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Los transportistas en Colombia llevan tres días en una paralización de sus actividades que, hasta este miércoles 4 de septiembre, aún es indefinida. Exigen al presidente Gustavo Petro que derogue el decreto que incrementó el precio del diésel. ¿Cuáles son los argumentos del Gobierno para sostener esta medida? Aquí te lo explicamos. 

El Gobierno de Gustavo Petro decidió incrementar el precio del diésel o también conocido como Aceite Combustible para Motores (ACPM) para grandes consumidores. La medida ya se había planteado meses atrás, cuando se emitió el decreto 0763 del 18 de junio.

Los Ministerios de Minas y Energía y Hacienda y Crédito Público fueron los encargados de fijar los nuevos precios y emitieron las resoluciones para ajustar en 1.904 pesos colombianos el precio de venta al público del galón de ACPM, desde el 31 de agosto de 2024. El diésel por galón pasó de costar, en promedio, 9.456 pesos (2,30 dólares) a 11.360 pesos (2,70 dólares). Es decir, un incremento de 0.50 centavos. 

El Gobierno decidió que se realicen tres incrementos a este combustible. Según el Ministerio de Hacienda, este primer ajuste generaría un ahorro fiscal de 1,6 billones de pesos colombianos (unos 380 millones de dólares) en lo que resta de 2024 y produciría un impacto en la inflación de tan solo 0,3 puntos porcentuales para el cierre de este año. 

Los otros dos ajustes vendrían en 2025. Sin embargo, este primero provocó la molestia del gremio de los transportistas y derivó en una paralización de las principales ciudades del país, incluida su capital, Bogotá.

¿Por qué tomó esta decisión Gustavo Petro? 

El principal factor: aliviar la presión fiscal en el pago de los subsidios a las gasolinas. En Colombia, el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles (FEPC) matiza la diferencia entre los precios internacionales y los precios nacionales, pagando a los productores e importadores la diferencia, el subsidio, para atenuar el impacto de las fluctuaciones de los precios del petróleo.

Desde entonces, se ha ido acumulando un déficit que, según estimaciones del Ministerio de Hacienda, ha representado acumuladamente, en pesos de 2024, cerca de 115 billones de pesos. Un ‘hueco fiscal’ que, según Gustavo Petro, se agudizó con la decisión del expresidente Iván Duque de congelar los precios de todos los combustibles en 2019.

“Desde el año 2019 el país no sube el diésel porque se congelaron los precios sin tener en cuenta que estos suben y que Ecopetrol, por ley, usa el precio internacional del petróleo para producir el diésel y la gasolina”, publicó este martes 3 de septiembre el presidente Gustavo Petro.

Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo, en declaraciones para France24, explicó que Colombia tiene un importante subsidio a los combustibles. El costo fiscal de esos subsidios en 2022, dijo, “fue cerca de 36 billones de pesos, que son cerca de 12 mil millones de dólares anuales”

¿Qué exigen los transportistas?

Unidos, que es la agrupación de nueve gremios del transporte, han trabajado dos años en mesas de diálogos para encontrar una nueva fórmula de precios del ACPM. Ya en marzo de este año, en una carta enviada al presidente, señalaron su descontento por las declaraciones del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, sobre la propuesta de incrementar el precio del diésel. 

Con el ajuste de la tarifa, los representantes gremiales expresaron su molestia porque nunca se acordó dicho incremento. Jorge García, presidente de la Confederación colombiana de transportadores, en declaraciones para un medio local, dijo que se llega a este “extremo”, en referencia a su medida de hecho, “por la negligencia del Estado de no atender todas las peticiones”.

• Esta afirmación la hizo Carlo Renato De los Santos, consultor experto en políticas públicas del Perú, durante su participación como conferencista del 6° Congreso Internacional del GLP – GASNOVA.

“La pobreza energética debe atenderse inmediatamente en Colombia, toda vez que cada día se talan cerca de 24 mil árboles, y diariamente mueren 8 personas por este flagelo”, alertó el peruano Carlo Renato De los Santos, experto Internacional en Política Energética que recientemente participó como conferencista del 6° Congreso Internacional del GLP, evento organizado por la Asociación Colombiana del GLP – GASNOVA con el apoyo de World Liquid Gas Association, Asociación Iberoamericana del GLP y OPIS, a Dow Jones Company.

Para De los Santos, si bien Colombia se ubica en el 3er lugar de América Latina respecto a la generación Eléctrica con Energías Renovables (82,3% de su matriz utilizada es energías limpias), todavía gran parte de su población más vulnerable se encuentra situada en la llamada ‘pobreza energética’: “Más de 1,6 millones de hogares colombianos no pueden acceder a los servicios energéticos básicos y suficientes para satisfacer sus necesidades domésticas. Por ello se ven obligados a utilizar materiales nocivos para la salud, como la leña”, aseveró el experto.

Boyacá, Guaviare, Guainía, Chocó, Santander, Córdoba, Nariño, Quindío, Sucre y Casanare se ubican en el top 10 de los departamentos con mayor número de hogares que usan leña como combustible de cocción con relación a su población.

De un total de 18 millones de hogares que hay en Colombia, el 9% (1,6 millones) utiliza combustibles contaminantes como petróleo, gasolina, kerosene, material de desecho u otros para cocción de alimentos; mientras que 8.3% (1,5 millones) de hogares utiliza leña.

“Colombia ocupa el 9° lugar latinoamericano por número de árboles talados, con 8.75 millones de árboles al año: cada día se cortan o talan 23.960 especímenes para generación de leña”, alertó Carlo Renato, quien indicó que si Latinoamérica mantuviera una política de cero talas de árboles para cocción, se podría evitar el 35% de las emisiones mundiales de CO2 al año.

En Colombia, la probabilidad de decesos debido al aire contaminado en el hogar se traduce en un total de 2.893 muertes al año. “Esto significa que cada día mueren 8 colombianos por esta razón. Es de suma urgencia que el gobierno nacional reemplace el consumo de la leña por un combustible de bajas emisiones como el GLP”, advirtió De los Santos.

Entre los 10 departamentos con mayor número de decesos por enfermedades ocasionadas por contaminación del aire están: Cauca, Córdoba, La Guajira, Nariño, Sucre, Santander, Boyacá, Bolívar, Norte de Santander y Huila.

Subsidios al GLP

De los Santos señaló varias soluciones a esta grave problemática: “Subsidio oportuno y focalizado del costo total y/o parcial de la energía disponible, de menor tiempo de implementación e inversión, entre los cuales se hace necesario fortalecer programas de sustitución completa de leña para promover el uso del GLP en el corto plazo”, reveló.

Así mismo, explicó que son de gran ayuda programas de subsidio parcial al costo del GLP (entre el 50%-90% del costo total) para fomentar un costo social al GLP, y subsidiar los costos de transporte y/o costos logísticos que se encarecen en zonas rurales y de difícil acceso para reducir el costo de la distribución del GLP en dichas zonas.

• Entrevista con Adrián Duhalt, Investigador del Center for the US and Mexico, Baker Institute, y el Texas-Mexico Center de Southern Methodist University (EE.UU.), participante del 6º Congreso Internacional del GLP – GASNOVA que se realizó en días pasados, en el Club El Nogal de Bogotá.

•Evidentemente el gas natural es una fuente limpia muy importante, pero el GLP ofrece también un gran  potencial. ¿Qué tanto está avanzando el GLP en esa transición a nivel mundial?

La transición a una economía baja en carbono es un proceso de muy largo plazo, lo que sugiere que fuentes de energía como el gas natural y el propio GLP continuarán siendo relevantes en las décadas por venir. Incluso se podría argumentar que en ciertos mercados, principalmente en desarrollo, existen condiciones socioeconómicas que favorecen un mayor consumo de GLP como sustituto de alternativas cuya huella de carbono es mayor. Pero mucho de este potencial también se ve limitado, o favorecido, por factores como los objetivos propios de cada país y las políticas públicas que acompañen estos esfuerzos.

•Para los países en vías de desarrollo una preocupación central es el costo de la transición cuando hay mucho que avanzar en materia de eliminar la pobreza energética. ¿Cuáles serían sus recomendaciones para un país como Colombia al enfrentar ese dilema de avanzar en la transición pero no dejar rezagada la parte más vulnerable de su población?

Dada las características de nuestros países, coincido con el hecho de que financiar la transición no es un reto menor. Sin embargo, es necesario puntualizar que, en varios países de América Latina, incluido Colombia, la matriz energética es hasta cierto punto más limpia que en otras regiones del mundo. Tomemos el ejemplo de la generación de electricidad, donde el 66.49% corresponde a fuentes bajas en carbono, un porcentaje mayor que el promedio mundial, el cual es de 39.35%. Es decir, con estas cifras, se puede argumentar que Colombia se encuentra donde muchos otros países buscan estar en 20-30 años.

Esto no significa que haya que pausar los esfuerzos para que las fuentes renovables/limpias sigan creciendo en importancia pues su uso no se limita a la generación eléctrica. Y es ahí donde creo que hay retos importantes en materia de financiamiento. En un entorno donde se busca limitar el peso de las actividades petroleras, ya sea vía menores inversiones o niveles de producción, se corre el riesgo de que el espacio fiscal para apoyar los esfuerzos asociados a la transición energética se acote, lo que podría resultar en un deterioro de la seguridad energética e incluso conducir a retos aún mayores en materia de desarrollo social, económico e industrial.

•Las contingencias que se han presentado en Europa en los últimos tiempos, han hecho recapacitar a los tomadores de decisión sobre la imperiosa necesidad de contar con una garantía importante en el suministro de energía a sus ciudadanos. ¿Esto ha hecho cambiar favorablemente la percepción sobre los combustibles fósiles como respaldo para garantizar  el suministro de la energía en forma segura?

Hasta cierto punto. Durante muchos años, Europa construyó una dependencia enorme hacia el gas natural proveniente de Rusia. Ante la invasión de Rusia a Ucrania, el viejo continente experimentó las consecuencias de dicha dependencia, especialmente vía precios altos de gas natural y deterioro de la competitividad industrial. Si bien este contexto hizo repensar la estrategia de acelerar la transición energética, otra consecuencia clara fue la búsqueda de proveedores alternos de gas natural.

Noruega fue parte de la respuesta, pero también Estados Unidos, quien gracias a su enorme producción de gas natural (licuado) se ha convertido en un importante jugador en el mercado europeo. El punto es que el gas natural es uno de los pilares de la seguridad energética de Europa, lo cual no está peleado con el hecho de que haya un mayor énfasis en energías limpias actualmente y en el futuro. Al 2024, Europa invierte significativamente más en energías limpias que en combustibles fósiles.