Humo blanco. Los representantes del Ejecutivo y las tres mineras en controversia en Ayacucho se reunieron hasta altas horas de la noche de ayer, lunes, en la sede de la PCM, desde donde se hilvanaron nuevamente los puentes del diálogo.

El encuentro, liderado por la primera ministra Mirtha Vásquez, tuvo un primer balance “positivo” en opinión de los representantes del sector privado, encabezados por el titular de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Raúl Jacob.

A su salida, la premier, quien estuvo flanqueada por los ministros de Energía y Minas, Eduardo González; del Ambiente, Rubén Ramírez; y de Economía y Finanzas, Pedro Francke; además de la presidenta del OEFA, Miriam Alegría Zevallos, sostuvo que durante la cita cada parte en controversia expuso su punto de vista, bajo la voluntad y compromiso de respetar la seguridad jurídica de las inversiones privadas.

“No caer en ningún tipo de unilateralidades, eso está descartado. Nuestra posición es tomar en cuenta y acompañar las demandas de la población, así que este diálogo ha sido desde nuestro punto de vista bastante fructífero, va a continuar el diálogo y esperemos que en los próximos días podamos anunciar algunas medidas que vamos avanzando en este caso”, remarcó Vásquez.

Horas antes, el presidente Pedro Castillo había ratificado desde Arequipa su compromiso de continuar promoviendo las inversiones privadas, incluyendo las mineras. Para ello, resaltó que su gestión respetará estrictamente el marco legal vigente y la estabilidad jurídica.

“Queremos un sector minero sólido, con inversiones que generen empleo y oportunidades para nuestra población”, expresó en su visita a la Ciudad Blanca.

No obstante, dejó en claro que el actual Gobierno apuesta por una minería responsable, moderna y sostenible, donde se respete el medio ambiente y los derechos de las comunidades.

Respecto a los últimos anuncios del Ejecutivo sobre el plan de cierre de minas Pallancata, Inmaculada y Apumayo, en Ayacucho, Castillo recalcó que “no ha existido, ni existirán decisiones unilaterales, ni arbitrarias y al margen de la ley”.

En tal sentido, anunció que convocará a los gremios, autoridades locales y regionales, así como a las comunidades para que se logren consensos en beneficio de los peruanos.

Precisamente, por estos mensajes que desconcertaron al sector minero, las acciones de la empresa Hochschild cerraron con una pérdida del 27% en la Bolsa de Valores de Londres.

Plan se puede modificar

El viceministro de Minas, Jorge Chávez, explicó que cada proyecto minero tiene su plan de cierre de minas, lo cual va acompañado del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), por lo tanto, es un documento que es presentado por las propias empresas mineras y es aprobado mediante resolución directoral por el Minem.

Como se sabe, el plan de cierre de minas tiene plazos establecidos, sin embargo, estos pueden ser modificados a solicitud de la empresa minera.

“Lo que sucede es que la fotografía de hoy es lo que todos conocen, si existiera una prórroga de cada uno de los proyectos mineros a través de las entidades competentes, que es el Ministerio de Ambiente (Minam), ellos tienen la obligación de trasladarnos esa información y nosotros evaluarla y aprobarla, porque el plan de cierre de minas es cambiante”, detalló el funcionario.

Chávez Cresta señaló que tienen conocimiento de que Hochschild tiene pensado extender la vida útil de la unidad minera La Inmaculada, sin embargo, este pedido debe continuar con el procedimiento.

“Tenemos conocimiento de que La Inmaculada va a hacer una ampliación de ello, pero está en un nivel de exploración y de estudio, y eso sigue su proceso a través de los canales correspondientes”, puntualizó el viceministro a un medio local.

Ello fue confirmado por Ignacio Bustamante, CEO de Hochschild, quien dijo a Financial Time que plantea alargar la vida útil por 20 años más, con una inversión de US$ 4.436 millones.

Asimismo, el gerente general de Apumayo, Guillermo Shinno, dijo a La República que si bien están facultadas a realizar operaciones hasta junio de 2022, tienen la intención de extender sus autorizaciones.

“Como nuestra intención es seguir operando, se encuentra en proyecto una segunda MEIA con propuesta para ampliar operaciones por trece años adicionales al periodo antes indicado. Nos encontramos en la etapa de evaluación de la solicitud de clasificación de estudios ambientales que fue presentada el 14 de octubre último ante el Senace”, confirmó Shinno.

En tanto, la empresa Sami –que opera la mina Breapampa– también ha señalado que ha elaborado una modificación del Estudio de Impacto Ambiental.

Hablan las comunidades

Che Bernaola Torres, presidente del Comité de Lucha de Parinacochas, recordó que los reclamos del sur de Ayacucho tienen más de diez años.

“Les invitaría para que verifiquen que la mina no ha hecho nada. Los trabajadores que defienden son de otros lugares, de nuestra zona por lo mucho trabajan cinco o diez. Inclusive los que cocinan son empresas de otros lugares, no dan trabajo a nuestra zona. Entonces, que se vayan o que vengan no nos ayuda, pero su presencia nos perjudica grandemente por la contaminación”, afirmó.

El dirigente recalcó que no se está pidiendo el cierre de minas de forma inmediata, sino que se respete el cronograma que la propia minera estableció.

“Por ejemplo, Apumayo, el 2019 ya debió iniciar su cierre final, pero ellos quieren seguir operando y eso no lo vamos a permitir, el pueblo ya tiene su decisión bien firme”, finalizó.

En tanto, Willy Contreras, asesor del comité de lucha contra la contaminación minera en Ayacucho, dice que con la contaminación de cabeceras de cuenca en el sur de Ayacucho son más de 50.000 productores agropecuarios afectados.

Hay 84 conflictos mineros

Un informe de la Defensoría del Pueblo reveló que hay 84 conflictos sociales que involucran a empresas mineras. De ese total, 63 se encuentran activos y no se logra una solución a los reclamos de la población.

El informe menciona que en agosto de este año la comunidad campesina de Pallancata señaló que el río Suyamarca estaría contaminado, presuntamente por vertimiento de aguas ácidas con metales pesados sin tratamiento de la Compañía Minera Ares S.A.C. (Unidad Minera Pallancata), lo que habría ocasionado la muerte de truchas y afectación de la salud de los miembros de la comunidad campesina Pallancata y el centro poblado Santa Rosa.

Una ley para las cabeceras de cuenca

Por: César Gamboa, Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR)

Aun cuando se identificara una cabecera de cuenca, no hay una prohibición expresa en el Perú para poder prohibir las actividades de la minería en ella. Por eso, si quisiéramos evitar un conflicto social en sus inmediaciones tendríamos que establecer un reglamento en torno a este concepto, que es nuevo en nuestro escenario (el concepto de cabecera de cuenca no tiene muchos años). Si realmente se quiere llegar a conservarlas, será imperativo que se ejecute, desde el marco legal, una prelación en función al derecho existente de estos ecosistemas. Diseñar una serie de instrumentos para evitar que, en adelante, con la actividad minera, sigan existiendo los pasivos ambientales y que, en torno a ellos, exista un manejo eficiente y correcto.

El objetivo es que no continúen en el tiempo una vez que el agente ajeno a la cabecera haya terminado su operación. Lo que ha pasado ahora es una convulsión social en la cual el gobierno ha tratado de solucionar el problema, pero eso no se condice con el marco administrativo en el que el administrado, en este caso el inversionista de Ayacucho, no ha sido notificado de la decisión de dejar sin efecto sus actividades. Es una situación complicada para todas las partes.

Hay que tomar en cuenta también que no se va a poder, con esta regulación nueva, afectar los derechos preexistentes de terceros, los cuales ya se les otorgaron con la concesión. Pero, ojo, si finalmente la población no quiere la minería en su región, no tiene por qué darse. Queda en la cancha del Ejecutivo plantear una serie de acciones para salir de este problema, pero la responsabilidad principal es del Legislativo en la toma de decisión sobre la intangibilidad a futuro de nuestras fuentes de agua.