La Refinería Talara marca un hito clave en su operación al iniciar la primera inspección general de la Unidad Flexicoking (FCK), un proceso estratégico que se ejecuta en estricto cumplimiento de las recomendaciones de su licenciante ExxonMobil, referente global en tecnologías de refinación.

Este proceso constituye un paso fundamental para reforzar la seguridad industrial, la confiabilidad y la integridad de una de las unidades más complejas de la refinería, cuya operación resulta clave para maximizar la producción de combustibles de alto valor. La inspección permitirá prevenir situaciones de riesgo, asegurar condiciones óptimas de operación y proteger tanto al personal como a las instalaciones, alineándose con los más altos estándares internacionales de la industria.

La intervención comprende la revisión y mantenimiento integral de equipos estáticos, sistemas eléctricos, de instrumentación, refractarios, líneas y estructuras que forman parte de las cuatro secciones de la Unidad Flexicoking, asegurando su funcionamiento eficiente y seguro. Asimismo, contribuirá a elevar la confiabilidad de la planta, cumplir con los planes de producción corporativos y extender la vida útil de los activos.

La ejecución de esta inspección, considerada una de las más exigentes y complejas dentro de la refinería, contempla una planificación integral que incluye aproximadamente 90 días entre la parada de la unidad, el mantenimiento general y el arranque progresivo de las operaciones, garantizando una intervención ordenada y eficiente.

El desarrollo de estos trabajos cuenta con la participación de empresas contratistas internacionales altamente especializadas, así como con asistencia técnica de proveedores y del propio licenciante, lo que asegura la aplicación de mejores prácticas globales, el uso de tecnología avanzada y la ejecución bajo estrictos estándares de calidad y seguridad.

De manera paralela, se ha diseñado una estrategia logística y operativa para garantizar el abastecimiento continuo de la refinería durante el periodo de intervención, asegurando la disponibilidad de cargamentos de petróleo crudo con características idóneas que permitan mantener la estabilidad operativa de las demás unidades de proceso y optimizar la producción de destilados de alto valor comercial.

Con este hito, Petroperú reafirma su compromiso con el país al fortalecer la seguridad energética, asegurar el suministro de combustibles y consolidar operaciones eficientes y sostenibles, en beneficio del desarrollo económico y el bienestar de la población.

Los primeros bloques patrimoniales serán aprobados en julio mediante planes específicos de promoción. Además, evaluarán la disposición de activos inmobiliarios considerados no esenciales para la operación de la empresa. Entre ellos mencionó clubes recreacionales, casas de playa y la sede corporativa ubicada en el distrito limeño de San Isidro

El director del Proyecto de Reorganización Patrimonial y Operativa de Petroperú de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión), Ángel Delgado, dijo en el foro Perú Energía 2026 que la transformación de la empresa estatal busca convertirla en una compañía financieramente sostenible y capaz de operar sin nuevas ayudas del Estado hacia el año 2032.

El funcionario señaló que la meta principal de la reorganización es lograr que Petroperú llegue al año 2032 como una empresa financieramente autosostenible, capaz de cumplir sus obligaciones sin recurrir a nuevos apoyos estatales.

“La empresa debe dejar de ser una carga fiscal y volver a convertirse en una plataforma de competitividad, seguridad energética y desarrollo para el país”, dijo.

El funcionario sostuvo que el proceso constituye una de las intervenciones corporativas más importantes emprendidas por el Estado en los últimos años. La estrategia liderada por ProInversión busca estabilizar financieramente la empresa, ordenar sus activos, incorporar inversión privada y recuperar la confianza del mercado.

“La reorganización patrimonial y operativa de Petroperú no puede entenderse como un ajuste contable ni transitorio. Se trata de una reingeniería corporativa profunda”, señaló.

Uno de los principales anuncios realizados por Delgado fue la próxima conformación de bloques patrimoniales dentro de Petroperú con el objetivo de atraer inversión privada.

Explicó que estas unidades serán estructuradas bajo criterios de autonomía operativa, generación de flujo económico, rentabilidad potencial y capacidad para captar interés de inversionistas.

Los primeros bloques patrimoniales serán aprobados en julio mediante planes específicos de promoción. “En las condiciones actuales, Petroperú no tiene capacidad financiera suficiente

para asumir por sí sola las inversiones que requiere la infraestructura energética del país”, sostuvo.

Como parte del proceso de reorganización, Delgado informó que evaluarán la disposición de activos inmobiliarios considerados no esenciales para la operación de la empresa. Entre ellos mencionó clubes recreacionales, casas de playa y la sede corporativa ubicada en el distrito limeño de San Isidro.

Delgado sostuvo que la situación de Petroperú tiene implicancias que van más allá de la propia empresa y que impactan directamente en la competitividad energética del país.

Indicó que el Perú cuenta con un potencial de producción de hidrocarburos significativamente superior a los niveles actuales de extracción. Según estimaciones presentadas durante su exposición, el país podría alcanzar una producción de hasta 245.000 barriles diarios, frente a los aproximadamente 45.000 barriles diarios que produce actualmente. “El Perú no puede seguir importando cuando tiene capacidad para producir internamente”, afirmó.

El funcionario señaló que la reorganización responde a una situación financiera crítica que enfrentaba la petrolera estatal.

Explicó que, al cierre de 2025, Petroperú registraba un capital de trabajo negativo cercano a los 1.500 millones de dólares, reflejando que sus obligaciones de corto plazo superaban ampliamente los recursos disponibles para atenderlas.

Esta situación amenazaba con afectar la continuidad operativa de la empresa y comprometer el abastecimiento de combustibles, especialmente en zonas donde Petroperú mantiene una presencia estratégica.

Asimismo, advirtió que un eventual incumplimiento de obligaciones financieras podría haber generado repercusiones en los mercados internacionales y afectar la percepción del riesgo país.

En los últimos años Petroperú recibió aportes de capital y garantías estatales que comprometieron recursos públicos significativos, situación que, dijo Ángel Delgado, no puede mantenerse indefinidamente. “El Estado peruano no continuará financiando rescates sin condiciones, sin transparencia y sin resultados verificables”, enfatizó.

El nuevo esquema de reorganización de la estatal de ProInversión incorpora mecanismos de supervisión, control y rendición de cuentas orientados a garantizar la sostenibilidad financiera de la empresa.

El representante de ProInversión explicó que el proceso de estabilización contempla un financiamiento de hasta 2.000 millones de dólares respaldado por un marco normativo específico y

“no constituye un subsidio ni un desembolso directo de recursos fiscales, sino una garantía diseñada para facilitar el acceso a financiamiento privado en condiciones favorables”.

Además, señaló que los recursos serán administrados mediante mecanismos de control y trazabilidad que permitan supervisar el destino de cada desembolso. “La caja estará blindada”, aseveró al referirse al esquema de administración financiera diseñado para la reorganización.

La Federación Nacional de Trabajadores Petroleros del Perú (FENPETROL), en representación de los trabajadores del sector hidrocarburífero y en defensa de la soberanía energética nacional, expresa su profunda preocupación y rechazo frente a una serie de acciones y omisiones que evidencian una estrategia orientada a debilitar deliberadamente a PETROPERÚ para justificar la privatización de sus activos estratégicos y comprometer la continuidad de la principal empresa pública del país.

Los documentos oficiales cursados por las propias gerencias de PETROPERÚ a PROINVERSIÓN durante las últimas semanas revelan que la empresa ha venido alertando de manera reiterada sobre riesgos operativos, financieros y de abastecimiento que, lejos de ser atendidos oportunamente, han sido ignorados o minimizados.

HECHO N.° 1: Intento de excluir a PETROPERÚ del proceso de definición de los bloques patrimoniales que serán puestos en venta

Mediante la Carta GGRL-1449-2026, de fecha 03 de junio de 2026, dirigida a PROINVERSIÓN, PETROPERÚ solicitó formalmente participar de manera activa y oportuna en todas las etapas vinculadas a la identificación, evaluación, estructuración, formulación y aprobación de los bloques patrimoniales y sus respectivos planes específicos.

En dicho documento, la empresa advierte que resulta indispensable su participación para conocer anticipadamente el contenido, alcance e implicancias legales, societarias, operativas, contractuales, financieras y patrimoniales de las decisiones que se encuentren en evaluación.

Sin embargo, la sola necesidad de formular este requerimiento evidencia que se pretendía avanzar en decisiones trascendentales sobre el patrimonio de la empresa sin incorporar a la propia PETROPERÚ en el proceso, situación que genera serias dudas sobre la transparencia y legitimidad de la reorganización en marcha.

HECHO N.° 2: PROINVERSIÓN desconoció información financiera y operativa previamente comunicada por PETROPERÚ

A través de la Carta GGRL-1418-2026, de fecha 01 de junio de 2026, PETROPERÚ respondió a observaciones formuladas por PROINVERSIÓN respecto a la situación de inventarios y liquidez de la empresa.

En dicha comunicación se señala expresamente que PROINVERSIÓN desconocía información que había sido puesta en su conocimiento mediante reiteradas comunicaciones oficiales, informes técnicos y coordinaciones institucionales previas.

PETROPERÚ recordó que la situación de liquidez y abastecimiento no era producto de una deficiente planificación operativa, sino consecuencia de las restricciones financieras que enfrenta la empresa y que fueron oportunamente informadas.

Este hecho demuestra que las decisiones que se vienen impulsando sobre el futuro de la empresa podrían estar sustentándose en diagnósticos incompletos o sesgados.

HECHO N.° 3: Advertencias sobre riesgos de desabastecimiento nacional fueron ignoradas

Mediante la Carta GGRL-1521-2026, de fecha 05 de junio de 2026, PETROPERÚ alertó a PROINVERSIÓN sobre las afectaciones generadas por el cierre de puertos en Talara debido a condiciones climáticas adversas.

La empresa informó que dicha situación incrementaba significativamente los riesgos asociados al abastecimiento de combustibles a nivel nacional, debido a las limitaciones para la recepción de cargamentos de crudo e insumos estratégicos.

Asimismo, advirtió que no contaba con los niveles mínimos de inventarios de seguridad requeridos para afrontar eventos extraordinarios de esta naturaleza, producto de las restricciones de liquidez que continúa enfrentando.

Pese a la gravedad de la situación, PETROPERÚ tuvo que solicitar nuevamente la adopción de medidas que permitan asegurar los recursos financieros necesarios para garantizar mayores volúmenes de crudo y la continuidad de las operaciones de refinación.

HECHO N.° 4: La declaratoria de Fuerza Mayor en el Oleoducto Norperuano confirma el deterioro inducido de las operaciones

A través de la Carta GOLE-1390-2026, de fecha 04 de junio de 2026, PETROPERÚ comunicó a PROINVERSIÓN la declaratoria de Fuerza Mayor que afecta el servicio de transporte de hidrocarburos en el marco del Contrato de Concesión Definitiva del Oleoducto Norperuano.

La empresa informó que se produjo la revocación de una declaración previa debido a la ausencia de demanda de transporte de hidrocarburos líquidos, situación que afecta directamente el equilibrio económico-financiero de la concesión.

Esta situación no solo compromete la sostenibilidad de una infraestructura estratégica para el país, sino que además alimenta una narrativa destinada a acreditar una supuesta incapacidad operativa de PETROPERÚ.

UNA ESTRATEGIA PREOCUPANTE

Los hechos descritos permiten advertir la existencia de un patrón preocupante:

Primero, se generan o se dejan agravar condiciones que derivan en restricciones de abastecimiento, disminución de inventarios y afectaciones operativas para luego presentar estos problemas como evidencia de una supuesta incapacidad de gestión de PETROPERÚ.

Segundo, se intenta excluir a la empresa de las decisiones relacionadas con la identificación, valorización y estructuración de los activos que eventualmente serán transferidos o privatizados, debilitando su capacidad de defensa institucional.

TODOS ESTABAN INFORMADOS

Resulta importante precisar que estas comunicaciones no solo fueron dirigidas a PROINVERSIÓN. Las cartas cursadas por PETROPERÚ fueron puestas en conocimiento de diversas entidades del Estado, incluida la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), así como de los sectores y organismos involucrados en el proceso de reorganización empresarial.

Por tanto, ninguna autoridad puede alegar desconocimiento respecto a los riesgos operativos, financieros y patrimoniales advertidos por la empresa.

PETROPERÚ DEMUESTRA QUE ES VIABLE

Frente a quienes sostienen que PETROPERÚ es una empresa inviable, los propios resultados financieros desmienten esa afirmación.

Al cierre del primer trimestre de 2026, PETROPERÚ registró una utilidad neta de US$ 133,2 millones, revirtiendo las pérdidas registradas el año anterior y alcanzando su primer resultado trimestral positivo en cuatro años. Asimismo, al cierre de abril de 2026, la utilidad neta acumulada superó los US$ 208 millones, reflejando una recuperación financiera y operativa significativa.

Estos resultados evidencian que la empresa tiene capacidad de recuperación y que requiere condiciones adecuadas para consolidar su sostenibilidad, no decisiones orientadas a debilitarla o fragmentarla.

EXIGIMOS

1.     La suspensión de cualquier proceso de transferencia o privatización de activos estratégicos hasta que exista total transparencia sobre los criterios técnicos utilizados.

2.     La participación obligatoria de PETROPERÚ en todas las etapas de evaluación, estructuración y decisión sobre sus activos.

3.     La adopción inmediata de medidas para garantizar el abastecimiento de combustibles y la continuidad operativa de la empresa.

4.     La investigación de las acciones y omisiones que han contribuido al deterioro operativo y financiero de PETROPERÚ.

El respeto al rol estratégico de la empresa estatal en la seguridad energética y el desarrollo nacional.

PETROPERÚ no puede convertirse en la víctima de una estrategia diseñada para debilitarla y luego justificar su privatización. Los trabajadores petroleros permaneceremos vigilantes y movilizados en defensa del patrimonio de todos los peruanos.