años, otras concesiones en la región han enfrentado problemas similares, con cambios regulatorios que afectan la rentabilidad de los proyectos. Recientemente, Brookfield, empresa que adquirió el control de Promigas, también ha tenido conflictos con el gobierno peruano en relación con otras concesiones.

Medidas en curso

Mientras el caso avanza en el Ciadi, Promigas espera que el Ministerio de Energía y Minas tome acciones para corregir la situación. La empresa ha señalado que su objetivo no es confrontar al gobierno, sino encontrar una solución que garantice la viabilidad de la concesión y el cumplimiento de los compromisos con los usuarios.

Dato: Promigas argumenta que la nueva tarifa establecida por Osinergmin fija un precio de US$ 1,37 por millón de BTU para distribución, mientras que la empresa sostiene que el costo mínimo para garantizar la viabilidad del servicio es de US$ 1,46 por millón de BTU.

Condensado: Gestión

El alto ejecutivo de la compañía participó en la XIV Conferencia Perú GLP 2025, donde se reunieron especialistas y referentes del sector para discutir los retos y oportunidades relacionados al gas licuado de petróleo.

El gerente general de Limagas GLP, Ignacio Schneider, afirmó que el gas licuado de petróleo (GLP) y el gas natural son combustibles amigables con el medio ambiente que se complementan para cubrir diferentes necesidades de la población nacional.

«El GLP y el gas natural son alternativas que coexisten, dando la posibilidad al cliente que seleccione la alternativa que mejor se ajusta a sus necesidades. En zonas periféricas y ciudades sin infraestructura de gas natural el GLP es la mejor alternativa para llevar energía limpia y mejorar la calidad de vida de miles de familias», expresó Schneider en la XIV Conferencia Perú GLP 2025.

Precisamente, dicha conferencia reunió a especialistas y referentes del sector energético para discutir los retos y oportunidades relacionados con el acceso al Gas Licuado de Petróleo (GLP) en el país.

El evento también contó con la participación de Ricardo Yépez, gerente legal de Limagas, quien señaló que es importante reforzar la fiscalización del mercado ilegal de GLP del país por parte del regulador.

Finalmente, la XIV Conferencia Perú GLP 2025 también destacó la urgencia de asegurar un acceso justo y seguro al GLP como una prioridad para el desarrollo energético del país. Los expertos coincidieron en la necesidad de implementar reformas estructurales que amplíen la cobertura de este combustible, fomenten inversiones en infraestructura y refuercen las medidas contra la informalidad.